jueves, 28 de julio de 2011

CAMBIO DE FRENTE (1ª parte)









Muchos compañeros en el Frente Amplio plantean la necesidad de una profunda discusión ideológica. Algunos ya se adelantan a los resultados de esa discusión, y dicen que la misma “debe concluir con una reestructura orgánica del FA”. Los más iluminados hasta tienen la solución antes de dar la discusión, y dicen que esa reestructura debe ser “para modificar la correlación de fuerzas dentro del Plenario y el Congreso del FA”. Y argumentan: "la estructura actual no es adecuada para un mundo que no es igual a hace cuarenta años", por lo que "hay que caminar hacia una reestructura". De manera que el planteo de los compañeros tiene tres aspectos: 1) Hay que dar una discusión profunda sobre los aspectos ideológicos; 2) esa discusión tiene que terminar, necesariamente en una reestructura orgánica de la fuerza política, y 3) esa reestructura debe quitar poder a las bases en los organismos de decisión. En esta primera nota abordaremos el primer aspecto, sin pretender desde luego agotarlo.
LO IDEOLÓGICO
Sobre todo, tengamos claro que no existe como tal una “ideología frenteamplista”, que el FA basó su unidad en la diversidad, y que en su interior conviven distintas ideologías, a pesar de lo cual ha sido posible construir una unidad programática. Lo hemos dicho otras veces y lo reiteramos: la coexistencia de diversas ideologías es una característica que define al Frente Amplio desde su fundación. Tanto es así que está dicho en forma explícita en la Declaración Constitutiva del 71, en donde se establece la “unidad política” de “hombres y mujeres de ideologías, concepciones religiosas y filosofías diferentes”. Y también en el Compromiso Político del 72, el cual no implica “mengua alguna a la independencia y autonomía de las fuerzas que componen el Frente en materia de ideología, objetivos finales, estrategia, línea política, organización y disciplina”, siempre “que no contradigan los documentos y resoluciones básicas” comunes. De manera que cuando se reclama una discusión ideológica, habría que establecer claramente a que se está refiriendo. Si lo que se pretende es que los marxistas leninistas dejemos de serlo, o que los cristianos abandonen su cristianismo, o cosas por el estilo, seguramente será un debate inútil. La ideología (en una de sus definiciones posibles) es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una colectividad o una época. Y ese conjunto de ideas cuenta con dos características principales: se trata de una representación de la sociedad y presenta un programa político. Es decir, reflexiona sobre como actúa la sociedad en su conjunto y, en base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. Pero la ideología tiende bien a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Y ahí sí hay elementos a discutir entre los frenteamplistas.
DE QUE LADO ESTAMOS
Hoy, mientras escribo estas líneas, estuve leyendo una noticia que señala: “780 mil niños podrían morir por hambre en Somalia”. También estuve leyendo acerca del dinero invertido en salvar al sistema financiero ante la crisis mundial, y aunque son cifras que ya han sido dramáticamente superadas (y lo serán aún más), asustan. En septiembre del 2009 se estimaba el paquete de rescate en 17 millones de millones de dólares. Y Manfred Max-Neff, economista y ambientalista chileno, ganador del Premio Nobel Alternativo de Economía se preguntaba lo siguiente: “Qué pasa si dividimos los 17 trillones de dólares por los 30 mil millones de dólares anuales que estima la FAO para superar el hambre en el mundo. Si hacemos esa simple división los resultados que se obtendrían será de 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Se nos había dicho que no había el dinero para resolver la pobreza. Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza y de repente, de la noche a la mañana hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza”. Creo que difícilmente se puede concebir una realidad más obscena y más repugnante.
