jueves, 26 de abril de 2012

LOS CAMBIOS NO HAN TRANSFORMADO LA CABEZA


Finalmente, la derecha recogió las firmas necesarias para someter a plebiscito la baja de la edad de imputabilidad. En el mismo país en donde costó un esfuerzo considerable juntar las firmas para anular la ley de impunidad, costó menos de lo esperable juntar mas firmas para condenar a los adolescentes bajando la edad de imputabilidad. Las razones pueden parecer muy obvias. Uno es un tema del pasado reciente (las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura que cayó hace 27 años), y el otro es un problema actual (que no debemos minimizar). Muchos que firmaron sin dudar para bajar la edad de imputabilidad, probablemente pusieran cara de no entender ni de qué le estaban hablando cuando les pidieron que firmara para anular la ley de impunidad.
¿COMO LLEGAMOS HASTA AQUI?
Como dijimos, las razones de que la sociedad uruguaya haya llegado a esta forma de ver las cosas (o de no verlas), pueden parecer muy obvias, pero sin embargo, deberían ser objeto de un análisis en profundidad.
Las dudas de la izquierda, en cuanto a dar unida una lucha constante y a fondo, por la defensa de los derechos humanos, por verdad y justicia, y contra la impunidad, son muy difíciles de explicar. Si las vacilaciones y dudas provinieran de la juventud, tal vez uno pudiera decir que se debieron a cierta ajenidad con los hechos en cuestión, o algo así. Pero no es el caso. La juventud fue la que con más entusiasmo participó en el proceso de recolección de firmas, y la que más se movilizó por la anulación de la ley de impunidad, así como es la esperanzadora presencia infaltable en las marchas de los 20 de mayo. En tanto que las vacilaciones, dudas (y también traiciones) provinieron de algunos actores de aquellos años negros del fascismo.
Tal vez más explicable sea determinada apatía en aquellas franjas etáreas de uruguayos que eran niños en la dictadura, que fueron jóvenes durante los años en que campeó el neoliberalismo (y sus rasgos más negativos: hacé la tuya, no te metas, no participes) y que alumbraron en el siglo XXI el primer gobierno progresista de la historia.
Esta última explicación tal vez sea válida también para analizar por qué se pudieron llegar a recoger 370 mil firmas para bajar la edad de imputabilidad.
LA GRAN MENTIRA
Para captar la dimensión del problema, hay que analizar la gran mentira que significa el tema de la inseguridad en general, y el de los adolescentes en particular. Empezando por la gran mentira de la “baja de la edad de imputabilidad”, puesto que el propio Código de la Niñez y la Adolescencia ya determina en la actualidad que se pueda privar de libertad y tomar medidas a menores de edad desde los 13 a los 18 años; y si lo que se quiere es mandar a los menores a cárceles de adultos, entonces nuestro país estaría violando los tratados sobre los Derechos Humanos, y pasaría a integrar el grupo de países junto con Somalia y Estados Unidos que no reconocen la Convención internacional de los Derechos del Niño.
Recientemente, el Director Regional del PNUD, Heraldo Muñoz, afirmó que Uruguay y Chile son los países que tienen los más bajos índices de criminalidad de la región "pero es en los que la seguridad es el tema que más preocupa". Dijo además que en nuestro país hay “una paradoja entre la cantidad de crímenes y la percepción…”, y que los datos  más bien reflejan que hay una realidad de percepción condicionada por los medios de comunicación, por lo que se escucha y lo que sucede en otros lados que afecta enormemente como la gente responde a este problema.
Pero además, la carga de la responsabilidad por esa inseguridad provocada por el delito -en gran medida desproporcionada y aumentada por los medios de comunicación- se descarga sobre los menores, y la impresión que la gente tiene es la de verdaderas hordas de infanto juveniles asolando las calles, lo cual también es una gran mentira.
