LA COLUMNA DE JOSE LUIS PERERA

CUANDO MÁS ES MENOS

2012-02-16T18:42:00.004-08:00

Somos partidarios de las candidaturas únicas. No es una postura nueva, siempre hemos dicho que cuando se trata de elecciones internas dentro del Frente Amplio, preferimos llegar a acuerdos e ir con candidatos de consenso. Entendemos que la competencia, cuando es a la interna, no es buena, y que no existen disputas de guante blanco. No nos parece bueno repetir los
errores que cometimos en el Congreso “Zelmar Michelini” (diciembre de 2008), cuando habilitamos a cuatro compañeros para que pudieran competir en las elecciones internas. Aunque dos de ellos finalmente no participaron, el hecho es que el Frente Amplio se embarcó en una competencia interna que la gran mayoría del pueblo frenteamplista no deseaba y rechazó. “Una competencia interna abre las puertas a distanciamientos, diferencias, enojos, heridas, pérdida de energías y entusiasmo militante, que perfectamente podríamos ahorrarnos”, decía Rafael Michelini en agosto de 2008, y nosotros lo compartimos en ese momento y lo reafirmamos ahora.
LAS INTERNAS DE MAYO
Según informa La Diaria del lunes pasado, “El Frente Liber Seregni (FLS) dará batalla en las internas del Frente Amplio (FA) del 27 de mayo. Propondrá una actualización ideológica de la fuerza política y un mayor acercamiento entre ésta y el gobierno. El vicepresidente Danilo Astori estaría de acuerdo en lograr un candidato único para la presidencia del FA, pero admitió que "la competencia es más atractiva" para el electorado”.“El FLS, según su líder, no se opone a la búsqueda de un candidato único por acuerdo ...pero dejó entrever que le atrae más la competencia interna. "...si se da esa posibilidad estamos dispuestos a sumarnos a ella", dijo, aunque luego admitió que "quizás la competencia sea lo más atractivo para contribuir a la mayor participación posible".
No compartimos ese análisis. Es posible que sea necesaria una actualización ideológica, y sin dudas que un mayor acercamiento entre el FA y el gobierno; pero esa actualización no se va a realizar a través de las elecciones de mayo, y el acercamiento entre el FA y el gobierno será una discusión que habrá que dar, pero tampoco tiene que ver con la elección del presidente del FA. El compañero Astori dice (en ese mismo artículo de La Diaria) que “el gobierno y el FA han tenido una distancia "importante", algo que se verifica objetiva y cuantitativamente en algunas decisiones importantes”. Indudablemente que ha sido así. Recordemos, sin ir más lejos, cuando se trató la anulación de la ley de impunidad. Allí la fuerza política estuvo analizando durante meses la mejor forma de terminar con esa ley infame, y lo hizo en contacto con el gobierno, tanto, que uno de los proyectos base era el elaborado por la propia cancillería. La fuerza política elaboró y llegó a acuerdos resolviendo por unanimidad en varias instancias, pero cuando llegó el proyecto al Parlamento, el gobierno se alejó de la fuerza política nada menos que a través del presidente y del vicepresidente, que concurrieron allí a presionar a los legisladores frenteamplistas para que no votaran el proyecto, haciendo fracasar el mismo. Ahora bien, eso requerirá de análisis profundos, de discusiones y de acuerdos, pero no se va a resolver en mayo.
MÁS CANDIDATOS ¿MÁS VOTOS?
Astori dice que la competencia es más atractiva para contribuir a la mayor participación posible. Y no es el único que opina en ese sentido. Otro artículo de La Diaria señala que “el Comité Central del PS emitió una declaración en la que anuncia que es "necesario y deseable" que en las elecciones del 27 de mayo la ciudadanía frenteamplista pueda decidir la presidencia del FA entre más de un candidato o candidata, y resolvió promover un candidato del sector", y además informa que “El MPP seguirá "trabajando en la concreción de candidaturas múltiples que favorezcan la mayor amplitud y diversidad de las propuestas”.
Respetamos las opiniones de los compañeros, pero no hay ningún dato empírico que demuestre que cuanto más candidatos se presenten, la participación sea mayor, ni tampoco ha sido demasiado notorio que a más candidatos haya más amplitud o diversidad de propuestas. La experiencia demuestra exactamente lo contrario: a mayor cantidad de candidatos, menor participación del electorado frenteamplista.
Se equivocan quienes creen que la política se debe manejar con criterios de mercado, y que por tanto hay que ofrecer competencia para que se genere más demanda.“Puesto que en las internas el voto no es obligatorio, para que eso ocurra tiene que haber competencia real al interior de cada partido, de manera que la gente se sienta motivada a participar”, decía el politólogo Luis Eduardo González en abril de 2008. Y se equivocó de cabo a rabo. Recordemos que en 1999 hubo competencia en las internas del FA (competían Tabaré Vázquez y Danilo Astori), y el porcentaje de participación fue del 44%; en 2004 , cuando no hubo competencia interna, el porcentaje aumentó al 53%. Volvió a haber competencia en 2009 (esta vez con tres candidatos) y fue la interna con menos votantes desde que se realizan (el porcentaje estuvo en el entorno del 41%).
Hubiéramos preferido que los equivocados fuéramos nosotros, porque el error de ir a una competencia interna nos hundió todavía un poquito más, y como resultado no pudimos ganar en primera vuelta en octubre, tal como era nuestro objetivo.
Pero supongamos por un instante que la competencia y la multiplicidad de candidatos provocaran más participación, ¿eso sería bueno? ¿es eso lo que una fuerza de izquierda tiene que promover, la participación en política mediante el incentivo de la competencia de unos contra otros? ¿cuáles serían los avances en conciencia de la ciudadanía -que supuestamente toda fuerza de izquierda desea- si la participación estuviera supeditada a la competencia? ¿cuánto mejor sería que la participación se diera porque los frenteamplistas se sienten comprometidos con su fuerza política, porque se sienten reflejados en la fraternidad y en la búsqueda de acuerdos? La experiencia indica que el supuesto (más competencia = más participación) es falso; pero si fuera verdadero, en realidad sería indicativo de un gran retroceso.
En el 71, destacábamos que la existencia misma del Frente Amplio era posible“...por tener al pueblo como protagonista,...”. Para nosotros eso sigue siendo válido. Apostamos a la
formación de ciudadanía consciente y comprometida, y no a la generación de simples votantes. Porque en el fondo la discusión no es sobre formas, es ideológica: que tipo de sociedad queremos construir y que tipo de ciudadanía estamos generando con nuestra acción. ¿Queremos una ciudadanía comprometida y participando? ¿O solo queremos generar un ámbito en donde cada tanto tiempo los frenteamplistas concurran a las urnas para elegir candidatos?
El propio José Mujica lo planteó no hace mucho de esta forma: “¿Qué queremos, partido de opinión o fuerza que contenga militantes? El partido es el futuro; como yo lo concibo, es el pacto intergeneracional, es los que van a venir y van a recoger la bandera. Lo otro es la agencia de publicidad, es la consultora, son los asesores”. “¿Se precisan militantes o no? Eso es lo que hay
que definir. Yo sostengo que un partido históricamente no existe si no genera militancia, si no genera pasión, si no genera compromiso en cascada” (*).
APRENDER DE LOS ERRORES
Luego de aquellas internas de 2009, se escucharon explicaciones de todo tipo para la baja votación, y muy poca autocrítica. Desde el frío hasta el miedo a la gripe porcina, cuestiones que al parecer solo habrían afectado a los frenteamplistas. En su momento, dijimos que la baja votación se debió fundamentalmente a que los frenteamplistas no estaban motivados por una contienda que les era ajena. Ya habían manifestado en diciembre a quien querían de candidato, y por eso las mesas repartiendo listas brillaron por su ausencia en muchos lugares, y por eso no se conseguían delegados para cubrir los circuitos, y por eso se suspendieron actos, y tantas otras cosas. Porque hay algo que no debe olvidarse: cuando hay un candidato de consenso, los Comités de Base juegan un rol central en la campaña, mientras que si hay multiplicidad de candidaturas, los Comités quedan al margen. Y mientras en muchos lugares tuvimos dificultades para lograr que compañeros de diferentes sectores se pusieran a repartir listas todos juntos en una sola mesa, la burguesía festejaba el triunfo a la noche cantando: “los blancos unidos jamás serán vencidos”.
Nuestra interpretación fue que el grueso de los frenteamplistas estaba desconforme y defraudado por las candidaturas múltiples, puesto que eso era contrario a toda una tradición unitaria dentro del FA. Este hecho atravesó a todos los sectores sin distinción. La gran mayoría de los que no estaban conformes con la multiplicidad de candidaturas, o no estaban conformes con la decisión de su sector político, optaron por manifestar esa disconformidad de la manera más natural que tenían de hacerlo, con la abstención. Lisa y llanamente, ese frenteamplista, sectorizado o no, dijo: esto a mi no me interesa, no cuenten conmigo para esto. De ahí la baja votación del Frente Amplio y la caída de la mayoría de sus sectores respecto de la interna anterior.
Creemos que el consenso es posible, aquel que Seregni impulsaba, y que al decir de Soledad Platero “...suponía una voluntad de fraternidad y armonía que nacía de la convicción de estar buscando lo mejor para todos, aunque en ese camino debieran hacerse concesiones y renuncias” y seguiremos bregando por lograrlo. Porque en definitiva el mejor candidato sigue siendo el Frente Amplio.

(*) Semanario Brecha, 19/12/2008

¿A QUE APUNTA JULIO MARIA?

2011-12-13T09:30:00.000-08:00

A uno le asalta la duda cuando va a escribir sobre determinados temas, y se hace la pregunta del millón: ¿Vale la pena perder tiempo en esto? Pero creemos que sí, que lo vale, porque no es bueno dejar pasar algunas cosas, porque la lucha ideológica hay que darla constantemente, aunque la lucha sea sumamente desigual, en la medida que los grandes medios de difusión llegan a grandes masas con sus mentiras y con su desinformación.
UNA AMNISTIA PARA TODO EL MUNDO
En una entrevista en canal 12, el ex presidente Julio María Sanguinetti (también ministro de Industria en el gobierno de Jorge Pacheco Areco, y ministro de Educación y Cultura durante el gobierno de Juan María Bordaberry, ocasión en la que elaboró la funesta ley de educación que entre otras cosas daba potestades al CONAE para controlar y penar las actividades de los estudiantes, padres, profesores y funcionarios), habló del caso del maestro Julio Castro, cuyos restos aparecieron recientemente.
Basado en su reiterada “teoría de los dos demonios”, explicó que cuando fue presidente incluyó el caso en la ley de caducidad porque esta era una ley de amnistía general; que se había amnistiado a los guerrilleros, a los que estaban presos a los que no habían estado presos, a los que estaban en el Uruguay, a los que estaban en el extranjero, a los que habían asesinado a sangre fría, a los que habían secuestrado, “...y del lado militar, que en aquel momento tampoco se conocían las circunstancias, salvo las muy notorias...eh...bueno...se amnistió a todo el mundo”.
De esta sencilla manera, Julio María Sanguinetti explica lo sucedido por aquellos años nefastos de nuestro país. De un lado había gente que secuestraba y asesinaba a sangre fría (algunos estuvieron presos y otros no), y del otro lado había militares que no se sabía muy bien lo que habían hecho; por lo tanto, la solución fue “una amnistía general para todo el mundo”.
No importa que Julio Castro no tuviera nada que ver con ninguna guerrilla, que fuera un maestro de una notable trayectoria, dedicado fundamentalmente al desarrollo de las escuelas rurales y un luchador incansable por los derechos humanos y la justicia social desde el semanario Marcha. No importa que la guerrilla hubiera sido completamente derrotada en el año 1972, y que el maestro Julio Castro fuera apresado por la dictadura en el año 1977 (cinco años después) y asesinado (ejecutado con un tiro en la cabeza y con las manos atadas con alambre) un 3 de agosto de ese mismo año luego de ser salvajemente torturado. Lo que importa es justificar la agachada y la complicidad con los asesinos.
Sanguinetti no es estúpido. Sanguinetti sabe que la represión de la dictadura fue contra toda la sociedad, que la guerrilla estaba derrotada antes del golpe de estado. Sanguinetti sabe perfectamente
que la sociedad uruguaya fue víctima de la peor represión conocida en toda su historia, sabe que la tortura fue sistemática y contra todos los detenidos. Sabe muy bien Sanguinetti que no había que ser guerrillero, que ni siquiera se necesitaba saber manejar una chumbera para ir a parar a las mazmorras de la dictadura. A Sanguinetti no se le escapa que alcanzaba con pertenecer o haber pertenecido a un partido de izquierda. Que para ser candidato a la tortura la violación o la muerte alcanzaba con haber militado alguna vez en alguna organización estudiantil o sindical, o simplemente haber opinado de alguna forma contra la dictadura.
Sanguinetti no ignora que la ley de amnistía para los presos políticos es una cosa totalmente diferente a la ley de caducidad, y que comparar una con otra es una inmoralidad. Que la ley de amnistía excluía a los autores de delitos graves (que en ese momento estaban detenidos y habían sido juzgados por la “justicia” militar), quienes debían ser sometidos a nuevo juicio por la Justicia Civil, y cuyo único beneficio extraordinario era la reducción de la pena en razón de las condiciones infrahumanas en las que estuvieron detenidos, y por lo cual se les computarían tres días por cada día de prisión. Y que en cambio la ley de caducidad establecía que “...ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Esto es: impunidad pura y dura. Mientras la ley de amnistía estableció que los detenidos por crímenes graves debían ser investigados y juzgados nuevamente (por una justicia de verdad), la ley de impunidad estableció que quienes habían cometido delitos de lesa humanidad no podían ser investigados ni juzgados. En un caso hubo pretensión de verdad y justicia, en el otro se bloqueó cualquier forma de llegar a ellas.
Pero Sanguinetti suele hacer ese tipo de falseamientos. No es la primera vez -y tal vez no sea la última- que sabiendo como han sucedido las cosas, le quiere hacer creer al pueblo uruguayo que han sido de otra manera. Como cuando afirmó que en este país no había niños desaparecidos; mentira que la existencia de Macarena Gelman deja patente día a día.
PODÍAMOS...PERO NO LO HICIMOS....
Las declaraciones de Sanguinetti podían haber terminado allí, porque con eso “contestaba” la pregunta del periodista, que lo interrogaba acerca de por qué había incluido el caso de Julio Castro en la ley de caducidad. Pero al ex presidente se le ocurrió que debía agregar algo más. “También hay que aclarar, muy inequívocamente -dijo el ex mandatario colorado- que la ley de caducidad jamás impidió investigar. Lo que cerraba era era el juzgamiento, y eso es una amnistía. No cerraba la posibilidad de investigar, que siempre estuvo abierta”.
En cierto modo, es verdad lo que dice Sanguinetti; el artículo 4° de la ley de impunidad establecía que “...el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”. Y establecía a renglón seguido que “El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos”.
Lo que no dice Sanguinetti, es que él mismo fue presidente no uno, sino dos períodos, y que jamás dispuso ninguna investigación para investigar ninguno de los hechos denunciados. Lo que no dice Sanguinetti, es que mientras fue el titular del Poder Ejecutivo, lo que hizo, en primer lugar, fue promover la impunidad, y que la ley infame fue votada en su primer gobierno.
Pero tampoco dice que durante sus dos mandatos, toda vez que le era presentado un caso de violación de los derechos humanos por parte de la dictadura, invariablemente lo incluía en la ley de impunidad. O dicho de otro modo: durante los dos períodos en que le tocó gobernar, se ocupó de que la impunidad de los violadores de los derechos humanos fuera total y absoluta. Y por eso incluyó en la ley de impunidad, entre otros casos, el del maestro Julio Castro.
Una pasión por la impunidad algo esquizofrénica y rayana en la complicidad, si tenemos en cuenta su actitud diferente ante casos similares. Porque este Sanguinetti que ha hablado de “no revolver las cenizas” -metáfora abyecta- o que “Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”, cuando se trata de el reclamo de verdad y justicia de los uruguayos, es el mismo Sanguinetti que concurre año a año a la conmemoración de la “Noche de los cristales rotos” por parte de la colectividad judía, en donde nunca aconsejó nada parecido.
Las preguntas que se nos ocurren son variadas, y no tenemos respuestas para ninguna de ellas: si la ley de impunidad permitía investigar y llegar a la verdad aunque no juzgar a los responsables; y si Sanguinetti sabía que esto era así y no dispuso la investigación de ninguno de los casos, ¿por qué dice lo que dice? ¿es un acto de contrición? ¿es tal vez un acto de reafirmación de su propia bajeza, confirmando que pudo haber hecho algo por la verdad y no lo hizo? ¿está buscando tal vez compañía en su ignominia? Porque tal vez nos esté queriendo decir: “está bien...yo podía haber investigado y no lo hice...pero no fui el único”. Y en ese caso, tendría razón -aunque no disminuiría un ápice su culpa-, ya que recién se comenzó a aplicar en serio el art.4° de la ley de impunidad -el que no solo permitía, sino que además obligaba a investigar- cuando llegó al gobierno una fuerza progresista. Porque hubo otros gobernantes en este país que tampoco movieron un dedo para hacer lugar a la verdad, mientras se morían familiares sin saber que había pasado con sus hijos, sus padres, sus nietos, hermanos. Salvo, claro, aquella Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Batlle que, como vemos ahora, solo produjo verdades a medias o directamente mentiras como las que se les comunicó a la familia del maestro Julio Castro.
Tal vez en algún momento personajes como estos deban pasar también por los juzgados, y entonces quizás podamos saber algo más sobre lo que ha sido su nefasta y abyecta actitud durante todos estos años.

LA VERDAD SÍ, Y LA JUSTICIA TAMBIÉN

2011-11-18T02:46:00.000-08:00

En agosto de 2009, cuando José Mujica era todavía candidato a presidente, durante una visita a Santiago de Chile, dijo: "A mí no me interesa la gente presa, me interesa la verdad. Porque la verdad es la forma superior de castigo para los que son responsables de los atropellos. Ya han pasado muchos años desde los hechos y detesto tener ancianos presos".
Y hace pocos días, en Porto Alegre, el presidente mantuvo un intercambio con militantes de izquierda en el que ratificó esta idea. “Quiero que los orientales se encuentren, que no se tengan que odiar; quiero que las generaciones que vengan aprendan de nuestros propios errores, y que cometan los suyos, pero no los nuestros”, dijo el presidente. Uno de los asistentes preguntó: “¿van a seguir detenidos los delincuentes, independiente de que sean viejitos de más de setenta años?”. Y el presidente le respondió: “de mi parte no tengo fuerza para disponer lo contrario, pero yo discrepo. Si pudiera, no tendría preso a hombres de 80 años para arriba, pero yo no soy dueño del país”. Antes, Mujica había señalado que en la vida es necesario tener prioridades: “No puedo vivir angustiado, solo mirando para atrás. Mi angustia son los que van a venir. Porque el mundo del pasado no lo puedo arreglar. Si acaso puedo ayudar a que el mundo del mañana sea un poco mejor”, dijo. Su postura, es compartida también por Lucía Topolanski, y genera el rechazo de los grupos de izquierda y organizaciones de derechos humanos. Por aquello de que el que calla otorga, nos parece que debemos decir algunas cosas al respecto.
Lo primero que queremos decir, es que no nos sentimos demasiado conmovidos por los ancianos residentes en Domingo Arena. Ancianos que por cierto no se encuentran allí hacinados como lo están los presos comunes en otras cárceles. Ancianos que al parecer no se encuentran en condiciones muy delicadas de salud como uno puede ver cada vez que tienen que ir a declarar nuevamente a un juzgado (todos los días se descubren nuevos crímenes de los que son autores), y que salen de allí sonrientes y dicharacheros.
DESDE LO LEGAL
Habría que señalar además que, desde el punto de vista legal, esa excarcelación, o la prisión domiciliaria serían virtualmente imposibles, dada la legislación que se ha establecido en los últimos años, y en la que incluso participó la propia senadora Lucía Topolanski al integrar el Parlamento..
En el año 2005, se votó una ley, la Nº 17.897, cuyo nombre es “Libertad anticipada y provisional. Régimen excepcional”. Y en su artículo 9º se habla de la “Prisión domiciliaria”, y dice: “El Juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de setenta años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido”. Quiere decir: es “el Juez” quien podrá disponer la prisión domiciliaria en determinados casos, y por eso dice bien Mujica cuando dice que “de mi parte no tengo fuerza para disponer lo contrario, ... yo no soy dueño del país”.
Pero además, ese mismo artículo establece excepciones para este instituto de la “Prisión
Domiciliaria”, y dice que “…no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos:
1) El delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal.
2) El delito de violación.
3) Los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley N°
17.510, de 27 de junio de 2002)".
Como estos ancianos de los que hablamos tienen en su haber una colección de los delitos incluidos en los tres puntos, no solo el presidente Mujica sino que tampoco ningún juez podrá mandarlos para la casa.
Pero por si esto fuera poco, se acaba de votar una ley que dice que los delitos cometidos por estos ancianos son de lesa humanidad, por lo cual, además de imprescriptibles no son excarcelables. Y esto es así porque en el 2006 se votó otra ley (la Nº18026), que tipifica los delitos de lesa humanidad en nuestro país, y que establece la improcedencia de la amnistía o similares para esos delitos: “Los crímenes y penas tipificados en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados".
De manera que, salvo que se esté pensando en derogar estas leyes para poder beneficiar a esos ancianos, que además de ancianos son los sujetos más repudiables de la historia uruguaya -de la reciente y de la no tan reciente- estos señores de avanzada edad deberán permanecer en prisión.
No es eso al parecer lo que estaría en la mente de Topolanski ni del presidente ni del MPP. Pese a la convicción que ambos tienen sobre que los militares retirados mayores de 70 años no deberían estar en la cárcel, ni el gobierno ni la fuerza política trabajan en un proyecto de ley para que eso suceda. Así lo confirmó hace unos días el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, que dijo que el Poder Ejecutivo no trabaja en ese sentido y varios legisladores del MPP aseguraron lo mismo, pese a que los máximos referentes del sector estén a favor de la medida.
Eso desde el punto de vista legal. Pero habría que decir algunas otras cosas.
NO SON ARGUMENTOS VÁLIDOS
Veamos por ejemplo la afirmación de 2009. ¿Es la verdad “la forma superior de castigo”, como afirma Mujica? Eso es sin duda toda una novedad. Porque desde que el mundo es mundo, cuando alguien infringe un daño a otro, lo que la sociedad hace es investigar para conocer la verdad de lo sucedido, para conocer quien es el autor del daño, cuales fueron sus motivaciones, los atenuantes o los agravantes, y en función de todo eso, aplicar el correspondiente castigo. Si la forma superior de castigo fuera conocer la verdad, no se entiende para qué el resto. De ser así, ni siquiera sería necesaria la institución Justicia, y solo alcanzaría con la investigación policial. Una vez conocido el o los autores de determinado delito, se daría a conocer su identidad por todos los medios posibles, y ese sería el castigo. Pero no creemos que sea así. Creemos que quienes cometen un delito deben ser sometidos a la justicia, y la forma que la sociedad tiene de resarcir en alguna medida a los ofendidos (que en el caso de los delitos de lesa humanidad son la humanidad en su conjunto) es la aplicación de un castigo (generalmente la prisión), que además –al menos en teoría- cumple la función de rehabilitar al que cometió el delito. Mujica y su esposa pueden detestar tener ancianos presos, están en su derecho, y tal vez si quienes cometieron esos horrendos crímenes hubiesen marchado presos inmediatamente, y llegaran a ancianos luego de pasar muchos años encerrados, tal vez una buena parte de la sociedad los acompañara en su forma de pensar. Pero de hecho, luego de cometer esos delitos abominables estos señores estuvieron en libertad, hicieron sus vidas cual si nada hubiera pasado, y muchos de ellos ni siquiera perdieron sus jubilaciones (como cualquier otro mortal), y el poco tiempo que han estado encerrado lo ha sido en condiciones tales que ni siquiera puede ser considerado un castigo.
Todos podemos compartir la idea de que “los orientales se encuentren, que no se tengan que odiar”. Pero ahí sí, es necesaria la verdad para que eso suceda. No es posible que los orientales se encuentren cuando en el medio reina el ocultamiento. Para que el encuentro tenga una oportunidad, la sociedad necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido, necesita saber donde están los desaparecidos, por qué los hicieron desaparecer, las circunstancias en que ocurrió, etc., pero fundamentalmente es necesario que quienes cometieron esas barbaridades de alguna manera muestren un mínimo de arrepentimiento y pidan perdón a la sociedad en su conjunto. Porque en todo este período, NI UNA SOLA VEZ, NI UNA SOLA, las Fuerzas Armadas de este país mostraron un mínimo de arrepentimiento; jamás, ni como colectivo ni en forma individual. Lo que hace mucho más repudiable -si esto fuera posible- su infame accionar y los crímenes cometidos durante los años más nefastos de nuestra historia.
Dice Mujica; “…el mundo del pasado no lo puedo arreglar. Si acaso puedo ayudar a que el mundo del mañana sea un poco mejor”. La cuestión es si perdonar, o aliviar la pena de quienes cometieron esos delitos aberrantes, es una forma de ayudar a un mundo mejor en el futuro. Porque si la señal que les damos a los jóvenes es que cuanto peor es el delito cometido, mayor es la posibilidad de obtener el perdón, entonces no es difícil imaginar como puede llegar a ser ese mundo del mañana.

SOSTIENE ROSALES

2011-11-04T18:50:00.000-07:00

El ex comandante del Ejército, Rosales, hizo declaraciones al dejar su cargo. Dijo algunas cosas que son ciertas, y otras que no lo son.
Durante su discurso en el que cedió este lunes el mando a Pedro Aguerre, acto al que concurrió el presidente José Mujica, llamó a no ser “rehenes de hechos lamentables ocurridos hace 30 años”.
Aunque Rosales parece que olvidó la época en que esas fuerzas armadas tuvieron de rehenes a miles y miles de uruguayos, es verdad que las fuerzas armadas de hoy son rehenes de los hechos lamentables ocurridos hace 30 años, aunque en verdad esos hechos lamentables siguieron ocurriendo hasta hace 27 años, ya que Roslik fue salvajemente asesinado en un cuartel en el año 84.
Pero son rehenes, claro que lo son, en el sentido de que no serán liberados de ese peso hasta que quienes ensuciaron el uniforme paguen ante la justicia y la sociedad. Recién entonces los uruguayos podremos separar la paja del trigo, los asesinos de los inocentes, los violadores de los que no lo son, los ladrones de niños de los que no lo son.
Pero Rosales dice que de evaluar las causas y las eventuales responsabilidades se deben encargar "el tiempo y la historia". Y eso, señor Rosales…eso es lo que usted quisiera (no está solo en eso, otros piensan lo mismo)…que se encargue el tiempo y la historia…en lo posible cuando ya los responsables estén bajo tierra. Pero de eso se va a encargar antes la justicia, gracias a la lucha de miles y miles de militantes que no han sejado jamás para que así sea.
Rosales dice que “todo aquello que se haya hecho apartándose de la dignidad, debe ser rechazado enfáticamente”. Y es verdad, pero además de ser rechazado enfáticamente, también debe ser juzgado y penado como corresponde, porque son crímenes brutales e inhumanos señor Rosales, no faltas de conducta.
Rosales dice que “En estos tiempos hay que mirar para un solo lugar, que es el futuro para que no sean las mujeres y los hombres, actuales integrantes de este Ejército, rehenes de hechos lamentables ocurridos hace 30 años”. Y ahí Rosales se equivoca de cabo a rabo. Porque vuelve a caer en expresiones de deseo. Lo que Rosales desea es que nadie mire hacia atrás, y por eso solo quiere que miremos hacia el futuro. Pero hay que mirar hacia atrás, inevitablemente, porque todavía falta mucho para hacer, hay mucho que aclarar, hay cuerpos que tienen que aparecer, hay militares que tienen que ir a declarar y hay militares que tienen que ir a la cárcel por lo que hicieron, y para eso hay que investigar el pasado, no el futuro. Pero además, también se equivoca –en realidad no creo que se equivoque, creo que lo hace a conciencia- cuando dice que “los actuales” integrantes de este Ejército son rehenes de los que otros hicieron. Porque en este Ejército de hoy sigue habiendo asesinos cobardes y violadores de los derechos humanos. La prueba más fehaciente es el Gral. Dalmao, general en actividad que se encuentra en prisión procesado por el asesinato de Nibia.
El señor Rosales es un atrevido y un mentiroso cuando dice que “el Ejército no puede ni debe seguir respondiendo institucionalmente por deudas que no le corresponden”. Porque el Uruguay entero sabe que fue el ejército como institución el que apoyó el golpe de estado dado por Juan María Bordaberry, y que luego se quedó con el poder para desde allí torturar, asesinar y violar mientras se instauraba una política económica expoliadora de los trabajadores.
Se equivoca Rosales cuando dice que “Tampoco puede nuestro Ejército estar sometido a una falta de valoración permanente que surge por parte de algunos sectores de la sociedad”, porque la valoración que algunos sectores de la sociedad hacen de ese ejército, está sustentada en los más aberrantes crímenes cometidos por esa institución en la historia de esa propia institución. Y para que esa valoración cambie, lo que tiene que suceder, en primer lugar, es que quienes ensuciaron el prestigio de la institución lo limpien diciendo donde están los desaparecidos. En segundo lugar, esa institución debería pedir perdón a la sociedad y mostrar claramente su arrepentimiento y su compromiso con los valores democráticos y con los derechos humanos, cosa que hasta el momento no ha sucedido.
El señor Rosales, se permite además “enviar un particular saludo a todos aquellos camaradas que juran por su honor no haber mancillado la dignidad de la fuerza y ven con desazón, angustia e impotencia propia y de sus familiares como se los agravia y condena públicamente, sin siquiera tener la garantía de poder expresarse delante de un Juez respecto a estos supuestos”. Y eso es una descomunal mentira, porque quienes ven mancillado su honor y se sienten agraviados, saben que ahora viven en una democracia plena, y que pueden concurrir a la Justicia y hacer todos los descargos y presentar todas las pruebas que los absuelvan. Y saben además que al ser interrogados no lo serán encima de una parrilla metálica, mojados y recibiendo descargas eléctricas en los testículos, que no serán sometidos al submarino para obtener datos (ni por simple diversión), y que nadie los hará desaparecer, por lo cual sus familiares no sufrirán la angustia y la impotencia de no saber de sus destinos.
Por suerte ahora estamos en democracia y este señor Rosales puede hablar. Lo que no puede hacer es faltarle el respeto al pueblo uruguayo como lo hace. Claro....hay chanchos y hay quienes les rascan el lomo.

PALABRAS PRONUNCIADAS EN LA MEDIA HORA PREVIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CANELONES EL 4/11/11

2011-11-04T14:00:00.000-07:00

Sr. Presidente:
Podríamos decir que estamos contentos. Si es que se puede estar contento en un tema que involucra a compañeros torturados, muertos y desaparecidos. Pero los uruguayos hemos recuperado la dignidad como país. Volvemos a ser todos iguales ante la ley, y eso es motivo de alegría, sin duda. Hemos avanzado, y hemos despejado el camino para avances mayores, lo que no es poco. Por eso queremos decir algunas palabras en homenaje a tanta y tanta gente que ha dado una dura lucha para que esto pudiera suceder.
Cuando se produce el golpe de estado en el año 73, muchos éramos apenas adolescentes, y poco sabíamos acerca de lo que pasaba en el país. Pero igual nos vimos sumergidos en la noche más negra y más triste de nuestra historia. Y tuvimos que andar a tientas, como pudimos, y pasamos los mejores años de nuestras vidas en medio del atropello, del desprecio y del miedo.
Por cierto...otros con apenas unos años más que nosotros, sufrían aún más cruelmente, porque estaban presos, estaban siendo torturados con saña, y algunos terminaban en fosas comunes, como sabemos ahora.
Pero en algún momento comenzamos a entender -tarde o temprano se termina por entender-. Y como entendimos lo que estaba pasando, comenzamos a participar, y a ocupar espacios, y aprovechamos la menor rendija que pudiera abrirse; y creamos sindicatos a pesar de las listas negras, y gremios estudiantiles; y participamos en lo que podíamos, y le dijimos NO a esa criminal dictadura en el 80, y finalmente la derribamos y hubo elecciones en el 84.
Para quienes prácticamente estrenábamos democracia en el año 85, todo era una fiesta. Podíamos reconstruir nuestras vidas no vividas a través de la lectura de los libros que no nos habían permitido leer, escuchando a los cantores populares que no nos habían permitido escuchar, podíamos hablar a cielo abierto de lo que antes ni siquiera podíamos susurrar, y podíamos hacerlo con quien se nos diera la gana. Era la fiesta democrática en todo su esplendor.
Y dábamos por descontado que todo lo demás vendría por añadidura. Por ejemplo, la justicia. Muchos debían explicar los por qué, los como, los cuando, los donde. Teníamos derecho a saber el por qué de tanto odio descargado sobre el pueblo, el por qué tanta muerte inocente. Alguien tenía que explicar como fue que se torturó, quién daba las órdenes, donde se mató y se desapareció, donde estaban esos desaparecidos, y devolverlos al seno de sus familias. Y entiéndase bien: no reclamábamos revancha. Pedíamos justicia. Tan simple pero tan profundo y vital como eso.
Pero no fue lo que sucedió. Hay que decir que los jueces comenzaron a actuar, sí, como corresponde en un Estado de derecho, pero las citaciones fueron a parar a la caja fuerte de los militares. Y entonces comenzó la vuelta atrás, el retroceso, la agachada y la traición a los acuerdos de la CONAPRO. Y se comenzó a gestar lo que luego terminaría siendo la oprobiosa ley de impunidad.
Aquella democracia que recién terminábamos de reconquistar, nos daba un golpe bajo. A menos de un año de recuperada, nos propinaba una ley de impunidad y nos expulsaba a uno de los estandartes de la lucha por los derechos humanos: José Germán Araujo.
Pero como decía María Ester Gatti, “No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar”. Así que no nos dejamos dominar por el bajón, y salimos a juntar las firmas para que hubiera lugar a un referéndum contra esa ley infame. Otra vez había que luchar contra el miedo, contra la desinformación y la mentira, contra quienes decían que pregonábamos el odio y se proclamaban pacificadores y perdonadores. Y tuvimos que recorrer puerta por puerta, y salimos a las ferias y nos metimos entre el pueblo. Y conseguimos las firmas, y hubo referéndum.
Pero el miedo ganó en las urnas, y la desesperanza en las almas. Y ya nada volvió a ser igual, porque la democracia quedó renga. No se puede caminar bien con una espina clavada en el talón. Y la impunidad era una enorme espina incrustada en la naciente democracia.
Y allí, con las organizaciones populares malheridas (que no muertas) por la derrota, comenzó la otra fiesta, la del neoliberalismo.
Pero bueno, aún en las peores condiciones, la lucha continuó, y se dieron otras batallas. Se tuvo que salir a defender las empresas públicas para impedir su privatización, por ejemplo. Pero además, se siguió luchando por la justicia por vías diferentes. Porfiadamente se siguieron presentando casos a los juzgados y una y mil veces los gestores de la impunidad los archivaban.
El artículo cuarto de la ley de impunidad, que se suponía era el instrumento que iba a permitir investigar, fue utilizado por sucesivos gobiernos para impedir cualquier forma de verdad y justicia. Todo lo que podía terminar en aplicación de justicia, en acercamiento a la verdad, era considerado incluido en la ley de impunidad. No importa si era el rapto de una extranjera para robarle a su hijo y luego matarla. Todo lo sucedido en dictadura debía ser olvidado, fuera lo que fuera.
Pero siguieron presentándose causas. Y surgieron las marchas del 20 de mayo; cada vez con más y más pueblo; cada vez con más y más jóvenes; cada vez con más y más conciencia. Y la impunidad comenzó a mostrar fisuras. Y aquellos adolescentes que vimos surgir la dictadura, ahora conquistamos un gobierno progresista casi pisando los cincuenta. Caídos y vueltos a levantar, magullados y maltrechos, con las esperanzas remendadas por todos lados, pero íntegros e inconmovibles en nuestros deseos de justicia, llegamos.
Y hubo enormes avances. A los pocos días de instalado el gobierno del Frente Amplio, se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Y ahora el artículo 4º permitía investigar. Los casos se comenzaron a excluir de la ley de impunidad, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos comenzaron a aparecer.
Pero aún había que terminar de una vez y para siempre con el oprobio de una ley legalmente inconstitucional y nula, pero además moral y éticamente infame. Para que la vida democrática fuera plena, para devolverle la independencia a la Justicia, y para cumplir con nuestras conciencias, porque para quienes nos consideramos de izquierda, la sociedad a la que aspiramos no es aquella que simplemente reparte mejor, sino aquella que no pase por alto los hechos de conciencia y la moral.
Más de una vez dijimos que, aún en el caso de que todos los desparecidos aparecieran, aún en el caso de que todos los responsables de los crímenes fueran presos, aún así, había que desterrar la maldita ley de impunidad de nuestro sistema jurídico. Simplemente por ser un mandato moral y ético.