Y es bueno entonces discutir si el FA quiere conservar el sistema social, económico, político y cultural existente, o si lo que pretende es transformarlo radicalmente en otra cosa diferente, en una sociedad en donde esas cosas no sean posibles. Decimos esto porque el mismo día que leímos esas noticias, leímos opiniones de compañeros frenteamplistas de este tenor: “El capitalismo, pese a nuestros pronósticos, ha triunfado”. En ese sentido, nos parece correcto el planteamiento de un artículo reciente del semanario Brecha: “…a más de 40 años de vida la interrogante es cuál es el proyecto estratégico del Frente. Cuál es el modelo de país que pretende. Si su horizonte es administrar el capitalismo o tiene un proyecto distinto, que sin ser socialista busque alternativas a una realidad donde el mercado es, básicamente, el asignador de recursos y la inversión extranjera directa casi exclusivamente el motor de la economía, relegando el rol del Estado. Contradicción que el propio Mujica esbozó cuando aseguró que en el Frente conviven fuerzas "socializantes y apenas progresistas".
DISCUTAMOS LO ESENCIAL
De manera que si esa es la discusión ideológica que se quiere dar, estamos totalmente de acuerdo. Queremos discutir acerca de las definiciones que están presentes en la conformación del Frente Amplio y de lo que significan esas definiciones para los frenteamplistas. ¿Qué significa ser antiimperialista? ¿Es compatible el antiimperialismo con la firma de un TLC con el propio imperio, o con protegerle las inversiones? ¿Somos solidarios con la Revolución Cubana, sometida al peor de los cercos durante décadas por parte del imperialismo? ¿Qué significa ser antioligárquicos? ¿Cómo se compagina esa definición con el hecho de que la riqueza en nuestro país está cada vez más concentrada? ¿Somos artiguistas? ¿Qué significa ser artiguistas, y aquello de “que los más infelices sean los más privilegiados”, con la realidad de que más de la cuarta parte de las tierras del Uruguay están en manos de extranjeros? La apertura de los últimos años a la inversión extranjera en el campo ha provocado un desarrollo del denominado agronegocio, grandes empresas trasnacionales sojeras y forestales -entre otras- que posibilitó la concentración de la tierra en manos de estas trasnacionales. Las forestales tienen bajo su propiedad más de un millón de hectáreas, en tanto que la soja transgénica ocupa otro millón. Buena parte de ese proceso concentrador y extranjerizante se ha dado durante nuestro gobierno, y sería bueno dar una discusión ideológica acerca de ello.
Hablamos de un país productivo con justicia social, pero no sabemos bien que es lo que significa para la mayoría del FA. Quisiéramos discutir el desarrollo a largo plazo, nos gustaría discutir el perfil del país productivo más allá de lo coyuntural, más allá de los buenos precios de las materias primas producto de la especulación de los grandes capitales, y más allá incluso de si esa materia prima es un pedazo de carne o mineral de hierro o lo que sea. Y de cómo la riqueza producida por ese país llega de mejor manera a quienes la producen, que no son otros que los trabajadores
Cosas que uno tenía asumidas como fuera de discusión, tal vez tengan que volver a ser discutidas: ¿es posible que una fuerza política de izquierda canjee derechos humanos por votos? Como dijera Jorge Mazzarovich hace unos días, en el aniversario del Moncada: ¿cambiaremos la solidaridad con Cuba por unos miles de votos? Y tal vez debamos en ese proceso de discusión analizar como es posible que ahora nuestros proyectos de ley cuenten inmediatamente con los votos de la derecha y con la misma inmediatez sean cuestionados desde adentro del FA. O que los economistas Javier de Haedo y Jorge Caumont, el abogado y ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, y empresarios consultados aplaudan el retiro del subsecretario de Economía que tenía diferencias con la política económica, y reciban con alegría la continuidad de la misma.
Coincidimos con los compañeros en cuanto a la necesidad de algunos debates esenciales, sobre aspectos ideológicos y sobre aspectos de funcionamiento, y también sobre otros aspectos que no señalan pero que nos parecen de una importancia mayor aún, como lo son el relacionamiento fuerza política – gobierno. El problema es que si no se discute lo esencial, seguiremos dando vueltas como en una noria, sin llegar a ningún lado.