Porque la realidad indica que hay en nuestro país 260 mil adolescentes entre 13 y 18 años (menos del 10% de la población). De ellos, menos de mil tienen algún problema con la ley penal (menos del 0,3 % de los adolescentes, y menos del 0,03% de la población del Uruguay) y 350 de ellos han cometido delitos graves y ahora están privados de libertad (apenas el 1% de los jóvenes adolescentes, y el 0,01% de la población). Por otra parte, las cifras indican que del total de los delitos cometidos en el país, 5.9% fue realizado por menores de edad: 2% contra la persona y el 98% restante son delitos contra la propiedad. Por otro lado, en 2011 más de dos mil mujeres denunciaron (son apenas las que se animaron a denunciar) ser víctimas de violencia doméstica (violencia que no proviene de ningún menor), y eso no ha merecido grandes titulares ni informativos televisivos con música terrorífica de fondo.
UNA SOCIEDAD CONSERVADORA
Al parecer la sociedad uruguaya se ha vuelto más conservadora de lo que era. Incluso de lo que era antes de llegar la izquierda al gobierno. Lo que quiero decir, es que las transformaciones que la izquierda ha realizado en distintos niveles (económico, social, etc…) no han transformado la cabeza de la gente; no la han hecho más solidaria ni más preocupada por los problemas que afectan a sus semejantes. Para ejemplificarlo con el mismo tema que venimos viendo, tomemos lo sucedido en Ecilda Paullier.
Según informara La Diaria, en setiembre de 2011 sus habitantes se vieron conmovidos por la denuncia contra el hermano de un pastor evangélico, que gestionaba el hogar de niños y ancianos “La Familia”. De acuerdo a lo narrado por la abogada defensora de las niñas de ese hogar abusadas (niñas de entre 8 y 11 años), los hechos quedaron al descubierto gracias a un matrimonio que trabajaba en el hogar. El matrimonio habló con el encargado, que admitió las acusaciones, y le dio un plazo para que se presentara ante la Policía. Como el hombre no concurrió, la pareja hizo la denuncia ante la Seccional 5ª de Ecilda Paullier. Los días pasaban y no había novedades en la investigación. La situación permaneció sin cambios hasta que el conductor de un programa de música tropical hizo la denuncia al aire, en una radio comunitaria del pueblo. Al programa, los oyentes llamaban, y al principio al parecer había una amplia mayoría de personas que condenaban….a las niñas, y apoyaban al acusado.  La mayoría del pueblo pensaba que se trataba de una trampa tendida por la Justicia para inculpar al pastor, según explicó el conductor del programa. La abogada defensora de las niñas, relató que una de ellas recibió comentarios de desprecio de una profesora del liceo. Otro de los comentarios que escuchó hacía referencia a que las víctimas usaban polleras “muy cortas”.
Se pueden decir muchas otras cosas sobre este caso. Por ejemplo, que las niñas tuvieron que irse del pueblo porque eran constantemente acusadas y señaladas (no el abusador), y que el conductor radial fue despedido; pero lo que queremos mostrar, es una sociedad en donde loa mayores aterrorizan a los niños, en donde los mayores se desentienden de los niños, una sociedad donde los adultos miran para otro lado cuando se agrede a los niños pero gritan enfervorizados cuando se trata de acusar a los niños.
LAS PREOCUPACIONES
Que ningún pibe nace chorro es una buena consigna, pero es además una gran verdad. Un botija que termina en la pasta base y en el delito, es una falta cometida por la sociedad. Un botija que delinque, es el producto de dos cosas simultáneas: de lo que la sociedad no hizo para, prepararlo como ser pensante, libre y creador, y de lo que la sociedad hizo, estigmatizándolo, segregándolo y condenándolo de antemano. La preocupación fundamental del sistema político debería ser cómo evitar que esas cosas se den. Sin dejar de lado el tema de la seguridad, claro, pero sin olvidar ni por un momento lo otro.
Algunas voces desde el sistema político, fundamentalmente desde la izquierda, al parecer comienzan a ver un tema “más importante” en el horizonte: el de un plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad que se perdería, y que pondría como ejes de discusión en medio de las elecciones el tema de la seguridad, lo que nos podría hacer perder las elecciones.
La clase trabajadora, por su parte, comienza a trabajar para que los ejes sean otros: los que abarcan toda la problemática económica, social y política a través de la Convención Constituyente. Instrumento que forma parte esencial del Programa del FA pero que pocos se atreven a encarar.