Y por eso, y ante las vacilaciones del sistema político que no resolvía la cuestión, las organizaciones sociales se pusieron nuevamente la causa al hombro, y salieron a juntar firmas para anular la ley de impunidad. Las firmas se juntaron, hubo plebiscito, y una nueva batalla perdida, aunque un millón de voluntades se expresaron en contra de la ley.
Pero no nos dimos por vencidos. Seguimos buscando los caminos, y se dio una nueva instancia parlamentaria hace unos seis meses, que esta vez fracasó por algunas traiciones que seguramente el pueblo no olvidará.
Tuvo que surgir el fallo de la Corte Interamericana de Justicia en el caso Gelman, para que el sistema político e institucional se decidieran a poner al país a tono con los tratados internacionales que ha suscrito, y a terminar de una vez y para siempre con aquella ley oprobiosa.
El Frente Amplio fue el único partido político que se opuso firmemente y votó en contra de la ley de impunidad en el año 86, y también ha sido el único que acaba de votar por el fin de la impunidad en estos días. No obstante, hay que señalar que el sistema político en su conjunto ha estado omiso durante 25 años en la solución de este tema central en la vida política del país, porque los argumentos de hoy, eran válidos también hace 25 años. Los delitos cometidos por la bestia fascista fueron de lesa humanidad siempre, y lo único nuevo ahora es la sentencia de la Corte en el caso Gelman.
Y un dato que es importante destacar: en todo este período, NI UNA SOLA VEZ, NI UNA SOLA, las Fuerzas Armadas de este país mostraron un mínimo de arrepentimiento. Jamás, ni como colectivo ni en forma individual. Lo que hace mucho más repudiable -si esto fuera posible- su infame accionar y sus crímenes cometidos durante los años más nefastos de nuestra historia.
Era esto lo que queríamos decir.
Se nos ocurre que este asunto de los derechos humanos es algo así como una escuela de la vida, solo que uno nunca se recibe, uno nunca obtiene un diploma, sino que simplemente va aprendiendo, y va rindiendo exámenes para seguir avanzando. Y si es así, esto de la ley de impunidad era una asignatura pendiente. Y vaya que nos costó. Y vaya que dimos de veces el examen y lo perdimos. Repetimos el curso durante 25 años. Pero bueno, acabamos de aprobar esa asignatura pendiente. Y eso nos llena de orgullo. Tenemos la satisfacción del deber cumplido.
No vamos a solicitar, que nuestras palabras sean enviadas a sitio alguno.

Simplemente queremos que lo que acabamos de decir sea nuestro humilde y más sentido homenaje, en primer lugar, a las víctimas. Es por ellos esta lucha. También a sus familiares, que jamás bajaron los brazos. A todos aquellos partidos y sectores políticos que jamás desistieron en su lucha por verdad y justicia, y que no hicieron nunca un cálculo electoral a la hora de defender los derechos humanos. Nuestro homenaje y nuestro respeto a quienes siempre pusieron por encima de todo el derecho de las víctimas y de sus familiares, antes que el derecho de los torturadores y asesinos. A unos cuantos PERIODISTAS con mayúsculas, que nunca dejaron de mantener viva la llama, aunque la verdad y la justicia no fueran noticia que vendiera. A unos cuantos abogados defensores que abrazaron estas causas sabiendo que era una lucha larga, dura y difícil, y a unos cuántos jueces y fiscales que dignificaron sus títulos. Pero por sobre todo, nuestro sincero y emocionado reconocimiento a las organizaciones sociales de nuestro país, al PIT-CNT, a los estudiantes organizados en la FEUU, a los jubilados, a los cooperativistas, a las organizaciones de derechos humanos, a CRYSOL, Familiares de detenidos desaparecidos, etc, a quienes dieron la pelea a través de las redes sociales, aquí y en el exterior, a las decenas de miles -fundamentalmente jóvenes- que cada 20 de mayo marchan y seguirán marchando por la avenida 18 de julio en reclamo de verdad y justicia, y fundamentalmente a los miles y miles de militantes anónimos que no cejaron jamás en la lucha por devolver la dignidad a este bendito país.

Muchas gracias señor presidente.

TOPOLANSKI Y SUS "VIEJITOS"

2011-11-04T09:05:00.001-07:00

La Senadora Lucía Topolanski se siente conmovida por los viejitos residentes en Domingo Arena. Viejitos que por cierto no se encuentran allí hacinados como en otras cárceles lo están los presos comunes. Viejitos que al parecer no se encuentran en condiciones tan delicadas de salud como uno puede ver cada vez que tienen que ir a declarar nuevamente a un juzgado (todos los días se descubren nuevos crímenes de los que son autores), y que salen de allí sonrientes y dicharacheros. Viejitos que si uno tuviera necesariamente que definirlos de una forma clara y precisa diría: viejitos de mierda.

Pero lo que sucede es que la Sra. Lucía Topolanski también era senadora en el año 2005, y allí votó una ley, la Nº 17.897, cuyo nombre es “Libertad anticipada y provisional. Régimen excepcional”. Y sucede que en su artículo 9º se habla de la “Prisión domiciliaria”, agregándose esto al Código del Proceso Penal, y dice: “El Juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de setenta años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido”.

Y como se ve, ahí dice que es “el Juez” quien podrá disponer, y como la señora Topolanski no es juez, sino senadora, no se entiende mucho como va a hacer para mandar a sus “viejitos” para la casa.

Pero además, ese mismo artículo establece excepciones para este instituto de la “Prisión domiciliaria”, y dice que “…no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos:

1) El delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal.

2) El delito de violación.

3) Los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley N° 17.510, de 27 de junio de 2002)".

Como estos “viejitos” tienen en su haber una colección de los delitos incluidos en los tres puntos, no solo la señora Topolanski sino que tampoco ningún juez podrá mandarlos para la casa.

Por si esto fuera poco, la señora Topolanski acaba de votar una ley que dice que los delitos cometidos por estos “viejitos” son de lesa humanidad. Y como son de lesa humanidad, además de imprescriptibles también son no excarcelables. Y esto es así porque la señora Topolanski también votó otra ley (la Nº18026), en el 2006, que tipifica los delitos de lesa humanidad en nuestro país, y que en su artículo 8º establece la improcedencia de la amnistía o similares para esos delitos: “Los crímenes y penas tipificados en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados".

Así que no hay modo señora senadora. Ahora que están tipificados como delitos de lesa humanidad, además de ser imprescriptibles no son excarcelables por ningún método. Salvo que usted esté pensando en derogar estas leyes también para poder beneficiar a esos “viejitos”, que además de viejitos son unos reverendos hijos de puta....

91 AÑOS JUNTO AL PUEBLO

2011-10-14T18:36:00.000-07:00

Nuestro Partido está cumpliendo su 91 aniversario y estamos a 56 años de aquel XVI Congreso que elaborara una teoría de la revolución uruguaya y que fuera guía para la acción de los comunistas hasta hoy. Son noventa y un años de batallas por la defensa de los derechos de la clase obrera y el pueblo uruguayo. Una historia de lucha por la unidad de la clase obrera y por la unidad de la izquierda, conformando la fuerza de los cambios. Recordemos que este año estamos conmemorando 40 años de la formación del Frente Amplio, síntesis política inigualable de la unidad de las fuerzas de izquierda, y que se acaban de conmemorar los 45 años de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), creación inigualable de la clase obrera uruguaya, ejemplo de unidad en el mundo entero.
No vamos aquí a abrir juicio acerca de la justeza o no, o de la precisión de las previsiones teóricas de nuestro Partido, pero sí queremos destacar el esfuerzo por interpretar la sociedad, sus procesos, las bases económicas estructurales, el papel de las clases, sus manifestaciones políticas, culturales, ideológicas, sus relaciones dinámicas, en un esfuerzo por bucear profundamente en la realidad objetiva del país.
Si nos hubiéramos equivocado al analizar la base objetiva de la sociedad uruguaya, seguramente habríamos naufragado. Porque una teoría puede transformarse en algo inútil, petrificado, si no tiene relación con la vida misma, si no se enriquece en la práctica, si no se recrea en su relación dialéctica con los seres humanos de carne y hueso que son quienes en definitiva hacen la historia.
Nuestra teoría y nuestra práctica han demostrado sus aciertos y también sus errores (que nunca negamos, por cierto). La unidad de la clase obrera en una central única, hoy PIT-CNT, y que sigue demostrando su enorme madurez y responsabilidad en su reciente Congreso días pasados, no es un fruto exclusivo del trabajo de nuestro Partido, pero seguramente nadie podrá negar el esfuerzo denodado de los comunistas para llegar a eso.
Y lo mismo en el plano político, en la construcción difícil y trabajosa de la unidad de la izquierda, hasta la conformación del Frente Amplio en el año 71, en la resistencia contra la dictadura tanto dentro del país como en el exterior, y en la lucha para llegar al gobierno con nuestra fuerza política para, desde allí dar nuevas batallas por cambios profundos en beneficio de los más humildes.
Y como no somos conspiradores –ya lo decía Rodney Arismendi: "No somos una secta ni un grupo escogido de conspiradores; nacemos de la clase obrera y el pueblo, somos pues hombres sencillos y alegres, amamos el pan y el vino, la alegría de vivir, las mujeres y los niños, la paz y la mano cordial del amigo, la guitarra y los cantos, las estrellas y las flores;”- nuestras opiniones y nuestros puntos de vista son públicos y nuestras propuestas y nuestra visión de la realidad están a disposición de quien quiera analizarlas y discutirlas. Y nos gusta festejar rodeados de pueblo, como lo haremos mañana en la Plaza 1º de Mayo (Mártires de Chicago).
NUESTROS ANÁLISIS
Tenemos un método científico de análisis, el materialismo dialéctico, y aunque no nos consideramos propietarios de la verdad absoluta, decimos “nuestra” verdad, y la confrontamos con otras en la lucha ideológica permanente. Intentamos ver el conjunto, y no solo fragmentos de la realidad. Analizamos el contenido de la época, la crisis económica mundial, los procesos de cambios en América Latina, y por supuesto la situación de nuestro país.
Hoy vemos el desarrollo de la profunda crisis del capitalismo, la que anunciáramos tiempo atrás en una virtual soledad. EE.UU. está viviendo una de sus etapas más críticas desde la crisis del 29. Tanto, que está en cuestión su posición de país imperial, que hace sentir su poder en cada lugar del planeta. El país más poderoso, si se analizan sus números macroeconómicos, es un país en quiebra. Su deuda supera al PBI, y su déficit llega al 10%. La desocupación supera el 9,1%, lo que implica catorce millones de desocupados, pero esa cifra trepa a treinta millones, si se suman los subocupados y los que ya no buscan trabajo porque consideran que están definitivamente excluidos del mercado. Y como siempre, estos números, cuando se analizan en forma más particular, se ve claramente que las tasas que afectan a negros y latinos duplican la general. La pobreza llegó el año pasado al 15%, y afecta a cuarenta y seis millones de personas, más de diez veces la población entera de Uruguay. El 20% de los niños y el 27% de los negros y latinos son pobres. Es el número más grande desde que se llevan estadísticas.
Hay cincuenta millones de norteamericanos sin cobertura médica.
Es la economía que produce el 25% del Producto Bruto Mundial y hace dieciocho meses seguidos de caída o bajo crecimiento, la recesión más larga de su historia desde la posguerra. Con este panorama, es lógico que muchos de los que crecieron con la esperanza del sueño americano, integren la legión de los indignados.
La crisis económica que se desarrolla con especial virulencia en los países centrales está lejos de aflojar y, por el contrario, el aceleramiento y la profundización de sus peores consecuencias parece que serán los rasgos prevalecientes, en medio de una situación de incertidumbre que puede extenderse a la economía mundial. En Europa la situación se agrava día a día, y el capitalismo es un perro que se muerde la cola, ya que las soluciones –rebajas salariales, disminución y recorte de políticas sociales, aumento de la edad de jubilación, etc…- no hacen más que profundizar la crisis.
América Latina, con una situación diferente a la de décadas atrás, con gobiernos progresistas y de izquierda que han hecho esfuerzos por revertir las nefastas políticas neoliberales anteriores. En los años del neoliberalismo y la prepotencia imperialista, Cuba estaba sola y llevó a cabo una resistencia ejemplar. Pese a la derrota de la experiencia socialista del este europeo y el dominio capitalista mundial, Cuba siguió construyendo el socialismo con firmeza y un gran espíritu de sacrificio de su pueblo. Ese domino prácticamente total fue perforado luego con la llegada del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, y luego se sumaron Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Paraguay y Uruguay.
NUESTRO PAÍS
Estudiamos y analizamos continuamente también, por supuesto, la formación económico-social de nuestro país, las condiciones para un desarrollo productivo con justicia social y profundización democrática, la experiencia del primer gobierno del Frente Amplio y el comienzo de este segundo mandato popular. Y en ese marco, destacamos dos temas centrales para nuestro Partido: la redistribución de la riqueza, tema en el que estamos virtualmente estancados, y el tema de la impunidad, que por estos días deberá avanzarse en algunos aspectos de su dilucidación.
También, sin dudas, la situación de nuestro Partido, sus avances y sus problemas, porque nuestro objetivo es hacer la revolución, que en palabras de Fidel Castro es “es cambiar todo lo que debe ser cambiado”. Y para eso, sabemos que es necesario analizar en primer lugar que Partido tenemos y cual es el Partido que necesitamos para cumplir con estas tareas. Y para cambiar todo lo que debe ser cambiado, apostamos a ganar política e ideológicamente a la mayoría de la clase obrera y los trabajadores y a que la incidencia de la ideología de estos sectores aumente dentro de nuestro Frente Amplio.
Un informe de nuestro Comité Central de setiembre de 1984, se nos ocurre que define claramente lo que significa nuestro Partido y su conducta, y queremos rescatarlo hoy como homenaje en sus 91 años:
“Somos un Partido de arraigo obrero y nacional. Cuando se habla de partidos tradicionales en la vida nacional y de partidos populares, nadie más representativo que nuestro Partido,- que viene de los viejos movimientos socialistas del siglo pasado,-que hereda las tradiciones de un movimiento obrero que tiene ya más de 120 años, que tiene más de 60 años de vida independiente, que está arraigado en la clase obrera y el pueblo y que ha probado que la lucha por la democracia y la libertad son inseparables, que ha probado que quienes son demócratas se miden por los programas, pero se miden por la vida, por la conducta y por la capacidad de ofrendar la sangre en defensa de la libertad”.
Esta ha sido la medida de nuestra conducta y de nuestra actuación, y por eso festejamos con orgullo junto a la clase obrera y al pueblo. ¡¡¡Salud!!!

JUSTICIA BIZARRA

2011-10-06T16:39:00.001-07:00

En el expediente en que se condena a Gavazzo y Arab por veintiocho homicidios muy especialmente agravados, en reiteración real, se rechaza el recurso interpuesto por la fiscal para que los delitos fueran considerados como “desaparición forzada”. La razón del recurso, era que el Tribunal presumía la muerte de las víctimas, y que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y como tal suponía un crimen de Estado y además imprescriptible.
La fiscal entendió que: “debe considerarse que con la desaparición forzada se violan una serie de derechos humanos, a la vida, la libertad, en su sentido más amplio, porque al desaparecido se le niega el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos como persona, a la seguridad y a la integridad física y psicológica. La desaparición forzada es un delito que continúa perpetuándose mientras no aparezca la víctima, viva o muerta, dado que la privación de sus derechos fundamentales se mantiene, y como delito continuado no era posible empezar a contar el término de prescripción hasta que aparezca la persona o su cadáver”.
Como sabemos, la Corte desestimó el recurso, diciendo que la figura de la desaparición forzada no resulta aplicable, en virtud que el delito fue creado por la Ley No.18.026, de setiembre de 2006, y al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos, no corresponde su aplicación en forma retroactiva. La SCJ argumenta, entre otras cosas, que “el delincuente, sólo puede motivarse por el mandato normativo cuando éste está configurado como Ley en el momento de la comisión del hecho”.
ES DECIR….
Las conclusiones a que uno puede llegar, analizando la sentencia de la Corte, y siendo un lego en la materia, son realmente decepcionantes.
Veamos; tenemos a una persona desaparecida, en el marco de una dictadura feroz. En primer lugar, la Justicia tiene dos cosas a considerar: una, la que plantea la fiscal, es decir, se trata de un delito de desaparición forzada. Es algo de lo que no hay dudas; la persona existía, tenía un nombre y un apellido, una familia, un domicilio, un estado civil; de golpe desapareció, y múltiples testimonios indican que fueron militares, que se lo llevaron a un cuartel, que se lo torturó, y que nunca más se supo de él. La otra opción, es hacer una suposición, una hipótesis que no puede confirmarse (la de la muerte), ya que la única prueba posible es la aparición de los restos; esa opción culmina necesariamente en la tipificación del delito de homicidio.
Tenemos entonces, por un lado, un hecho concreto, la desaparición de una persona, y por otro lado una suposición, su muerte por homicidio. Y la Justicia uruguaya se inclina por esto último, por lo que no puede probarse. Y claro, las consecuencias no son las mismas. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible, en tanto que el homicidio es un delito común, con un plazo de prescripción.
Pero hay otras cosas un tanto bizarras en el razonamiento de la Justicia. La Corte dice que no se puede tipificar el delito de desaparición forzada porque el mismo fue recién creado en setiembre de 2006. Esto es, hasta agosto de 2006, alguien podría sencillamente presentarse ante un juez y decir que hizo desaparecer a una persona, y este juez no podría acusarlo de nada, salvo que tuviera la presunción de que mató a esa persona, en cuyo caso lo condenaría por homicidio sin prueba alguna, al no aparecer el cuerpo del delito.
Y no es lo único extraño. Como señalamos más arriba, la Corte también dice en la sentencia, que “el delincuente, sólo puede motivarse por el mandato normativo cuando éste está configurado como Ley en el momento de la comisión del hecho”. Esto es, al parecer si en ese entonces hubiera existido una ley que tipificara la desaparición forzada, Nino Gavazzo o Ricardo Arab o cualquier otra bestia similar, no hubieran cometido esos delitos. Sin embargo, se condena a esas mismas personas por (presuntamente) cometer el delito de homicidio que sí estaba tipificado. Es al menos paradójico. No lo condeno porque presumo que si el delito hubiera estado tipificado no lo hubiera cometido, pero lo condeno por un delito que sí estaba tipificado y que presumo que cometió (no puedo probarlo).
OTRAS CUESTIONES
Uno no es juez, está claro, pero puede suponer –haciendo uso de un poco de sentido común- que juzgar un delito no se hace mediante una tabla de doble entrada, en donde en las columnas figuran los delitos y en las filas las penas, o algo por el estilo. Uno puede suponer que los jueces analizan cual es el delito (como vimos más arriba), pero también las circunstancias en que fue cometido, las razones o móviles, los atenuantes, los agravantes, y toda una gama de consideraciones que rodean el caso.
Si mañana un señor cualquiera mata a su vecino, y pongamos que ese vecino era médico, y que lo mató porque no lo quiso atender cuando le golpeó la puerta a las tres de la mañana. Eso es sin duda un brutal asesinato, un delito común. Ahora bien, si el médico es sacado de madrugada de su casa, y es llevado a un cuartel, y allí es asesinado mediante torturas, y el móvil es la filiación política de ese médico, y el marco histórico en que ese hecho sucede es el de una dictadura en la que se violaban todos los derechos humanos, entonces no se trata de un delito común, se trata de un delito de “lesa humanidad”. Y lo es porque así está definido por el Estatuto de Roma. La definición de crimen contra la humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Y no hay duda que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible. Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial.
EL DERECHO INTERNACIONAL
También se refiere la Corte a lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Lo que no tiene en cuenta la Justicia uruguaya, es que el derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede que el delito no esté aún tipificado en el derecho nacional (interno), pero si está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito puede y debe ser condenado. En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 – XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales". Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en la Dependencia de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”. Por cierto, el Pacto internacional sobre derechos humanos ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en 1967.
Paradojalmente, el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), no tiene en cuenta estas cuestiones dentro de su propio territorio.

LA PARTICIPACION COMO PROBLEMA

2011-09-30T04:45:00.000-07:00

Manejar la hipótesis de una crisis en lo que tiene que ver con la participación política de los uruguayos, no es algo muy disparatado; cualquier observador atento de la realidad puede afirmar que esto es así, sin necesidad de ser un politólogo o cientista social.
Sin embargo, no podría decirse lo mismo de la participación a nivel de las organizaciones sociales y sindicales, en donde no parecería existir tal crisis. Tal vez sean dos caras de una misma moneda, y haya un trasiego de militantes políticos hacia las organizaciones sociales. Nos parece que de cualquier manera es un tema central a analizar por las fuerzas políticas de izquierda.
LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN
Desde nuestro punto de vista, el problema de la participación es central, porque tiene que ver con una concepción de izquierda acerca de la sociedad, y que es diametralmente opuesta a la del capitalismo, y en particular a la del neoliberalismo como ideología dominante en las últimas décadas. Una concepción de izquierda que no considera al hombre como un ser individual, aislado, separado de los demás, sino como ser social, el hombre que no puede desarrollarse a sí mismo si no se desarrolla con otros. Porque la sociedad que queremos construir tiene como meta el pleno desarrollo de ese ser humano, el cual se logra cuando, al transformar la realidad en la que viven, las personas se transforman a sí mismas. Es la participación, el protagonismo en todos los espacios, lo que permite al hombre desarrollarse humanamente. Por eso, no se trata sólo de darle un contenido social a la democracia, de resolver los problemas de la alimentación, salud, educación, etcétera, sino de ir creando ámbitos que permitan que las personas, al luchar por el cambio, se vayan transformando a sí mismas, creando los espacios adecuados para que puedan generarse procesos participativos, en los lugares donde las personas habitan, trabajan o estudian.
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
El hecho de que los uruguayos participen en un porcentaje importante en las organizaciones sociales que ellos mismos han ido creando en su actividad permanente de relacionamiento, es un buen síntoma, y por eso nos alegra y nos llena de satisfacción, aunque sigamos permanentemente luchando por que esa participación aumente cada día más.
Sin embargo, nos preocupa sobremanera la disminución del activismo político, la disminución constante y permanente de la participación en las organizaciones políticas, y la poca convocatoria que éstas vienen manifestando. Nos preocupa en las organizaciones políticas en general, pero más aún en las de izquierda y en el Frente Amplio en particular, porque como ha dicho Tabaré “no somos una montonera, pero tampoco una secta”, y porque nos planteamos, no la lucha electoral sino la acción política permanente, y eso se hace con la gente. Un ejemplo relativamente reciente, es el de la votación del proyecto interpretativo de la ley de impunidad. El día que se votaba en el Parlamento (19 de mayo), el Frente Amplio convocó a concentrarse en sus alrededores, y aunque la convocatoria fue también de otras organizaciones como el PIT-CNT (que incluso decretó un paro parcial para ese día), no fue mucha la gente que concurrió allí en esa jornada. Sin embargo, al otro día, la tradicional marcha del 20 de mayo convocada por familiares convocó a más de 100 mil personas en la Avda. 18 de Julio.
Desde nuestro punto de vista, es evidente que el fracaso de la convocatoria no se debió al tema (en este caso el de los derechos humanos), cuestión que a veces puede ser determinante, ya que la gente en general se moviliza por aquello que le interesa, puesto que el tema era el mismo un día y el siguiente, y un día convocó poco más de 2 mil personas a lo largo de la jornada, y al otro día convocó a 100 mil. Lo que al parecer ese hecho puntual estaría marcando, es la falta de confianza de la gente en el sistema político. Podría estar significando que la gente no concurrió al Parlamento porque ya sabía que no iba a obtener ningún resultado, que los dados estaban echados y que no podía tener un mínimo de esperanzas en los parlamentarios. Se podría decir que la participación en la marcha, al otro día, tampoco iba a tener un resultado concreto, pero de alguna forma era una manera de expresar lo de todos los años: la voluntad de seguir luchando por verdad y justicia, y por otro lado, expresar el rechazo y el desprecio por lo que había sucedido el día anterior en el Parlamento.
NO ES BUENO
Esto no es bueno desde ningún punto de vista, porque las soluciones y los cambios profundos solo pueden venir por el lado de la política. Nos parece interesante transcribir algunos párrafos de un reciente artículo de Emir Sader (De escépticos a cínicos), porque expresan esta idea más claramente que lo que podamos hacerlo nosotros. Dice Emir Sader: “El escepticismo parece un buen refugio en tiempos en que ya se decretó el fin de las utopías, el fin del socialismo e incluso el fin de la historia. Es más cómodo decir que no se cree en nada, que todo es igual, que nada merece la pena. El socialismo habría devenido en tiranía, la política en corrupción, los ideales en intereses. La naturaleza humana sería esencialmente mala: egoísta, violenta, propensa a la corrupción. En ese escenario sólo restaría no creer en nada, por lo que es indispensable descalificar todo, adherir al cambalache: nada es mejor, todo es igual. Ejercer el escepticismo significa tratar de afirmar que ninguna alternativa es posible, ninguna tiene credibilidad. Unas son pésimas, otras imposibles. Algunos medios, como ya fue dicho, son máquinas de destruir reputaciones. Porque si alguien es respetable, si alguna alternativa demuestra que puede conquistar apoyos y protagonizar procesos de mejoría efectiva de la realidad, el escepticismo no se justificaría”.
Y luego afirma este sociólogo y cientista político brasileño: “En realidad, el escepticismo se revela, rápidamente, en un cinismo, y tanto el uno como el otro, una justificación para la inercia, para dejar que todo continúe como está”.
Y esto que dice Sader es lo que un conglomerado de izquierda no puede dejar que pase, que el escepticismo con referencia a lo político termine convirtiéndose en una justificación para la inercia, para dejar que todo siga como está. La participación ciudadana no puede agotarse en la elección de los representantes, y el voto no puede ser la única forma de darle vida a la participación democrática. Si bien un principio básico de la organización democrática que conocemos consiste en la elección libre de los representantes políticos, la participación ciudadana hace posible extender ese principio más allá de los votos; convertirla en algo más que una sucesión de elecciones. Participación y representación son dos términos que se necesitan recíprocamente: participación que elige representantes mediante el voto, y representación que se sujeta a la voluntad popular gracias a la participación cotidiana de los ciudadanos en las organizaciones políticas a las cuales votan e invitan a votar.
Pero aún en lo que tiene que ver con la participación con el voto, hay síntomas que están indicando también una prescindencia y determinado grado de decepción, lo que se ha visto expresado en el voto en blanco en las últimas elecciones, tanto nacionales como municipales.
ANALIZAR LAS CAUSAS
Es por todos conocido que la crisis global profundizada por el neoliberalismo y los malos gobiernos, forman parte del descontento político, que a su vez ha generado en décadas pasadas un cambio en el comportamiento político y electoral de muchos países de nuestra América, manifestado entre otras cosas en un aumento de la abstención electoral y otros indicadores sociopolíticos de la descomposición de la forma tradicional de entender y hacer política en nuestros países.
Lo que resulta de alguna manera paradójico, es que esta situación se da en nuestro país cuando el proceso comienza a revertirse en el resto de América y cuando aquí comienzan a darse cambios importantes en infinidad de aspectos, aún teniendo en cuenta que no todo funciona como debiera ni vivimos en el mejor de los mundos posibles, como ya lo hemos manifestado en múltiples oportunidades.
Porque como bien señala Sader en el artículo citado, “…bastaría concentrarnos en el período reciente, en el mundo actual, para darnos cuenta de que las sociedades latinoamericanas –el continente más desigual del mundo-, o por lo menos la mayoría de ellas, avanzaron mucho en la superación de las desigualdades y de la miseria. Aun más en contraste con los países del centro del capitalismo, referencia central para los escéptico-cínicos, que giran en falso en torno de políticas que América Latina ya superó. Las poblaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador están viviendo mejor que antes de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. La Argentina de los Kirchner está mejor que la de Menem. El Brasil de Lula y de Dilma está mejor que el de Fernando Henrique Cardoso”.
Vale la pena entonces detenerse a analizar por qué en nuestro país el descontento se generaliza, cuales son sus causas y las formas de revertir esa situación.

EL JUEGO DE LAS MUÑECAS RUSAS

2011-09-23T05:25:00.000-07:00

Danilo Astori escribió un artículo titulado “Ideología y estructuras”, en el portal de internet Uy-Press. En el mismo, habla de la necesidad del debate ideológico en el Frente Amplio, de algunos logros del primer gobierno del FA y del actual, de los cambios que se han ido procesando en la vida material de los uruguayos, en los indicadores sociales, en los números de la economía, en lo cultural, etc., y se pregunta si esos cambios “han sido analizados profundamente en el impacto que tienen en nuestra visión política e ideológica”. El compañero Astori cree que “Hay una tendencia peligrosa a discutir los episodios, los fragmentos, las anécdotas sobre los diferentes temas y no a encarar un debate de fondo, como corresponde a una fuerza de izquierda y transformadora de la realidad”.
Astori plantea también una especie de metáfora, de la siguiente forma: “Si por otro lado consideramos que el sistema de los cambios es un juego de muñecas rusas, en la que a partir de un núcleo duro y central se puede avanzar imponiéndole al sector subsiguiente determinadas posiciones a través de las estructuras políticas partidarias y estatales y de esa manera llegar a imponer esas concepciones a toda la sociedad y que por encima de todo ese mecanismo debe haber una figura que encabece ese proceso ¿no expresa esa visión una ideología que no es aceptada no sólo por la gran mayoría de la sociedad uruguaya, sino por la gran mayoría del pueblo frenteamplista?¿No tenemos que discutir a fondo ese tema, esa concepción?”.
Nuestro vicepresidente entiende también que así como se ha democratizado el país, se debe democratizar al FA: “No podemos dedicar nuestros máximos esfuerzos a la construcción de un país más democrático en los económico, en lo social, en lo institucional, cultural, en la educación y la salud –dice Astori- y detenernos en las puertas de nuestra propia fuerza política. Sin democratización del Frente Amplio, no es creíble ni aceptable un Proyecto Nacional impuesto a la sociedad”. “…eso necesariamente es hablar de nuestras estructuras, de cuanta gente participa, opina y decide sobre cuestiones fundamentales como el programa, las ideas, las políticas y la estrategia de la izquierda –afirma- “Cosas que hoy tienen que ver con la vida de todas las uruguayas y uruguayos”.
LAS MATRIOSKAS
El empleo de la metáfora de las matrioskas, puede ser un gran hallazgo del compañero Astori. Aunque conviene analizar como funciona y qué representa cada muñeca. Porque podemos coincidir en que las decisiones importantes que terminan afectando a toda la sociedad se gestan a partir de un núcleo duro y central, y que luego avanzan imponiéndole al sector subsiguiente las decisiones a través de las estructuras partidarias y estatales; aunque seguramente para nosotros y para el compañero Astori cada muñeca representará algo diferente. Desde nuestro punto de vista, el núcleo más duro y central, la muñeca más pequeña, es el gobierno, o más precisamente el Poder Ejecutivo, y desde ahí hacia fuera podríamos decir que las siguientes muñecas son la bancada parlamentaria, la fuerza política, las organizaciones sociales, y finalmente la sociedad en su conjunto. Y para nosotros es claro que las decisiones más importantes se toman en ese núcleo reducido del gobierno; que luego se imponen a la bancada parlamentaria y a la fuerza política, y finalmente a toda la sociedad. Hay que recordar en ese sentido, lo dicho por Jorge Notaro: “Como el modelo macroeconómico utilizado no es conocido ni se presentan alternativas para las decisiones políticas, se pierde transparencia y el MEF se convierte en un súper Ministerio cuyas decisiones condicionan el resto de la actividad gubernamental. Por ejemplo, los lineamientos que ponen topes a los aumentos de salarios o el gasto en educación, se establecen en función de las metas de reducción de la inflación y mejora del resultado fiscal. El FLS tiene un tercio de los votos del FA y sin embargo logró implementar sus propuestas con leves concesiones”.
LAS ANECDOTAS, LOS EPISODIOS…
No comprendemos muy bien a que se refiere el compañero Astori cuando habla de una tendencia a discutir los “episodios”, las “anécdotas”, y no encarar un debate de fondo. Al menos nosotros, desde hace años venimos poniendo sobre la mesa temas que consideramos centrales, y no meras anécdotas, porque siempre hemos sostenido que hay que debatir lo esencial. No creemos que pueda considerarse por ejemplo el envío de tropas a Haití un mero episodio o una anécdota, teniendo en cuenta las discusiones que provocó a la interna del Frente Amplio en su momento, que significó la renuncia a su banca de un compañero y legislador de primera línea como Guillermo Chiflett, y a la luz de los últimos acontecimientos en ese país provocados por soldados uruguayos de la Minustah. Y la pregunta es: ¿cuál muñeca rusa fue la que impuso esa decisión a la fuerza política, y a la sociedad en su conjunto? ¿qué muñeca rusa fue la que expuso a nuestro país ante el mundo a la vergüenza, con los últimos acontecimientos en Haití, que ahora la “justicia” militar condena por cualquier cosa menos por lo que es? ¿qué muñeca es la que decide mantener las tropas en Haití, cuando el Programa del FA habla de su retiro ya desde el año 2008?
No creemos que el Tratado de Protección de Inversiones con los EEUU pueda ser considerado un episodio o una anécdota (no lo consideraba así el equipo económico de entonces), y analicemos cual fue la “matrioska” que impuso ese Tratado a toda la sociedad uruguaya, que nos ata por años protegiendo las inversiones del imperialismo en nuestro país. Esa es otra decisión que surgió de ese núcleo duro y central ¿o no?
El intento de firmar un TLC con los Estados Unidos, está seguramente entre los hechos más importantes y más complejos vividos por nuestra fuerza política desde que asumimos el gobierno por primera vez. No puede considerarse de manera alguna una anécdota. Y ese episodio que provocó tantos dolores de cabeza a la interna del FA, que llevó a que las organizaciones sociales conformaran una Comisión de Defensa de la Soberanía, que se veía amenazada por el primer gobierno de izquierda en nuestro país, esa propuesta de TLC, no surgió de las muñecas exteriores, sino de las muñecas más pequeñas, las que se encuentran al interior mismo, al núcleo duro y central.
Pero vengamos más acá en el tiempo, y pensemos en qué “matrioska” fue la que impuso desde ese núcleo duro, primero a la fuerza política y después a toda la sociedad, la ley de Participación Público Privada. ¿es a estas imposiciones a las que se refiere el compañero Astori como provenientes de un núcleo duro y central? ¿De cuál “matrioska” surgió la propuesta de NO VOTAR el proyecto interpretativo de la ley de impunidad? Porque de las muñecas exteriores lo que surgió fue la propuesta de terminar con la impunidad, no la de mantenerla. Impunidad que es otro juego de muñecas rusas, ya que cuando uno cree que llegó al final, surge más impunidad de adentro de la impunidad. Y podríamos seguir. ¿Son las muñecas exteriores y más periféricas las que proponen privatizar el ferrocarril? ¿A qué muñeca se le ocurrió otorgarle a multinacionales como Montes del Plata garantías de enriquecimiento que no se le ofrecen a ningún uruguayo?
Astori se pregunta: ¿no expresa esa visión una ideología que no es aceptada no sólo por la gran mayoría de la sociedad uruguaya, sino por la gran mayoría del pueblo frenteamplista?¿No tenemos que discutir a fondo ese tema, esa concepción?”. Y nosotros creemos que tiene razón, que ni la sociedad ni los frenteamplistas aceptan esa manera de imponer, que esa manera de dirigir los destinos del país está reñida con los principios de la izquierda, y que debemos sin dudas discutir a fondo esa concepción para erradicarla completamente.
DEMOCRATIZAR
Respecto a la afirmación de Astori de que “sin democratización del Frente Amplio, no es creíble ni aceptable un Proyecto Nacional impuesto a la sociedad”, lo hemos dicho otras veces y lo reiteramos: en este país no debe haber –y seguramente no lo haya en muchas otras partes del mundo- un partido político más democrático que el Frente Amplio. Un frente que contempla en su estructura orgánica la participación de partidos políticos de orígenes e ideologías absolutamente disímiles, junto a ciudadanos independientes, que es coalición y movimiento, pero que además incluye en la participación a todo el universo de votantes de su colectividad. Que contempla en sus estatutos diversas formas de elección de autoridades y combinaciones de esas formas, que prevé mecanismos de consulta interna como el plebiscito, etc. De manera que no aceptamos en absoluto que se diga que el Frente Amplio no es democrático. ¿Qué se puede mejorar? Sí, claro, siempre se puede mejorar, todas las organizaciones son factibles de ser mejoradas, incluso el Frente Amplio. También su gobierno y sus instancias decisorias.