jueves, 21 de julio de 2011

LA SALIDA ES POR LA IZQUIERDA



En abril del año pasado, comentamos una audición radial de nuestro presidente Mujica acerca de la importancia de las Fuerzas Armadas en la sociedad. En esa audición, el presidente dijo: “ningún economista del mundo” puede garantizar que no habrá una nueva crisis mundial como las que se dieron a lo largo de la historia. “Es prudente que pensemos que eso que ha pasado puede volver a pasar y nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cual es la última garantía de una sociedad para asegurar la democracia de derecho?”, interrogó; y él mismo se respondió: “la gran garantía es que los cuerpos armados en la hora de las tensiones sociales defiendan la estabilidad institucional”.
Y decíamos entonces: “Es verdad lo que dice Mujica acerca de las crisis mundiales. Es más, lo que se puede garantizar es que sí habrá nuevas crisis, mientras el sistema capitalista siga existiendo. Ahora bien, la respuesta que se da a su propia pregunta, de ninguna manera es compartible. La última garantía para asegurar la democracia es que esté asentada sobre bases sólidas, en las que el pueblo consciente y educado para la democracia, sea el verdadero protagonista y el más interesado en defenderla”. Y dábamos un par de ejemplos, entre ellos el de Venezuela 2002, donde las cámaras empresariales, junto a sectores de la iglesia y con el apoyo de los EEUU, dan un golpe de estado, el que es ejecutado por los militares, y quien defiende la democracia -y sale a las calles a hacerlo, desafiando a las fuerzas armadas- es el propio pueblo, y Uruguay 1973, en donde un gobierno sin pueblo que lo apoyara se quedó solo y él mismo se transformó en golpista. Hoy se podrían poner ejemplos más recientes, tanto de Europa como de África, en donde la garantía de la democracia ante las crisis han sido los pueblos y no los ejércitos. Abundábamos luego en la necesaria depuración de nuestras Fuerzas Armadas para que también jugaran un papel en defensa de la democracia.
LA CRISIS Y NOSOTROS
Yendo un poco más atrás, en diciembre de 2009, analizábamos la política económica del nuevo gobierno que se instalaría el primero de marzo, y decíamos: “…en el marco internacional de crisis que describíamos, el segundo gobierno del FA está en mejores condiciones para enfrentar el escenario adverso (debido a los logros obtenidos por la actual gestión). Pero sin embargo –advertíamos- es lógico esperar algunas restricciones comerciales, ya que el mundo que se viene en lo inmediato es un mundo que crecerá más lentamente y por tanto demandará menos bienes y servicios. Y no hay que descartar que se presenten problemas, por ejemplo en materia de precios de los productos exportables y de acceso al financiamiento internacional, así como una reducción de la inversión extranjera directa. Como modo de enfrentar estas eventualidades, señalábamos la importancia de la integración regional y continental con los mecanismos que han sido creados (MERCOSUR, ALBA, BANCO DEL SUR, FONDO BOLIVAR ARTIGAS, etc.), de la canalización del ahorro uruguayo hacia la inversión productiva, de la inversión del propio Estado, de la inversión extranjera (en determinadas condiciones), y de las herramientas fiscales”.
Sobre esto último (la inversión extranjera), decíamos lo siguiente: “Pero como hemos dicho otras veces, no somos partidarios de cualquier tipo de inversión. Desde nuestro punto de vista las inversiones extranjeras que queremos son aquellas que estén en consonancia con los objetivos de desarrollo que se fija el país. Hablamos de que las mismas deben venir acompañadas de incorporación tecnológica, empleo calificado y formación de capacidades”. Digamos de paso que esto es algo que también debió ser incluido en la ley de PPP, y que al menos podría estar en la reglamentación de la misma, ya que cierto tipo de inversiones que tienen plazos de 20 o 30 años, nos pueden dejar atados por un plazo mucho mayor debido a la dependencia tecnológica.