domingo, 8 de abril de 2012

CRÓNICA DE UNA TERTULIA


En la tertulia del Espectador de un viernes reciente, estaban Carlos Maggi, Juan Grompone, Matilde Rodríguez y Marucio Rosencoff. Emiliano Cotelo propone como tema las declaraciones de la Jueza Mota al diario argentino página 12, y las lee. Pregunta quien empieza, y Carlos Maggi pide la volada para arrancar.

CARLOS MAGGI

Y allí, este intelectual de derecha comenzó a vomitar insultos sobre la jueza Mariana Mota, entre los cuales destaco: "desbocada", "desequilibrada", "prejuzga y no puede seguir ejerciendo la justicia en un campo en el cual ella está totalmente embanderada de antemano", “no da garantías ninguna”. "Un juez fanático es un peligro público", "sería bueno que pasara a ejercer en el derecho civil, donde pueda hacer menos daño al honor y a la libertad de las personas".

En un determinado momento, hace mención a unas declaraciones anteriores en las que la jueza Mota comenta sobre los interrogatorios a mujeres víctimas de la represión, a veces les pregunta si fueron violadas y ellas contestan que no, pero que tiene la convicción de que sí. Y dice Maggi: "Lo que tiene es ganas de que las hayan violado para poder juzgar a más gente de una manera feroz".

Se podría tomar uno a uno los comentarios de Maggi, y analizar la pertinencia o no de la acusación hacia Mariana Mota. Se podría uno preguntar que significa para Maggi embanderase de antemano en el campo de los derechos humanos ¿sobre qué hay que tomar partido en ese campo? ¿se debe elegir entre la defensa de los derechos humanos o la impunidad para sus violadores? ¿se debe embanderar alguien con la verdad y la justicia o debe optar por el bando de la impunidad y el silencio? Si esas son las opciones, entonces no se trata de un insulto sino de un elogio, puesto que al parecer la jueza Mota se habría embanderado de antemano con las banderas de la defensa de los derechos humanos, cosa que ojalá todos los jueces de este país sin excepción hicieran.

¿Condenar a asesinos múltiples como Juan María Bordaberry, acusado de crímenes perpetrados durante su período al frente de la dictadura de (entre otros) Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa, y la “desaparición forzada” de Arpino Vega, Luis Eduardo González González, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa Rodríguez, Otermin Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla y Eduardo Bleier, es la razón por la que Maggi acusa a Mota de “juez fanático y peligro público”?

Resulta que para la mente enferma de este fantoche de ultraderecha, el fanático y peligro público no es el que viola la Constitución, da un golpe de Estado y se convierte en asesino múltiple de trabajadores y militantes sociales, sino que es la jueza que lo manda en cana.

Pero no vale la pena hacer ese análisis, porque más que acusaciones, cuando se largan todas juntas y en cascada pasan a ser insultos, y los insultos no son tema de análisis.

MAURICIO ROSENCOFF
A continuación, habló Mauricio Rosencoff quien dijo: "me tiene sin cuidado los comentarios de la jueza Mota, en una justicia donde hay una característica de sobriedad, de no hablar de los temas cuando los temas se están tratando, que es una de las características de la justicia que tenemos en este país. Creo que lo de ella es una especie de desacato, a algo que es una ley general. creo que es un tema de desacato".

Este señor, ignora (¿será que lo ignora?) que la jueza no puede hablar de los casos concretos que está tratando, pero que en las declaraciones a Página 12 no habló de ningún caso en particular sino de los derechos humanos en general. Pero Rosencoff igual la acusa, y además ya le adjudica hasta el nombre del delito por el cual habría que condenarla: desacato.

Y luego Rosencoff -este señor que supo ser de izquierda- se queja de que la jueza Mota compare la situación de los derechos humanos de Argentina y Uruguay diciendo que “...hace comparaciones y no se por qué no las hace con Brasil o con España”, soslayando (¿por descuido?) que está haciendo declaraciones a un medio argentino, en Argentina, sobre la justicia en el tema derechos humanos.

Pero luego, Rosencoff descubre la pólvora, cuando dice Cuando los temas llegan a la justicia, que no sientan los jueces o las juezas, como “la Mota”, que ellas son las que han llevado al estrado los cuestiones punibles”. Además de hablar con desprecio de Mariana Mota (Rosencoff dice “la Mota”) dice algo muy obvio, ya que los jueces no son quienes llevan los casos a sus sedes, sino los fiscales, ante denuncia o de oficio, pero nunca los jueces.

MATILDE RODRIGUEZ (de Gutierrez Ruiz)

Matilde Rodriguez Larreta de Gutierrez Ruiz fue quien intervino a continuación. “La jueza Mota cometió un error, casi diría yo de incontinencia verbal, ante periodistas que le buscan la boca sobre estos temas que están en el candelero y venden”, dijo Matilde. Acusación en realidad hacia los periodistas, que serían quienes preguntan sobre estos temas "porque vende" (curiosamente nada dijo Emiliano Cotelo al respecto, siendo que él mismo estaba preguntando sobre ello), pero que pone a la jueza en el lugar de un pelele que no se da cuenta de por donde viene la mano.

Luego dice : “creo que el argumento que hace con respecto a Mujica y a Fernández Huidobro es -como dice Carlos (por Maggi) al revés, dice que ellos por estar involucrados son más rencorosos, y es al revés”. “me parece que ahí hay una tergiversación que no tiene nada que ver con la lógica”.