CAMBIO DE FRENTE (7ª PARTE) – LAS PROPUESTAS

2011-09-08T18:52:00.000-07:00

Decíamos que ni la estructura actual del Frente Amplio es la misma del 71, ni los cambios que se están proponiendo van en un sentido más moderno y renovador. Porque el Frente Amplio ha sufrido varios cambios en sus estatutos y en lo que es su estructura orgánica desde su fundación hasta hoy. Y porque algunas de las propuestas que se han hecho van en sentido opuesto, y buscan restablecer el estado de cosas de varios años atrás.
EN EL PRINCIPIO
El Frente Amplio nace como la alianza de grupos y partidos políticos de izquierda que actuaban en forma dispersa (más allá de algunas alianzas como el Fidel o la Unión Popular), más desprendimientos de los partidos tradicionales, sobre la base de un compromiso político y un acuerdo programático que le daba el sustento necesario. También contenía, desde el inicio, la idea de la conformación de un amplio movimiento, que superara la estrechez de funcionamiento de los partidos tradicionales y que fuera algo más que la simple suma de los partidos y grupos convocantes. Y ante la importancia que la convocatoria a ese movimiento fue adquiriendo, hubo que crear una estructura que lo contuviera. Es decir, desde el comienzo el Frente Amplio fue una coalición y un movimiento político, aunque al principio el movimiento estuvo representado en órganos de coordinación, pero no en la estructura de dirección. Y por cierto, la importancia que fue adquiriendo este segundo aspecto –el movimiento- (ya antes del golpe, pero mucho más después de recuperada la democracia), fue conformando eso que llamamos frenteamplismo, y que tiene que ver con la mística de nuestra fuerza política y que va mucho más allá de los partidos o grupos que la componen.
Pero la estructura del Frente Amplio ha ido cambiando, y a través de sus Estatutos –que fueron aprobados en 1972 pero que fueron cambiados en 1986 y en 1993 en forma importante, y que sufrieron luego otras modificaciones sucesivas (la última de ellas en el Congreso Liber Seregni del año 2007)- es posible ver como se ha ido modelando el FA de hoy.
UNA ESTRUCTURA CAMBIANTE
La forma de elección de los organismos de dirección así como su integración, ha sufrido diversas modificaciones. El Plenario Nacional, por ejemplo, estaba conformado en un principio únicamente con representantes de los diferentes partidos políticos. Recién en la reforma estatutaria de 1986 se incluyó la posibilidad de que ese organismo de dirección (también la Mesa Política) estuviera integrado además por representantes de las bases, elegidos en las distintas instancias internas de participación. En ese entonces, se estableció un porcentaje del 30% para la representación de las bases, y el restante 70% seguía correspondiendo a los partidos políticos. En la reforma del año 1993 recién se estableció el “mitad y mitad”, es decir, 50% para los sectores y 50% para las bases.
Los Plenarios Departamentales del interior estaban compuestos por delegados electos en las asambleas del 25 de agosto, pero en la última reforma estatutaria (2007) se modificó para Canelones –que pasa a diferenciarse de Montevideo y del resto del interior- que comienza a elegirse también a padrón abierto, al igual que el Plenario Nacional. Este proceso, que muestra un cambio en las formas, combina además diferentes procesos de elección, en donde por ejemplo para el Congreso los delegados se eligen en elecciones cerradas, dentro de los Comités de Base, y los delegados al Plenario Nacional se eligen en elecciones abiertas con adhesión simultánea, tanto para los delegados partidarios como para los de base. Pero también muestra una concepción propia de la izquierda, que tiene que ver con la participación, con la búsqueda deliberada de la participación activa de la militancia en la mayor cantidad posible de instancias deliberativas y de decisión. Esta concepción de la participación militante organizada, es sin duda un componente distintivo de la izquierda, y no solo ha tenido influencia en las formas organizativas sino que ha sido el factor que ha ido conformando la mística frenteamplista. El compromiso y la militancia política son elementos esenciales del Frente Amplio inicial, y constituyen la seña de identidad de una forma de hacer política diferente de la que históricamente se desarrolló en nuestro país. Como decía Seregni: “Porque atribuimos al pueblo el papel protagónico en el proceso histórico, es necesario consolidar y extender la acción de los Comités de Base”.
LAS ¿NUEVAS? PROPUESTAS
De manera que la estructura orgánica del FA no es un ente congelado en el año 71 (como algunos pretenden), sino que ha estado en permanente evolución, y siempre en el sentido de ampliar la participación militante de los frenteamplistas a lo largo de toda su estructura orgánica. Sin embargo, quienes dicen que el país y el mundo cambiaron, y que por lo tanto hay que ajustar la estructura a esos cambios, proponen reducir la representación de las bases en los organismos de dirección, es decir, en realidad proponen volver a la estructura de los 70 y 80.
Rebajar el papel de los militantes de los comités de base, sustituyéndolo por un mayor peso de las cúpulas dirigentes de los sectores políticos, no es de ninguna manera un avance, sino un retroceso en todos los sentidos. Es volver al sistema tradicional de los partidos burgueses, en donde se abrían los famosos “clubes políticos” previo a las elecciones y con el único objetivo de juntar votos, es dejar de lado justamente el aspecto que le permitió a la izquierda acumular política y socialmente en una alianza de trabajadores con estudiantes, capas medias e intelectuales, aumentando a su vez el grado de conciencia de quienes participaban en todo ese proceso.
Claro, sabemos que en el seno del FA existen nuevas estrategias de acumulación; que hay quienes sostienen que primero hay que profundizar el capitalismo para que se desarrollen las fuerzas productivas, y luego si, en todo caso, poner proa hacia el socialismo (claro que olvidan que profundizar el capitalismo es profundizar la explotación, y que eso en lugar de acumular, desacumula). Nos consta que hay otros compañeros en el FA que entienden que acumulación es recibir el apoyo (total y hasta fervoroso) de fracciones del bloque todavía en el poder, esas que se expresan por medio de los voceros del FMI y otros organismos internacionales o las calificadoras de riesgo o, en otro plano, por el Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal y varios medios locales.
Con esas supuestas nuevas vías de acumulación, y en aras de una pragmática posibilista de adecuación al mundo y sus circunstancias, corremos el riesgo de dejar por el camino a capas y fracciones sociales históricamente constitutivas y forjadoras del bloque alternativo.
Pero nosotros (cuando decimos nosotros, decimos el FA) siempre hemos sostenido que la forma de forjar el cambio de este sistema injusto y expoliador, es creando las condiciones subjetivas para ello, es decir, con pueblo consciente, organizado, participativo y movilizado en torno a un programa transformador. La declaración constitutiva del FA dice: “…mantener la unidad y la continuidad del Frente y su carácter de fuerza popular combativa. Ello supone tanto en el gobierno como en la oposición combinar y coordinar una acción política permanente en todos los campos, que comprenda movilizaciones de masas, actividad de gobierno y de las bancadas parlamentarias y municipales, para el logro de los objetivos comunes”. La cuestión es determinar entonces si las propuestas que se hacen en torno a una reestructura del FA tienden a profundizar la participación y la acción política permanente, o si en cambio van hacia una desarticulación de las bases y a un predominio de cúpulas de los sectores políticos. Porque si el FA pierde su carácter de coalición y movimiento, si pierde su carácter antioligárquico y antiimperialista, ya no será el FA, será otra cosa.
Si ante una crisis de militancia, lo que hacemos es cerrarle las puertas a ésta reduciendo su participación en los organismos, o facilitando su no participación dándole la posibilidad de que lo haga desde la soledad de su hogar mediante una computadora, estamos extendiendo un certificado de defunción al Frente Amplio como tal.
Jaime Yaffé ha señalado con acierto que “El FA no puede ser considerado como un caso puro de partido profesional electoral”. Entre otras cosas, porque “La bancada parlamentaria no sustituyó a los ámbitos estatutarios de decisión política, a los cuales, además, aquella sometió su actuación legislativa cuando se presentaban asuntos de cierta relevancia” (*). Si las decisiones realmente importantes y trascendentes para el país, ahora dejaran de discutirse en la estructura orgánica del Frente Amplio, y pasaran a ser resorte de la bancada parlamentaria, el Frente Amplio dejará de ser lo que es, y pasará a ser un partido tradicional más, pero en el peor sentido de la expresión. Recordemos que el Compromiso Político del año 72 dice: “La resolución que disponga el mandato imperativo deberá ser adoptada en un organismo (la bancada parlamentaria no es un organismo del FA) integrado por todas las organizaciones políticas componentes del Frente Amplio, dentro de la circunscripción territorial que corresponda (la circunscripción que corresponde al ámbito parlamentario es, obviamente, todo el país)”.
Lo que nos preocupa es que los cambios terminen en una especie de gatopardismo mediante el cual se cambia la estructura de la fuerza política gobernante -y con más posibilidades de seguir haciéndolo en el futuro más próximo- para que la situación del país, en lo fundamental, continúe incambiada.

(*) Institucionalización y adaptación partidaria. El caso del Frente Amplio (Uruguay). Año 2006

CAMBIO DE FRENTE (6a parte) La estructura

2011-09-02T06:09:00.000-07:00

Como vimos, los cambios sucedidos en el mundo –en todo caso- han empeorado la situación de explotación de las grandes mayorías, y han puesto al planeta al borde de la catástrofe ambiental, en tanto que en nuestro país, la estructura económica es prácticamente la misma desde hace décadas. Sin embargo, oímos permanentemente decir que el mundo ha cambiado, y que el FA debe renovarse para acompasar esos cambios. Y cuando alguien escucha una afirmación de esa naturaleza, inmediatamente piensa que la estructura actual es la misma que el FA tenía en el 71, y que los cambios que se están proponiendo van en un sentido más moderno y renovador.
LAS SUCESIVAS ACTUALIZACIONES
La noticia es que ninguna de las dos cosas es cierta. Lo primero es absolutamente falso, ya que el Frente Amplio ha sufrido varios cambios en sus estatutos y en lo que es su estructura orgánica desde su fundación hasta hoy. Y lo segundo, no solo que es falso sino que es exactamente al contrario: algunas de las propuestas que se han hecho van en sentido opuesto, y buscan restablecer el estado de cosas de varios años atrás. Es más, algunos parecería que quieren volver al FA del 71, lisa y llanamente; en lo que tiene que ver con la estructura orgánica –claro-, no en lo programático.
El FA de hoy, no solo no es el mismo que el del 71, sino que se ha transformado radicalmente y en varios sentidos. Se ha transformado notoriamente en sus formulaciones programáticas, se ha ido modificando en sus referencias ideológicas sin dudas, pero también en su estructura orgánica, y ni que hablar en convocatoria electoral y política (en el sentido de los destinatarios de su mensaje). No vamos a analizar aquí el período que va desde su conformación en el 71 hasta la recuperación democrática, ya que es evidente que no fue el mismo el FA del 71 al 73, que el que tuvo que atravesar el período dictatorial en la cárcel o el exilio. Pero el FA que surge a la salida de la dictadura tampoco es el mismo.
Desde la recuperación de la democracia, hasta las elecciones de 2004, la trayectoria del Frente Amplio ha tenido la impronta de un constante crecimiento político y electoral, el que se ha basado entre otras cosas –y al contrario de lo que algunos afirman- en una renovación constante. El crecimiento electoral prácticamente ininterrumpido (salvo las elecciones del 89 y las del 2009), se debe sin dudas a la constante renovación y actualización del Frente Amplio, que es –entre otras cosas- la que le ha permitido expandir sus fronteras electorales y su llegada a cada vez más amplias capas de la población.
EN LO PROGRAMÁTICO
Si tomamos el período que va desde 1971 a 1989 (que incluye los 11 años de dictadura), veremos que los contenidos programáticos prácticamente se mantienen, y que hacen énfasis en las transformaciones “estructurales”. Sin embargo, para las elecciones de 1994 y de ahí en más, es visible una tendencia a limar los aspectos que iban hacia cambios realmente estructurales, aquellos más decididamente transformadores. Muchos sostienen que lo que se ha dado desde entonces es una “tradicionalización” del Frente Amplio (en el sentido de creación de una tradición propia), la que unida a su moderación programática ha llevado al FA a un corrimiento hacia el centro del espectro político incrementando su apoyo electoral.
En el programa del 84 hay dos cambios notorios: si bien se mantiene la propuesta de “reforma agraria”, desaparece la referencia expresa a la eliminación del latifundio, y desaparece la mención a la “nacionalización del comercio exterior”. El programa del 89 no presenta grandes cambios, pero ya no se habla del no pago de la deuda externa, sino de “evitar el pago” de los intereses de la misma, debido a su carácter ilegítimo e impagable. En el año 94, la discusión programática más profunda se dio sobre dos temas centrales: la deuda externa y la estatización de la banca. El resultado fue que se eliminó la “estatización de la banca” y se volvió a la formulación del año 84: nacionalización de la banca. Y por otro lado, no se incluyó la moratoria de la deuda externa, y se mantuvo el llamado a la constitución de “un frente de países deudores…para el no pago de los intereses”. Por cierto que se retira cualquier referencia a la reforma agraria, y se establece que “se estudiará la productividad especialmente de las tierras en manos de extranjeros no residentes y dedicadas a la ganadería extensiva”. No hay que olvidar por otra parte que ese año (94) se creó el Encuentro Progresista, que influyó notoriamente en la moderación del programa de la izquierda. El programa del Encuentro Progresista de 1999, tiene un énfasis indudable en los aspectos sociales y políticos por sobre los económicos, que eran el eje del programa del 71. Desde luego que no estamos dando una opinión sobre ese proceso, sino simplemente dejando constancia del mismo.
LA RENOVACIÒN IDEOLÓGICA
Y no hay dudas, el Frente Amplio que accedió al gobierno en 2005 no es el del 71, si bien es una fuerza política que por su integración y programa debe caracterizarse de popular. La mayoría de los militantes y votantes son trabajadores asalariados, y en el plano político, el programa sintetiza las reivindicaciones históricas del pueblo trabajador. Y eso, a pesar de que las necesarias alianzas para acceder al gobierno –como vimos- implicaron cierto desdibujamiento del mismo. No obstante, los contenidos antiimperialistas y democráticos avanzados permanecen en cuestiones esenciales.
Digamos en primer lugar que el Frente Amplio aprobó su actualización ideológica en el IV Congreso Ordinario “Tota Quinteros”, en octubre de 2001 (30 años después de su fundación), sintetizando un ciclo de debates internos que duró poco menos de dos años, y que había sido reclamado por el mismísimo Tabaré Vázquez. El título del documento aprobado decía: Compromiso por el cambio para el nuevo siglo – Pautas para el desarrollo ideológico y la elaboración programática. Decía Tabaré en el discurso de clausura de ese Congreso: “Nuestra confianza no fue defraudada: el IV Congreso asumió plenamente el derecho y la responsabilidad que significa el ejercicio de la soberanía adoptando medidas trascendentes en el plano ideológico, programático y político”. Pero mencionaba además algo sumamente valioso: “Lo resuelto es importante. Pero tan importante como lo resuelto es la forma en que lo hemos hecho: Primero: orgánicamente, en un Congreso en el que participaron, promedialmente, 1.600 delegados de todo el país, de los cuales el 52% son del Interior y según nuestros registros es el más numeroso de los Congresos que ha realizado el Frente Amplio en los últimos años. ¿Quién dijo que se acabó la ideología?, ¿quién dijo que el Frente Amplio vació su estructura militante?, ¿quién dijo que aquí se cocina todo en la cúpula? Aquí trabajan todos los militantes, todos opinan, todos son respetados”.
Pero además, es innegable que la izquierda había ya comenzado un proceso de renovación mucho antes incluso de la formación del Frente Amplio. Y ni hablar que luego de la dictadura, la izquierda comenzó a replantearse sus marcos de referencia ideológicos, proceso que se llevó a cabo a la luz del día, en el medio de la recomposición orgánica de las estructuras de los partidos y sectores integrantes del FA, y del reencuentro de militantes dispersos y desconectados durante décadas. A lo que se sumó el fenómeno de la Perestroika, la caída posterior del régimen de la Unión Soviética y los países del Este europeo. Todas estas cuestiones –a las que hay que agregar la crisis de nuestro propio Partido, que había sido la más fuerte organización política de la izquierda y la de mayor apoyo electoral en el 89- enmarcaron un proceso indudable de transformación ideológica del conjunto de la izquierda, que ya no es la misma del año 71, aunque algunos quieran mostrarla de esa manera.

RECORDANDO A JOSÉ GERMÁN ARAÚJO (2/9/38 - 9/3/93)

2011-09-01T05:47:00.000-07:00

Mañana cumpliría 73 años el petiso más grande, José Germán Araújo.

Por ese motivo, y porque tiene relación con los artículos que hemos venido publicando las últimas semanas, me pareció oportuno traer esta nota publicada hace no mucho por Comcosur.

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“¡AY DE LAS FUERZAS DE OPOSICIÓN QUE QUIEREN OBTENER EL GOBIERNO CEDIENDO EN ABSOLUTAMENTE TODO!”

MONTEVIDEO/URUGUAY/09.03.06/COMCOSUR AL DÍA – José Germán Araújo nació el 2 de setiembre de 1938. De hogar religioso, a los once años ingresó a la Apostólica de los Jesuitas en un prenoviciado, iniciando así la carrera sacerdotal, la cual abandonó cuatro años más tarde. Comenzó entonces su militancia política en la cristiana “Unión Cívica”, pero en los años 70 fue virando hacia posiciones de izquierda, adhiriendo al Frente Amplio en tiempos de dictadura. Vinculado a los medios de comunicación, trabajó en Canal 12 y en CX 30, radio que a la que convirtió en un bastión de la resistencia del pueblo uruguayo contra la dictadura.

Fue electo Senador de la República en 1984 por el sub lema Democracia Avanzada (Partido Comunista), y se preocupó especialmente por denunciar en forma sistemática las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Ello llevó a que -tan temprano como en diciembre de 1986- los parlamentarios del Partido Colorado y el Partido Nacional lo expulsaran del Senado con la excusa de haber instigado desórdenes en las afueras del Palacio Legislativo en momentos en que el cuerpo votaba la Ley de Impunidad.

De todas maneras, en 1990 –rota ya su alianza con el Partido Comunista- Germán volvió al Senado de la mano de la por él fundada Corriente de Unidad Frenteamplista, pero poco tiempo después enfermó de cáncer y falleció el 9 de marzo de 1993. Un mes antes de su muerte, reveló al semanario Búsqueda su preocupación por los cambios que –de la mano del hoy presidente Tabaré Vázquez- ya entonces estaba sufriendo el Frente Amplio. La nota:

JOSÉ GERMÁN ARAÚJO:
“ESTOY MUY PREOCUPADO POR EL FUTURO DEL FRENTE AMPLIO”
(Búsqueda 04.02.93)

En un cuestionamiento directo a las posiciones sustentadas por los principales dirigentes y sectores del Frente Amplio, el senador frenteamplista, José Germán Araujo, dijo que algunos están más preocupados por sus “ambiciones personales” y han terminado por enviar mensajes al FMI con el objetivo de “pedir autorización” para “poder gobernar el país”.

El líder de la Corriente de Unidad Frenteamplista (CUF) señaló además que estos dirigentes utilizan hoy un discurso igual al del PGP y el PDC y al de Julio Sanguinetti y los instó a que “en un acto de contrición” admitan entonces que “nos hemos equivocado durante toda la vida”. Araujo mantuvo una entrevista con Búsqueda en su domicilio de San José de Carrasco, en donde se recupera de un enfermedad. El senador esperaba retornar a la Cámara Alta en marzo.

“EL FRENTE CORRE EL GRAVE RIESGO DE PERDER SU ESENCIA”

—¿Cómo observa el debate ideológico que se está procesando dentro del Frente Amplio y qué opina de las posturas que se han ido perfilando en su transcurso?
—Estoy muy preocupado por el futuro del Frente Amplio porque veo que de continuar algunas líneas que vienen exponiéndose, el Frente corre el grave riesgo de perder su esencia. Yo concebí siempre al Frente Amplio como la fuerza de cambio de este país y es la última esperanza que nos va quedando. En ese sentido, nadie aguarda que un gobierno Colorado o uno del Partido Nacional pueda modificar esencialmente las cosas. Sin embargo, hay un cierto pragmatismo que está ganando a algunos compañeros del Frente y se está desestimando la posibilidad de promover un cambio profundo. Da la impresión que algunos compañeros están más preocupados por sus ambiciones personales que por los problemas colectivos.

“DA LA IMPRESIÓN DE QUE SE ESTÁN ENVIANDO MENSAJES AL FMI PARA PEDIR AUTORIZACIÓN PARA GOBERNAR EL PAÍS”

—¿A quién se está refiriendo?
—Prefiero no dar nombres pero cuando se expone públicamente queda muy claro de quiénes se trata. La liberación se consigue, no se pide. Hoy da la impresión que se están enviando mensajes al Fondo Monetario Internacional para pedir autorización a efectos de poder gobernar este país. El Frente Amplio tendría que estar negociando con otras fuerzas políticas y sociales de América Latina para ver como es posible, con dignidad, enfrentarse al FMI.
Seregni siempre dijo que hay que negociar desde posiciones de fuerza. No me parece una posición de fuerza decir “vamos a pagarla”, “la deuda externa dejó de ser inmoral”, “debemos pagarla hasta él ultimo peso”, esto es lo mismo que puede proponer un partido tradicional al que hemos criticado siempre por esa suerte de pragmatismo. Una de dos; o nos hemos equivocado y deberíamos reconocerlo diciendo que el Partido Nacional y el Partido Colorado hicieron lo que correspondía, o insistamos en lo que hemos dicho hasta ahora.

“PARA APLICAR ESTE MODELO PREFIERO MIL VECES QUE SIGAN LOS QUE ESTÁN”

—¿Pero esto está ocurriendo exclusivamente por las ambiciones personales de algunos dirigentes o es que los principales partidos del Frente Amplio abandonaron un rumbo que en su momento fue socialista e incursionaron ahora en otro mas afín a la socialdemocracia?
—Las dos cosas están presentes. Responde a ambiciones personales pero aquí hay una liviandad ideológica, eso es evidente. El hecho de que haya caído el socialismo real parece que ha cambiado la mente de muchos, creo que apresurados por el tiempo vital de esos compañeros, que se puede terminar. Algunos compañeros apostaron al socialismo real como queriendo vivir a expensas de otras sociedades. Algunos compañeros parece que dicen “este es mi tiempo y tiene que ser ahora”.
Pero digámoslo con claridad; para impulsar un programa socialdemócrata hay otros, a los que siempre hemos criticado, que tienen más experiencia que nosotros. Si no fuese el tiempo de llegar al gobierno es preferible mantener al Frente Amplio en la oposición como un componente del sistema democrático. ¡Ay de las fuerzas de oposición que quieren obtener el gobierno cediendo en absolutamente todo!. Me hace acordar a la frase bíblica: “vosotros sois la sal de la tierra, ¿si la sal se desvirtúa con qué se salará?”. Para aplicar este modelo prefiero mil veces que sigan los que han estado, antes que transformar al Frente y matar la esperanza de la gente.

“NO SE PUEDE PROMOVER UN DISCURSO ANTAGÓNICO AL QUE HEMOS TENIDO SIEMPRE”

—¿Usted coincide entonces en que en el discurso del Frente Amplio hubo un acercamiento a posiciones de centro?
—Yo dije alguna vez que no se puede hacer el mismo discurso del Partido por el Gobierno del Pueblo o del Partido Demócrata Cristiano sin comenzar por reconocer que tenían razón; hay compañeros del Frente Amplio que están repitiendo textualmente el discurso con el que discrepábamos, sin haber dicho antes “tenía razón Hugo Batalla” o “tenía razón Héctor Lescano”.
Y ahora habría que seguir diciendo tenía razón Sanguinetti y nos hemos equivocado, que mal lo hemos censurado. No se puede promover un discurso antagónico al que hemos tenido siempre. Antes de eso, por lo menos, en un acto de contrición, deberíamos decir que nos hemos equivocado a lo largo de nuestra vida. No se puede dar vuelta en una semana. ¿Ustedes pueden creer que haya una coincidencia histórica que determine que el Partido Comunista uruguayo muera la misma semana que el Partido Comunista de la Unión Soviética?

—Hay dirigentes frentistas que sostienen que la actual estructura de la coalición no sirve para gobernar. ¿Qué opina?
—Naturalmente que cualquier partido debe cambiar su estructura cuando llega al gobierno. Pero no en lo que refiere a los principios, que es lo que se está cambiando acá. Habría que repasar los discursos de hace unos años para ver cómo cambian los rumbos que se habían trazado. Hoy, cuando América Latina nos ve a los frentistas diciendo que la deuda externa hay que pagarla, ¿nos ve igual que ayer?.

“LA PREOCUPACIÓN NO ES GANAR SOLAMENTE, ES GANAR PARA QUÉ”

—La semana pasada, durante la polémica que mantuvo con el MPP, el intendente Tabaré Vázquez se constituyó en el primer dirigente del Frente Amplio que públicamente anuncio su negativa a concurrir a los organismos de dirección para dar explicaciones. ¿Qué opinión le merece este hecho?
—El principio de autoridad lo defiendo a muerte y quien asume una autoridad como Vázquez debe llevarlo adelante. Eso no quiere decir que alguien, no en el Frente sino en esta tierra, tenga derecho por un principio de autoridad a desconocer derechos ajenos. Esto ha ocurrido y yo no podría silenciar mi voz después de haberla levantado cuando no se me permitió establecer mi defensa en el Senado. Con razón o sin ella, alguien -Carlos Coitiño- sostiene que debe ser oído y tiene todo el derecho del mundo.
Lo comprendo a Tabaré Vázquez; es un vocacional de la medicina, tiene un futuro extraordinario en ese orden, el no fue llamado por su vocación política sino por ser militante y ahora le duele ver que su determinación pueda ser cuestionada por alguien. Pero tiene que aceptar que la organización política es otra cosa, que no estamos en un partido político personalista y que el Frente Amplio no podrá ser eso nunca. Pero aquí, además, Tabaré está jugando su posición: si queremos que él sea el próximo presidente de la República deberíamos admitir que se debata algunas cosas y otras no. Es un extraordinario candidato, no hay otro candidato con más carisma, pero yo eso no lo querría para el Frente Amplio.

—¿Aunque eso determine que el Frente Amplio no pudiera ganar?
—Es que para mí la preocupación no es ganar solamente, es ganar para qué. Con esos peajes no, porque no estoy subyugado con la idea de ganar. Esto no es deporte, esto es la vida de los hombres, de seres humanos.

CAMBIO DE FRENTE (5ª. Parte) – Los cambios y el FA

2011-08-25T17:52:00.000-07:00

Muchos compañeros señalan –y con acierto- que el país y el mundo han cambiado. Nosotros estamos de acuerdo, pero queremos analizar dos cosas: por un lado, si esos cambios han sido en sentido positivo o negativo (y qué tan relevantes han sido), y por otro lado, si los cambios que se proponen en el FA tienden a mejorar la herramienta para combatir los males del capitalismo, o si esas propuestas tienden a adaptarse a la situación.
LOS CAMBIOS EN EL MUNDO
Claro que el mundo ha cambiado, pero la izquierda actual continúa enfrentándose al mismo viejo dilema que tanto preocupó a sus antecesores en los siglos XIX y XX. El sistema de explotación del hombre por el hombre, que Marx y Lenin estudiaron en profundidad -pero que también combatieron como revolucionarios- es el dominante hoy en la mayor parte de nuestro planeta, y es cada vez más despiadado y además está poniendo en peligro inclusive la propia supervivencia de la especie humana. El fin de la Guerra Fría lo que trajo fue una hegemonía excluyente de los Estados Unidos, impuesta generalmente a base de guerras y de chantaje económico. Los conflictos de EEUU con la Unión Europea y Japón, las disputas entre estos y las potencias emergentes (especialmente China y Rusia), son expresiones de las dificultades del capitalismo para su reproducción. El excedente insuficiente para las expectativas de ganancia de las trasnacionales determina que el mundo se estreche como mercado. Por un lado porque la demanda se concentra (ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres), y por otro porque la degradación del medio ambiente compromete la disponibilidad de recursos para producción y reproducción del sistema. Uno tiende a pensar entonces que el sueño de aquellos revolucionarios de los siglos pasados, de una sociedad verdaderamente humana, sin explotación, en lugar de estar perimidos tiene cada vez mayor vigencia.
MÁS DESIGUALDADES HOY
El mundo que pronosticaban los liberales de la época de Marx y Engels, un mundo en donde la riqueza generada por el capitalismo iría a ser distribuida más o menos equitativamente entre todas las naciones y, dentro de cada una de ellas, entre todas las clases sociales; lo que llamaban la “sociedad industrial” y que creían que iba a ser una sociedad de clases medias en donde los sectores trabajadores estarían muy bien remunerados y las desigualdades de clase iban a desaparecer, simplemente nunca apareció (aunque muchos sigan soñando con ella hoy mismo dentro de la propia izquierda). La evidencia empírica señala que la evolución ha sido en el sentido de lo que Marx y Engels planteaban en el Manifiesto, que la dinámica del capitalismo inexorablemente conduce a la polarización económica y social tanto en lo nacional como en lo internacional. Si agrupáramos todos los países del mundo en cinco grupos iguales, según la riqueza que disponen, veríamos que el 20% de los países más ricos posee una riqueza 150 veces superior al 20% de países más pobres. El Día Mundial de la Alimentación fue proclamado en 1979 ¡hace más de 30 años! por las Naciones Unidas y la FAO y desde entonces la cantidad de personas que padecen hambre no ha dejado de aumentar. Los cambios en el mundo, en todo caso, nos obligan a analizar críticamente los modelos (capitalismo, socialdemocracia) que han llevado a este estado de cosas, y a redoblar los esfuerzos y la unidad con los países hermanos, para superarlos en conjunto. Recientemente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que dará prioridad a Cuba en la compra de medicinas por un monto de mil 500 millones de dólares sobre las transnacionales farmacéuticas, como un gesto de reciprocidad al respaldo de la isla por los planes de salud promovidos en ese país hermano. Esos son el tipo de cambios que nos están reclamando el orden de cosas a escala planetaria, y no el cambio de la estructura orgánica de nuestra fuerza política.
LOS CAMBIOS EN EL PAIS
En una reciente entrevista en el semanario Brecha, el compañero Astori decía: “Nosotros tenemos un compromiso político que data de 1971, y en ese compromiso político se alude a un país que no existe más. Tenemos que discutir cómo ha cambiado ese país, cuál ha sido el papel del Frente Amplio en eso, porque este cambio no cayó del cielo. Pasar del 14 por ciento de desempleo al 5,5 por ciento no es por casualidad, sino que se consigue haciendo política”.
El primer comentario que se nos ocurre, es que no se pueden exhibir cifras o porcentajes como muestra de que el país cambió; las cifras aisladas, no dan cuenta de ningún cambio profundo en la estructura económica de un país. Islandia, en el 2007, ascendió al primer lugar en el índice de desarrollo humano del PNUD, muy por delante de países como los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, y su índice de desocupación era prácticamente insignificante; un año después estaba sumida en una profunda crisis de la que aún no ha salido.
Pero además, resulta que en ese compromiso político que el compañero menciona, no se alude a ningún país, sino que habla del respeto de los acuerdos, de la unidad y la continuidad del Frente y su carácter de fuerza popular combativa, de la conducta política y de la solidaridad recíproca entre sus integrantes, de la autonomía e independencia de los integrantes del FA, de la adopción de normas que aseguren la participación afectiva de los Comités de Base en la dirección Política del Frente Amplio a nivel nacional, departamental y local, etc. Es decir, se trata de un compromiso político válido para cualquier tipo de país y circunstancia, en lo esencial.
Pero además ¿qué tanto ha cambiado el país, como para que hablemos de un compromiso político que ya no sirve? ¿Ha habido en este país una revolución en algún sentido? ¿Se han procesado cambios de tal magnitud en lo económico, en lo social o en algún otro plano, que hagan necesarios modificar los acuerdos básicos de nuestra fuerza política? Uno no puede sin duda negar los avances tecnológicos, eso está fuera de discusión. En la época en que el compromiso político se firmó, el teléfono que usábamos era de manivela y había que pedir a una operadora que nos comunicara con el otro número, y ahora buena parte de los humanos andan con celulares en el bolsillo o la cartera, que hasta tienen internet. Ahora bien, eso lo que hace –en todo caso- es más fácil la actividad política, pero no estaría indicando la necesidad de modificar los compromisos.
En general, la base económica de la sociedad uruguaya sigue siendo prácticamente la misma que hace 40 años. No se ha transformado sustantivamente la matriz productiva del país, porque seguimos exportando commodities, básicamente. Lo nuevo es que tenemos un millón de hectáreas forestadas, otro millón de soja y el resto ganado, sectores que se han desarrollado (turístico, logístico), los servicios, la industria y el comercio que tienen un promedio salarial bajo. Tenemos un crecimiento económico que es histórico, pero que no ha logrado modificar la distribución de la riqueza. Hoy, la economía en todo caso está más concentrada, más centralizada y más extranjerizada que antes. La distribución de la riqueza es peor que en 1991 según los indicadores. Tenemos menos desocupación, es verdad, pero también empleos de baja calidad, y casi 700 mil uruguayos que ganan menos de 10 mil pesos. Es cierto que la industria ha cambiado. Tenemos inversiones como la de Botnia (UPM) que generó unos 300 puestos de trabajo, altamente calificados, 20% de los cuales son extranjeros. La situación de la industria de hoy no es la de décadas atrás cuando había fábricas con 800 operarios o más. Ahora hablamos de personal calificado. Pero eso, a lo que nos obliga es a otras cuestiones que tienen que ver con la educación y con la capacitación, no a cambiar nuestro compromiso político. A todas luces, lo que nos está reclamando la situación a escala mundial, el brutal retroceso en las condiciones de vida de grandes masas, es una profundización de la solidaridad y de la unidad latinoamericana; y lo que nos reclama la situación incambiada en la estructura económica, en la matriz productiva, de nuestro país, que es la que siempre ha producido y sigue produciendo la desigualdad, es un cambio de modelo económico, no un cambio de la estructura orgánica del Frente Amplio.