Pero hablábamos también de que no podemos basar las expectativas de desarrollo económico únicamente en la inversión extranjera, y que el verdadero desarrollo de la estructura productiva del país se dará en la medida de que se logre canalizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva (los depósitos uruguayos en el exterior duplican lo que Uruguay capta de no residentes) y se logre a su vez la conformación de un sector empresarial nacional que apueste al desarrollo nacional asumiendo los riesgos y las responsabilidades correspondientes.
No estábamos diciendo nada nuevo, por cierto, ni surgido de un programa socialista a ultranza, como a veces algunos suelen señalar ante cualquier propuesta que provenga de nuestro Partido. Esto es lisa y llanamente lo que plantea el Programa del Congreso Zelmar Michelini, cuando dice que “No hay crecimiento, ni aumento, ni mejora de la calidad del empleo sin inversión enmarcada dentro de una estrategia nacional productiva, por eso promover y desarrollar las mismas, incluida la estatal, es requisito necesario y fundamental para el logro de los objetivos planteados en el programa del FA. La inversión global puede y debe crecer a partir de reorientar el ahorro nacional, en sus diversas formas, hacia el desarrollo de la inversión interna. También es clave que el estado fije un conjunto de parámetros de negociación para lograr la efectiva contribución de la inversión extranjera al proceso de desarrollo nacional.”
NO ESTAMOS SOLOS
Hemos advertido reiteradamente sobre la posibilidad de que la crisis económica mundial nos afecte, y por cierto no hemos sido los únicos. El propio Danilo Astori, cuando ya no era ministro de economía, a fines del 2008, decía en Radio Carve: “…la crisis se va a hacer sentir pero en lo que concierne al comercio…el comercio uruguayo se va a ver afectado si caen los precios de las exportaciones o por la desaceleración de la inversión”.
Ahora es el propio ministro de economía, el compañero Fernando Lorenzo, quien alerta sobre la posibilidad de que la crisis se acerque por estas costas.
La semana pasada, un artículo de El País decía: “El Gobierno advierte un escenario "incierto" con "riesgos y peligros". Y luego desarrollaba la noticia así: “El gobierno puso las barbas en remojo por la crisis financiera en Europa. El ministro Fernando Lorenzo dijo que el panorama es "mucho más incierto" e imposible de controlar para un país como Uruguay, por lo cual advirtió: "nos va a impactar".
Lorenzo advirtió que se atraviesa un escenario internacional "mucho más incierto", con "más riesgos y peligros", del que hay que tomar conciencia y cuya resolución "está fuera de nuestro control", pero "nos va a impactar".
SALIR POR LA IZQUIERDA
En el Programa del FA, hacemos referencia a la crisis del 2002, y decimos: “Es claro que los gobiernos de la época no supieron o no quisieron tomar las medidas necesarias para enfrentar y preparar al país para las situaciones que era previsible se iban a producir. Bastaba observar la evolución de las economías de la Región para ver que se incubaba una crisis que iba a impactar a todas nuestras sociedades, causada por la aplicación de recetas que sólo sirvieron para aumentar las desigualdades, la exclusión social, el deterioro del aparato productivo y la vulnerabilidad de nuestras economías”.
Por eso unimos estas cuestiones a lo del principio. Las tensiones sociales que inevitablemente se producen ante las crisis del capitalismo no se resuelven con los ejércitos. Tampoco se resuelven con las recetas de los organismos internacionales que se imponen por estos días y que están siendo aplicadas sin miramientos por la socialdemocracia y la derecha europea. Esas recetas descargan el peso de la crisis sobre quienes producen la riqueza y nunca ven los frutos, sobre las espaldas de los trabajadores y jubilados, mediante el recorte de los gastos sociales, de los salarios y las jubilaciones, etc. Ese camino solo lleva a mayores sufrimientos para el pueblo.