Y obviamente la tergiversación proviene de Matilde y no de Mariana Mota. Porque la jueza no dijo en ningún momento que Mujica y Huidobro sean más rencorosos por estar involucrados. Lo que dijo textualmente fue:Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”. Una cosa es decir que tal vez no puedan ver con objetividad y muy otra decir que son rencorosos. Seguramente Matilde Rodriguez sabe que hay una diferencia.

JUAN GROMPONE

Y hablando de tergiversaciones, Juan Grompone aportó lo suyo en su intervención “Decir que la línea argentina sobre los derechos humanos es fantástica y maravillosa, y no es como en el Uruguay que es mala es un error de apreciación”.

Que obviamente no fue lo que dijo Mariana Mota, sino textualmente: No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia”.

FINAL

Dejo para el final unas palabras de Maggi dichas luego de las intervenciones de Rosencoff y Matilde, porque dicen mucho respecto de los contertulios. Cotelo le va a dar la palabra a Juan, pero Maggi pide para decir algo, y dice lo siguiente:

“Yo en este tema esperaba la palabra de Mauricio y la palabra de Matilde, y he quedado prendado de lo que dijeron, y muy orgulloso de estar en la misma mesa que ellos”.

Nada que agregar.

miércoles, 4 de abril de 2012

ACOSEN A LOS JUECES


No es un tema nuevo, y tampoco es exclusivo de ningún lugar en particular. Cuando uno recorre la prensa mundial, se da cuenta que la persecución a los jueces es una forma más de manifestación del poder, y que se aplica en todas partes en forma más o menos desembozada. Desde la convulsionada Colombia, pasando por los jueces de Túnez, o por Honduras, y más recientemente las 17 organizaciones de jueces y fiscales que hicieron público un comunicado contra la persecución al juez Baltasar Garzón por haber investigado "los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista", y más específicamente, los delitos de desaparición forzada, comunicado que también fuera suscrito por la Federación de Asociaciones de Jueces para la democracia de Latinoamérica y del Caribe.

POR CASA COMO ANDAMOS

En junio del año pasado, escribimos un artículo en el que hablábamos de la indignación popular en el tema de los derechos humanos, y señalábamos lo siguiente, en función de la presión que se ejerecía sobre la jueza Mota:

Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”. Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, por la verdad y la justicia.

Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicaturay de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces seabstendrán: 1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamadosa fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.

2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.

Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.

NUEVAMENTE LA PRESION SOBRE MOTA

Nueve meses después, vemos con sorpresa (o no tanto) que desde diferentes ámbitos se vuelve a presionar a la jueza Mota, esta vez, por las declaraciones echas en una entrevista al diario Página 12 de Argentina, a donde la magistrada viajó invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para hablar sobre su experiencia como jueza penal de séptimo turno en donde investiga los delitos cometidos por la dictadura.

¿Y qué cosas tan graves expresó la Dra. Mota en esa entrevista? Habló por ejemplo del delito dedesaparición forzada y de su tipificación como tal en nuestro país, habló de la dictadura uruguaya , delos muertos, desaparecidos y presos políticos. Dijo que según un informe de Amnistía, uno de cadacincuenta uruguayos había sido interrogado, que los funcionarios públicos eran calificados según suvinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas, etc. Explicó lo ocurrido luegode la marcha del 20 de mayo pasado:Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamentey que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso aCalcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, antela prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la éticajudicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechoshumanos, sin ningún tinte político.

Y bien, de acuerdo a lo que informó la prensa días pasados, El presidente José Mujica afirmó que le"llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" se haya pronunciadosobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al gobierno argentino por su política dederechos humanos y cuestionó al uruguayo.

Y ¿qué fue lo que molestó al presidente y por lo cual esperaba un pronunciamiento de la SCJ o dealgo parecido?

El periodista argentino le pregunta: ¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo alproceso de Verdad y Justicia en su país?, a lo cual la jueza Mota respondió: No hay unapromoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, seesclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensafueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorialque los tuvo como víctimas.

Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Hay alguna duda que en nuestro país no hay un interés real por parte del gobierno de que estas cosas se esclarezcan? ¿Hay alguna duda de que la actitud del gobierno argentino es bien diferente a la del uruguayo? Una prueba contundente es que mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitadoéticamente” para desempañarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos depoder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por sucompromiso con los derechos humanos. ¿Se puede dudar de que Mujica y Huidobro pierden objetividad en estos temas?

Pero la pregunta fundamental es: ¿Son estas declaraciones político partidarias? Claro que no. Y como lo no son, lo que habría que averiguar es qué hay detrás de la presión que se quiere ejercer sobre la jueza Mota.