CAMBIO DE FRENTE (4ª parte) – FA y gobierno

2011-08-18T18:17:00.000-07:00

Terminábamos la tercera parte de esta serie diciendo que, desde nuestro punto de vista, uno de los puntos clave a analizar es la relación fuerza política-gobierno, ya que los graves problemas han surgido cuando desde el gobierno se hacen “opciones ideológicas” que desvirtúan el programa, y en determinados casos hasta van en dirección contraria al mismo.
EL PROGRAMA COMO GUÍA
Respetar el programa, no es aplicarlo al pie de la letra, eso está claro y no es lo que planteamos. Pero tampoco admitimos que se cambie el sentido del mismo. Leíamos hace unos días un artículo de un compañero que decía: “Confundir la gestión que un gobierno lleva adelante, con el programa de la fuerza política que lo ejerce, esperar que cada medida gubernamental refleje la letra y el espíritu del programa, implica creer que querer es poder. Los planes del gobierno deben ir en el sentido del programa de la fuerza política, pero no necesariamente son la traducción literal de éste” (*).

Coincidimos en la segunda frase, pero no en la primera: la acción del gobierno SÍ debe reflejar el espíritu del programa, aunque no sea la traducción literal de éste. Eso significa que las medidas deben tender hacia lo que el programa se plantea como proyecto de país a mediano plazo, e ir concretando paso a paso las medidas que allí están definidas como básicas para llegar a ese resultado. Una cosa es que esas medidas sean el resultado de negociaciones a la interna de la fuerza política, e incluso de negociaciones con la oposición, y muy otra cosa es que esas medidas vayan en el sentido opuesto a lo definido en el programa.

Por poner un ejemplo: el programa del FA dice “anular la ley de impunidad”. Se negoció y se conversó a la interna de la fuerza política durante prácticamente 10 años, y se llegó a un proyecto de consenso, que no era de anulación, sino de interpretación (ahí no se respetó la letra exacta del programa), pero que iba en el sentido del programa, esto es, por un lado hacer justicia y llegar a la verdad en materia de violación de los derechos humanos durante la dictadura, y por otro hacer converger nuestra legislación interna con los tratados internacionales. Eso es lo que hizo la fuerza política, y está bien. Pero luego, desde el gobierno, se actuó en el sentido exactamente contrario, en el sentido de que no fuera aprobado el proyecto. Y esto es ir en contra del programa, y en eso no estamos ni estaremos nunca de acuerdo.
EL RELACIONAMIENTO
Los grandes problemas de la izquierda hoy están en la relación fuerza política gobierno (entendiendo como gobierno tanto el Ejecutivo como el Legislativo). He ahí la cuestión. El Frente Amplio no ha tenido demasiada dificultad a lo largo de su historia para resolver sus asuntos, y de una manera u otra siempre logra los necesarios acuerdos. Lo reiteramos: los problemas serios y que han llevado al FA a situaciones complicadas, se han producido en la relación con el gobierno. Los dos últimos ejemplos son absolutamente claros: ley interpretativa de la ley de impunidad y ley de PPP.
En el primer caso, se trabajó durante meses y se elaboró un proyecto de ley desde la fuerza política, y se lograron los mayores acuerdos, tan mayores que se lograron por unanimidad. El proyecto fue al Parlamento y allí empezaron los desacuerdos, las idas y vueltas, hasta que finalmente intervinieron el presidente y el vice y se frustró el proceso de aprobación de la ley. Es decir: un total acuerdo en la fuerza política, y desacuerdos con el gobierno. En el segundo caso (ley de PPP), el proyecto se elaboró desde el Ejecutivo, sin ningún conocimiento ni discusión por parte de la fuerza política, se discutió exclusivamente en la bancada, y no fracasó porque se obtuvieron los votos de la derecha. Aunque claro, la falta de unidad de acción repercute luego en la fuerza política, que no tuvo arte ni parte en la cuestión. En este caso, el gobierno, salteándose la discusión en la fuerza política de un tema por demás trascendente, le crea un problema a esta última.

Como vemos, el problema central (en estos, como en tantos otros temas), es el relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno. Actualmente se discute el proyecto de impuesto al agro, nuevamente a nivel ministerial, sin participación alguna de la fuerza política, a la que luego se le reclamará el voto en el Parlamento, y ya hemos visto que hay sectores que no estarían dispuestos a votarlo.
LA METODOLOGÍA
Nuestro Partido, días pasados entregó al Frente Amplio, en mano de su presidente Jorge Brovetto, una propuesta para que se discuta la concentración y la extranjerización de la tierra y se estudien medidas para enfrentar este fenómeno socioeconómico y sus consecuencias. Y como decía el editorial de esa semana de El Popular, el hecho es importante por el problema en sí mismo (por sus aspectos económicos, productivos, por su impacto en la distribución de la riqueza, etc.), pero también es importante por el método, por la forma de introducir el tema en la agenda política del FA. Decía el editorial citado: “La propuesta se presentó al FA, para analizarla colectivamente, debatir, polemizar si es necesario, estudiarla con seriedad y responsabilidad, incorporar todos los aportes posibles y promover un camino, con acuerdos políticos y sociales, para enfrentar un problema que tiene planteado el país. Es una apuesta a una forma de discutir y resolver los problemas, que privilegia el papel del FA desde sus organismos e intenta aportar a la gestión de gobierno, a través de la propuesta y la unidad. El documento que se titula «La extranjerización de la tierra en el Uruguay. Propuesta del PCU al FA» es una propuesta abierta, esboza un diagnóstico y contiene cuatro ideas para debatir. No pretende cerrar nada; muy por el contrario, está dirigido a abrir la discusión «en el FA y la sociedad toda», y se lo propone explícitamente como objetivo”.
Ese es el método que nos parece más adecuado para mejorar el relacionamiento fuerza política-gobierno, y no el de la imposición por la vía de los hechos, no el método de: estás con esto o estás contra el gobierno. Por supuesto que no en todos los casos, que no es posible consultar a la fuerza política por cada decreto, por cada ley, por cada paso que va a dar el gobierno. Pero hay que hacerlo necesariamente en los grandes temas, y los ejemplos que mencioné más arriba son eso, “grandes temas”.
LA FUERZA POLÍTICA ESTÁ OBLIGADA A CONTROLAR
Siempre hemos señalado los aciertos de nuestro gobierno, y somos de los que constantemente hemos reclamado y promovido la movilización en apoyo a las medidas que consideramos justas y a favor de las grandes mayorías. Pero entendemos que el buen relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno se debe basar también en un adecuado control del rumbo, porque todos somos responsables de la marcha de nuestro gobierno. Así está establecido, por otra parte, en el documento “Fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales”, emanado del Congreso Héctor Rodríguez. El documento es bien claro al respecto, señalando muy claramente que una responsabilidad central de la fuerza política, en relación con el gobierno, es la definición del Programa y el Plan de Gobierno, y dice: “Esto implica que la orientación programática, el contenido de la propuesta de gobierno a realizar son fundamentales para entender las políticas de relacionamiento…”…”Compete además a la fuerza política…la instrumentación de mecanismos orgánicos de contralor de la aplicación del programa, seguimiento permanente y respaldo al gobierno”. Y por si esto no fuera lo suficientemente claro, más adelante dice: “…la fuerza política es la responsable de su propuesta, su programa, sus candidatos, su equipo y su gestión. Ella es la que, a través de sus organismos, establece y fija las líneas generales de su Programa Nacional y Plan de Gobierno y dentro de ellas el gobierno de la fuerza política se tiene que manejar”. Y el control de lo que hace el gobierno en función de los compromisos programáticos, está allí establecido como un “deber” de la fuerza política. Dice textualmente: “La fuerza política deberá evaluar, permanentemente, lo que realiza el gobierno en función de lo definido en las instancias orgánicas, y su compromiso con la ciudadanía”.
Hemos dicho muchas veces que los desvíos por parte del gobierno son en buena medida responsables del estado de desmovilización de los frenteamplistas y de los sucesivos retrocesos electorales. A nadie puede llamar la atención que los militantes de izquierda, que se comprometen con un Programa y que dan la batalla para conseguir que la ciudadanía lo apoye, se sientan luego defraudados cuando su propio gobierno toma un rumbo diferente.
Y lo que permite el ejercicio autocrítico de cualquier fuerza política es -al analizar los errores cometidos y sus consecuencias- evitar la repetición de esos errores. Es por eso que no dejamos de advertir cuando vemos que nos estamos apartando del Programa o que lo estamos soslayando como si fuera algo secundario, porque de nada sirve tener el gobierno si nos quedamos sin la base social que nos permitió llegar a él para hacer los cambios prometidos.

(*) El gobierno y la fuerza política: La difícil convivencia–Héctor Díaz–Voces 4/8/11

CAMBIO DE FRENTE (3a. parte)

2011-08-11T19:39:00.000-07:00

En nuestro anterior artículo decíamos que los elementos centrales del Consenso de Washington son la apertura comercial, apertura financiera, apertura a la inversión extranjera directa, disciplina fiscal, eliminación de subsidios, privatización, desregulación, y que estas son medidas que tienen una sola lógica: generar una mayor acumulación capitalista. Y decíamos también que, desde nuestro punto de vista, un gobierno de izquierda debería tomar medidas que fueran en el sentido contrario (un cambio en el modelo productivo), y que apuntaran a la redistribución de la riqueza.
Coincidimos con Mujica: “Esta fuerza política (el FA) es la única que auténticamente puede emprender una transición histórica; una transición que abra nuevos rumbos en el país y signifique un punto de ruptura real con el modelo neoliberal y, a la vez, un punto de partida para una verdadera refundación nacional. No hay otra fuerza en esas condiciones” (1).
EL PCU Y EL FA
Para nosotros, comunistas, el Frente Amplio forma parte de nuestra concepción de la vía uruguaya al socialismo. Aspiramos a una sociedad donde los fundamentales medios de producción sean propiedad del pueblo, donde el poder pertenezca a los trabajadores, donde no exista la explotación del hombre por el hombre, donde libertad política y libertad social vayan de la mano, donde la humanidad acceda a la justicia social. Y no hemos renunciado ni a un solo principio, hemos sido y seguiremos siendo inclaudicables en nuestra ideología. Aquella contradicción de la década del 60, en la que por un lado había un movimiento sindical unido y combativo, que unía la reivindicación al programa, que paraba y ocupaba, y por otro lado una izquierda dividida en el plano político, con masas que fluctuaban de una elección a otra en el marco del bipartidismo, para nosotros se resolvía en el 71 con la creación del FA. Una expresión política que colocaba a los trabajadores, a los asalariados, a las capas medias, en la perspectiva del poder y en la posibilidad política real de un programa transformador de la sociedad, que acabara con la dependencia, con el dominio de la oligarquía, que posibilitara cambios profundos, que desarrollara la democracia en el plano social, que le diera un carácter participativo a la clase obrera y al pueblo.
Esa visión sigue vigente, y con el FA, con los trabajadores, con los intelectuales y los estudiantes, con las capas medias, con la gente del campo, estamos seguros que podemos construir un Uruguay democrático, productivo y con justica social, independiente y soberano, que logre romper con las cadenas de la oligarquía y el imperialismo, y que un día, si esa es la voluntad del pueblo, nos conduzca a una etapa superior, al socialismo.
EL PROGRAMA
Ahora bien, el programa del FA no es un programa socialista, pero es un programa democrático avanzado, sin dudas, y por lejos el mejor programa que pueda presentar el abanico político de nuestro país. El punto es que para romper con el modelo neoliberal, un gobierno del FA debe aplicar su programa en profundidad, y en su sentido más transformador. El punto es que un gobierno del FA se transforma realmente en un gobierno popular, democrático y avanzado, en la medida en que su programa se aplique en todos sus términos, y priorizando lo que allí se prioriza. Como bien señala Jorge Notaro: “El margen de libertad que tuvieron los equipos económicos de los dos gobiernos del Frente se utilizó priorizando la estabilización de precios y los estímulos a la inversión sin priorizar grupos sociales. Se implementó una parte de los lineamientos programáticos y de una forma que impidió o limitó la implementación de otros”.
El caso de la ley de PPP es un caso a analizar en este sentido. La participación de lo privado en lo público, es una mínima frase dentro del gran capítulo denominado Uruguay Productivo e Innovador. Allí se dice que “El programa para los próximos cinco años deberá consolidar los importantes logros alcanzados y profundizar los cambios para sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo. Esto implica operar sobre la estructura productiva del país, y la elaboración de un Proyecto Nacional de Desarrollo, basado en un rol activo y orientador del Estado en un proceso de crecimiento con distribución y justicia social. Las políticas productivas deberán tener una relevancia superior”.
Sin duda es poco lo que se ha hecho para “sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo”, cuando nuestra economía sigue sustentándose en los buenos precios de las materias primas producto de la especulación de los grandes capitales y del valor de las monedas. Desde luego que muy poco se ha operado sobre la estructura productiva, que no ha hecho más que concentrarse, primarizarse y extranjerizarse, y el crecimiento con distribución y justicia social, es apenas una discusión que -entre otros- pusimos sobre la mesa pero que aún no ha dado frutos de ninguna naturaleza.
Se dice en ese capítulo también: “…la distribución del producto con criterios equitativos, de forma de atender las necesidades del conjunto de la población, reducir la pobreza y la desigualdad”, pero los números indican que la pobreza ha disminuido pero la desigualdad sigue en aumento. Dice también ese capítulo del Programa, que “Uno de los ejes centrales de la construcción de este proyecto son los recursos. La renegociación de los intereses de deuda con los acreedores privados y los organismos multilaterales de crédito deberá realizarse de forma tal de no poner en riesgo el desarrollo nacional y sus objetivos estratégicos”. Si esto se llevó a cabo no nos enteramos.
Y habla también ese capítulo de profundizar aún más la participación del Estado: “La participación del Estado en algunas áreas estratégicas con la conformación de entes testigos allí donde sea necesario, podrá constituirse en una palanca del desarrollo y una herramienta para transformaciones productivas profundas”. Sin embargo, de ese capítulo -extenso y muy rico en cuestiones ideológicas fundamentales-, nuestro gobierno eligió aplicar la frase que dice: “Es imprescindible definir una propuesta global que incluya la modalidad de participación estatal, con empresas estatales, extranjeras, regionales y en los modelos de asociación público-privada, así como la forma de reorientar el ahorro nacional hacia la inversión”, y de la frase –que en realidad pone su centro en la asociación de las empresas estatales con otras empresas estatales extranjeras, y preferentemente regionales- únicamente el aspecto que habla de la asociación público-privada.
EL GOBIERNO Y EL PROGRAMA
De manera que lo que parece claro es que, aún en el marco de una fuerza política que contiene en su seno sectores y partidos con diferentes ideologías y proyectos finales, es posible elaborar propuestas programáticas avanzadas y de consenso. Así ha sido a lo largo de la historia del Frente Amplio. Y lo que parece también claro, es que los problemas y los desencuentros se han manifestado de una forma preocupante una vez que llegamos al gobierno. Esto es, se han manifestado en el momento en que hay que aplicar, llevar a la práctica, los elementos programáticos definidos entre todos. Desde nuestro punto de vista, uno de los puntos clave entonces a analizar es la relación fuerza política-gobierno, ya que los graves problemas han surgido cuando desde el gobierno se hacen “opciones ideológicas” que desvirtúan el programa, y en determinados casos hasta van en dirección contraria al mismo. Al tiempo que se hace necesario analizar también la relación con las organizaciones sociales, ya que últimamente las acciones de nuestro gobierno han estado permanentemente enfrentadas a las posiciones de los trabajadores (PPP, AFE, Salud, Educación).

(1) Uruguay decide su futuro – Ediciones de Le Monde Diplomatique año 2004

CAMBIO DE FRENTE (2ª parte)

2011-08-04T19:58:00.000-07:00

Finalizábamos nuestro artículo anterior diciendo que estamos de acuerdo en dar un debate sobre cuestiones ideológicas y sobre aspectos de funcionamiento. Decíamos asimismo que, si no se discute lo esencial, seguiremos dando vueltas como en una noria, sin llegar a ningún lado. Y desde luego, para nosotros, cuando hablamos de ideología, uno de los aspectos centrales es el tema de la economía. Como bien señala Jorge Notaro: “La prioridad de los objetivos y los instrumentos que se eligen en la política económica no surgen de los textos de economía, son opciones ideológicas”.
LA ECONOMÍA
“A partir de la década de los 80 EE.UU. impulsó el Consenso de Washington, que contenía 10 reformas básicas: 1) disciplina fiscal, 2) prioridad para el gasto social, 3) reforma tributaria, 4) liberalización financiera, 5) tipos de cambio unificados y competitivos, 6) liberalización del comercio exterior, 7) apertura a la inversión extranjera directa, 8) privatización de las empresas estatales, 9) desregulación, y 10) respeto a los derechos de propiedad. Estos lineamientos se aplicaron en algunos países de América Latina y causaron graves daños económicos y sociales para sus pueblos. Como contrapartida, han surgido corrientes contestatarias cada vez más extendidas y con denuncias y demandas más elaboradas. En este sentido, con epicentro en Porto Alegre surgió el Foro Social Mundial que ha sido capaz de convocar a una constelación muy amplia de movimientos sociales que, frente a las agresiones y desafíos planteados por las políticas neoliberales, levantan la consigna de “otro mundo es posible” (*).
De manera que elegir los instrumentos que propone el Consenso de Washington, es una opción ideológica que toman los equipos económicos de gobierno, y no necesariamente lo único que puede hacerse. En última instancia, la propuesta del Consenso de Washington es eliminar las fronteras económicas como forma de penetrar en nuestras economías. Sus elementos centrales -apertura comercial, apertura financiera, apertura a la inversión extranjera directa, disciplina fiscal, eliminación de subsidios, privatización, desregulación- son medidas que tienen una sola lógica: generar una mayor acumulación capitalista. Privatizar (y en buena medida también asociarse con privados) es trasladar un mercado cautivo al capital privado para que este sea el que obtenga beneficios. Cuando se abren las fronteras, se abren para que penetren esas economías de gran escala a competir con nuestras economías.
SE VA LA SEGUNDA
Pero luego de eso, vinieron las reformas de segunda generación, que están contenidas en el informe de 1997 del BM, y allí está planteada la recuperación del Estado: no existe posibilidad de desarrollo sin un Estado. O sea, la recuperación del Estado como un actor en este proceso, no viene de la mano de las fuerzas progresistas, sino que viene de la mano del proyecto del capital. El Estado debe actuar, y lo debe hacer como lo hace siempre, en función de los intereses de la clase dominante. La idea es despolitizar el Estado, transformarlo en un Estado tecnocrático, con unidades reguladoras independientes del poder político (independencia del BCU), una administración pública gerencial, similar a una administración empresarial, funcionando en base a contratos (PPP), en base a mecanismos de gestión efectiva.
Es decir, las reformas de segunda generación son una profundización del neoliberalismo, y han sido tomadas y llevadas a cabo por gobiernos de origen progresista, y que las asumen como reformas de izquierda. Su discurso incluye que el Estado debe ser eficiente, transparente, y reconocen el criterio fundamental del capital: el Estado no debe ser productor, no debe competir con el capital por la acumulación. Y le agregan más propuestas del Banco Mundial del año 97: políticas tendientes a la reducción de la indigencia y la pobreza. No están planteadas políticas redistributivas, sacarle al capital para darle al trabajo, lo que sería algo totalmente diferente. De lo que se trata es, de un lado, un modelo económico aperturista, la liberalización comercial y financiera, la apertura a la inversión extranjera directa, sin déficit fiscal, pago puntual de la deuda, implantación de reformas tributarias que gravan más al trabajo que al capital (los países compiten por la inversión extranjera, y para competir se crean zonas francas, se otorgan subsidios, no se les cobran impuestos, se hacen reformas impositivas duales, en las cuales el trabajo paga más que el capital, etc.); del otro lado, reducción de la indigencia y la pobreza, planes de emergencia, menos corrupción, respeto de los contratos (planteo central del modelo neoliberal). Es decir, tenemos gobiernos que llevan a cabo la política económica del capital, la política que permite la acumulación capitalista a nivel trasnacional, y que por otra parte, aparecen legitimados por su historia de izquierda y su legitimidad progresista y que dicen: esto es bueno, no solo que es bueno, sino que es lo único que se puede hacer, no hay otra salida.
UN GOBIERNO DE IZQUIERDA
La pregunta es: ¿qué debería hacer un gobierno de izquierda entonces?
Desde nuestro punto de vista, y simplificando la cuestión al máximo para que se entienda, un gobierno de izquierda lo que tiene que hacer es llevar adelante políticas cuyo norte principal sea la distribución de la riqueza, y que por tanto el proceso económico lo oriente en esa dirección.
Claro que no somos ingenuos, sabemos que cuando hablamos de alternativas, hablamos de correlación de fuerzas. Y quienes tienen más fuerza, a pesar de la crisis financiera y en la economía real, son los países centrales, y especialmente los EEUU. Los países del sur fueron desplazados del proceso de la economía mundial, y nuestras economías fueron cada vez más primarizadas. Hoy somos mucho más productores de materias primas que antes, y en contrapartida, los EEUU tienen hoy mucho más poder, tienen un poder militar enorme, los mayores niveles de investigación y desarrollo, el mayor control tecnológico, las más grandes y mayor cantidad de empresas trasnacionales y por tanto un mayor dominio comercial (por eso la discusión acerca del antiimperialismo). Podríamos señalar dos procesos paralelos: por un lado, una profundización y una mayor dominación de los EEUU, y por el otro, una desideologización de nuestras sociedades, que comenzó con las dictaduras, siguió con el proceso conservador de la derecha, y se agudiza con algunos gobiernos progresistas que le dicen a la gente: “en el capitalismo es posible, en el capitalismo nos va bien, es posible un capitalismo con rostro humano”. Y ese es uno de los puntos centrales de la cuestión, porque el capital se reproduce porque tiene las fuerzas productivas para hacerlo, pero además por su predominio ideológico y cultural (“acordar con el FMI es una política de izquierda” llegó a decir nuestro ex ministro de economía, que además impulsó un TLC y un TPI con los EEUU).
La pregunta es: ¿qué es lo que podemos plantearnos como expresión de los intereses de los trabajadores y el pueblo? Podemos plantearnos medidas de todo tipo, en particular, aquellas contrarias al Consenso de Washington, medidas financieras, de control de cambios, medidas como el Banco del Sur, la moratoria de la deuda, la integración en profundidad, y mucho más. Medidas que, como dijimos, formen parte de un plan a largo plazo cuyo norte sea distribuir la riqueza generada por nuestros pueblos. Esto ya serían cambios revolucionarios (no necesariamente socialistas) para la correlación de fuerzas existentes, y seguramente enfrentarían intereses muy fuertes (“¡pero para eso queríamos el gobierno!!” -escuché decir hace unos días al “Polo” Gargano- y claro que tenía razón). Hablamos de un conjunto integral de propuestas, que contenga sí respuestas inmediatas, para el aquí y el ahora, pero que formen parte de un proyecto que vaya más lejos. En el caso de nuestro país, el programa del FA, llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias, es una buena hoja de ruta, y por eso lo defendemos.

(*) V Congreso Ordinario “Compañero General Líber Seregni”, año 2007

CAMBIO DE FRENTE (1ª parte)

2011-07-28T20:25:00.000-07:00

Muchos compañeros en el Frente Amplio plantean la necesidad de una profunda discusión ideológica. Algunos ya se adelantan a los resultados de esa discusión, y dicen que la misma “debe concluir con una reestructura orgánica del FA”. Los más iluminados hasta tienen la solución antes de dar la discusión, y dicen que esa reestructura debe ser “para modificar la correlación de fuerzas dentro del Plenario y el Congreso del FA”. Y argumentan: "la estructura actual no es adecuada para un mundo que no es igual a hace cuarenta años", por lo que "hay que caminar hacia una reestructura". De manera que el planteo de los compañeros tiene tres aspectos: 1) Hay que dar una discusión profunda sobre los aspectos ideológicos; 2) esa discusión tiene que terminar, necesariamente en una reestructura orgánica de la fuerza política, y 3) esa reestructura debe quitar poder a las bases en los organismos de decisión. En esta primera nota abordaremos el primer aspecto, sin pretender desde luego agotarlo.
LO IDEOLÓGICO
Sobre todo, tengamos claro que no existe como tal una “ideología frenteamplista”, que el FA basó su unidad en la diversidad, y que en su interior conviven distintas ideologías, a pesar de lo cual ha sido posible construir una unidad programática. Lo hemos dicho otras veces y lo reiteramos: la coexistencia de diversas ideologías es una característica que define al Frente Amplio desde su fundación. Tanto es así que está dicho en forma explícita en la Declaración Constitutiva del 71, en donde se establece la “unidad política” de “hombres y mujeres de ideologías, concepciones religiosas y filosofías diferentes”. Y también en el Compromiso Político del 72, el cual no implica “mengua alguna a la independencia y autonomía de las fuerzas que componen el Frente en materia de ideología, objetivos finales, estrategia, línea política, organización y disciplina”, siempre “que no contradigan los documentos y resoluciones básicas” comunes. De manera que cuando se reclama una discusión ideológica, habría que establecer claramente a que se está refiriendo. Si lo que se pretende es que los marxistas leninistas dejemos de serlo, o que los cristianos abandonen su cristianismo, o cosas por el estilo, seguramente será un debate inútil. La ideología (en una de sus definiciones posibles) es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una colectividad o una época. Y ese conjunto de ideas cuenta con dos características principales: se trata de una representación de la sociedad y presenta un programa político. Es decir, reflexiona sobre como actúa la sociedad en su conjunto y, en base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal. Pero la ideología tiende bien a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Y ahí sí hay elementos a discutir entre los frenteamplistas.
DE QUE LADO ESTAMOS
Hoy, mientras escribo estas líneas, estuve leyendo una noticia que señala: “780 mil niños podrían morir por hambre en Somalia”. También estuve leyendo acerca del dinero invertido en salvar al sistema financiero ante la crisis mundial, y aunque son cifras que ya han sido dramáticamente superadas (y lo serán aún más), asustan. En septiembre del 2009 se estimaba el paquete de rescate en 17 millones de millones de dólares. Y Manfred Max-Neff, economista y ambientalista chileno, ganador del Premio Nobel Alternativo de Economía se preguntaba lo siguiente: “Qué pasa si dividimos los 17 trillones de dólares por los 30 mil millones de dólares anuales que estima la FAO para superar el hambre en el mundo. Si hacemos esa simple división los resultados que se obtendrían será de 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Se nos había dicho que no había el dinero para resolver la pobreza. Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza y de repente, de la noche a la mañana hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza”. Creo que difícilmente se puede concebir una realidad más obscena y más repugnante.
Y es bueno entonces discutir si el FA quiere conservar el sistema social, económico, político y cultural existente, o si lo que pretende es transformarlo radicalmente en otra cosa diferente, en una sociedad en donde esas cosas no sean posibles. Decimos esto porque el mismo día que leímos esas noticias, leímos opiniones de compañeros frenteamplistas de este tenor: “El capitalismo, pese a nuestros pronósticos, ha triunfado”. En ese sentido, nos parece correcto el planteamiento de un artículo reciente del semanario Brecha: “…a más de 40 años de vida la interrogante es cuál es el proyecto estratégico del Frente. Cuál es el modelo de país que pretende. Si su horizonte es administrar el capitalismo o tiene un proyecto distinto, que sin ser socialista busque alternativas a una realidad donde el mercado es, básicamente, el asignador de recursos y la inversión extranjera directa casi exclusivamente el motor de la economía, relegando el rol del Estado. Contradicción que el propio Mujica esbozó cuando aseguró que en el Frente conviven fuerzas "socializantes y apenas progresistas".
DISCUTAMOS LO ESENCIAL
De manera que si esa es la discusión ideológica que se quiere dar, estamos totalmente de acuerdo. Queremos discutir acerca de las definiciones que están presentes en la conformación del Frente Amplio y de lo que significan esas definiciones para los frenteamplistas. ¿Qué significa ser antiimperialista? ¿Es compatible el antiimperialismo con la firma de un TLC con el propio imperio, o con protegerle las inversiones? ¿Somos solidarios con la Revolución Cubana, sometida al peor de los cercos durante décadas por parte del imperialismo? ¿Qué significa ser antioligárquicos? ¿Cómo se compagina esa definición con el hecho de que la riqueza en nuestro país está cada vez más concentrada? ¿Somos artiguistas? ¿Qué significa ser artiguistas, y aquello de “que los más infelices sean los más privilegiados”, con la realidad de que más de la cuarta parte de las tierras del Uruguay están en manos de extranjeros? La apertura de los últimos años a la inversión extranjera en el campo ha provocado un desarrollo del denominado agronegocio, grandes empresas trasnacionales sojeras y forestales -entre otras- que posibilitó la concentración de la tierra en manos de estas trasnacionales. Las forestales tienen bajo su propiedad más de un millón de hectáreas, en tanto que la soja transgénica ocupa otro millón. Buena parte de ese proceso concentrador y extranjerizante se ha dado durante nuestro gobierno, y sería bueno dar una discusión ideológica acerca de ello.
Hablamos de un país productivo con justicia social, pero no sabemos bien que es lo que significa para la mayoría del FA. Quisiéramos discutir el desarrollo a largo plazo, nos gustaría discutir el perfil del país productivo más allá de lo coyuntural, más allá de los buenos precios de las materias primas producto de la especulación de los grandes capitales, y más allá incluso de si esa materia prima es un pedazo de carne o mineral de hierro o lo que sea. Y de cómo la riqueza producida por ese país llega de mejor manera a quienes la producen, que no son otros que los trabajadores
Cosas que uno tenía asumidas como fuera de discusión, tal vez tengan que volver a ser discutidas: ¿es posible que una fuerza política de izquierda canjee derechos humanos por votos? Como dijera Jorge Mazzarovich hace unos días, en el aniversario del Moncada: ¿cambiaremos la solidaridad con Cuba por unos miles de votos? Y tal vez debamos en ese proceso de discusión analizar como es posible que ahora nuestros proyectos de ley cuenten inmediatamente con los votos de la derecha y con la misma inmediatez sean cuestionados desde adentro del FA. O que los economistas Javier de Haedo y Jorge Caumont, el abogado y ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, y empresarios consultados aplaudan el retiro del subsecretario de Economía que tenía diferencias con la política económica, y reciban con alegría la continuidad de la misma.
Coincidimos con los compañeros en cuanto a la necesidad de algunos debates esenciales, sobre aspectos ideológicos y sobre aspectos de funcionamiento, y también sobre otros aspectos que no señalan pero que nos parecen de una importancia mayor aún, como lo son el relacionamiento fuerza política – gobierno. El problema es que si no se discute lo esencial, seguiremos dando vueltas como en una noria, sin llegar a ningún lado.

LA SALIDA ES POR LA IZQUIERDA

2011-07-21T19:48:00.000-07:00

En abril del año pasado, comentamos una audición radial de nuestro presidente Mujica acerca de la importancia de las Fuerzas Armadas en la sociedad. En esa audición, el presidente dijo: “ningún economista del mundo” puede garantizar que no habrá una nueva crisis mundial como las que se dieron a lo largo de la historia. “Es prudente que pensemos que eso que ha pasado puede volver a pasar y nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cual es la última garantía de una sociedad para asegurar la democracia de derecho?”, interrogó; y él mismo se respondió: “la gran garantía es que los cuerpos armados en la hora de las tensiones sociales defiendan la estabilidad institucional”.
Y decíamos entonces: “Es verdad lo que dice Mujica acerca de las crisis mundiales. Es más, lo que se puede garantizar es que sí habrá nuevas crisis, mientras el sistema capitalista siga existiendo. Ahora bien, la respuesta que se da a su propia pregunta, de ninguna manera es compartible. La última garantía para asegurar la democracia es que esté asentada sobre bases sólidas, en las que el pueblo consciente y educado para la democracia, sea el verdadero protagonista y el más interesado en defenderla”. Y dábamos un par de ejemplos, entre ellos el de Venezuela 2002, donde las cámaras empresariales, junto a sectores de la iglesia y con el apoyo de los EEUU, dan un golpe de estado, el que es ejecutado por los militares, y quien defiende la democracia -y sale a las calles a hacerlo, desafiando a las fuerzas armadas- es el propio pueblo, y Uruguay 1973, en donde un gobierno sin pueblo que lo apoyara se quedó solo y él mismo se transformó en golpista. Hoy se podrían poner ejemplos más recientes, tanto de Europa como de África, en donde la garantía de la democracia ante las crisis han sido los pueblos y no los ejércitos. Abundábamos luego en la necesaria depuración de nuestras Fuerzas Armadas para que también jugaran un papel en defensa de la democracia.
LA CRISIS Y NOSOTROS
Yendo un poco más atrás, en diciembre de 2009, analizábamos la política económica del nuevo gobierno que se instalaría el primero de marzo, y decíamos: “…en el marco internacional de crisis que describíamos, el segundo gobierno del FA está en mejores condiciones para enfrentar el escenario adverso (debido a los logros obtenidos por la actual gestión). Pero sin embargo –advertíamos- es lógico esperar algunas restricciones comerciales, ya que el mundo que se viene en lo inmediato es un mundo que crecerá más lentamente y por tanto demandará menos bienes y servicios. Y no hay que descartar que se presenten problemas, por ejemplo en materia de precios de los productos exportables y de acceso al financiamiento internacional, así como una reducción de la inversión extranjera directa. Como modo de enfrentar estas eventualidades, señalábamos la importancia de la integración regional y continental con los mecanismos que han sido creados (MERCOSUR, ALBA, BANCO DEL SUR, FONDO BOLIVAR ARTIGAS, etc.), de la canalización del ahorro uruguayo hacia la inversión productiva, de la inversión del propio Estado, de la inversión extranjera (en determinadas condiciones), y de las herramientas fiscales”.
Sobre esto último (la inversión extranjera), decíamos lo siguiente: “Pero como hemos dicho otras veces, no somos partidarios de cualquier tipo de inversión. Desde nuestro punto de vista las inversiones extranjeras que queremos son aquellas que estén en consonancia con los objetivos de desarrollo que se fija el país. Hablamos de que las mismas deben venir acompañadas de incorporación tecnológica, empleo calificado y formación de capacidades”. Digamos de paso que esto es algo que también debió ser incluido en la ley de PPP, y que al menos podría estar en la reglamentación de la misma, ya que cierto tipo de inversiones que tienen plazos de 20 o 30 años, nos pueden dejar atados por un plazo mucho mayor debido a la dependencia tecnológica.
Pero hablábamos también de que no podemos basar las expectativas de desarrollo económico únicamente en la inversión extranjera, y que el verdadero desarrollo de la estructura productiva del país se dará en la medida de que se logre canalizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva (los depósitos uruguayos en el exterior duplican lo que Uruguay capta de no residentes) y se logre a su vez la conformación de un sector empresarial nacional que apueste al desarrollo nacional asumiendo los riesgos y las responsabilidades correspondientes.
No estábamos diciendo nada nuevo, por cierto, ni surgido de un programa socialista a ultranza, como a veces algunos suelen señalar ante cualquier propuesta que provenga de nuestro Partido. Esto es lisa y llanamente lo que plantea el Programa del Congreso Zelmar Michelini, cuando dice que “No hay crecimiento, ni aumento, ni mejora de la calidad del empleo sin inversión enmarcada dentro de una estrategia nacional productiva, por eso promover y desarrollar las mismas, incluida la estatal, es requisito necesario y fundamental para el logro de los objetivos planteados en el programa del FA. La inversión global puede y debe crecer a partir de reorientar el ahorro nacional, en sus diversas formas, hacia el desarrollo de la inversión interna. También es clave que el estado fije un conjunto de parámetros de negociación para lograr la efectiva contribución de la inversión extranjera al proceso de desarrollo nacional.”
NO ESTAMOS SOLOS
Hemos advertido reiteradamente sobre la posibilidad de que la crisis económica mundial nos afecte, y por cierto no hemos sido los únicos. El propio Danilo Astori, cuando ya no era ministro de economía, a fines del 2008, decía en Radio Carve: “…la crisis se va a hacer sentir pero en lo que concierne al comercio…el comercio uruguayo se va a ver afectado si caen los precios de las exportaciones o por la desaceleración de la inversión”.
Ahora es el propio ministro de economía, el compañero Fernando Lorenzo, quien alerta sobre la posibilidad de que la crisis se acerque por estas costas.
La semana pasada, un artículo de El País decía: “El Gobierno advierte un escenario "incierto" con "riesgos y peligros". Y luego desarrollaba la noticia así: “El gobierno puso las barbas en remojo por la crisis financiera en Europa. El ministro Fernando Lorenzo dijo que el panorama es "mucho más incierto" e imposible de controlar para un país como Uruguay, por lo cual advirtió: "nos va a impactar".
Lorenzo advirtió que se atraviesa un escenario internacional "mucho más incierto", con "más riesgos y peligros", del que hay que tomar conciencia y cuya resolución "está fuera de nuestro control", pero "nos va a impactar".
SALIR POR LA IZQUIERDA
En el Programa del FA, hacemos referencia a la crisis del 2002, y decimos: “Es claro que los gobiernos de la época no supieron o no quisieron tomar las medidas necesarias para enfrentar y preparar al país para las situaciones que era previsible se iban a producir. Bastaba observar la evolución de las economías de la Región para ver que se incubaba una crisis que iba a impactar a todas nuestras sociedades, causada por la aplicación de recetas que sólo sirvieron para aumentar las desigualdades, la exclusión social, el deterioro del aparato productivo y la vulnerabilidad de nuestras economías”.
Por eso unimos estas cuestiones a lo del principio. Las tensiones sociales que inevitablemente se producen ante las crisis del capitalismo no se resuelven con los ejércitos. Tampoco se resuelven con las recetas de los organismos internacionales que se imponen por estos días y que están siendo aplicadas sin miramientos por la socialdemocracia y la derecha europea. Esas recetas descargan el peso de la crisis sobre quienes producen la riqueza y nunca ven los frutos, sobre las espaldas de los trabajadores y jubilados, mediante el recorte de los gastos sociales, de los salarios y las jubilaciones, etc. Ese camino solo lleva a mayores sufrimientos para el pueblo.