jueves, 14 de julio de 2011

UNIDAD DE ACCIÓN, SI




Algunas notas periodísticas de los últimos días titulaban: “Falta de unidad de acción del Frente Amplio amerita una discusión ideológica profunda”
Y luego, la información decía que: “El Presidente Mujica se reunió con el vicepresidente Astori para tratar la falta de unidad de acción de la bancada del Frente Amplio en la votación del proyecto de ley de Participación Público Privada. Astori expresó que "este tipo de hechos impacta en el gobierno, ya que muchas decisiones dependen del apoyo parlamentario”. Y luego agregaba: “A nuestro juicio, el hecho dejó una consecuencia negativa para el Frente Amplio, ya que no se tuvo unidad de acción”, expresó el vicepresidente luego de la reunión.
Uno no puede dejar de coincidir con los compañeros Mujica y Astori; es absolutamente cierto que la falta de unidad de acción amerita una discusión ideológica profunda. Como bien dice nuestro vicepresidente, la falta de unidad de acción deja consecuencias negativas para el Frente Amplio.
Y es que el FA ha basado su accionar histórico justamente en ese factor, que ha sido clave en la continuidad del proyecto político de transformaciones profundas para este país. Los sectores que en su momento conformaron el Frente Amplio, tenían diferentes visiones sobre determinados temas, pero acordaron en la mayoría de las cosas que se comprometían a llevar adelante.
UNIDAD EN TORNO A UN PROGRAMA
Una de las claves de la unidad de acción, es que esa unidad esté basada sólidamente en acuerdos programáticos. A nadie escapa que la izquierda históricamente ha tenido coincidencias en los grandes temas que hacen al avance en democracia hacia mejores condiciones de vida para el pueblo, y que suele haber puntos de vista, enfoques, matices, y hasta profundas diferencias a la hora de las propuestas concretas. Una vez que llegamos al gobierno, este asunto se complicó, porque ahora había que llevar adelante aquello en lo que aparentemente estábamos de acuerdo, y entonces los desacuerdos instrumentales pasan a ser el centro de la cuestión. Esto ha sido una constante histórica en la izquierda, y desconocerlo es hacerse trampas al solitario. La forma de resolverlo, es el respeto de los acuerdos programáticos y la discusión amplia y fraterna de las medidas concretas. Discusión que –en algunos temas- no puede darse en los ámbitos cerrados del gobierno ni en el de la bancada parlamentaria, sino que debe ser amplia y profunda y en los organismos de la fuerza política. La presentación de proyectos surgidos no se sabe donde, y presentados en sociedad en consultoras extranjeras antes que en la fuerza política, no es un buen método para llevar adelante un gobierno del Frente Amplio. Quienes integramos esta fuerza política nos merecemos otra cosa. Vale recordar por ejemplo que el proyecto que se quería llevar adelante en el período anterior, sobre independencia del Banco Central, ni siquiera fue elaborado por los técnicos (muchos y muy buenos) de nuestra fuerza política.
UNIDAD SIEMPRE
Sucede que algunos compañeros que hoy están conmovidos por la falta de unidad de acción, y aparecen como los adalides del respeto a las resoluciones del FA, son justamente quienes han sido menos proclives a respetarlas. Quienes hoy se preocupan de la falta de unidad de acción del FA, son quienes en 2005 llevaron adelante un Tratado de Protección de Inversiones con el imperialismo (recordemos que el PCU tampoco votó en esa instancia), Tratado que no estaba ni por asomo en el Programa del FA. Son los mismos que luego, impulsaron contra viento y marea un TLC con EEUU, que expresamente el Programa del FA rechazaba. Son los mismos que elaboraron una reforma tributaria que no seguía los lineamientos básicos del FA (que pague más el que “tiene” más), sino un lineamiento propio: que pague más el que “gana” más. Son los mismos que al otro día del Congreso “Zelmar Michelini” manifestaron abiertamente su oposición a todo lo que allí se había resuelto. “El Espectador” señalaba al otro día del Congreso: “El precandidato presidencial del Frente Amplio (FA) Danilo Astori tomó distancia y cuestionó el programa de gobierno que aprobó el Congreso de la coalición durante el fin de semana pasado. Este posicionamiento del líder de Asamblea Uruguay significa un nuevo alejamiento respecto a la orgánica partidaria, a la que desacreditó en estos días por no reflejar la opinión del “pueblo frenteamplista” cuando designó como candidato oficial a José Mujica y lo colocó a él en tercer lugar”. Y viniendo más acá en el tiempo, quienes se muestran consternados por la falta de unidad de acción, son los mismos que votaron el día 13 de abril en el senado la ley interpretativa de la ley de impunidad, y pocos días después salieron públicamente a decir que no estaban de acuerdo y que lo que había que hacer era derogarla. Téngase en cuenta que no solo se estaba contradiciendo un mandato de los máximos organismos del FA, sino que se estaba proponiendo modificaciones que determinaban que el proyecto pasara a la Asamblea General, en donde las mayorías eran imposibles de obtener. Son los mismos que días después concurrieron junto al presidente a decirle a los legisladores frenteamplistas que por más que el asunto hubiese sido definido por la fuerza política, por más que estuviera en el Programa definido entre todos, por más que habían sido mandatados por dos veces y por unanimidad a votar el proyecto, ellos pensaban que no debían votarlo. En esa instancia, al parecer, no era tan importante la unidad de acción. Esas actitudes del presidente y del vicepresidente, lograron que un legislador desacatara lo mandatado por la fuerza política (en otras palabras, quebraron la unidad de acción). Y no se los vio demasiado preocupados por la situación a la que habían conducido a la fuerza política, al gobierno y al país. La unidad de acción estaba asegurada en un tema por demás importante como era la ley interpretativa de la impunidad; que llevaba ya más de 25 años de discusión en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en la fuerza política, y que estaba a punto de resolverse. Se había llegado a un acuerdo e incluso se había mandatado expresamente a los legisladores a votar, y se lo había hecho más de una vez, y por unanimidad de todos los sectores y las bases. Y sin embargo, esa unidad de acción que hoy tanto Mujica como Astori parece que aprecian en gran medida, fue minada justamente por esos mismos compañeros. En esa oportunidad, parece que la decisión contraria no “impactaba en el gobierno”, como esta de ahora. Cuestión por demás curiosa, ya que en aquel caso la ley que supuestamente promovía la fuerza política de gobierno resultó rechazada debido a la falta de unidad de acción, mientras que en la oportunidad de la ley de PPP, la falta de unidad de acción no fue ningún obstáculo para que la ley fuera aprobada (el gobierno contó con los votos de la derecha para su aprobación). Sin embargo, preocupa esta ley (que fue aprobada) y no aquella (que no lo fue).
TAMBIEN UN MÍNIMO DE LEALTAD
Y la unidad de acción, no solo requiere acuerdos generales sobre los grandes temas, y discusión amplia, profunda y fraterna sobre los medios para llevar a la práctica esos acuerdos. Requiere también de lealtad política, esa lealtad que algunos reclaman en los comunistas pero al parecer desestiman a la hora de hacer los planteos propios. En diciembre de 2010, los comunistas realizamos nuestro Congreso, y hablamos allí, entre muchas otras cosas, de la necesaria reforma de la Constitución; cuestión que como es sabido está planteada en el Programa del FA. Comentando la apertura del Congreso, la página Espectador.com dice que: “Eduardo Lorier hizo un encendido llamado a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, respondió solicitándole “lealtad” y pidió a los comunistas que si quieren convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (es decir, no es algo que esté en el Programa del FA, al parecer es algo que quieren los comunistas), presenten alguna propuesta concreta para avanzar en el tema. “A mí me preocupa porque yo espero lealtad de los compañeros. Nosotros somos una coalición; un frente no es un partido. Eso también algunos compañeros a veces lo olvidan” habría dicho Lucía Topolansky.