UNIDAD DE ACCIÓN, SI

2011-07-14T21:07:00.000-07:00

Algunas notas periodísticas de los últimos días titulaban: “Falta de unidad de acción del Frente Amplio amerita una discusión ideológica profunda”
Y luego, la información decía que: “El Presidente Mujica se reunió con el vicepresidente Astori para tratar la falta de unidad de acción de la bancada del Frente Amplio en la votación del proyecto de ley de Participación Público Privada. Astori expresó que "este tipo de hechos impacta en el gobierno, ya que muchas decisiones dependen del apoyo parlamentario”. Y luego agregaba: “A nuestro juicio, el hecho dejó una consecuencia negativa para el Frente Amplio, ya que no se tuvo unidad de acción”, expresó el vicepresidente luego de la reunión.
Uno no puede dejar de coincidir con los compañeros Mujica y Astori; es absolutamente cierto que la falta de unidad de acción amerita una discusión ideológica profunda. Como bien dice nuestro vicepresidente, la falta de unidad de acción deja consecuencias negativas para el Frente Amplio.
Y es que el FA ha basado su accionar histórico justamente en ese factor, que ha sido clave en la continuidad del proyecto político de transformaciones profundas para este país. Los sectores que en su momento conformaron el Frente Amplio, tenían diferentes visiones sobre determinados temas, pero acordaron en la mayoría de las cosas que se comprometían a llevar adelante.
UNIDAD EN TORNO A UN PROGRAMA
Una de las claves de la unidad de acción, es que esa unidad esté basada sólidamente en acuerdos programáticos. A nadie escapa que la izquierda históricamente ha tenido coincidencias en los grandes temas que hacen al avance en democracia hacia mejores condiciones de vida para el pueblo, y que suele haber puntos de vista, enfoques, matices, y hasta profundas diferencias a la hora de las propuestas concretas. Una vez que llegamos al gobierno, este asunto se complicó, porque ahora había que llevar adelante aquello en lo que aparentemente estábamos de acuerdo, y entonces los desacuerdos instrumentales pasan a ser el centro de la cuestión. Esto ha sido una constante histórica en la izquierda, y desconocerlo es hacerse trampas al solitario. La forma de resolverlo, es el respeto de los acuerdos programáticos y la discusión amplia y fraterna de las medidas concretas. Discusión que –en algunos temas- no puede darse en los ámbitos cerrados del gobierno ni en el de la bancada parlamentaria, sino que debe ser amplia y profunda y en los organismos de la fuerza política. La presentación de proyectos surgidos no se sabe donde, y presentados en sociedad en consultoras extranjeras antes que en la fuerza política, no es un buen método para llevar adelante un gobierno del Frente Amplio. Quienes integramos esta fuerza política nos merecemos otra cosa. Vale recordar por ejemplo que el proyecto que se quería llevar adelante en el período anterior, sobre independencia del Banco Central, ni siquiera fue elaborado por los técnicos (muchos y muy buenos) de nuestra fuerza política.
UNIDAD SIEMPRE
Sucede que algunos compañeros que hoy están conmovidos por la falta de unidad de acción, y aparecen como los adalides del respeto a las resoluciones del FA, son justamente quienes han sido menos proclives a respetarlas. Quienes hoy se preocupan de la falta de unidad de acción del FA, son quienes en 2005 llevaron adelante un Tratado de Protección de Inversiones con el imperialismo (recordemos que el PCU tampoco votó en esa instancia), Tratado que no estaba ni por asomo en el Programa del FA. Son los mismos que luego, impulsaron contra viento y marea un TLC con EEUU, que expresamente el Programa del FA rechazaba. Son los mismos que elaboraron una reforma tributaria que no seguía los lineamientos básicos del FA (que pague más el que “tiene” más), sino un lineamiento propio: que pague más el que “gana” más. Son los mismos que al otro día del Congreso “Zelmar Michelini” manifestaron abiertamente su oposición a todo lo que allí se había resuelto. “El Espectador” señalaba al otro día del Congreso: “El precandidato presidencial del Frente Amplio (FA) Danilo Astori tomó distancia y cuestionó el programa de gobierno que aprobó el Congreso de la coalición durante el fin de semana pasado. Este posicionamiento del líder de Asamblea Uruguay significa un nuevo alejamiento respecto a la orgánica partidaria, a la que desacreditó en estos días por no reflejar la opinión del “pueblo frenteamplista” cuando designó como candidato oficial a José Mujica y lo colocó a él en tercer lugar”. Y viniendo más acá en el tiempo, quienes se muestran consternados por la falta de unidad de acción, son los mismos que votaron el día 13 de abril en el senado la ley interpretativa de la ley de impunidad, y pocos días después salieron públicamente a decir que no estaban de acuerdo y que lo que había que hacer era derogarla. Téngase en cuenta que no solo se estaba contradiciendo un mandato de los máximos organismos del FA, sino que se estaba proponiendo modificaciones que determinaban que el proyecto pasara a la Asamblea General, en donde las mayorías eran imposibles de obtener. Son los mismos que días después concurrieron junto al presidente a decirle a los legisladores frenteamplistas que por más que el asunto hubiese sido definido por la fuerza política, por más que estuviera en el Programa definido entre todos, por más que habían sido mandatados por dos veces y por unanimidad a votar el proyecto, ellos pensaban que no debían votarlo. En esa instancia, al parecer, no era tan importante la unidad de acción. Esas actitudes del presidente y del vicepresidente, lograron que un legislador desacatara lo mandatado por la fuerza política (en otras palabras, quebraron la unidad de acción). Y no se los vio demasiado preocupados por la situación a la que habían conducido a la fuerza política, al gobierno y al país. La unidad de acción estaba asegurada en un tema por demás importante como era la ley interpretativa de la impunidad; que llevaba ya más de 25 años de discusión en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en la fuerza política, y que estaba a punto de resolverse. Se había llegado a un acuerdo e incluso se había mandatado expresamente a los legisladores a votar, y se lo había hecho más de una vez, y por unanimidad de todos los sectores y las bases. Y sin embargo, esa unidad de acción que hoy tanto Mujica como Astori parece que aprecian en gran medida, fue minada justamente por esos mismos compañeros. En esa oportunidad, parece que la decisión contraria no “impactaba en el gobierno”, como esta de ahora. Cuestión por demás curiosa, ya que en aquel caso la ley que supuestamente promovía la fuerza política de gobierno resultó rechazada debido a la falta de unidad de acción, mientras que en la oportunidad de la ley de PPP, la falta de unidad de acción no fue ningún obstáculo para que la ley fuera aprobada (el gobierno contó con los votos de la derecha para su aprobación). Sin embargo, preocupa esta ley (que fue aprobada) y no aquella (que no lo fue).
TAMBIEN UN MÍNIMO DE LEALTAD
Y la unidad de acción, no solo requiere acuerdos generales sobre los grandes temas, y discusión amplia, profunda y fraterna sobre los medios para llevar a la práctica esos acuerdos. Requiere también de lealtad política, esa lealtad que algunos reclaman en los comunistas pero al parecer desestiman a la hora de hacer los planteos propios. En diciembre de 2010, los comunistas realizamos nuestro Congreso, y hablamos allí, entre muchas otras cosas, de la necesaria reforma de la Constitución; cuestión que como es sabido está planteada en el Programa del FA. Comentando la apertura del Congreso, la página Espectador.com dice que: “Eduardo Lorier hizo un encendido llamado a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, respondió solicitándole “lealtad” y pidió a los comunistas que si quieren convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (es decir, no es algo que esté en el Programa del FA, al parecer es algo que quieren los comunistas), presenten alguna propuesta concreta para avanzar en el tema. “A mí me preocupa porque yo espero lealtad de los compañeros. Nosotros somos una coalición; un frente no es un partido. Eso también algunos compañeros a veces lo olvidan” habría dicho Lucía Topolansky.
Al parecer, así como ahora hay abanderados de la unidad de acción que no siempre lo fueron, surgen también abanderados de la reforma constitucional (bienvenidos sean). Hace muy pocos días, el diario La República titulaba: Topolansky plantea reforma "total" de la Constitución; y luego dice: “Uruguay podría estar en los umbrales de una total reforma constitucional. La senadora Lucía Topolansky, en ejercicio de la Presidencia, dijo que debería revisarse todo el texto para adecuarla a los tiempos actuales”. “La senadora Lucía Topolansky, en ejercicio de la Presidencia de la República, dijo anoche a LA REPUBLICA ser partidaria de iniciar un proceso que lleve a revisar "toda la Constitución" de la República con el fin de iniciar un proceso de análisis exhaustivo de su contenido y ver qué cosas (de la Constitución) entorpecen, por ejemplo, la acción de un gobierno para así redactar textos alternativos en aquellos que no estén actualizados y no acompasen la gestión". "Una Constitución de primera para un país de primera", agregó. La primera legisladora del país señaló que para lograr ese cometido "sería importante formar una constituyente, como lo proponen algunos compañeros".
También se demuestra lealtad cuando se avisa al sector político que la ministra va a ser removida de su cargo. Si ya se había tomado esa determinación hace más de 25 días (cuando nadie había criticado la gestión del MIDES), no se puede comunicar la decisión en pleno consejo de ministros sin decir agua va.

RESPONSABILIDADES MAYORES (2ª PARTE)

2011-07-01T05:20:00.001-07:00

La derecha de este país pretende solucionar el tema de la “minoridad infractora” -un aspecto más de la lucha de clases-, bajando la edad de imputabilidad. La iniciativa de Pedro Bordaberry busca bajarla a 16 años, pero tiene competidores que no le van en zaga. Rodolfo Sienra Roosen, columnista de el diario caganchero El País, planteó hace pocos días: “Nos afiliamos a la solución inglesa de bajar la edad de imputabilidad al máximo -10 o 12 años- ampliando así el margen a una decisión judicial que cuente con los asesoramientos técnicos adecuados de criminólogos, sicólogos, pediatras y demás especialistas”.
LEYENDAS URBANAS
Quienes apoyan reducir la edad de imputabilidad, se basan en la percepción de que la mayor parte de los delitos son cometidos por menores. Casi siete de cada diez uruguayos creen que la mayoría de los delitos son cometidos por menores de edad. El punto es que esta visión es equivocada. Aunque no se puede medir con precisión el tema, la cantidad de delitos cometidas por menores de edad es una minoría (probablemente cercana a la cuarta parte) y no la mayoría.
Es común escuchar que los menores no van a la cárcel, y eso está muy lejos de ser cierto. Cuando un menor comete un delito, el mismo es privado de libertad. No van a una cárcel para mayores, sino que son internados en un complejo de centros de internación dependientes del INAU, que por otra parte son tan cárceles como las de los adultos con problemáticas similares. Los Adolescentes ya son responsables por sus delitos, lo son desde los 13 años. Y ya son castigados con sanciones privativas de libertad. ¿O quienes promueven esto ignoran que existen una decena de cárceles para adolescentes? El único cambio podría radicar en el hecho de que irían presos a una cárcel de adultos. Solo eso significa la rebaja de la edad de imputabilidad, llevar a adolescentes a convivir en cárceles de adultos.
También se dice que las sanciones son muy leves, pero esto no es así, si lo vemos en relación a la edad al momento de detención y lo comparamos con un adulto en las mismas circunstancias. Si un adulto de 30 años es detenido y va preso por 3 años, se trata del 10% de los años vividos por esa persona, en tanto un adolescente de 15 años que va preso también por 3 años, significa el 20% de su vida. Y por cierto que hay que tener en cuenta la importancia que tiene ese tiempo privado de libertad para un caso y para el otro, ya que el adolescente está en pleno desarrollo. Si ese período de privación de libertad se transformara en un simple castigo, estaríamos profundizando su inadaptación, mientras que lo que tenemos que desarrollar son experiencias socializadoras y educación. Por eso es que el Código de la Niñez y Adolescencia establece la pena máxima en 5 años, porque lo que está en juego es la edad en el momento de la internación.
No es cierto tampoco algo que se repite un día sí y el otro también: la policía los detiene y los jueces los largan. Hay que tener en cuenta que la Convención Internacional de los derechos del Niño dispone que la retención en centros de internación debe ser la última alternativa, priorizando a las medidas socio-educativas no privativas de libertad. Por lo tanto, el tiempo que los menores están recluidos luego de ser detenidos, dependerá de aspectos de carácter socio-económico-cultural (pobreza, educación, familia, etc.).
Podría decirse que nuestra legislación está atrasada, y que nada puede hacerse con ella, y de hecho es otro de los mitos que se difunden. Sin embargo, nuestro país cuenta con un marco jurídico aceptable y que se puede equiparar a los estándares internacionales más avanzados. La justicia recurre en la mayor parte de los casos a la privación de libertad, depositando adolescentes en centros de internación y no logrando su objetivo de rehabilitación, y tal vez sea allí en donde haya que trabajar más, en el sentido de aplicar otras medidas correctivas.
Se habla a menudo del derecho comparado (para promover la tolerancia cero), pero se comparan sociedades desarrolladas con sociedades como las nuestras, con los altos niveles de pobreza e inequidad (resultado de las políticas de los mismos sectores que proponen estas soluciones).
LA GENTE RECLAMA SEGURIDAD
Sin duda, pero la gente también reclama mejores salarios, trabajo digno, educación, vivienda, el juzgamiento de los violadores de los derechos humanos y tantas cosas más. Sin embargo, cuando fueron gobierno, los partidos que hoy proponen estas medidas hicieron muy poco para dar respuesta a todos estos reclamos de la gente. Llenar las cárceles es infinitamente más sencillo que atender los problemas de fondo.
Pero además, el encierro de los menores solo posterga el problema para más adelante, cuando va a ser más difícil aún solucionarlo. El niño que es enviado a la cárcel luego de cometer un delito, y encerrado por el mayor tiempo posible, algún día será liberado, y si el encierro no lo preparó para la libertad (educación, formación laboral, responsabilidad, recomposición de vínculos familiares), y en cambio se lo sometió a un trato inhumano en un sistema carcelario absolutamente desbordado ¿qué podemos esperar de él?
Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante, es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables (¿cuántos violadores de los derechos humanos andan sueltos? ¿y los que están presos, en qué condiciones lo están?). Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
NO ES LA SOLUCIÒN
La baja de la edad de imputabilidad no es la solución. El endurecer las penas, el hacer imputables a los niños, no va a resolver el problema de la inseguridad. Solo va a reducir la presión que ejerce un segmento de la sociedad. Solo apunta a descomprimir la inmediatez y exigencia mediática y a captar apoyo electoral.
Como señalamos en la nota anterior, gran parte del problema radica en las profundas desigualdades sociales de estos tiempos. El único asesino serial, que anda suelto por las calles del mundo es el hambre y la malnutrición, matando 26 mil niños por día. La disyuntiva es también aquí entre dos proyectos diametralmente diferentes. Uno que propone convertir el sistema de justicia en un instrumento contra los pobres, utilizar la represión para apartar a los menores pobres; otro que propone la implementación de políticas sociales que otorguen posibilidades de inclusión social, que apuesta otra sociedad, más democrática y con mayores niveles de equidad.
No hay rehabilitación posible sin políticas sociales que apunten a reducir la inequidad, si no hay políticas de empleo que habiliten la integración social de los pobres y entre ellos de los jóvenes pobres, cuestiones que hoy en día está llevando adelante el gobierno de nuestra fuerza política. No se rehabilita profundizando la exclusión e inadaptación, sino al contrario, haciendo que el joven se responsabilice por sus actos, garantizando sus derechos, y manteniéndolo socialmente incluido.
El problema de la delincuencia juvenil no se puede reducir al facilismo "los sacamos de las calles, los encerramos". Estamos hablando de ciudadanos, que tienen derechos, y que son parte de la generación de recambio de nuestro país. O trabajamos desde la perspectiva de Derechos para la promoción social o generamos mayores niveles de exclusión, y con ello seguramente cosechemos una sociedad más violenta e insegura para nuestros hijos.

RESPONSABILIDADES MAYORES (1a.parte)

2011-06-23T20:11:00.000-07:00

Nosotros, por formación teórica, tenemos como método analizar los temas yendo de lo general a lo particular. Esto es: ver el contexto más general en el que vamos a encuadrar el problema particular. Y el tema de la baja de la edad de imputabilidad, no puede ni debe analizarse fuera del contexto mundial, regional y del país.
Es insoslayable ubicar este problema concreto en medio de la más profunda y extensa crisis, la que más responde a cuestiones estructurales y no meramente cíclicas, que haya vivido el capitalismo como modo de producción. Está en cuestión el sistema de producción, y todas las teorías burguesas se resquebrajan: el neoliberalismo, el keynesianismo, el neo desarrollismo, la socialdemocracia. Ninguna puede acertar en la explicación de la crisis, ni tampoco en un programa de salida para su resolución.
Pero esta descomunal crisis que afecta a todo el sistema, conduce naturalmente a la elevación de la lucha de clases, al crecimiento del descontento social, y a fenómenos de descomposición social muy variados.
Esta es una parte del gran escenario económico mundial que se desarrolla sobre la base de la crisis estructural del capitalismo. Cada cosa que sucede en esa escala, impacta en nuestro país, y nos seguirá impactando, aunque muchos no sean conscientes de ello.
LAS CULPAS DE LOS MAYORES
Y lo importante que tenemos que tener presente, es que esta estructura económica de las formaciones capitalistas no logra resolver el hambre extrema de más de 1.000 millones de personas, mientras otros 1.500 millones sobreviven con apenas dos dólares al día.
Por lo tanto, las causas que explican esta situación, pueden reducirse a una: la sobrevivencia de un sistema capitalista de producción que, dominando absolutamente el planeta, arribó a sus propios límites y no puede resolver los problemas fundamentales de la humanidad.
James Wolfensohn, ex presidente del Banco Mundial, señaló en una reunión del Grupo de los 8 (G 8): “si no se resuelve el problema de la pobreza, nadie tendrá paz, pues 5.000 millones de los 6.000 millones de habitantes del planeta viven en países del Tercer Mundo”.
Esta tremenda pauperización contrasta con la ostentación de riqueza concentrada en una cúspide de 1.220 personas y familias en el mundo que poseen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares en cada caso.
En esta situación que venimos describiendo, no hay absolutamente nada, vamos a decirlo muy claramente: NADA, que pueda ser adjudicado a los menores de edad. Esta realidad planetaria que venimos describiendo, es en su totalidad, una obra pura y exclusiva de los mayores. Menos aún podremos adjudicar algún grado de culpa a los menores pobres. Podríamos hasta especificar que este mundo injusto e inhumano que describimos es obra de mayores, y de mayores de buena posición económica, puestos que son quienes deciden el rumbo de las economías de los países.
Los niños, nada tienen que ver con esto. Muy por el contrario, la pobreza –esa pobreza generada por los mayores- es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo. El hambre y la malnutrición, la falta de agua potable y de atención sanitaria, enfermedades como la neumonía o la diarrea -curables con unos pocos pesos- matan 26.000 niños menores de cinco años al día, casi todos en los países empobrecidos (que no pobres).
Mayores que tienen en sus manos la solución de estos temas, son quienes permiten que estas muertes se sigan sucediendo día tras día. No hay ninguna responsabilidad de los menores de edad en ello. Hablamos de mayores que son responsables de la muerte de 26.000 niños al día.
Quisiéramos ver a algunos, que salen raudamente a recolectar firmas para bajar la edad de imputabilidad y condenar a niños por rapiña, quisiéramos verlos recolectar firmas para condenar a estos mayores que asesinan 26.000 niños por día, y que condenan al hambre y la miseria a 2.500 millones de personas en el mundo.
Pero no es solo el problema del hambre y la pobreza. En el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines sexuales o se los usa en la industria de la pornografía infantil; una industria multimillonaria basada en la privación a los niños de sus derechos, de su dignidad y de su infancia. Explotación sexual que condena a los niños a una de las formas más aberrantes de trabajo infantil, que amenaza su salud mental y física y todos los aspectos de su desarrollo.
En este momento, sólo en la India, entre 270 mil y 400 mil menores están siendo prostituidos; en Tailandia 80 mil menores, de los cuales 60 mil no alcanzan los 13 años de edad; en Indonesia el 20% de las mujeres explotadas sexualmente son menores de edad. Pero cosas similares suceden en las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá, en donde se prostituye a cerca de 100 mil menores (20 mil en la ciudad de Nueva York). Al menos otros 100 mil son explotados en la "industria" de la pornografía infantil.
La realidad es que la mayoría de los niños y niñas explotados termina muriendo de SIDA, tuberculosis u otras enfermedades como consecuencia de las relaciones que son obligadas a mantener. Quienes promueven y hacen toda esa basura, quienes lucran con ello y además la consumen, no son niños. Son mayores de edad.
POR ESTOS PAGOS
En América latina ha habido avances importantes en los últimos años. Según la CEPAL, la pobreza en la región se redujo 11 puntos entre 2002 y 2008, pero hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza. De ese total, el 18 por ciento habita en condiciones de pobreza extrema (32 millones).
Y viniendo a nuestro país, digamos algo que no puede ser obviado al referirse a este tema: El 50 % de los menores de 18 años viven en condiciones de pobreza. El informe de la CEPAL que mencionamos dice que “Pese a esta reducción, los niveles de pobreza en la región siguen siendo elevados, afectando principalmente a mujeres y niños. En particular, Uruguay se ubica entre los países con mayor grado de infantilización de la pobreza, estimándose que la incidencia de la pobreza en los niños uruguayos es tres veces mayor que en el resto de la población”.
En Uruguay, la pobreza infantil aumentó en forma sistemática desde 1986, entre otras razones porque sucesivos gobiernos no supieron aprovechar los mejores momentos económicos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En 1986, había dos niños pobres por cada adulto mayor de 65 años pobre. En 1995, esa relación pasó a siete niños por cada adulto y en 2003 a nueve niños por cada adulto.
En 2002, la pobreza afectaba al 24% de la población uruguaya; sin embargo, el 47 por ciento de todos los menores de seis años vivían en un hogar pobre. Esto equivalía a 104.000 niñas y niños de esa franja de edad sin acceso suficiente a alimentos, bienes y servicios básicos en este país de 3,3 millones de habitantes.
Cuando estos niños hambreados y explotados de todas las maneras posibles por los mayores, se transforman en delincuentes, ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ocultamos nuestra responsabilidad y los estigmatizamos?
La solución de fondo a los problemas de esta, nuestra sociedad -problemas de absoluta responsabilidad de los mayores- pasa por cambiar radicalmente a la propia sociedad, al sistema imperante que genera estas abominaciones. Porque en el fondo, se trata de un aspecto más de la lucha de clases. El plebiscito que se promueve desde la derecha más rancia de este país, no apunta a combatir los delitos cometidos por los menores. No se basa en un estudio serio de la problemática que estamos analizando, sino apenas en una serie de mitos sobre el tema. Mitos que abordaremos en nuestra próxima nota la semana que viene.

DISPAREN CONTRA EL FA

2011-06-16T19:44:00.000-07:00

El Semanario Voces entrevistó a Eduardo Vaz, al que definen como “una de las caras visibles de las Redes”, profesor de matemáticas y “un agudo analista de la realidad”. También dicen que, “su pasado de militancia comunista le ha dejado la impronta del análisis marxista, que utiliza como un método para ver el mundo”.
Por más que leímos y releímos la entrevista, no encontramos ningún elemento que nos haga pensar en que Vaz esté analizando la realidad con un método marxista. Entre otras cosas, porque lo que trasluce su forma de pensar es una negación de la capacidad del ser humano de modificar la realidad, negando la potencialidad transformadora del materialismo dialéctico. El materialismo histórico es ante todo un método de análisis y de transformación de la realidad social, no un instrumento para comprenderla y ver como nos adaptamos a ella.
SIEMPRE SUCEDIÓ ASÍ
Dice por ejemplo Vaz -refiriéndose al proceso reciente del proyecto interpretativo de la ley de impunidad-: “Parece que en la izquierda existe un pensamiento mágico, casi infantil, porque después que el presidente en un país como Uruguay dice que esto no va, pensar que va a salir es desconocer toda la historia política uruguaya”. Según el análisis “marxista” de Vaz, si el Frente Amplio elabora una estrategia (conjuntamente con el Poder Ejecutivo, digámoslo de paso), la sigue fielmente, y cuando está a punto de culminar el proceso viene el presidente y dice “esto no va”, entonces hay que hacer lo que ordena el presidente. ¿Por qué? Muy sencillo, porque así ha sido durante toda la historia de la política uruguaya; punto. Marxismo puro y duro.
No son estas las únicas cosas que hay que aceptar como son. Vaz nos dice por ejemplo: “Hay un reportaje a Jorge Saravia en Brecha, donde este afirma que si los dirigentes del Frente no entienden que ellos son blancos y que hicieron un acuerdo con Mujica para un proyecto de país para esta etapa, que no son izquierdistas fundacionales, sino que siguen siendo blancos, es porque no entienden nada”. Entonces al parecer todo el FA debería hacer lo que dispone Saravia, porque hizo un acuerdo con el presidente. No importa si eso va contra el proyecto histórico del FA, no importa incluso si lo que quiere Saravia va contra lo que estableció el FA en su programa. Para Vaz “Hay un núcleo ideológico que intenta aferrarse a una concepción del pasado que fue superada por la historia”. Lo nuevo es lo de Saravia, y el problema es ese núcleo ideológico, eso es lo que frena el desarrollo del FA.
Este seguidismo a lo que dicen o mandan los líderes, o los jefes, no solo se manifiesta aquí, sino que más adelante Vaz lo expone en una forma aún más contundente: El entrevistador dice: “En el período pasado todos nos quejamos de que no se le dio bola a la fuerza política, que era un apéndice de Tabaré. Ahora se le trata de dar participación y se arma este lío” (le faltó decir: para que no se arme lío lo mejor es no darle participación a la fuerza política). Y Vaz responde: “Los líderes del Frente Amplio, sobre todo Mujica y Tabaré no lo son por designio divino, es por la capacidad que tienen de hacer política. ¿Y Tabaré como resolvió el asunto? Poniendo a los jefes en el gabinete y esa era la verdadera mesa política del Frente Amplio. Los pesos pesados de la izquierda, los que cortaban el bacalao, los que lo cortan siempre, estaban en la misma mesa con Tabaré Vázquez. Resolvió la conducción del ejecutivo y de la fuerza política en la misma reunión, era fantástico aquello. Tabaré lo tenía muy claro, la orgánica del Frente Amplio era imposible que resolviera la política gubernamental y se aseguró el mando político teniendo a los jefes consigo”. Esta es la solución fantástica para Vaz. Un lugar en donde estén los jefes, los que cortan el bacalao, junto al gobierno, decidiendo, y sin una molesta fuerza política que se inmiscuya en lo que no le corresponde. Claro, esto seguramente haría desaparecer al Frente Amplio como tal, y uno se pregunta como harán esos jefes para volver a ser gobierno sin una fuerza política que los respalde. Pero Vaz tiene la solución: una agencia publicitaria y las redes.
NOSOTROS SOMOS LA SOLUCIÓN
Para este “agudo analista de la realidad”, “El Frente Amplio como herramienta mostró todo su potencial y ahora está mostrando ser el principal freno a un proyecto progresista y de izquierda en el Uruguay”. Y solo se salvan dos cosas: “Hay que ver los hitos que nos marcan, el congreso del Frente, las elecciones, la pobrísima campaña electoral. ¿Donde estuvieron los dos grandes aportes? En la publicidad que hizo una empresa y en las redes. La estructura quedó totalmente al margen”.
Es decir, desde el año 2008 los únicos grandes aportes en lo que tiene que ver con el FA, fueron una empresa publicitaria y las redes. Claro, a su “agudo análisis” le faltan algunos elementos que quizás no aporten mucho, pero que convendría al menos mencionar. Este hombre desconoce por completo cualquier cosa que no sea un banderazo, esto es, desconoce que hubo miles y miles de militantes repartiendo volantes y folletos, hablando con la gente, pintando muros, pegando afiches, pero además organizando todo lo que tiene que ver con la participación concreta en el acto eleccionario, con sus delegados circuitales y generales, con el apoyo logístico desde los Comités de Base, organizando el transporte y la alimentación de los delegados y de quienes atienden las mesas repartiendo las listas, etc. Más allá de eso (que obviamente no lo hicieron ni las redes ni la empresa publicitaria), desconoce cualquier otra cosa que haga la estructura orgánica del FA. Como Vaz ve el mundo a través de una computadora, solo ve lo que hacen las redes. Entonces dice por ejemplo que lo de las redes “Es un camino y en nuestro país mostró su potencial en la campaña electoral. Y no solo ahí, porque hizo un festejo en la rambla por los cuarenta años con miles de personas en la calle, mientras el Frente organizó una reunión cerrada en el Parlamento”. Vaz ni se enteró de los cientos de festejos de todo tipo y color que se hicieron a lo largo y ancho del país (y en el exterior) por parte de los Comités de Base, Coordinadoras y Departamentales del FA. Claro, lo que no pasa por su computadora no existe.
NI TANTO NI TAN POCO
Y hay algunos datos que también hay que poner en el análisis. Por ejemplo, que las redes comenzaron a aparecer sobre fines del año 2004, con el Proyecto Miramar (un grupo de amigos que se reunía en una casa), como lo ha señalado el propio Vaz en entrevistas anteriores. Quiere decir que el Frente Amplio triunfó en las elecciones de 2004, por primera vez en la historia, en primera vuelta y con mayoría absoluta en el Parlamento, sin la más minima participación de las Redes. Ahora bien, reconocemos el aporte de las éstas en las últimas campañas (no vamos a hacer lo mismo que hace Vaz), pero haciendo algunas precisiones. En las internas de 2009 las redes participaron, y sin embargo, fue la peor votación que tuvo el FA desde que éstas se realizan. Las redes también participaron en las elecciones de octubre, en donde fueron la vedette de la campaña, con el banderazo y todo lo demás, pese a lo cual tampoco pudimos ganar en primera vuelta como nos habíamos propuesto (y como habíamos logrado en 2004 sin las redes), y no pudieron evitar que perdiéramos dos diputados. Las redes volvieron a tener una activa participación en la campaña de mayo -en Canelones, integraron hasta el comando más cercano a los candidatos (y esto también lo desconoce Vaz, que dice en la entrevista: “Acá no logramos nunca que se reuniera nadie con las redes formalmente”-y sin embargo perdimos cuatro intendencias y en Canelones bajamos la votación. De manera que ni tanto ni tan poco. Pero hay que tener en cuenta también que así como algunas redes actuaron con una actitud frenteamplista y trabajaron por el triunfo del FA (con relativo éxito, como vimos), otras redes hicieron exactamente lo opuesto, y trabajaron por el voto en blanco. Vaz por cierto que niega esto. Lo que pasa que Vaz es un ignorante de muchas cosas, y dice por ejemplo: “Tenemos un lujo con Canzani…, uno de los grandes cientistas sociales de este país. ¿Qué importa lo que dice Canzani? Nadie le pregunta nada”. Y claro…como es un ignorante no sabe que Agustín Canzani no solo es consultado, sino que está comprometido con la Comisión de Programa del FA de Canelones, compromiso que incluye a la Fundación Líber Seregni.
Son muchas las cosas que habría que decir sobre la nota de VOCES, pero no quiero dejar de mencionar el pobrísimo nivel de los entrevistadores, que más que preguntar parecen inducir constantemente al entrevistado a responder lo que ellos quieren. Preguntas como: "¿Hay una casta burocrática de izquierda enquistada en el Frente?" O la otra: "¿Cómo se llega a esto? Da la impresión que quedamos prisioneros de Puig, el PVP y tres gatos", más que preguntas son afirmaciones que esperan una confirmación por parte del entrevistado. Es el aporte que parece que tienen para hacer estos compañeros. Además del título de la nota: “El Frente es el principal freno a un proyecto de izquierda”.

¿DEMOCRATIZAR EL FRENTE AMPLIO?