Al parecer, así como ahora hay abanderados de la unidad de acción que no siempre lo fueron, surgen también abanderados de la reforma constitucional (bienvenidos sean). Hace muy pocos días, el diario La República titulaba: Topolansky plantea reforma "total" de la Constitución; y luego dice: “Uruguay podría estar en los umbrales de una total reforma constitucional. La senadora Lucía Topolansky, en ejercicio de la Presidencia, dijo que debería revisarse todo el texto para adecuarla a los tiempos actuales”. “La senadora Lucía Topolansky, en ejercicio de la Presidencia de la República, dijo anoche a LA REPUBLICA ser partidaria de iniciar un proceso que lleve a revisar "toda la Constitución" de la República con el fin de iniciar un proceso de análisis exhaustivo de su contenido y ver qué cosas (de la Constitución) entorpecen, por ejemplo, la acción de un gobierno para así redactar textos alternativos en aquellos que no estén actualizados y no acompasen la gestión". "Una Constitución de primera para un país de primera", agregó. La primera legisladora del país señaló que para lograr ese cometido "sería importante formar una constituyente, como lo proponen algunos compañeros".
También se demuestra lealtad cuando se avisa al sector político que la ministra va a ser removida de su cargo. Si ya se había tomado esa determinación hace más de 25 días (cuando nadie había criticado la gestión del MIDES), no se puede comunicar la decisión en pleno consejo de ministros sin decir agua va.

viernes, 1 de julio de 2011

RESPONSABILIDADES MAYORES (2ª PARTE)




La derecha de este país pretende solucionar el tema de la “minoridad infractora” -un aspecto más de la lucha de clases-, bajando la edad de imputabilidad. La iniciativa de Pedro Bordaberry busca bajarla a 16 años, pero tiene competidores que no le van en zaga. Rodolfo Sienra Roosen, columnista de el diario caganchero El País, planteó hace pocos días: “Nos afiliamos a la solución inglesa de bajar la edad de imputabilidad al máximo -10 o 12 años- ampliando así el margen a una decisión judicial que cuente con los asesoramientos técnicos adecuados de criminólogos, sicólogos, pediatras y demás especialistas”.
LEYENDAS URBANAS
Quienes apoyan reducir la edad de imputabilidad, se basan en la percepción de que la mayor parte de los delitos son cometidos por menores. Casi siete de cada diez uruguayos creen que la mayoría de los delitos son cometidos por menores de edad. El punto es que esta visión es equivocada. Aunque no se puede medir con precisión el tema, la cantidad de delitos cometidas por menores de edad es una minoría (probablemente cercana a la cuarta parte) y no la mayoría.
Es común escuchar que los menores no van a la cárcel, y eso está muy lejos de ser cierto. Cuando un menor comete un delito, el mismo es privado de libertad. No van a una cárcel para mayores, sino que son internados en un complejo de centros de internación dependientes del INAU, que por otra parte son tan cárceles como las de los adultos con problemáticas similares. Los Adolescentes ya son responsables por sus delitos, lo son desde los 13 años. Y ya son castigados con sanciones privativas de libertad. ¿O quienes promueven esto ignoran que existen una decena de cárceles para adolescentes? El único cambio podría radicar en el hecho de que irían presos a una cárcel de adultos. Solo eso significa la rebaja de la edad de imputabilidad, llevar a adolescentes a convivir en cárceles de adultos.
También se dice que las sanciones son muy leves, pero esto no es así, si lo vemos en relación a la edad al momento de detención y lo comparamos con un adulto en las mismas circunstancias. Si un adulto de 30 años es detenido y va preso por 3 años, se trata del 10% de los años vividos por esa persona, en tanto un adolescente de 15 años que va preso también por 3 años, significa el 20% de su vida. Y por cierto que hay que tener en cuenta la importancia que tiene ese tiempo privado de libertad para un caso y para el otro, ya que el adolescente está en pleno desarrollo. Si ese período de privación de libertad se transformara en un simple castigo, estaríamos profundizando su inadaptación, mientras que lo que tenemos que desarrollar son experiencias socializadoras y educación. Por eso es que el Código de la Niñez y Adolescencia establece la pena máxima en 5 años, porque lo que está en juego es la edad en el momento de la internación.