2011-06-10T05:59:00.000-07:00

Se ha escuchado mucho por estos días hablar sobre la necesidad de “democratizar” el Frente Amplio. Y cuando se dice esto, se habla de modificar su estructura orgánica y sus estatutos. Y uno no tiene más remedio que preguntarse si cuando se habla de democratizar se está hablando de “hacer democrática una cosa que no lo es”, que sería una posible definición de “democratizar”. Porque si es a esto a lo que se refieren, habría que decir que no estamos en absoluto de acuerdo, y que en este país no debe haber –y seguramente no lo haya en muchas otras partes del mundo- un partido político más democrático que el Frente Amplio. Un frente que contempla en su estructura orgánica la participación de partidos políticos de orígenes e ideologías absolutamente disímiles, junto a ciudadanos independientes, que es coalición y movimiento, pero que además incluye en la participación a todo el universo de votantes de su colectividad. De manera que no aceptamos en absoluto que se diga que el Frente Amplio no es democrático.
Si de lo que se quiere hablar es de la necesidad de “mejorar” la democracia interna del FA, sin duda vamos a estar de acuerdo, siempre es posible mejorar, pueden contar con nosotros para ello. Ahora bien, hablemos entonces de cuáles son las instancias internas que se pueden mejorar en cuanto a su calidad democrática. Porque lo que hemos escuchado hasta ahora parece ir en sentido contrario.
PARA DEMOCRATIZAR
Siempre ha sido un valor apreciado para la izquierda en nuestro país, como señal de democracia, la participación. La fórmula podría ser: a mayor participación, mayor democracia. Por eso decíamos en el año 71, en la declaración constitutiva del Frente Amplio: “Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el proceso histórico. Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos y postulados convenidos. Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política permanente y no la contienda electoral ; al mismo tiempo afrontará unido las instancias comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la disposición de su destino, evitando la actual falsificación de su voluntad. En función de estos principios y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos” (*). (Dicho sea de paso, no pudimos encontrar en la página del FA, entre los documentos fundacionales, la Declaración Constitutiva).
De manera que cuando uno escucha hablar de democratizar al frente amplio, piensa inmediatamente que lo que se busca es una forma de que el pueblo organizado tenga un papel aún más protagónico, dado el sitial que en la izquierda le atribuimos en el proceso histórico. Uno piensa inevitablemente que lo que se busca es profundizar aquello de “la acción política permanente”, el pueblo organizado y participando, haciéndose dueño de su propio destino, y no lo electoral. Y reiteramos, si es de eso de lo que se habla, entonces cuenten con nosotros.
LA POBREZA DE LAS PROPUESTAS
Sin embargo, todavía no hemos escuchado propuestas en ese sentido, y las pocas que se han escuchado parecen ir en el sentido exactamente opuesto, cuando no demuestran un desconocimiento de cómo funciona el Frente Amplio.
Porque por ahí se ha escuchado decir que una buena forma de democratizar el Frente Amplio es que sus autoridades se elijan a padrón abierto, es decir, que puedan votar todos los frenteamplistas. Pues bien, el Congreso, que es la máxima autoridad del FA no puede elegirse en elecciones a padrón abierto puesto que es un Congreso de delegados, que antes de ser electos se reunieron previamente para estudiar y discutir el orden del día y los documentos previos, etc. El órgano que actúa como máxima dirección entre Congreso y Congreso, el Plenario Nacional, ya se elige actualmente a padrón abierto y con adhesión simultánea. Esto es, cualquier ciudadano, cualquier votante, puede presentarse el día de las elecciones internas y participar haciéndose adherente en ese momento. Un adherente de un Comité, si va el 25 de agosto y quiere elegir las autoridades de su Comité, no puede hacerlo si no tiene determinada antigüedad como adherente y si no se encuentra al día en su cotización. Sin embargo, cualquier ciudadano puede elegir el Plenario Nacional, aunque se adhiera ese mismo día y aunque nunca hubiese aportado nada al FA. Pero se plantea como un gran aporte a la democratización del FA que la elección de sus autoridades se haga a padrón abierto (¿?). Algunos agregan que el presidente del FA se pueda elegir también a padrón abierto (hoy lo elige el Congreso). Puede ser, habría que discutirlo, nosotros preferimos que sea elegido en una discusión interna. Elegir el presidente de una fuerza política tiene más que ver con definir el perfil del mismo, por saber si cuenta con el consenso de la mayoría de los sectores, por saber de sus cualidades negociadoras y componedoras, etc. Preferimos entonces que la elección del mismo pase por definiciones internas, antes que por la imposición de una mayoría en una elección, tal vez impuesta por los medios de prensa o por los fabricadores de imagen. Sea como sea, no creemos que aporte a la democratización.
Otra propuesta que anda por ahí, refiere a quitarle representación a las bases en el Congreso. Y aquí estamos en una propuesta que va en el sentido contrario a la profundización de la participación. Si los Comités de Base flaquean, si comienzan a disminuir su participación, entonces, en lugar de analizar las formas para que vuelvan a ser lo que fueron, en lugar de estudiar las formas de hacerlos más habitables, pero también de hacer que sus opiniones sean más escuchadas y atendidas, en lugar de eso, lo que se propone es recortarles su participación en los organismos de dirección. Además, no está muy clara la cuestión en cuanto a contenidos. Porque al parecer todo se resolvería haciendo que el Congreso se componga de mitad bases y mitad sectores. Pero los delegados de base que participan en un Congreso, tienen determinadas exigencias; las asambleas del Comité al que pertenecen deben haberse reunido previamente a discutir los documentos, y los delegados electos tienen que haber participado en esas discusiones; y además, las asambleas deben tener un quórum mínimo, en proporción a la cantidad de adherentes del Comité, entre otras cosas. Estas exigencias ¿correrían también para los sectores? ¿O los sectores simplemente les dirían a sus delegados lo que tienen que votar? Cuestiones que no forman parte de la propuesta pero que hacen al contenido, y no a la forma.
TAMBIEN BOLAZOS
Se ha dicho por ahí, que mientras los legisladores y el Presidente de la República fueron votados por cerca de un millón de personas, la actual estructura del Frente Amplio solo fue votada por menos de 3 mil personas. Cuestión que además de ser falsa, no tiene en cuenta algunas cosas. Es falsa porque la actual estructura del FA no fue votada por 3 mil personas sino por 220 mil. Pero además, no son cosas comparables. No se puede comparar una elección de autoridades nacionales y departamentales, en donde el voto es obligatorio, con una elección interna de autoridades. Si el Frente Amplio tiene un millón de votantes y en la elección interna de sus autoridades participan 220 mil (el 22%), no es algo a criticar, sino todo lo contrario, es algo a exhibir ante el mundo entero como un logro importantísimo. Por poner un ejemplo, el PT de Brasil obtuvo en las últimas elecciones casi 20 millones de votos, pero su presidente fue votado por 500 mil afiliados (2,5%) en las elecciones internas. Sin embargo, muchos se atreven a criticar a ese Plenario Nacional del Frente Amplio, y hasta se ha dicho en forma despectiva que “nadie los conoce”, como si el ser conocido fuera un mérito, como si la virtud más importante de un militante político sea estar en los medios, y no la lucha diaria y constante por las conquistas populares, por mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías de uruguayos.

(*) Las negritas son nuestras

LA COMPRENSIBLE INDIGNACIÓN

2011-06-03T16:10:00.000-07:00

En muy pocos días, diversos hechos que tienen que ver con los derechos humanos, han desatado la indignación de muchos frenteamplistas, los que se sienten además desconcertados y atónitos. Y no es para menos. Los comprendemos, porque también nosotros nos hemos sentido indignados. En primer lugar -y el hecho más notorio- el proceso que culminó en el naufragio del proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad. No vamos a entrar en detalles que todos ya conocemos sobre ese proceso. Pero sí vamos a señalar que de ninguna manera podemos compartir que se acuse a la estructura orgánica del FA, y menos que menos a los Comités de Base, de tamaño desaguisado.
QUE CULPA TIENE EL TOMATE
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros. No puede entenderse de ninguna manera, que se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que en esta lucha contra la ley de impunidad, no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos; fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote. Pero resulta que parece que el problema es “el poder que tienen las bases”, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder. Una conclusión, además de injusta, disparatada.
EL ATAQUE A LA JUEZA MORA
Según el diario El Observador, luego que el semanario Búsqueda informara que la jueza Mariana Mota estuvo en la Marcha del Silencio, organizada por familiares de desaparecidos el 20 de mayo, la Suprema Corte le pidió a la jueza que en 48 horas informe si estaba en el lugar y en ese caso qué hacía allí. Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”.
Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia.
Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces se abstendrán:
1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.
Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.
Mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. Una condecoración más para mostrar en la ONU cuando asumamos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo.
DELITOS COMUNES
Para completar este panorama, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. Si, claro, eso es lo que dice la Corte. Que secuestrar a una persona en otro país con personal pago por el Estado, para luego traerla a nuestro país y someter a esa persona a las más terribles torturas en dependencias del Estado y por funcionarios del Estado, para luego asesinarla (puede ser por ejemplo castrándola y dejando que se desangre), y finalmente hacer desaparecer el cadáver, que un delito como ese, no tiene nada de diferente al robo de una gallina o a una rapiña. La única diferencia es que el ladrón de gallina y el rapiñero van a una cárcel común, a donde van todos los delincuentes, mientras que el secuestrador, torturador y asesino múltiple va a un lugar con todas las comodidades, especialmente acondicionado para él.
Es comprensible entonces la indignación, porque estas cosas que describimos no suceden –como algún distraído podría llegar a pensar- en Honduras, por ejemplo, que hoy día vive bajo una dictadura, o en algún país gobernado por la derecha más reaccionaria. No, estas cosas están pasando en un país considerado ejemplo de democracia en muchas partes del mundo. La confirmación de la impunidad y su profundización en tres actos, sucede en este querido Uruguay, en este país que pagó tan alto precio por la recuperación democrática, en este país que tuvo en su momento el record mundial de presos políticos en proporción a su población. Y bajo un gobierno de "izquierda". Es acá donde suceden estas cosas, en el país que ha sido elegido para presidir el máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Si. Por eso la gente se indigna.

YO TE AUTOCRITICO

2011-06-03T04:58:00.000-07:00

Para algunos, autocrítica parece que significa “criticar en auto”, y cuando hablan de autocrítica cuidado, porque te pueden pasar por arriba. De alguna forma, será porque “van en coche”, ya que cuentan con los grandes medios de comunicación a su alcance, incluso los de la derecha, que gustosamente difunden y reproducen propuestas que, en la estructura orgánica del FA, aparecen mucho tiempo después.
SOBRE EL PUCHO, LA ESCUPIDA
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori, fue el primer dirigente político de primer nivel que abordó los hechos políticos resultantes del fracaso parlamentario, y lo hizo en el marco del discurso que dio al cumplirse 17 años de la fundación de Asamblea Uruguay. Según Astori, el proceso por el cual el FA intentó anular la Caducidad "se destacó por su desprolijidad política y por haber actuado sin objetivos claros”. Dijo que los errores que se cometieron a lo largo de este proceso fueron cometidos por todos los actores “si excepción". Sostuvo además que la interna del Frente Amplio mostró un nivel de contradicción interno muy importante. Y punto. Hasta ahí es lo que uno con un gran esfuerzo puede llegar a suponer que se trata de una “autocrítica”. E inmediatamente después de eso, todas las baterías apuntadas hacia el mismo lugar de siempre: la estructura orgánica del Frente Amplio.
De acuerdo a lo que informa la prensa: Astori habría dicho que hay una distancia muy clara entre lo que piensa y resuelve la estructura frentista y lo que piensa el pueblo frentista. “Luchamos por la democracia en el país y queremos más democracia en el Frente”. La democracia interna de la coalición está cuestionada por la distorsión de las representatividades que existen en la estructura donde pequeños grupos desde el punto de vista electoral tiene un peso muy importante en los organismos de decisión. Como se recordará el Plenario del Frente Amplio, elegido solo por algunos miles de adherentes al FA, obligó a los legisladores, que tiene más de un millón de votos, a que votaron lo que en ese organismo se había resuelto. El Frente Amplio está en una crisis entre su electorado y simpatizantes, su estructura y dinámica interna, sus legisladores y su propia gestión gubernamental. Astori ha llamado a mejorar el clima interno, a dejar de lado reproches y en especial reivindicó el papel de Asamblea Uruguay de la que dijo:” Sobre eso a los integrantes de la AU no hay que explicarles nada, porque nunca fallamos en nuestros 17 años de vida, siempre aceptamos lo que resolvió la mayoría".
CUANDO SE TIENE RAZÓN…
Cuando el compañero Astori habla de “desprolijidad política” y de un nivel de contradicciones importante, no podemos más que estar de acuerdo. Y un solo ejemplo basta para demostrarlo.
El 24 de setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus legisladores. La iniciativa resuelve –decía el artículo- la dificultad de anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que "interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación pueden ser reabiertos. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión. Recuerden también que esto viene vinculado con una demanda que ha sufrido, o ha recibido mejor dicho, el Estado uruguayo en cuanto a acciones referidas al campo de Derechos Humanos".
El 20 de octubre de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. "Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley”.
Argumentación clara y contundente del compañero Astori, que compartimos de principio a fin.
El 12 de abril, y en consonancia con lo anterior, el compañero Danilo Astori levantó su mano en el Senado para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una entrevista en el diario El País, sale a decir: “Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora".
Esto es, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara de Senadores. Y pocos días después concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto.
Sin dudas, no podemos dejar de estar de acuerdo, se trata de enormes desprolijidades políticas y de un nivel de contradicciones importantes. En cuanto a la disciplina partidaria, y a la afirmación del compañero Astori de que “nunca fallamos en nuestros 17 años de vida, siempre aceptamos lo que resolvió la mayoría”, permítaseme relativizarla. La disciplina partidaria implica aceptar la decisión de la mayoría y trabajar por ella; porque si acepto la decisión y luego trabajo en contra… ¿QUE CULPA TIENE EL TOMATE?
Pero lo que no puede entenderse de ninguna manera, es que a raíz del proceso que culminó en la no aprobación del proyecto interpretativo se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos, fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote (ambos pertenecientes a sectores políticos, no a las bases). Pero resulta que parece que el problema es el poder que tienen las bases, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder.

¿QUE HACEMOS CON LA CHANGUITA EN LA ONU?

2011-05-26T20:09:00.000-07:00

Uno de los problemas centrales que afectan al Frente Amplio, y de alguna manera al país y su gobernabilidad, es la relación fuerza política-gobierno. Sobre eso parece no haber dudas. Y el problema ha quedado de manifiesto por enésima vez en el proceso que tiene que ver con la anulación de la ley de impunidad, tal vez en una forma más descarnada y evidente.
Nosotros lo hemos destacado y señalado más de una vez. Y cuando analizábamos el traspié electoral de mayo de 2010, decíamos: “...lo hemos reiterado muchas veces: hicimos un muy buen gobierno; el mejor en décadas –hemos escrito muchos artículos destacando nuestros logros-. Pero cuando lo que estamos analizando es un fracaso, no nos sirve de mucho regodearnos en lo que hicimos bien, porque los ciudadanos que dejaron de votarnos no lo hicieron por nuestros aciertos, sino por lo que hicimos mal. Y lo que sostenemos, es que también hicimos un montón de cosas que no debimos haber hecho, y tuvimos actitudes (desde nuestro gobierno) desconcertantes y contradictorias, algunas veces erráticas, que nos distanciaron del núcleo más militante. Ante estas señales contradictorias, algunos frenteamplistas directamente abandonaron el Frente Amplio. Otros de nuestros militantes, tuvieron como primera reacción irse para su casa, dejaron de militar, y seguramente después, muchos optaron por dejar de votarnos”.
Hoy en día, ese divorcio entre la fuerza política y el gobierno ha quedado aún más en evidencia, pero ha traído a la superficie otros divorcios que generalmente no son tan visibles, como el que a veces existe entre las bases del Frente Amplio y sus dirigentes.
TERMINAR CON LA RABIA
Algunas versiones de prensa (que generalmente no tienen nada de objetivas ni de inocentes), y algunas declaraciones de compañeros del Frente Amplio, nos preocupan sobremanera, porque están indicando que tienen una lectura de la realidad absolutamente sesgada, y que lo que pretenden es matar al perro para que se termine la rabia.
Una nota de UY.PRESS del 23 de mayo pasado, titulaba: “Frente Amplio camina hacia un cambio en su funcionamiento”. Y luego agregaba: “La secuencia de hechos políticos que enfrentaron a las estructuras del oficialismo, con su bancada legislativa y el Gobierno, es tema de análisis y ya se manejan varias propuestas de cambio”. Es decir, hay una fuerza política que llega al gobierno y obtiene mayorías en el Parlamento. Es esa fuerza política la que puso a los gobernantes en el sitio de gobernantes, y es esa fuerza política la que puso a los parlamentarios en sus bancas del Parlamento. Pero cuando no coincide lo que decide la fuerza política con lo que hacen los gobernantes entonces parece que lo que hay que modificar es la fuerza política. Toda una teoría. La fuerza política elabora un programa de gobierno, y con ese programa sale a dar batalla para obtener el gobierno. Cuando obtiene el gobierno y debe cumplir con sus promesas, y no las cumplen quienes deben hacerlo (el gobierno y los parlamentarios), se saca como conclusión que lo que hay que modificar es la fuerza política. Tal vez para que lo que esta decide empiece a coincidir de una vez por todas con lo que quiere el gobierno.
La nota de UY.PRESS, por otra parte, argumenta con una enorme falacia, y dice: “En tanto los legisladores y el Presidente de la República fueron votados por cerca de un millón de personas, la actual estructura del Frente Amplio solo fue votada por menos de 3 mil personas”. Omite decir, claro, que la papeleta rosada por el SI, en el plebiscito de 2009, obtuvo más votos que los legisladores del FA. Pero además, inventa una cifra de 3 mil que habrían sido los que votaron la actual dirección del Frente Amplio. El Plenario Nacional actual, máximo órgano del Frente Amplio entre Congreso y Congreso, órgano que decidió mandatar a los Parlamentarios de su fuerza política a votar el proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad, integrado además por todos los sectores representados en la bancada parlamentaria del FA, es el surgido de las elecciones internas de 2006, en las que participaron más de 220 mil frenteamplistas. Menuda diferencia la que hay entre 3 mil y 220 mil.
Dice también la nota: “Como se recordará, los grupos más numerosos del Frente Amplio, el MPP y Asamblea Uruguay junto con Alianza Progresista propusieron la fórmula de salida al tema de la ley de caducidad de derogar hacia adelante y anular actos administrativos hacia atrás”. Habría que decirle al autor de la nota (o a quién le dijo que escribiera eso), que esos mismos grupos numerosos mandataron a sus propios legisladores por dos veces consecutivas a votar el proyecto que se votó en diputados y luego en senadores, y que cambiaron de opinión cuando el presidente y el vice fueron al Parlamento a pedir que no se votara.
Una nota de La República del día de hoy, anuncia que “Ante la falta de avances en la comisión que debate la reestructura del Frente Amplio (FA) y la controversia que produjo el tema Caducidad, algunos sectores reformistas piensan que las elecciones internas pueden ser uno de los caminos viables, no solo para salir del embudo en que ingresó el oficialismo, sino para renovar las autoridades”. Reiteramos, la controversia respecto de la ley de impunidad no se produjo en la fuerza política, sus resoluciones fueron absolutamente claras. Pero se nos ocurre una pregunta ¿Qué pasa si al hacer las elecciones internas los que crecen son los sectores que mantuvieron una postura diferente a la del gobierno, y reducen su participación los grupos que tuvieron una postura vacilante y de seguidismo a algunos líderes? ¿Renunciarán esos líderes?
NUESTRA IMAGEN COMO PAIS
Es probable que aquellos que temían y pronosticaban una catarata de recursos de inconstitucionalidad si el proyecto interpretativo se transformaba en ley (olvidando, claro, que cualquier proyecto que se aprobara podía generar eso), ahora se encuentren con una catarata de juicios a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Porque no olvidemos que una de las razones que urgían a eliminar los efectos de la ley de impunidad a nuestro país, era el caso de la nuera del poeta Juan Gelman, cuestión que lo exponía a graves sanciones y al escarnio mundial. Pero tengamos en cuenta que hay más de doscientos casos de desaparecidos, más los casos de torturas y asesinatos, y que probablemente –agotadas las vías para obtener justicia en nuestro país- muchos de ellos tengan que terminar en dicha Corte internacional. Cuando el Estado uruguayo se presentó ante la CIDH por el caso Gelman, llevaba como argumento la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley interpretativo que anulaba la ley de impunidad. Parecería que ahora nos presentaremos con un proyecto de reestructura del FA como forma de liquidar el problema.
De manera que, cuando el año que viene Uruguay vaya a asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tendremos dos alternativas: o vamos con una carta excusándonos de agarrar esa changuita, o la asumimos soportando la carga de vergüenza. Recordemos que Uruguay aceptó presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pedido de los países latinoamericanos y del Caribe. Nuestro canciller Luis Almagro contestó el ofrecimiento diciendo: “Es una enorme distinción que honra la tradición y la vocación del Uruguay de pleno respeto del derecho internacional, y también su compromiso con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, según indicaba una noticia del 31 de marzo. Y luego agregaba: “Quisiera recalcar que este compromiso del Uruguay con la causa de los derechos humanos a nivel internacional, que hoy se ve coronado con esta responsabilidad que asumiremos al frente del Consejo, no es más que la contracara del indeclinable compromiso que nuestro gobierno tiene con la vigencia de los derechos humanos en nuestro propio país”.
No queremos ni imaginarnos el papelón de ir a asumir un cargo como este, con una mochila cargada de denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alguna condena por incumplimientos varios de Tratados internacionales sobre este tema.

RESUCITÓ OTRA VEZ SIN SER NOTADO (*)

2011-05-19T20:04:00.000-07:00

Este es el artículo más difícil que nos ha tocado escribir desde que lo hacemos en este Semanario. Por el tema casi excluyente de la agenda, y porque cuando estamos escribiendo estas líneas aún no sabemos lo que va a pasar en el Parlamento; debemos entregar la nota antes del jueves (día en que se pondrá a votación el proyecto interpretativo) y por tanto, nos vamos a basar en meras especulaciones.
LOS ESCENARIOS POSIBLES
Dos cosas pueden haber pasado el día de ayer. Puede que haya primado la cordura, y que los legisladores del Frente Amplio –en su totalidad y sin fisuras- votaran el proyecto de ley interpretativa por el cual se eliminan los efectos de la ley de impunidad. Eso sería lo natural y deseable. Nuestro Frente Amplio ha venido batallando desde el primer día de recuperada la democracia por la verdad y la justicia, y a partir del año 86, también contra la impunidad. Batallas que se han dado en todos los planos, en una lucha que ha tenido avances y retrocesos, derrotas y victorias, pero que no han mellado la voluntad inquebrantable de vivir en un país digno, en el que todos seamos iguales ante la ley y en donde los crímenes más aberrantes que se hayan cometido en la historia no puedan quedar en la más completa impunidad. De manera que una vez encontrado un camino unitario, un camino que no fue fácil de hallar, que significó idas y venidas, diálogo continuo en la búsqueda de acuerdos, lo razonable y lógico sería que ayer se hubiese votado finalmente el proyecto interpretativo.
Si eso fue lo que pasó ayer jueves en el Parlamento, entonces hoy estamos en condiciones inmejorables para continuar la lucha por verdad y justicia, por recuperar la memoria colectiva, por seguir construyendo día a día una sociedad más justa, equitativa, solidaria, profundamente democrática y sin impunidad. Y decimos “continuar”, porque todos sabemos que la lucha por verdad y justicia no termina con la anulación de la ley de impunidad, que este es apenas un paso, muy importante, desde luego, pero no definitivo. Que los derechos humanos no es únicamente una cuestión de militares (y civiles) presos, o de desaparecidos, aunque estas cuestiones son sumamente relevantes. Que este es también un problema ético, que contiene el pasado pero que se manifiesta en los temas del presente y que tiene una enorme importancia hacia la sociedad que queremos construir para el futuro, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Pero no se nos oculta, hoy miércoles, cuando escribimos este artículo, que ayer puede haber pasado otra cosa. Puede haber sucedido que la ley interpretativa no se haya votado, por la defección imperdonable de algún parlamentario frenteamplista. Es posible. Y más aún, de acuerdo a la información disponible al momento de escribir estas líneas, no solo es posible sino que es lo más probable.
EL PEOR ESCENARIO
Si lo que pasó es lo último, el escenario es diferente, pero no es el fin del mundo. Y la primer y primordial tarea y responsabilidad de nosotros, los comunistas, es cuidar la herramienta Frente Amplio, esa herramienta que es obra preciosa de tantos y tantos compañeros, herramienta política fundamental para seguir luchando, tanto por los derechos humanos como por un país productivo con justicia social, por un programa de cambios en beneficio de los trabajadores y los más desposeídos.
Todo el mundo reconoce el papel del Partido en la lucha contra la impunidad, estamos orgullosos de eso. Y eso es lo que nos alienta para continuar por ese camino, que es el camino de nuestro pueblo trabajador. Porque para nosotros no se termina la historia en ninguno de los dos escenarios, porque para nosotros no se termina ni siquiera cuando lleguemos al socialismo, mientras seamos comunistas estaremos luchando día a día por un mundo mejor. Los comunistas sabemos que es necesario que estemos, para aportar nuestro granito de arena, para apoyar y apoyarnos en los compañeros frenteamplistas para continuar la lucha. Porque en definitiva, el enfrentamiento es contra la derecha, y con los reflejos de la ideología dominante dentro del propio Frente Amplio, pero siempre sabiendo que el que tenemos al lado es un compañero.
A REDOBLAR
No somos indiferentes ante los posibles escenarios que hoy desconocemos, pero somos comunistas, y eso nos planta en cualquiera de los escenarios con la responsabilidad de siempre, con el ánimo constructivo de siempre, con la voluntad de seguir avanzando como siempre en el camino que colectivamente nos hemos trazado. Estamos profundizando la lucha de clases, y la derecha va a sacar todos sus recursos para enfrentar al campo popular. Los ataques desde la derecha no son gratuitos, hemos puesto sobre la mesa el tema de la distribución de la riqueza, y eso no se admite tan fácilmente por quienes se han apropiado a lo largo de la historia de la riqueza generada por nuestro pueblo. La impunidad no está desligada de todo esto, y lo que la derecha necesita es dividir al Frente Amplio, dividir al PIT-CNT, dividir al campo popular. Si revisamos los titulares de la prensa de la derecha de las últimas semanas, veremos repetidas constante e insistentemente algunas palabras: FRACTURA, DIVISIÒN, QUIEBRE. Y no es porque sí, es una necesidad para no perder sus privilegios. Estamos ante la presencia de toda una operación de la burguesía, que utiliza el mismo idioma de la izquierda, que aprovecha las propias contradicciones de la izquierda, y tenemos que ser capaces de enfrentarla con inteligencia.
No ha sido ni será una lucha fácil (ninguna lucha es fácil para los trabajadores y el pueblo). Ganar esta batalla es ganarle a la dictadura, es ganarle a la burguesía y al imperialismo, y para eso se necesita una acumulación que todavía no alcanza. Pero hemos avanzado enormemente, desde aquel referéndum que perdimos en el 89, a este plebiscito en que nos faltó un poquito para lograr el triunfo, y a esta situación actual, en la que hemos llegado a un Frente Amplio que en su máximo órgano de dirección (el Congreso) incluye en su Programa la anulación de la ley de impunidad, cuestión que por tanto es hoy patrimonio, obligación y responsabilidad de todo el FA. Pero además, los acontecimientos de las últimas semanas nos dejan el saldo de un Frente Amplio que con una gran madurez, en tres Plenarios Nacionales consecutivos aprueba por unanimidad la votación de la ley interpretativa que deja por el camino la impunidad. Y haya pasado lo que haya pasado el día de ayer, eso deja una fuerza política que discute con pasión, pero que discute buscando los acuerdos, y que finalmente adopta resoluciones que comprometen a todos.
De manera que la lucha continúa compañeros. Sentimos el orgullo de formar parte de un Partido que, ante la perspectiva de un escenario de derrota, se para a discutir la forma de seguir peleando.
Eduardo Galeano dice, en una pieza magistral en donde se ensambla junto a Alfredo Zitarrosa, Pablo Neruda (con el poema citado en el título de este artículo), Angel Oliva, Juan Capagorry y Milton Schinca: “Aplicaron un plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Estaba prohibido recordar. Se formaban cuadrillas de presos. Por las noches los obligaban a tapar con pintura blanca las frases de protesta que en otros tiempos cubrían los muros de la ciudad. Pero la lluvia, de tanto golpear los muros, iba disolviendo la pintura blanca y reaparecían, poquito a poco, las porfiadas palabras”.
Hoy, viernes 20 de mayo, la marcha del silencio, el silencio más estruendoso e imponente que se escucha año a año por estas tierras, será de los primeros aguaceros que, de tanto golpear, irán disolviendo la pintura de la impunidad, y poquito a poco, reaparecerán las porfiadas palabras. Reaparecerán, sea lo que sea que haya pasado ayer. Verdad y justicia, nunca más, no a la impunidad, volverán y reaparecerán una y otra vez, porque este pueblo es bagual y va a encontrar su destino, este pueblo “resucitará otra vez sin ser notado”, al decir del gran Pablo Neruda. A redoblar compañeros.

(*) Del poema “El Pueblo”, de Pablo Neruda

¿SE EQUIVOCARÁ "LA PALOMA"?

2011-04-28T17:52:00.000-07:00

Nuestro Partido ha venido señalando desde hace un buen tiempo algunas cuestiones que tienen que ver con la economía de nuestro país. Fundamentalmente, hemos dicho que se viene desarrollando un fenómeno de concentración, centralización, extranjerización y primarización de la economía. Vemos como se concentra y se extranjeriza la propiedad de la tierra e industrias como la frigorífica. Exportaciones récord que tienen que ver - entre otras cosas- con la enorme demanda china que absorbe la gran mayoría de la producción sojera y de pulpa de papel. Este vínculo explica el crecimiento de dos de las producciones primarias estelares del país: pulpa de papel (forestación) y soja. Agreguemos que Rusia es el principal demandante de carne, otra de las producciones “estrella”.
Tenemos una determinada ubicación en la división internacional capitalista del trabajo, que además en estos momentos se refuerza a escala regional por nuestra creciente dependencia de los capitales brasileños que se invierten en Uruguay. O sea, que tanto China como Brasil nos determinan altamente en nuestro papel primario exportador. Soja, forestación, carne, arroz, leche, cebada, cadenas productivas con alto grado de concentración y extranjerización.
Estas son tendencias preocupantes, si es que tenemos como norte un país productivo con justicia social y profundización de la participación democrática, puesto que el rumbo parece ser hacia una mayor dependencia. Primarización, extranjerización, concentración, centralización, cuatro características de la estructura económica nacional que no paran de acentuarse y que incrementan nuestra vulnerabilidad.
Y hemos dicho también que el desafío al que nos enfrentamos como gobierno -pero también como país- es el de aprovechar este viento de cola para participar socialmente de las ganancias extraordinarias de dichas producciones y así avanzar en el quiebre paulatino de la reproducción dependiente del país y de la dependencia tecnológica.
Por eso hablamos de redistribución de la riqueza, y también de la necesidad de un cambio radical de la matriz productiva como forma de lograr lo primero.
LA ESPECULACION CON LAS MATERIAS PRIMAS
Los precios altos de las materias primas que hoy nos benefician, se relacionan con la demanda de los países que mencionamos (Brasil, China, Rusia, etc.), con la caída del dólar, pero también con la fuerte especulación en commodities (hacia noviembre del año pasado los fondos especulativos que operan con productos primarios alcanzaron los U$S 340.000 millones). La suba de los precios -y fundamentalmente los alimentos- no se debe a un crecimiento inesperado de la demanda, sino que es consecuencia directa de la especulación. Existe desde hace un buen tiempo una ola especulativa con derivados financieros de las materias primas, las que están sometidas al juego bursátil y a las presiones de ese propio juego, y es el mercado financiero el que define los precios de esas materias primas. En la gran especulación se dan unas pautas de comportamiento muy definidas en los mercados: si el yen -y el dólar- se deprecia, los activos con riesgo -bolsas y materias primas- se aprecian; y al revés.
Lo que queremos señalar, es que somos un país exportador de alimentos y materias primas, en un período de la economía mundial en que se está dando un crecimiento especulativo de los precios de esas materias primas. Pero que si no aprovechamos esa coyuntura favorable para cambiar nuestra matriz productiva, para invertir en lo que tenga que ver con incorporar valor agregado (esto es: mano de obra e inteligencia uruguaya) a lo que exportamos, cuando esa burbuja especulativa explote seguramente será tarde. En otras palabras, hablamos de aprovechar para iniciar el camino que nos saque de nuestra condición de país subdesarrollado y dependiente.
En ese sentido, es bueno pensar en donde se aplican los recursos generados por el esfuerzo de los uruguayos para los dos objetivos que señalamos: redistribución de la riqueza y modificación de la matriz productiva. Porque una cosa es desarrollar obras de infraestructura (y tal vez en asociación con privados, como se está proponiendo desde nuestro gobierno) para el país productivo que desde la izquierda venimos promoviendo desde hace décadas (con justicia social y participación democrática), y otra cosa es desarrollar esa infraestructura (vías férreas, puentes, carreteras, puertos) para que sigan sirviendo al transporte de ganado en pie, lana sucia, cueros sin procesar, carnes, cereales, rolos de madera, mineral de hierro, materias primas con poco o ningún valor agregado.
EL PUERTO MADERERO EN LA PALOMA
Por eso no nos gusta el proyecto del gobierno de ampliar el puerto de La Paloma (Rocha) para que pueda transportar anualmente 250.000 toneladas de madera hacia la planta de UPM, ex Botnia. No nos gusta por lo que venimos diciendo, y porque desde que la comunidad del lugar se enteró de los planes, se ha venido movilizando por considerarlo incompatible con la actividad turística y por no haber sido tenida en cuenta para una decisión tan importante.
En realidad, no es un proyecto del gobierno. Se trata de una iniciativa privada de las empresas Cristophersen SA y Saceem SA para costear 35% de la reforma del muelle y la creación de un sector de depósito (mediante adelanto de tarifas, mecanismo que posibilita al ministerio contar con el dinero que luego será recuperado por las empresas al exonerar tarifas portuarias). Esto es, una inversión del Estado uruguayo en beneficio exclusivo de estas empresas privadas (que no invierten nada sino que le prestan al Estado), que no aporta nada al cambio de la matriz productiva que señalamos, que no genera una importante cantidad de mano de obra (se habla de 11 puestos de trabajo) y que por añadidura traería consecuencias negativas para lo que hoy es la industria turística de la zona en plena expansión.
Como dijimos, los vecinos se oponen al proyecto; el Presidente Mujica dijo no hace mucho: “dejémonos de puerto en La Paloma, es muy chica y está tomada por el turismo”; está en marcha una licitación para la instalación de un hotel 4 estrellas con Casino en el balneario; el Ministerio de Turismo destaca la cantidad de turistas que sigue en aumento y que tiene a La Paloma como base; el Alcalde de La Paloma ha manifestado su oposición a este proyecto; el intendente de Rocha ha dicho que este no es el camino que quiere para el balneario. ¿Entonces? ¿Cuál es la necesidad de que el Estado uruguayo invierta millones de dólares en un proyecto como ese? ¿Abaratar los costos de flete de una empresa privada extranjera?
EL PROYECTO DE LOS VECINOS
Los vecinos se oponen al proyecto privado y extranjero, pero tienen su propia propuesta. La Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP) propone un proyecto participativo de desarrollo, a corto plazo y con un mínimo de inversión, que promueve un crecimiento sustentable y asegura la perdurabilidad de los recursos para las generaciones venideras. La propuesta incluye un Puerto Deportivo que apunta al incremento del turismo marítimo costero y a la generación de nuevos empleos, con un rendimiento previsto de unos U$S3.600.000 anuales. Las infraestructuras propuestas representan un bajo impacto ambiental en la costa, contribuyendo a la conservación y valorización del lugar, y un Puerto Pesquero Artesanal que apunta a rescatar un oficio tradicional, valorizar al pescador artesanal como patrimonio del lugar e impulsar el desarrollo local. La renta generada permanece en la zona y en los propios trabajadores, lo que contribuye a la distribución equitativa de los recursos generados. Proponen además un polo logístico social, cultural y deportivo que congregue y estimule el desarrollo integral de la comunidad; la recuperación y valorización de sitios de interés patrimonial tales como el ramal ferroviario, para la construcción de una ciclovía que una puntos estratégicos de la zona; un proyecto para el traslado al área protegida de la Laguna de Rocha, considerada parte clave del patrimonio local y nacional; la creación de un Centro de Interpretación del Sistema Costero Oceánico para el desarrollo de la educación ambiental local y de orientación para el visitante. También se preocupan por impulsar acciones acordes a la tendencia turística mundial de respetar los valores naturales y culturales de cada destino, así como las formas de vida y costumbres locales. Como se ve, dos proyectos diametralmente opuestos. Uno –el de las empresas privadas- atiende los intereses particulares de las empresas; el otro, el interés general, el de los pobladores y el del país; por eso lo del título.

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (3a. parte)

2011-04-01T06:56:00.000-07:00

Según el diputado Alfredo Asti, el subsecretario de Economía, Pedro Buonomo habría manifestado en la bancada del FLS que, de no aprobarse la ley de Participación Público Privada, “se corre el riesgo de no contar con la infraestructura necesaria para que Uruguay se desarrolle” (diario El País). Esto es absolutamente contradictorio con lo que otros compañeros -y el propio Asti- han manifestado, en el sentido de que no se entienden las críticas al proyecto ya que las asociaciones público privadas ya se pueden hacer hoy y de hecho se hacen (los ejemplos citados son algunas rutas importantes y el Aeropuerto). Pues bien, si es posible hacer asociaciones con el sector privado con los instrumentos legales que hoy tenemos, entonces no se corre ningún riesgo de quedarse sin infraestructuras. Y si no hay riesgo y se pueden hacer, entonces nos podemos tomar más tiempo para analizar el tema y no aprobar a las apuradas un proyecto que es complejo y que merece un análisis en profundidad. También porque como dice el economista Daniel Mesa (artículo de la revista digital Vadenuevo), “El proyecto de ley de Participación Público-Privada enviado por el Poder Ejecutivo al parlamento será sin duda una de las iniciativas más importantes sobre las que el sistema político y la sociedad en su conjunto deberán pronunciarse este año”.

ENTERARSE NO ES CONTROLAR

Cuando hablamos de que el Parlamento debería tener un mayor control sobre estos contratos, nos referimos a algo muy diferente a lo que propone por ejemplo Alfredo Asti: Respecto a agregar el control parlamentario a los contratos, Asti dijo que a AU le parece “perfecto”…Para el diputado se podría exigir que en las rendiciones de cuentas anuales todos los organismos estatales detallen qué contratos han firmado y entreguen copias de éstos a los parlamentarios”. No hablamos de entregar una copia de los contratos en las rendiciones de cuentas (con todo respeto compañero Asti, parece chiste). Hablamos de que toda una gama de actividades de capital importancia para el rumbo económico del país, no pueden sustraerse al tratamiento por parte del órgano más representativo de la voluntad popular como es el Parlamento, y depositarse en una Unidad que se crea dentro del Ministerio de Economía. Nos parece que el Parlamento debería intervenir para opinar y definir la conveniencia o no de los contratos, y no para recibir una copia después que los contratos están en marcha. En cuanto a la intervención del Tribunal de Cuentas, Asti dijo que las intervenciones del organismo “se van a seguir realizando exactamente como hoy, antes de la firma del contrato”.Eso está bien, pero ¿y luego qué? ¿Después de la firma del contrato? Hasta donde sabemos, el TCR no tiene potestades para intervenir en una empresa privada, de manera que ese control ya no será posible luego de que el contrato esté en ejecución.

EL TRASLADO DE RIESGOS

Daniel Mesa señala que Estos proyectos presentan ventajas, y la que señala en primer lugar es que “permiten trasladar riesgos al sector privado”, lo que estaría establecido como principio y orientación general en el art.4º. Puede ser, pero si la exposición de motivos dice que “A través de los contratos de PPP se procura lograr que el sector privado, amparado dentro de un marco de seguridad jurídica y adecuados mecanismos de protección y retorno de su inversión, aporte los recursos económicos, conocimientos y habilidades necesarios…”, ¿cuáles son los riesgos que se trasladan al sector privado, si se le da seguridad jurídica y adecuados mecanismos de protección y retorno de su inversión? Cuando además el art.6° establece que, “…el contrato podrá prever la realización de contribuciones por parte de la Administración Pública, tales como aportes pecuniarios, otorgamiento de subvenciones, créditos, garantías para la financiación del proyecto, garantías de obtención de ingresos mínimos y exoneraciones fiscales, entre otras (puede haber más contribuciones por parte del Estado para que los privados no pierdan nada). Reiteramos la pregunta: ¿cuáles son los riesgos que se trasladan al sector privado? Se diría que los riesgos que asumiría el sector privado serían los mismos que asume siempre, menos los que el Estado le evitaría por esta ley. Luego Mesa señala como otro de los principios y orientaciones generales la “responsabilidad fiscal: los gastos y compromisos financieros deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado”. Reiteramos lo que dijimos en las notas anteriores: ¿Cómo serán consistentes con la programación financiera del Estado los compromisos asumidos en estos contratos, si los mismos no están en el Presupuesto? Es la propia exposición de motivos la que dice: “…mediante los esquemas tradicionales de gestión directa, los pagos que el Estado efectúa al contratista encargado de construir una obra, se realizan con cargo al Presupuesto, afectando así los niveles de endeudamiento. En cambio, existiendo una adecuada distribución de riesgos, la financiación privada de la obra no se verá reflejada en el Presupuesto como gasto, ni como deuda pública”. Esto último –lo reiteramos- puede llegar a ser inconstitucional, ya que aunque no esté reflejada en el Presupuesto como deuda, es deuda, y el único autorizado a endeudar al Estado (art.85 de la Constitución) es la Asamblea General.

MÁS ASESORES=MAS GASTOS

En el capitulo segundo, referido a “El marco institucional”, desde nuestro punto de vista hay una superposición de ámbitos asesores, que de llegar a actuar todos en cada uno de los proyectos, seguramente encarecerá enormemente el procedimiento de estos contratos. Por un lado el art.8 dice que para cada proyecto, la Administración contratante designará una Comisión Técnica, que asesorará en el procedimiento de contratación. Tendrá como mínimo tres miembros, uno de ellos de la Administración contratante, otro con reconocida idoneidad técnica en la materia objeto de contratación. (art.8º). Antes de proseguir digamos que aquí se nos ocurren preguntar: ¿Cómo es eso? Son tres, uno de la administración, otro de reconocida idoneidad, ¿y el tercero? ¿Puede no ser de la administración y no ser idóneo? ¿Puede ser alguien de la empresa contratante quien asesorará sobre el procedimiento de contratación? No lo sabemos. Pero luego, se detallan las competencias que tendrá la Corporación Nacional para el Desarrollo, y se dice que ésta tendrá como cometido “Asesorar en la identificación, concepción, diseño, estudio, estructuración, promoción, selección y contratación de los proyectos de Participación Público-Privada, en los términos y condiciones que se acuerden mediante convenio con las Administraciones Públicas contratantes”. Si todo eso lo hará la CND, ¿para qué va a designar la administración una Comisión Técnica? Pero además, luego el art.10 dice que para la estructuración de proyectos de Participación Público-Privada, “Asimismo, podrá contratar para ello a empresas de reconocida idoneidad en la materia”. De manera que seguimos sin saber para que la Administración formaría la Comisión Técnica esa que tiene un tercer miembro indefinido, ya que puede contratar a la CND y hasta contratar al estudio Olivera & Delpaizzo o a otros por el estilo, como suelen hacer nuestros gobiernos. Es al menos lo que establece la ley.

ALGUNOS RIESGOS IMPORTANTES

Nos interesa destacar algunos de los riesgos que vemos en estas asociaciones con privados, y que ya han sido señalados incluso por quienes han tenido oportunidad de aplicarlas.

1- Las asimetrías en la capacidad negociadora de ambas partes influyen negativamente en las posibilidades de éxito del modelo. Si prevalecen los intereses comerciales de la empresa por sobre el interés público relativo a la asociación, el propósito con el que ésta fue pensada se desvirtúa por completo.

2 - Un sistema de controles efectivamente independientes y mecanismos que aseguren la transparencia de la gestión así como la participación de la sociedad civil sin duda contribuirán al logro de los objetivos de cualquier esquema de gestión de un servicio público

3 - Hacer más con menos dinero puede crear una ilusión presupuestaria y generar compromisos financieros que, más temprano o más tarde, los fondos públicos no podrán soportar; la PPP reduce las necesidades financieras a corto plazo, pero crea obligaciones a medio y largo plazo;

4 - No puede haber una estimación de cada proyecto; y hay que ver todo el compromiso financiero que el Estado asume a lo largo de todo el período de los contratos;

5 - Los países que utilizan el modelo de PPP están reviendo la tendencia a concentrar las obras de transportes en la apertura de rutas, en detrimento del transporte ferroviario y marítimo, como forma de evitar los mayores costos de mantenimiento de la red y el mayor congestionamientos de tránsito;

6 - Al tiempo que los contratos largos precisan otorgar garantías a los inversores privados, es necesario no transformar los contratos en “chalecos de fuerza”, que se vuelvan en contra de los usuarios de los servicios públicos; es necesario prever la actualización de tecnologías y no permitir la obsolescencia de los activos públicos;

7 -En función de los riesgos, de las consultorías, evaluaciones y de las garantías que acechan a los contratos y al negocio, las licitaciones son caras;

8 - Las pequeñas y medianas empresas difícilmente participen del modelo PPP de licitación;

9 - Las licitaciones, evaluaciones de los proyectos y seguimiento y revisión de los contratos exigen una mano de obra altamente calificada en la administración pública.

EL ZORRO EN EL GALLINERO

2011-03-10T18:38:00.001-08:00

En un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa Nacional, el 22 de febrero, bajo el título: Rosadilla: "diálogo estratégico de Defensa con EEUU es importante para el país y la región", se dice lo siguiente: “El Ministro de Defensa, Luís Rosadilla, destacó la importancia estratégica que tiene el diálogo en materia de Defensa con los EEUU con la visita del sub. Secretario del Departamento de Defensa para asuntos hemisféricos, Frank Mora el próximo 16 de marzo. Consultado en rueda de prensa, sobre la visita de Frank Mora al Uruguay, dijo que es muy importante para el país, en un encuentro que está rodeado de toda la consideración necesaria, como se hace con todos las delegaciones que llegan a nuestro territorio, pero agregó que en este caso, se trata de un dialogo estratégico en materia de defensa con los EEUU. Sobre este punto añadió, que se trata de una contraparte ineludible para todos los países de la región, por el peso que en el mundo tiene en todos los ámbitos los EEUU y especialmente en materia de defensa.”
LA VISION DE LOS COMUNISTAS
En informes previos a nuestro Congreso, decíamos que estamos ante un período histórico de agudización de la lucha de clases, de confrontaciones entre Estados y enfrentamientos de índole económica en todo el mundo, cuya causa central es la agresividad inherente al imperialismo, agravada por la actual crisis.
El imperialismo yanqui y sus aliados –decíamos- persisten en sus planes de gendarmes del mundo como forma de resolver sus contradicciones, y la ofensiva norteamericana no desestima ninguna forma de agresión, a la hora de detener los avances en democracia y los intentos de soberanía nacional en cualquier parte del mundo.
El dominio de las zonas ricas en agua, hidrocarburos y biodiversidad es esencial en la estrategia de dominio imperial. Por ello no es casual el mantenimiento del control en Irak, el aumento de las tropas en Afganistán, que se busque controlar Pakistán mientras se amenaza a Irán, o que se ataque al gobierno de Chávez y se apoye al gobierno golpista de Honduras.
Obama, que tenía un discurso proclive al multilateralismo, al diálogo y a la negociación, a la vez que hablaba del retiro de las tropas de Irak, lo fue poco a poco abandonando. Envía más tropas a Afganistán, a Pakistán, sustituye algunos efectivos en Irak por mercenarios, instala bases en Colombia, reconoce al dictador hondureño mostrando su actitud imperialista.
El control de su “patio trasero” sigue siendo estratégico para EEUU, y las bases en Colombia y Panamá, Guantánamo, así como la base de hecho instalada en Haití cumplen el objetivo de controlar militarmente a Cuba y todos los procesos avanzados de América Latina de este siglo.
Las tácticas han ido variando, y tanto se utiliza la más antigua como el golpe de Estado (Venezuela, Honduras, Ecuador), como la financiación de la oposición (movimiento separatista en Bolivia, ahora damas de blanco en Cuba) o los procesos de desestabilización en Paraguay y la cooptación de dirigentes como Lucio Gutiérrez en Ecuador.
Tampoco se descartan las presiones económicas, y ante el fracaso del ALCA se intentaron acuerdos bilaterales como los TLC y sus sucedáneos, las ofensivas diplomáticas ni la agresión directa e indirecta (Comando Sur, maniobras UNITAS).
LA OPTICA DE UN NORTEAMERICANO
Según el New York Times, Noam Chomsky es "el intelectual, hoy, más importante del planeta". El año pasado, en la presentación de su último libro, en la sede de las Naciones Unidas, este destacado intelectual norteamericano decía por ejemplo que el gobierno de EEUU estaba dando por hecho que controlarían el petróleo de Oriente Medio: “no tienen dudas sobre esto, -decía Chomsky- y dependerá del control que ejerzan sobre el Atlántico, con las dictaduras en Africa y el hemisferio oeste. Esto será de lo que EEUU dependerá”. Y todos sabemos como le está yendo con las dictaduras que el imperio apoyaba en Africa.
Pero Chomsky agregaba además que lo que está pasando en América Latina amenaza esos planes, ya que por primera vez en su historia, desde la colonización española, se está moviendo hacia un grado de integración e independencia, “y los Estados Unidos están horrorizados” –dice Chomsky-.
“Si vemos el tema del petróleo –nos recuerda- el productor más grande de energía en el hemisferio es Venezuela. Los EEUU sacaron a los británicos de Venezuela cuando la era del petróleo empezó, porque sabían que Venezuela tenía inmensas reservas de petróleo. Y tuvieron que respaldar muchas dictaduras brutales, y Venezuela se convirtió en el año 1928, en el mayor exportador de petróleo en el mundo. Y como Venezuela va rumbo poco a poco a su independencia, EEUU está horrorizado. Y por eso toda esa histeria hacia Chàvez”. Clarito.
También nos recuerda Chomsky que el segundo productor de energía más importante en la zona es Bolivia, y que allí también se están moviendo hacia su independencia, como toda la zona hasta Argentina. Y luego agrega incluso algo sobre Cuba: “Más de 170000 latinoamericanos en los últimos años han sido tratados en hospitales cubanos bajo programas humanitarios de Cuba y Venezuela. Muchas personas ciegas en dependencias de EEUU están siendo mandadas a Cuba y regresan sanos (Chomsky está hablando de ese país que supuestamente ya no tiene nada para repartir). El gobierno de Venezuela no para de crecer en popularidad desde 1998, y dice Chomsky que “esto lleva a los EEUU a enfurecerse. Es por eso que tenemos esta clase de histeria por parte del gobierno de EEUU y de los medios de comunicación americanos acerca de las “cosas terribles” que pasan en Venezuela y Bolivia”.
“Los EEUU han usado dos mecanismos fundamentales para controlar América Latina: uno la violencia, y el otro, la estrangulación económica” dice el intelectual norteamericano. “La última vez que utilizaron la violencia fue en el 2002, cuando en su “promoción a la democracia”, los EEUU respaldaron un golpe militar para sacar del poder al gobierno electo de Venezuela”. Para Chomsky, esto no les dio resultado por la movilización popular en Venezuela y por la reacción de América Latina.
Pero luego Noam Chomsky nos advierte sobre algo muy serio: “Ahora los EEUU se están preparando para un mayor uso de la violencia, si miramos las bases militares estadounidenses en América Latina se están incrementando, al igual que el entrenamiento de oficiales latinos, y todo lo están haciendo muy inteligentemente. De hecho, actualmente hay más personal militar estadounidense en América Latina que personal de las organizaciones federales de ayuda. Esto no había pasado desde la guerra fría. Y también el entrenamiento militar de oficiales latinoamericanos está siendo cambiado del Departamento de Estado hacia el Pentágono”. Esto último lo explica Chomsky porque el Departamento de Estado está sujeto a controles (en materia de derechos humanos y democracia) que el Pentágono puede evadir sin problemas: “pueden hacer lo que quieran” –dice Chomsky-.
“Toda la región está rodeada de bases militares, y sospecho que habrá movimientos separatistas en Venezuela y Bolivia, y posiblemente en Irán. Entonces la opción militar no ha sido abandonada para nada”, comentó.
Hace un año atrás, el ministro de Defensa viajó a los Estados Unidos y estuvo reunido con este señor Frank Mora que ahora nos visitará, y a su regreso el portal Montevideo.com decía: “El ministro Rosadilla confirmó además que José Mujica analiza firmar un acuerdo de defensa con los Estados Unidos, tras participar en Washington de un encuentro con altos funcionarios del área”.

¿Estaremos por contratar al zorro para que cuide el gallinero?

EL DERECHO DE LAS VICTIMAS

2011-03-03T18:25:00.000-08:00

El 15 de febrero la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió a los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y la Universidad de la Empresa, con el fin de recabar sus opiniones respecto del proyecto interpretativo de la ley de caducidad, que tiene media sanción.
UNIVERSIDAD CATOLICA
El primero en ser recibido fue el catedrático de la Universidad Católica, el Dr. Martín Risso, quien entre otras cosas dijo lo siguiente:
“En mi opinión, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue de amnistía,…Creo que lo que se menciona como interferencias del Poder Ejecutivo en la labor del Poder Judicial, en realidad son lo contrario a privilegios para los beneficiados por la Ley de Amnistía”.
Es decir, según la curiosa interpretación de este catedrático de Derecho Constitucional (que está formando a futuros profesionales) de la Universidad Católica, la ley de impunidad no solo fue una amnistía para los militares que cometieron crímenes aberrantes, sino que además fue una amnistía poco favorable para los mismos, ya que se interpone la interferencia del Poder Ejecutivo. Lo dice más claramente así: “Es decir que los amnistiados, en lugar de tener derecho a la amnistía directamente en la Ley, precisan de una declaración del Poder Ejecutivo; es al revés de cómo se plantea habitualmente”.
Reconozco que es lo más curioso que he escuchado hasta ahora acerca de la ley de impunidad. Es claro que la ley de impunidad tiene objetivos muy claros: evitar la condena de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pero también eludir cualquier tipo de investigación sobre los hechos. Al contrario de lo que ocurrió en otros países, en donde se optó por la gracia, el indulto o la amnistía para quienes eran condenados por esos delitos, en nuestro país se optó por evitar hasta las propias investigaciones, y es por eso que no se trata de una amnistía, porque no se puede amnistiar un delito que no se ha investigado y un delincuente que no se sabe quien es. En todo caso, sería una ley de auto amnistía, ya que se trata de crímenes de Estado, para los cuales el propio Estado legisla amnistiándose a sí mismo, algo no solo aberrante sino expresamente prohibido por las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por lo cual, en caso de estar en lo cierto el Dr. Risso, la ley debería anularse también por esta razón.
Más adelante dice el Dr. Risso: “Volviendo al tema de la Ley de Caducidad, en mi opinión -por supuesto que es discutible- no es opuesta a la Constitución”. Contra el parecer de la Suprema Corte de Justicia, que por lo menos en los últimos 20 casos se ha pronunciado diciendo que la ley de impunidad es inconstitucional, el Dr. Risso dice que la ley es constitucional. No repara en que la misma viola, no uno, sino varios artículos de la Constitución, y ya desde su artículo 1°, al reconocer que la caducidad de la pretensión punitiva del Estado proviene de “la lógica de los hechos”, y no de la propia ley; es decir que antes de existir la ley ya existía un vínculo jurídico que establecía una caducidad. Que nos explique el Dr. Risso que parte de la Constitución admite esto.
Más adelante, el Dr. Risso –repito, catedrático de la Universidad Católica en Derecho Constitucional- nos dice lo siguiente respecto al art.2 del proyecto interpretativo de la ley de impunidad:“Creo que este es un artículo innovativo en el ordenamiento jurídico que, por supuesto, puede ser aprobado por el Parlamento, pero que genera un problema: el efecto retroactivo o, mejor dicho, el inconstitucional efecto retroactivo que puede tener esta ley”. Y luego agrega esto: “Y la innovación con efecto retroactivo en leyes penales más gravosas es contraria a la Constitución y también al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La inconstitucionalidad o la prohibición de retroactividad de estas normas está establecida en el artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”.
Y nos parece que el “innovativo” (si es que la palabreja existe; yo creía que se decía innovador) es el propio Dr. Risso, ya que la Constitución de la República no dice nada respecto a la retroactividad de las leyes. En nuestra Constitución no existe ningún artículo que determine la no retroactividad de las leyes, eso está en el Código Civil, pero el Dr. Risso, que es catedrático de Derecho Constitucional, y está preparando futuros abogados, parece no conocerla.
Por lo demás, lo que establece el artículo 9° de la Convención Americana y el Pacto de San José de Costa Rica, poco tiene que ver con lo que señala Risso. El mencionado artículo dice que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Y por cierto, los delitos por los que se pretende juzgar a estas alimañas ya eran delitos en ese momento, por lo tanto, el juzgarlos no afecta ese aspecto de la Convención. Luego sigue diciendo el artículo referido: “Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. Nadie aquí (ni en el proyecto interpretativo de la ley de impunidad ni en ningún otro proyecto que conozcamos) está hablando de aplicar penas más graves que las aplicables en la época en que esos delitos aberrantes fueron cometidos, de manera que este aspecto tampoco está en juego. Y por último el art.9 de la Convención dice que “Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Esa situación no se ha dado tampoco, ya que, con posterioridad a las salvajadas cometidas por estas bestias no hubo ninguna disminución de pena para esos delitos.
LA DE MONTEVIDEO
El segundo invitado fue el doctor Felipe Rotondo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo.
Este catedrático se refiere, en un pasaje de su intervención, al literal C) del artículo 3 del proyecto interpretativo, y dice lo siguiente: “…dejo de lado el tema de los delitos imprescriptibles. Es un asunto muy importante, y habría que analizar de donde surgen dichos delitos, si existieron (¿?), etcétera. Creo que acá claramente se están afectando los derechos de las personas. Así como hay derechos que se citan en el artículo 1º, también aquí existen derechos. Justamente, lo que importa en el sistema democrático es que defienda los derechos de todos, en este caso, respecto de quienes pudieron cometer estos delitos; aunque no nos guste, también tienen los derechos que el sistema jurídico otorga, tanto sea el internacional como el nacional. Aquí, partiendo de la base de que serían delitos prescribibles, se estaría determinando que no se compute determinado período, desde 1986 para acá -no existe el argumento del período de facto, etcétera- con lo que realmente se estaría afectando un derecho adquirido”.
Toda una tesis, como vemos. Nos queda la duda cuando el Dr. Dice que “habría que analizar si existieron esos delitos”, si es que realmente está dudando de que ocurrieron torturas, desapariciones, robo de bebés, asesinatos. Sería todo un caso para analizar, proviniendo de un universitario. Pero lo que surge de la exposición de este señor, es su preocupación porque se esté afectando el derecho de quienes hubieren cometido esos delitos, se estaría “afectando un derecho adquirido”, dice.
A nosotros no nos cabe duda de que los derechos existen para todos, y muchas veces hemos defendido los derechos humanos de los presos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es decir que todos tenemos derechos, incluidos los delincuentes, y muy otra es plantear que unos derechos son superiores a los otros. Cuando se vulnera los derechos humanos de las personas, lo primero es proteger a las víctimas, investigar, averiguar la verdad y administrar justicia. Todo eso en medio de la protección de los derechos que también tienen los violadores. Pero si una ley impide que haya verdad y justicia para con las víctimas, no se puede sostener que eliminar ese escollo es imposible porque se afectaría los derechos adquiridos de los delincuentes, porque de esa manera se estaría poniendo el derecho de estos últimos por sobre el de los primeros. Eso es desconocer la existencia de victimas de crímenes de Estado, con lo cual, no solo se vulnera el principio de igualdad y no discriminación frente a ellas sino que las victimiza nuevamente porque además de padecer injustamente el accionar criminal del Estado deben enfrentarse a nuevas trabas e impedimentos para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en el artículo 8º que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".
Tal vez llegará el día en que algunos juristas (sobre todo si son responsables de educar a futuros juristas) caigan en la cuenta de que las víctimas del delito han estado allí esperando se les auxilie, se les repare el daño y se les atienda con justicia resarciéndoles aunque sea parcialmente aquello que se les quitó, aquello que padecieron. Entonces tal vez caerán en la cuenta de que no se está creando una ley con efectos retroactivos, sino una ley que remueve los escollos que impiden proteger a las víctimas de los crímenes de Estado más aberrantes de nuestra historia.

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (segunda parte)

2011-02-24T19:45:00.000-08:00

Retomando el tema con el que iniciamos este ciclo, vamos a abordar el proyecto concreto que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento y que establece un marco regulatorio aplicable al régimen de contratos de participación Público-Privado (PPP).
EL CONTROL PARLAMENTARIO
Uno de los aspectos que no termina de conformarnos, es el que tiene que ver con la intervención del Parlamento en estos contratos. Y la preocupación no es menor, ya que como el mismo proyecto de ley establece en su parte expositiva “…existiendo una adecuada distribución de riesgos, la financiación privada de la obra no se verá reflejada en el Presupuesto como gasto, ni como deuda pública”.
Esto es, para que un organismo del Estado pueda adquirir las lapiceras o el papel con el que funcionará durante su gestión quinquenal, esos rubros deben estar previstos en el Presupuesto, y deben ser autorizados por el Legislativo. Sin embargo, cualquier organismo (el art.3 del proyecto establece que podrán efectuar estos contratos los Poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Entes de Enseñanza Pública), podrá celebrar un contrato PPP sin necesidad de que el mismo pase por el Parlamento.
Téngase en cuenta que, tal como establece el propio proyecto de ley, estos contratos pueden abarcar:
a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.
b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.
d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo de servicios públicos o de interés general.
Es decir, toda una gama de actividades de capital importancia para el rumbo económico del país, que se sustraen al control del órgano más representativo de la voluntad popular como es el Parlamento, y se depositan en una Unidad que se crea dentro del Ministerio de Economía: “Previa conformidad de la Unidad de Proyectos de Participación Público Privada la Administración Pública contratante, a través de su ordenador de gasto competente, dispondrá la adjudicación provisional mediante resolución fundada…” dice el art.23 del proyecto.
Lo que decimos acerca le a importancia de esos contratos, está claramente expresado en la exposición de motivos: “Las infraestructuras y equipamientos públicos constituyen un componente esencial para el desarrollo económico y contribuyen de forma decisiva al aumento de la producción y al fomento de la cohesión social y territorial”. No se trata de inversiones menores las que se estarían transfiriendo a la actividad privada, sino de “componentes esenciales para el desarrollo económico”, y en cuestiones tan importantes el Parlamento no intervendría en absoluto.
Por otra parte, son contratos que pueden abarcar un prolongado período de tiempo. El literal f del artículo 4° habla de la temporalidad del contrato, y dice que “Todos los contratos que se celebren deberán establecer un plazo máximo de duración. En ningún caso podrán otorgarse concesiones a perpetuidad”. Y eso está muy bien, pero no establece cual es ese plazo máximo. Un contrato por 150 años, por ejemplo, no es a perpetuidad, pero se le parece. De todas maneras, no nos parece razonable que una oficina del MEF pueda autorizar contratos que atan al país por varios períodos de gobierno sin que esos asuntos pasen por el Parlamento.
Sin mencionar que además pueden llegar a ser justamente las mayores inversiones en términos monetarios, puesto que como el mismo proyecto señala, “De regla, los recursos disponibles resultan insuficientes para financiar el elevado costo de las múltiples necesidades insatisfechas”.
La ley incorpora incluso instrumentos novedosos como el del “diálogo competitivo”. Se supone que el procedimiento es bueno para abordar contratos complejos, pues permite al órgano de contratación conocer ideas imaginativas y tecnologías innovadoras por parte del presumible selecto grupo de compañías proveedoras invitadas y debatir sobre ellas. Y justamente, por ser proyectos sofisticados y costosos, muy probablemente ese contrato público-privado sea, más exactamente, público-privado-extranjero.
Téngase en cuenta además que los sectores a donde probablemente irían estas inversiones, son sectores sumamente sensibles, tales como la vivienda, educación, salud, cárceles, transporte y energía entre otros, como se dice en el propio proyecto.
El ministro Lorenzo dijo en el Parlamento: “si algo sabemos de estos proyectos es que pueden ser muy beneficiosos para la sociedad, pero si algo sale mal, la factura también la paga la sociedad, y de eso somos conscientes. Y como nos preciamos de serlo, no vamos a hacer de esto un jolgorio". Está bien, confiamos en el ministro, pero el jolgorio se evita (no siempre, pero es más seguro) a través del control parlamentario.
¿INCONSTITUCIONALIDAD?
Tenemos, además, dudas respecto de algún aspecto de inconstitucionalidad que pudiera tener el proyecto, ya que de acuerdo al numeral 6º del artículo 85 de la Constitución, es a la Asamblea General a quien corresponde “Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los tres primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara”. El propio proyecto reconoce en su parte expositiva como una de sus bondades que los contratos no figurarán como deuda (aunque lo sean), lo que significa que la deuda pública estará siendo autorizada directamente por el MEF, sin conocimiento del Parlamento. Como señalamos más arriba, la exposición de motivos dice: “…mediante los esquemas tradicionales de gestión directa, los pagos que el Estado efectúa al contratista encargado de construir una obra, se realizan con cargo al Presupuesto, afectando así los niveles de endeudamiento. En cambio, existiendo una adecuada distribución de riesgos, la financiación privada de la obra no se verá reflejada en el Presupuesto como gasto, ni como deuda pública”.
El mexicano Jesús Ramírez Cuevas, en una conferencia señalaba “Estos contratos comprometen recursos públicos durante 25 a 40 años y su pago tiene prioridad sobre cualquier otro pago del gobierno. El truco es que la deuda se paga en abonos como si fuera parte del gasto diario de operación del gobierno. Es semejante a una hipoteca pero en términos legales corresponde a un “arrendamiento-financiero” que da más certidumbre al inversionista porque la propiedad del bien inmueble es del contratista y no del gobierno”
A CONTRAMANO DE LA DISTRIBUCION
Pero además, nos preocupa también la conexión que este tema tiene con el de la distribución de la riqueza. Una de las razones, es que esos sobre costos que termina pagando la sociedad, es riqueza producida por los trabajadores que va a parar a las empresas privadas y fundamentalmente hacia el capital financiero por la vía de los intereses.
Pero la razón básica y fundamental, es que los comunistas sostenemos que la mejor forma de distribuir la riqueza, es modificando el modelo productivo actual, concentrador, primario y extranjerizado. Esto pasa por una mayor intervención del Estado en la economía, por la necesidad imperiosa de que sea el Estado el que invierta y determine el rumbo de la actividad económica. En el discurso en ADM que mencionábamos en nuestro artículo anterior, Astori destacó que el objetivo final del programa que el pueblo votó no es el crecimiento, sino "la distribución del ingreso, algo que todos los uruguayos queremos y habla bien de nosotros". Pero luego agregó que “Se eligió no redistribuir la riqueza acumulada, sino las posibilidades del flujo de ingresos que permite esa acumulación". Esto es: no se trata de que no se pudo redistribuir la riqueza, sino que “se eligió” no redistribuir. Si queremos redistribuir la riqueza, si realmente y en verdad todos coincidimos en que la riqueza generada por los trabajadores debe ser repartida en forma más justa, tal vez no tengamos problemas en coincidir que el Estado cumple una función básica y central en este tema (el mercado no distribuye riqueza). Si esto es así, habrá que ver si el Proyecto de Ley de Participación Público-Privado no va en el sentido precisamente opuesto, en la medida que promueve la actividad privada en ámbitos en los que usualmente el Estado es el inversor.

PARTICIPACION PUBLICO-PRIVADA (PRIMERA PARTE)

2011-02-18T07:04:00.000-08:00

Queremos dedicar nuestro primer artículo de este año, al comienzo del análisis de un tema que seguramente será motivo de discusiones a nivel político, parlamentario y en el seno de los trabajadores organizados. Se trata del proyecto de ley que ya se encuentra en el Parlamento y que ha sido denominado “ley de contratos de PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA” (PPP).
COMO SE PRESENTA
El concepto de “participación público-privada” (PPP), que en otros países se conoce también como “asociación público-privada” (APP), o como las designa el Banco Mundial “participación del sector privado (PSP), designa la cooperación que establecen el Estado y la esfera privada con el fin de cumplir tareas públicas. Estos espacios del actuar público-privado se han ido incorporando cada vez más desde los noventa, tanto a nivel municipal, nacional como internacional. En esencia se presentan como emprendimientos desarrollados, financiados o llevados a cabo de manera común para generar bienes o prestar servicios que el Estado no puede o no quiere proporcionar solo. También en teoría, en el proceso, deben repartirse de modo equitativo las cargas y los riesgos, al igual que el beneficio, que puede consistir en ganancia privada, mejores condiciones de inversión o alivio para los tesoros públicos.
La legislación generalmente adopta la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado entre el Estado y una empresa (o consorcio de empresas) por el cual el Estado otorga la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado.
¿DE QUE SE TRATA?
El trasfondo del concepto de PPP es la exigencia neoliberal de reducir el Estado a sus “tareas esenciales” y las consiguientes expectativas de mejora de la eficiencia, alivio de los tesoros estatales sobre-endeudados, etcétera.
Todos recordamos como, en el marco de los programas de ajuste estructural promovidos por los organismos financieros internacionales, se privatizaron empresas y prestaciones públicas. Esta estrategia se encontró rápidamente con sus límites sobre todo en sectores como servicio de agua, transporte, salud o educación, y en los países más pobres conque había grandes riesgos y las perspectivas de beneficio eran menores. De manera que las PPP deben ayudar a movilizar inversores y operadores privados para esas áreas, ofreciéndoles estímulos y garantías contra riesgos políticos y económicos a través de medios públicos, tanto materiales como inmateriales.
Eso fue lo que señaló el compañero Astori en diciembre de 2010 cuando, en una charla en ADM dijo que Uruguay figura 48 en un ranking de competitividad, pero 78 en infraestructura; esto "compromete nuestro nivel de competitividad", alertó. Por eso, consideró un avance fundamental el proyecto de ley marco de asociación público-privada para proyectos de infraestructura, “porque da seguridad jurídica a los inversores”.
ALGUNAS CRÍTICAS
En función de la experiencia acumulada sobre las cada vez más numerosas PPP, se critica el cambio de paradigma que implica el concepto de asociación: la distribución clara de las tareas y responsabilidades entre el Estado y la esfera privada se disuelve, y el cumplimiento de las obligaciones públicas (que obedece a la lógica del bien común) pasa a depender de motivos económicos privados (que obedecen a una lógica de obtención de ganancias). Los intereses contradictorios se maquillan con eufemismos como “complementariedad” y “sinergias”.
El planeamiento y la gestión se hacen por lo general a puertas cerradas, con lo que el espacio para el juego democrático así como la influencia y el control de la sociedad civil queda limitado (más adelante nos referiremos a este aspecto, en concreto para el proyecto que se pretende aprobar en nuestro país).
Las empresas participantes pasan a tener mayor influencia en las decisiones políticas y en el establecimiento de prioridades; los proyectos se implementan según los intereses de la economía privada y constituyen un paso más hacia una privatización parcial, mientras las áreas no rentables permanecen bajo responsabilidad pública.
En vistas al creciente número de proyectos que fracasan por contradicciones internas (fracasos que termina pagando la sociedad, y en particular los sectores más desprotegidos), problemas económicos o expectativas incumplidas, los analistas hablan ya de un “divorcio público-privado”.
En Argentina, por ejemplo, la concesión del servicio de agua potable a manos privadas intentó, en principio, revertir una situación de supuesta incapacidad del Estado para invertir y brindar los servicios de manera eficiente. Efectivamente, durante los diez primeros años de concesión se extendieron las redes de agua potable, incrementándose el número de personas conectadas al servicio. Sin embargo, al no haber sido previstos contractualmente criterios claros para llevar adelante las obras de expansión, las prioridades de la empresa respondieron fundamentalmente al logro del mayor rédito económico posible, ignorando casi por completo la sustentabilidad social del proyecto. Así, se realizaron aquellas obras que implicaron menores costos y mayores beneficios en términos de recuperación de la inversión. De hecho, los mayores niveles de expansión se registraron en las zonas más ricas, y se postergaron considerablemente los sectores más vulnerables o de menores recursos de la sociedad. Lo mismo sucedió con las redes de saneamiento, cuya extensión también se dirigió principalmente a las zonas de mayor poder adquisitivo.
En lo que respecta a las tarifas, aumentaron muy por encima de la inflación, y si bien se establecieron subsidios cruzados, la concesión original no incluyó la existencia de una tarifa menor para sectores de escasos recursos, y hubo que crear el Programa de Tarifa Social, destinado a atenuar los efectos de la crisis económica en los grupos de bajos recursos. Pero aun así la empresa siguió estando facultada para realizar cortes del servicio ante la falta de pago.
OTROS EJEMPLOS
Los argumentos para justificar estos contratos básicamente son tres: incrementarán la inversión en infraestructura; los privados se harán cargo de los riesgos de retraso y defectos en las obras, y los privados serían administradores eficientes. Ninguno de estos argumentos se sostiene y las evidencias de varios países los desmienten. Es falso que la inversión en infraestructura aumente, sólo se encarece indebidamente. En los contratos PPP el contratista privado consigue el financiamiento en el mercado y paga intereses más altos que el gobierno. Un investigador de la Universidad Queens, de Canadá, calcula que el costo del capital de los hospitales ingleses (bajo la modalidad PPP) se triplicó o cuadruplicó. En los contratos mexicanos la tasa de interés es entre 8.3 y 9.1 por ciento anual más el ajuste por inflación, mientras un préstamo gubernamental tiene una tasa del orden de 3 por ciento anual. El aumento de costos lo paga el gobierno con los impuestos, que además de los altos intereses, paga una renta por el uso de la obra durante la duración del contrato, costo que no existiría si la obra fuera realizada por el gobierno.
Pollack y Liebe, de la Universidad de Edinburgo, estiman este costo (availability charge) en un 59 por ciento del pago total, el costo del capital en 17 por ciento y el resto en administración. En el caso mexicano se estima que el costo es similar al caso inglés, aunque con un mayor costo de administración, y en el caso de los hospitales, no incluyen la prestación del servicio médico que corre a cargo del presupuesto público.
Es importante ver la situación de los hospitales contratados en México con este esquema. Son tres Hospitales, y el esquema PPP es un contrato entre el gobierno y un socio privado que consigue el financiamiento, construye la obra y la administra a cambio de un pago mensual durante 25 años. El contratista es dueño de la obra y generalmente recibe del gobierno la concesión del terreno totalmente urbanizada (agua, drenaje, luz y vías de acceso).
Un artículo de “La Jornada”, muestra un cuadro comparativo con el monto de los contratos de los hospitales, el costo de la obra con equipamiento, el costo que hubiera tenido con un crédito gubernamental a 10 años y el costo excedente del esquema PPP, excluyendo el costo de administración. El resultado es que con el sobre costo se hubieran construido ¡¡¡ OTROS 12 HOSPITALES !!!