No es cierto tampoco algo que se repite un día sí y el otro también: la policía los detiene y los jueces los largan. Hay que tener en cuenta que la Convención Internacional de los derechos del Niño dispone que la retención en centros de internación debe ser la última alternativa, priorizando a las medidas socio-educativas no privativas de libertad. Por lo tanto, el tiempo que los menores están recluidos luego de ser detenidos, dependerá de aspectos de carácter socio-económico-cultural (pobreza, educación, familia, etc.).
Podría decirse que nuestra legislación está atrasada, y que nada puede hacerse con ella, y de hecho es otro de los mitos que se difunden. Sin embargo, nuestro país cuenta con un marco jurídico aceptable y que se puede equiparar a los estándares internacionales más avanzados. La justicia recurre en la mayor parte de los casos a la privación de libertad, depositando adolescentes en centros de internación y no logrando su objetivo de rehabilitación, y tal vez sea allí en donde haya que trabajar más, en el sentido de aplicar otras medidas correctivas.
Se habla a menudo del derecho comparado (para promover la tolerancia cero), pero se comparan sociedades desarrolladas con sociedades como las nuestras, con los altos niveles de pobreza e inequidad (resultado de las políticas de los mismos sectores que proponen estas soluciones).
LA GENTE RECLAMA SEGURIDAD
Sin duda, pero la gente también reclama mejores salarios, trabajo digno, educación, vivienda, el juzgamiento de los violadores de los derechos humanos y tantas cosas más. Sin embargo, cuando fueron gobierno, los partidos que hoy proponen estas medidas hicieron muy poco para dar respuesta a todos estos reclamos de la gente. Llenar las cárceles es infinitamente más sencillo que atender los problemas de fondo.
Pero además, el encierro de los menores solo posterga el problema para más adelante, cuando va a ser más difícil aún solucionarlo. El niño que es enviado a la cárcel luego de cometer un delito, y encerrado por el mayor tiempo posible, algún día será liberado, y si el encierro no lo preparó para la libertad (educación, formación laboral, responsabilidad, recomposición de vínculos familiares), y en cambio se lo sometió a un trato inhumano en un sistema carcelario absolutamente desbordado ¿qué podemos esperar de él?
Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante, es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables (¿cuántos violadores de los derechos humanos andan sueltos? ¿y los que están presos, en qué condiciones lo están?). Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
NO ES LA SOLUCIÒN
La baja de la edad de imputabilidad no es la solución. El endurecer las penas, el hacer imputables a los niños, no va a resolver el problema de la inseguridad. Solo va a reducir la presión que ejerce un segmento de la sociedad. Solo apunta a descomprimir la inmediatez y exigencia mediática y a captar apoyo electoral.
Como señalamos en la nota anterior, gran parte del problema radica en las profundas desigualdades sociales de estos tiempos. El único asesino serial, que anda suelto por las calles del mundo es el hambre y la malnutrición, matando 26 mil niños por día. La disyuntiva es también aquí entre dos proyectos diametralmente diferentes. Uno que propone convertir el sistema de justicia en un instrumento contra los pobres, utilizar la represión para apartar a los menores pobres; otro que propone la implementación de políticas sociales que otorguen posibilidades de inclusión social, que apuesta otra sociedad, más democrática y con mayores niveles de equidad.
No hay rehabilitación posible sin políticas sociales que apunten a reducir la inequidad, si no hay políticas de empleo que habiliten la integración social de los pobres y entre ellos de los jóvenes pobres, cuestiones que hoy en día está llevando adelante el gobierno de nuestra fuerza política. No se rehabilita profundizando la exclusión e inadaptación, sino al contrario, haciendo que el joven se responsabilice por sus actos, garantizando sus derechos, y manteniéndolo socialmente incluido.
El problema de la delincuencia juvenil no se puede reducir al facilismo "los sacamos de las calles, los encerramos". Estamos hablando de ciudadanos, que tienen derechos, y que son parte de la generación de recambio de nuestro país. O trabajamos desde la perspectiva de Derechos para la promoción social o generamos mayores niveles de exclusión, y con ello seguramente cosechemos una sociedad más violenta e insegura para nuestros hijos.