UN MINIMO INVENTARIO 2010

2011-01-04T02:02:00.000-08:00

Como quien no quiere la cosa, se nos fue el 2010. Pasaron cosas malas, es verdad, y hay que tenerlas presentes, porque de eso también aprendemos. Lo que sigue es apenas una especie de inventario de algunas de las cosas positivas que sucedieron y de las que considero negativas o al menos insuficientes para poder avanzar en el camino de un futuro mejor para las grandes mayorías populares.
LO BUENO
Asume el 2º gobierno del FA. Costó un poco más, perdimos algunos votos con respecto a 2004 y hubo que ir a una segunda vuelta. Pero el Frente es gobierno por segunda vez, y el compromiso es profundizar los cambios para seguir avanzando en democracia se renovó.
Continúa el proceso progresista en Brasil con la elección de Dilma. El triunfo de Dilma en el ballottage colocó, por primera vez, a una mujer en la jefatura del Estado de una potencia emergente como Brasil. Una victoria que acumula para el proceso progresista de América Latina.
Los latinoamericanos pudimos revertir el intento de golpe en Ecuador. La acción decidida del pueblo ecuatoriano, que salió inmediatamente a la calle a defender a su gobierno, hizo fracasar el intento de golpe de estado en el hermano país de Ecuador. La solidaridad latinoamericana fue decisiva también en esta ocasión, y hasta la acción de la OEA muestra a las claras que los cambios por estos lares son profundos.
Manuel Cordero fue extraditado y procesado en Argentina. Uno de los principales represores del Plan Cóndor, había fugado de Uruguay en 2004 y fue detenido en Brasil en 2007. Luego de un largo proceso fue extraditado a la Argentina y es enjuiciado por el secuestro de bebés y decenas de casos de torturas contra militantes políticos de izquierda. También está solicitada la extradición por parte de la Justicia uruguaya, que pretende enjuiciarlo por el crimen del militante del PVP Adalberto Soba.
Muere el dictador y genocida argentino Emilio Eduardo Massera. Como dijo Mario Benedetti, “Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo”.
Se levanta el corte del puente y comienza una nueva etapa en el conflicto por la pastera. Después que existiera la posibilidad de ser acusados penalmente, los ambientalistas de Gualeguaychú decidieron levantar las barreras que bloqueaban el puente General San Martín desde noviembre de 2006.
Aprobamos la constitución de la UNASUR. Según sus estatutos, la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor cuando su Tratado Constitutivo, firmado en mayo de 2008, sea aprobado por nueve de los doce países que la conforman. Tras la aprobación de Uruguay falta la ratificación de Brasil, Colombia y Paraguay.
Condena a Bordaberry a 30 años de penitenciaría. La Justicia sentenció a Bordaberry por "atentado a la Constitución en calidad de autor", así como de los homicidios políticos y desapariciones forzadas en calidad de coautor de José Arpino Vega; Eduardo Pérez Silveira; Luis Eduardo González; Eduardo Bleier; Juan Manuel Brieba; Fernando Miranda; Carlos Arévalo; Julio Correa Rodríguez; Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla y Ubagesner Chaves Sosa.
Presos los asesinos de Nibia Sabalzagaray. El juez Penal Rolando Vomero, dispuso el procesamiento con prisión del general Miguel Dalmao y el coronel (r) José Nelson Chialanza como "coautores" de un delito de "homicidio muy especialmente agravado", en el marco de la indagatoria penal por el crimen de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, el 29 de junio de 1974.
Oficiales de la armada marchan presos por fraude. Al menos ahora las denuncias se investigan, y la Justicia procesó con prisión al ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio y dictó los procesamientos de otros tres marinos, en la investigación por las compras fraguadas en la Armada.
Comienza la experiencia descentralizadora. A pesar de todo, la descentralización se puso en marcha, tenemos gobiernos locales electos y vecinos participando. En un Cabildo al que concurrimos, un vecino dijo: “es la primera vez, desde la época de Artigas, que los vecinos tenemos la oportunidad de discutir nuestros problemas directamente con las autoridades”. No es poca cosa. Se dio el primer paso hacia la anulación de los efectos de la ley de impunidad. Luego de una larga discusión que arrancó en abril de este año (sobre proyectos que ya tenían varios meses de elaborados), ingresó a la Cámara de Diputados (con la firma de los 50 diputados frenteamplistas) el proyecto de ley que anulaba los efectos de la ley de impunidad. Fue votado afirmativamente por nuestros 50 diputados, y negativamente por toda la oposición.
El Frente Amplio comienza un proceso de discusión intentando superar sus problemas. El Plenario Nacional recogió las opiniones de todo tipo que se vertieron sobre la situación de la fuerza política, y en dos etapas ha venido discutiendo y resumiendo los aportes.
¡¡Uruguay 4º en el mundial de fútbol!! Una alegría enorme que nos dieron estos muchachos. Algo que el pueblo uruguayo se merecía desde hace mucho.
LO MALO
El capitalismo intenta descargar los efectos de la crisis mundial sobre los trabajadores. La crisis es estructural y profunda, y la receta del capitalismo sigue siendo la misma: descargar los costos sobre los pueblos.
Triunfo de la derecha en Chile. La confirmación de que los procesos no son irreversibles, y una luz de alerta para otros pueblos y gobiernos.
Seguimos sin resolver el drama de Honduras. A pesar de la resistencia, los golpistas siguen encaramados en el poder, y es necesaria toda la solidaridad latinoamericana.
Seguimos sin resolver el drama de Haití. Lo que precisa Haití es ayuda humanitaria, no soldados. El programa del FA establece el retiro de nuestras tropas, pero no hemos avanzado nada en ese sentido.
Los cinco cubanos siguen presos en Estados Unidos, continúa el bloqueo a Cuba y Obama no cerró la cárcel de Guantánamo como había prometido. El recuerdo vivo y permanente de lo que significa el imperialismo.
Israel ataca la “Flotilla de la libertad” El Ejército israelí mató a nueve activistas de derechos humanos al abordar en aguas internacionales un barco que pretendía llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.
Los dimes y diretes en torno a la elección del candidato para la intendencia de Montevideo. Una de las tantas causas de la baja votación en la capital.
Perdimos varios departamentos en las elecciones de mayo. Demostración de que tampoco estos procesos son irreversibles.
Muere Néstor Kirchner. Lamentable muerte de un líder político que nos mostró a todos que es posible cambiar la historia, y que se puede ir incluso mucho más allá de lo soñado, aunque el respaldo en las urnas no haya sido contundente.
Muere José Saramago. Afiliado al Partido Comunista portugués desde 1969, fue el primer escritor en lengua portuguesa en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1992.
Muere el Sabalero. “Esa puta vieja y fría que nos tumba sin avisar”
Muere Marcos Velázquez. Al decir de Le Havre Presse de Francia, el 19 de mayo de 1979: “El es el cantor del pueblo, de los trabajadores de un mundo en marcha”.
Algunos senadores frenteamplistas se niegan a votar la ley interpretativa de la ley de impunidad. Senadores de sectores que en diputados habían apoyado el proyecto, se negaron a hacerlo en la otra cámara. De las cosas más tristes y negativas del año 2010.

ASI SE TRABAJA POR LA UNIDAD DEL FA

2011-01-04T01:43:00.000-08:00

Eleuterio Fernández Huidobro tiene una virtud: nos brinda constantemente material para escribir. Cuando estamos faltos de ideas, cuando nos viene el síndrome de la hoja en blanco y no sabemos que escribir, siempre está el recurso “ñato”. Uno pone en el Google: Fernández Huidobro, y enseguida aparecen entrevistas en todo tipo de medios de comunicación. Y obviamente, si se entrevista al Ñato, hable de lo que hable, siempre tendrá oportunidad de tirar algún dardo hacia los comunistas. Tanto si el periodista le da pie como si no. En el caso que hoy nos ocupa, hay una simbiosis absoluta entre periodista y entrevistado. El periodista quería que el Ñato hablara de los comunistas, y el Ñato se salía de la vaina por hablar de los comunistas.
Esa es la virtud. Pero como siempre, todo tiene una contraparte, y el lado malo es que las entrevistas al ñato no tienen desperdicio, y uno está obligado de contestar hasta las comas, y por lo tanto, hay que citarlo tanto que prácticamente no deja lugar a la respuesta. Pero intentaremos hacer algunos apuntes, aunque más no sea, para no dejar pasar algunas cosas.
La entrevista es en el diario Ultimas Noticias, del 20 de diciembre pasado. Comienzan a hablar del FA, y de la posibilidad de llegar a acuerdos, y el periodista pregunta:
-¿Cómo ve a los comunistas en esa búsqueda de acuerdos?
-Muy preocupado. Con todo respeto por esos compañeros y su tradición de militancia, en su último Congreso endurecieron su posición. Expresan una gran dureza, que no contribuye a la búsqueda de estos acuerdos.
-¿A que lo atribuye?
-Es fundamentalmente ideológico. Hay una ideología que los compañeros profesan, que está expresada en estos últimos documentos en forma químicamente pura. La ideología del PCU tiene algunos aspectos perversos que hacen imposible la búsqueda de acuerdos. Resultan incompatibles con la política y la estrategia, especialmente en los países donde por las circunstancias de lucha es imprescindible construir frentes de lucha con objetivos más ambiciosos, como es el caso del FA, que no es producto del capricho de nadie sino de una necesidad histórica.
Y bien, para Huidobro la ideología del PCU tiene algunos aspectos perversos que hacen imposible la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, no dice cuales son esos aspectos y donde estaría su supuesta perversidad. El lo dice, y ya está, palabra del Ñato, hay que creer o reventar. Luego habla de que hay países en los que las circunstancias de lucha hacen necesaria la conformación de frente, y que en nuestro caso (en nuestro país) sería una necesidad histórica. Sin embargo, se cuida bien de decir que la estrategia de la conformación de ese frente necesario históricamente, es el producto de un análisis científico de la realidad uruguaya, de sus bases materiales, de las fuerzas motrices de la revolución, elaborado por nuestro Partido, y llevado a la práctica con paciencia y tesón durante muchos años, hasta la conformación de lo que fue el Frente Amplio en 1971, nuestro querido Frente Amplio. Y por supuesto que se cuida muy bien de decir que mientras el Partido Comunista estaba en esas, el andaba en otras cosas, muy distantes de esa búsqueda de acuerdos para conformar un frente político y social de grandes masas.
Luego, el periodista insiste y le pregunta:
-Considerando el peso que el PCU tiene en las bases, ¿hay que considerar que el FA quedó trancado en sus decisiones o hay alguna forma de salir?
-Es difícil, considerando que en la declaración de su Congreso el PCU plantea que uno de los ejes principales en los próximos años va a ser la pelea con el equipo económico. Anticipan encontronazos y ubican al enemigo dentro del FA. Esa aseveración elimina cualquier instancia de diálogo posible. No la comparto, pero si lo hiciera tengo que entender que no puedo dialogar con aquel que considero portador de los intereses de la clase dominante. Pero además para ellos cualquier discrepante puede ser considerado de esa manera y no existe el diálogo que corresponde a un frente. Antes la posición de la dirección del PCU era de mayor amplitud y estaba abierta al diálogo. Hubo hermosas polémicas, con altura y argumentos.
Y bueno, es obvio y natural que el Partido Comunista no se plantea como eje principal en los próximos años “la pelea con el equipo económico”. Sería la cosa más infantil, estúpida y anticientífica que se le podría ocurrir a un partido político. Y como no somos ni infantiles ni estúpidos, y pretendemos aplicar la ciencia del marxismo leninismo al conocimiento de la realidad para transformarla, ni se nos cruzaría por la cabeza tamaño desatino inútil. Claro que nuevamente el Ñato lo dice y se supone que como el lo dice hay que creerle. Pero yo invito al Ñato a que muestre en que parte de los documentos de nuestro Congreso dice esa barbaridad que el menciona. Y como se que el Ñato no lo va a hacer, porque eso no es verdad, invito a todos los lectores a que lean de principio a fin los documentos del Congreso de nuestro Partido para ver si encuentran alguna sandez como la que menciona el Ñato. Ni que hablar que no vaticinamos encontronazos ni ubicamos al enemigo dentro del FA.
Pero luego agrega un infantilismo aún mayor, al decir que no puede dialogar con aquel que considera portador de los intereses de la clase dominante. Porque si no dialoga con los portadores de los intereses de la clase dominante, no se como va a cambiar algún día la sociedad. La ideología dominante, en cualquier sociedad histórica, es la ideología de la clase dominante, y si uno quiere crear una contra hegemonía, entre otras cosas debería dialogar con quienes, perteneciendo a las clases explotadas, expresan la ideología de los explotadores. Es así de sencillo, y a nadie escapa que muchos trabajadores –perteneciendo a las clases explotadas- son portadores de la ideología de la clase dominante. Y esto, no los transforma en enemigos de nadie.
Nuestro PCU estuvo, está y estará siempre abierto al diálogo. Nunca dejamos de dialogar con nadie, fraternalmente y con firmeza, como lo hemos hecho siempre. Y menos que menos nos hemos negado –nunca- a dialogar con los compañeros del Frente Amplio. Preferimos, eso sí, hacerlo como se debe, en los organismos que nos hemos dado los frenteamplistas para hacerlo, y no a través de la prensa. Lo que sucede, es que algunos compañeros tienen un acceso asegurado en los grandes medios de comunicación, sobre todo si de antemano se sabe que le van a dar algún palo a los comunistas, y entonces esos compañeros plantean temas que olvidan plantear en los organismos (cualquiera se distrae), y entonces muchas veces no tenemos más remedio que salir a aclarar nuestras posiciones en los medios. No nos gusta. Preferimos discutir con los compañeros en donde hay que hacerlo.
Luego de un pequeño intervalo en donde el Ñato deja de lado al PCU y reparte algunos palos para sus ex compañeros del MPP, vuelve por sus fueros. El periodista pregunta sobre la conflictividad sindical, y este es el diálogo:
-¿A qué atribuye la alta conflictividad que atraviesa el país?
-Ha sido más en el sector público que privado. Por un lado está el reclamo natural del año de discusión presupuestal y por otro los intereses políticos. Por un lado están los ultras, siempre manejados por la derecha para golpear al gobierno y destruir la herramienta sindical. Esto es más viejo que el agujero del mate y deja jugar a la derecha, como siempre se hizo. Y además hay otras intencionalidades políticas de otros sectores del FA.
-¿Hablamos de los comunistas?
-Sí, y no solo ellos porque además hay una lucha de poder dentro de los sindicatos. Atenazados por la ultra y creo que cometiendo un error, se desata una pelea por quien está más a la izquierda. De eso hay miles de libros escritos, incluso por Lenin, sobre el izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo. Siempre que ha habido revoluciones, aparece este rol contrarrevolucionario de los ultras. Si se dice que el gobierno está influido por las ideas de las clases dominantes y se dice que hay más dinero para repartir que el que realmente hay, eso desprende líneas de acción en los sindicatos y en todos lados.
Es bueno, al menos que a esta altura de su vida se de cuenta del papel contrarrevolucionario de los ultras, nunca es tarde. Pero es una lástima, que Huidobro nuevamente acuse al Partido de intencionalidades políticas, sin decir cuales son esas intencionalidades. Obviamente que nuestro Partido es un partido político, y por lo tanto, su accionar siempre tiene una intencionalidad política, casi nunca deportiva. Pero seguramente la intencionalidad que le atribuye Fernández es una intencionalidad mala, artera, sucia. Al parecer, el PCU anda por ahí diciendo que hay más dinero para repartir (no es el gobierno el que lo dice, no son las cifras oficiales que indican el crecimiento impresionante de la economía del país, no son las estadísticas del gobierno que hablan de un crecimiento del PBI sin precedentes y de una expectativa de un crecimiento aún mayor, NO, son los comunistas los que andan esparciendo esa infamia sin fundamento), y lo hace para generar en los sindicatos y en todos lados una acción reivindicativa desenfrenada.
La dureza del PCU no contribuye a encontrar puntos de acuerdo. Lo que contribuye a generar un clima adecuado para llegar a acuerdos dentro del Frente Amplio, sin duda, son los elogios de Eleuterio Fernández Huidobro. Todos deberíamos tener en cuenta esas lecciones de unidad y fraternidad. Nada de discutir estos temas en los organismos del FA. Un día un sector lanza una acusación sobre otro sector por medio de la prensa (si es sin fundamento, mejor) y otro día otro sector sobre otro, todos contra todos (o todos contra uno, que también al parecer sirve) y de esa manera tendremos un FA fortalecido y rozagante.

LAS LEALTADES POLÍTICAS

2010-12-16T19:10:00.000-08:00

El Ñato me ha hecho leer más de la cuenta. Yo estaba casi seguro que no había leído en las tesis del Congreso el nombre del Ñato, y menos el del compañero Lorenzo, pero como uno a veces lee apurado, alguna cosa se le puede pasar. Me llamaba mucho la atención, pero si el Ñato lo decía, por algo debía ser. Y me volví a leer las tesis, de principio a fin, y nada. Entonces me dije: ah…no…debe ser en el informe del camarada Lorier en la apertura del Congreso…pero tampoco…allí no decía nada. Entonces debe ser en la declaración final…claro…es allí donde mencionamos su nombre…Y me leí también la declaración por segunda vez…y nada, tampoco allí.
Así que ahora puedo desmentir al Ñato con total convencimiento: no es cierto lo que dice en su artículo “VIEJO ERROR”, publicado en Montevideo Portal. En dicho artículo, Eleuterio Fernández Huidobro hace un análisis concienzudo de lo que “él piensa que nosotros pensamos”, y luego comenta nuestros documentos del Congreso diciendo: “…por si faltaba claridad a los efectos de llegar a entender, también nos comunican (los que comunicamos somos nosotros los comunistas), y públicamente, que las clases dominantes y el imperialismo resisten y resistirán ferozmente los cambios (como es obvio), agregando que ellas se expresan DENTRO del Frente Amplio (en especial a través del Ñato Lorenzo y otros) por lo que no sólo está "en disputa" el Gobierno sino también el Movimiento Social, el Estado, y el propio Frente Amplio...”.
¡¡Qué fácil sería si fuera como lo plantea Huidobro!! Que la expresión de la ideología dominante (que no de la clase, como dice el Ñato) fuera tan fácil de ubicar, algo así como: ¡¡ pica la burguesía atrás del Ñato!!! Pero no, no es así, es algo un poco más complicado, y tiene que ver con la hegemonía, y que la ideología dominante es la de la clase dominante, y que esa ideología se expresa de diversos modos en todos los planos de la sociedad (también en el político, también en el Frente Amplio).
Pero como parece que entendió eso, y por algún mecanismo mental que no estoy en condiciones de descifrar, se puso el sayo de que las clases dominantes y el imperialismo se expresan a través suyo y del compañero Lorenzo dentro del FA, entonces concluyó que “Estamos pues ante un retorno vicioso de Eugenio Gómez” (¡¿?!). Y por si fuera poco, sacó otra conclusión: “…este tipo de ideas, para nada exclusivas del Partido Comunista, están en la base de los problemas que hoy aquejan al Frente Amplio. Son una parte muy importante de sus causas”. Está claro, los problemas del FA no tienen nada que ver con quienes no aplican el programa elaborado entre todos, o se niegan a anular la ley de impunidad, como lo hace por ejemplo Eleuterio Fernández Huidobro (y no de ahora, sino desde hace años). No, los problemas del FA se deben a la forma que tiene el PCU de analizar la sociedad uruguaya.
OTROS ECOS DEL CONGRESO
El Ñato no fue el único que se refirió a nuestro Congreso. Comentando la apertura del mismo, el 4 de diciembre pasado, la página Espectador.com dice que: “Eduardo Lorier hizo un encendido llamado a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, respondió solicitándole “lealtad” y pidió a los comunistas que si quieren convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (es decir, no es algo que esté en el Programa del FA, es algo que quieren los comunistas), presenten alguna propuesta concreta para avanzar en el tema. “A mí me preocupa porque yo espero lealtad de los compañeros. Nosotros somos una coalición; un frente no es un partido. Eso también algunos compañeros a veces lo olvidan” habría dicho Lucía Topolansky. No, estimada compañera, nosotros no nos olvidamos que somos una coalición. Es más, somos quienes más lo recordamos y tratamos de que todos los compañeros lo tengan presente. Y por eso, defendemos a la coalición defendiendo su programa (no el programa del PCU, el programa del FA). Y tanto no olvidamos que pertenecemos a una coalición, que nos hacemos responsables de sus aciertos y de sus errores, así como de los aciertos y de los errores de nuestro gobierno. Si la compañera Lucía hubiera escuchado o leído atentamente el informe del Congreso, lo tendría meridianamente claro. Allí los comunistas dijimos: “Así como no vemos como ajenos los avances, tampoco vemos como responsabilidad de otros los retrasos e inconsistencias y errores. Son también nuestros, producto de nuestra incapacidad para impulsar con más fuerza el programa del FA, de no poder ayudar con más energía y capacidad para que se cumpla con lo aprobado en los Congresos del FA”. Eso es lealtad política.
Sobre el reclamo de un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, Topolansky dijo que los comunistas deberían plantear un texto o una propuesta antes de criticar: “Lorier entonces no leyó la Constitución, que prevé varios caminos para modificar la Constitución en el artículo 331. Y algunos de estos caminos necesitan mayorías especiales. Pero además, lo primero que tengo que hacer para reformar la Constitución es discutir un texto y eso es responsabilidad de la fuerza política -que en parte él integra- y no del Gobierno. Yo no he visto que el Partido Comunista proponga una comisión; que revisen el texto vigente, que elaboren uno nuevo y planteen modificaciones. Es muy fácil decir ‘hágase esto que no se hizo’, sin explicar cómo se hace”. Además de que parece que Lucía tampoco leyó la Constitución, porque el art.331 dice “Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma…”, es llamativa la ajenidad con la que la compañera se refiere a un eje fundamental del programa de gobierno de su fuerza política. Lucía dice que eso es una responsabilidad de la fuerza política y no del gobierno (¿ella no integra la fuerza política?) y le traslada la responsabilidad al Partido Comunista. Nos dice que nosotros tenemos que pedir una comisión, que revisemos el texto constitucional vigente, que elaboremos uno nuevo y planteemos modificaciones. ¿Tendremos que poner la papelera también al final de todo ese proceso?
LAS COSAS EN SU SITIO
Nos parece que en primer lugar habría que ubicar lo que significa la “lealtad política”, para entender de alguna manera que es lo que se le está reclamando a los comunistas por parte de la compañera Topolansky. Se nos ocurre que una buena cosa sería plantear el tema en forma de pregunta; por ejemplo: ¿A quién debían lealtad los buenos militares en junio de 1973? ¿A las fuerzas armadas como cuerpo –aunque ese cuerpo estuviera infectado por el virus golpista- o a la Constitución y a la ley que se suponía debían defender?
Muchas veces se confunde incluso -hasta son considerados sinónimos- a la lealtad con la fidelidad, y algunas definiciones dicen que lealtad es el “Sentimiento de fidelidad o gratitud que muestran al hombre algunos animales: la lealtad del perro hacia su amo”. Hemos de suponer que no es este el tipo de lealtad que se les pide a los comunistas, es decir, ese tipo de lealtad irracional de los animales con las personas. Porque si bien es cierto que la lealtad es un término estrechamente relacionado con la fidelidad, la confianza y la amistad, la lealtad es una virtud, un compromiso con lo que creemos, con nuestros ideales y con las personas que nos rodean. La lealtad es con los principios. Ser parte de un partido político no significa renunciar a la capacidad de reflexión ni implica acomodar los propios principios a los que sostenga la colectividad a la que se pertenece. Es decir, la lealtad no es con los hombres, porque los hombres actúan bien o actúan mal, como dijera don José, “es muy veleidosa la probidad de los hombres”. La lealtad es con las ideas, con los compromisos políticos asumidos con la gente, con el pueblo. La lealtad política debe ser el principio básico que los representantes populares brinden, antes que nada, a sus electores, a su pueblo.
Pero es posible también, lo admitimos, la lealtad personal, aún dentro de la política. Es decir, aquella lealtad basada en el respeto hacia la persona, basada en el no ocultamiento de la verdad, en el sentido del honor. Pero ¿que tipo de lealtad? ¿Quien es más leal, el que le dice al líder que se está equivocando o aquel al que todo le parece bien porque viene de las alturas? La lealtad en política es para con aquellos a quienes se debe representar. La lealtad como la fidelidad no pretende premios o recompensas. Es convicción, identidad con aquello en lo que se cree.
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DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2010-12-09T18:03:00.000-08:00

Hoy, 10 de diciembre, es el Día mundial de los Derechos humanos, el que se origina en la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La Declaración fue el primer documento internacional que abordó en detalle la noción de que existe un conjunto de derechos universales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos.
El "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" es más reciente -entró en vigor el 23 de marzo de 1976-, forma parte también del cuerpo normativo internacional en la materia de derechos humanos, y hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de participación en la vida pública, en las elecciones y la protección de los derechos de las minorías.
Este pacto prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o detención arbitraria y la injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda bélica y la instigación al odio racial o religioso.
POR CASA
Lo hemos dicho muchas veces: desde la llegada al gobierno de nuestro Frente Amplio, ha habido avances insospechados en la cuestión de los derechos humanos, incluso en lo que tiene que ver con su violación durante la dictadura (que no es el único aspecto de estos derechos, claro está).
El día mismo de su asunción -1º de marzo de 2005-, el compañero presidente Tabaré Vázquez señalaba que “en materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”, y agregó que “nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”.

Y hubo avances impensables poco tiempo atrás. Pocos días después ya se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Desde ese momento, el art.4º de la ley ya no fue el instrumento para evitar que cualquier militar pasara por un juzgado a declarar, para tratar de esa manera que la justicia pudiera avanzar, sino que pasó a ser la llave para que de una vez por todo se iniciaran las investigaciones. Los casos se comenzaron a excluir, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos de compañeros desaparecidos comenzaron a aparecer.
VACILACIONES Y RETROCESOS
Claro que hubo luces y sombras, y entre estas últimas está el veto a la ley de salud sexual y reproductiva, que vulneró sin dudas el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. En esa ocasión, escribimos un artículo que era una “carta abierta” al compañero Tabaré, y en la que manifestábamos lo siguiente: “No voy a entrar a analizar sus argumentos para vetar la ley uno por uno. A esta altura de la cuestión, ya no vale la pena. Ya el veto está firme y no hay ley. Pero si quiero referirme al menos a uno de ellos. Usted aduce que la ley iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos-. Dice también que si bien una ley puede ser derogada por otra ley no sucede lo mismo con los tratados internacionales, los que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención). Yo comparto lo que usted afirma, compañero Tabaré. Pero quiero recordarle que hace pocos días estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. …Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero el reclamo también ha sido hecho a nuestro gobierno. El que usted encabeza, compañero Tabaré. Y su preocupación por los Tratados Internacionales está además reforzada por nuestro programa de gobierno: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. Compañero Tabaré: cuanto me gustaría ver en usted una preocupación por cumplir con los Tratados semejante a la demostrada en el veto a la legalización del aborto”
LA IMPUNIDAD TAN CAMPANTE
Hace unos cuantos meses, el compañero Lalo Fernández se refería al tema de la anulación de la ley de impunidad, y decía lo siguiente: "Todo el FA está de acuerdo con que es una ley que no se quiere dentro de nuestra legislación, queremos que desaparezca, pero los caminos políticos los tiene que resolver la Mesa Política. La ley tiene que desaparecer, bueno, busquemos los pasos para darlos en conjunto y correctamente, y no dar una discusión que pueda parecer de fondo cuando en realidad es simplemente de forma”.
Sin embargo, los pasos se dieron, se encontró una fórmula, la aprobó la Mesa Política por unanimidad, ingresó a la Cámara de Diputados como proyecto, con la firma de los 50 diputados del FA, y se le dio media sanción con el voto de esos mismos 50 diputados. Pero luego, surgieron las defecciones por todos conocidas, y las excusas más variadas para no votar el proyecto en el Senado.
Recientemente, nuestro país estuvo por primera vez en su historia en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue justamente en un gobierno de izquierda. Algo muy doloroso y humillante para muchos de nosotros, precisamente por ser un tema tan sensible para quienes nos consideramos de izquierda y hemos dado batalla contra la impunidad desde el momento mismo en que se instaló en nuestro país. La instancia de la Corte Internacional, nos aproximó a la posibilidad de recuperar la dignidad nacional hipotecada en octubre de 2009, cuando fracasó por una escasa cantidad de votos el último intento plebiscitario para anular esa monstruosidad jurídica que constituye la ley de impunidad. Pero nada dignificante sucedió. Algunos senadores se resistieron a votar el proyecto interpretativo, y nuestro gobierno reconoció en el organismo internacional apenas la violación de los derechos humanos de la familia Gelman durante la dictadura, cuando es obvio y evidente para toda la humanidad que hoy en día se están violando sus derechos, bajo nuestro gobierno. Para más tristeza, acaba de morir una de las “viejas” luchadoras, sin saber la verdad y sin tener justicia. Triste realidad en un día como hoy, que habrá que seguir luchando por revertir. Porque como decía María Ester Gatti, “No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar”.

LA IZQUIERDA Y LOS SINDICATOS

2010-12-02T16:41:00.000-08:00

El Ministerio del Interior debería tomar nota de algunas formas de reducción de los delitos que la creatividad de algunos uruguayos viene aplicando con excelentes resultados. Estos uruguayos, que no son otros que los dueños de los medios de comunicación, hacen desaparecer los delitos de las pantallas de los televisores o de las páginas de los periódicos como por arte de magia. Claro que hay que tener a mano algo que venda más, y esto sucedió por ejemplo cuando el mundial de fútbol, en donde por un buen tiempo disminuyeron drásticamente las rapiñas, los asaltos, los robos, los asesinatos y demás, y maravillosamente fueron sustituidos por goles de todos los colores. Ahora, desde hace un tiempito, los delitos referidos han desaparecido por obra y gracia de los conflictos sindicales. Parece que para los medios de difusión hay una especie de tsunami sindical que necesariamente debe ser anunciado a diario y, en lo posible, con títulos catástrofe. "Las huelgas se han convertido en el azote de la población", dijo por ejemplo el ex presidente Lacalle, y a uno le da como un chucho y miedo de salir a la calle por temor de encontrarse con una banda desaforada de sindicalistas con garrotes en sus manos.
¿CUAL ES LA SORPRESA?
En primer lugar, es obvio que la conflictividad está relacionada con dos factores importantísimos, y que no hay ni más ni menos conflictividad que la que hubo siempre que se dan estos factores: 1) Los Consejos de Salarios, muchos de los cuales aún no han laudado, y 2) el tratamiento del Presupuesto, instancia que en todo tiempo ha sido así, cuando se trata esta ley tan importante para todos los uruguayos y que afecta a los bolsillos de todos y cada uno.
El 24 de noviembre, La República titulaba: “Semana de alta conflictividad sindical” y luego decía: “Hasta ayer eran ocho los sindicatos que paralizaron algunos servicios en la salud, la banca pública, aduanas, aeropuertos, frigoríficos, en la Justicia con ocupación incluida-, y en la recolección de residuos. Por si algo faltaba, también se sumó FFOSE y una protesta en un Shopping. Movilizaciones. Paros en la Salud y protesta de usuarios. Una ola de conflictos sacude distintas áreas de actividad, sobre todo en el sector público”.

Sin embargo, si tomamos por ejemplo el mismo mes de noviembre, pero de 2007, podemos leer una noticia en El País digital que dice: “La conflictividad laboral cayó con relación a septiembre, según datos del programa de modernización de las relaciones laborales de la Universidad Católica, difundidos hoy martes 13 de noviembre. En el pasado mes se registraron 24 conflictos y se perdieron 71.317 jornadas laborales que afectaron a 65.750 trabajadores”. Es decir, en un mes en el que no se estaba en medio de negociaciones por los Consejos de Salarios, en donde no se estaba tratando el Presupuesto, se habían registrado 24 conflictos. Ahora, en medio de estos factores que describimos más arriba, se registran conflictos en ocho sindicatos y un periódico dice que “Una ola de conflictos sacude distintas áreas de actividad”.

Pero una semana después, el miércoles 1 de diciembre, La República vuelve a titular: “Nueva ola de paros” y entonces habla de conflicto en COFE (que no es nuevo, ya que hace más de un mes que está en conflicto), de AEBU (que en realidad lo que hace es presentar una fórmula y mantener las medidas que ya venía tomando, nada nuevo), del SUNCA (que tampoco es nuevo y que viene movilizándose por los Consejos de Salarios desde hace tiempo), de los judiciales (que tampoco es nuevo, y que ya incluso habían ocupado la SCJ), y de los escribanos, además de sumar a ADEOM Canelones, ya que no podía sumar nada más de la Capital. Como se ve, una “nueva y enooooorme ola de paros”.
¿ASOMBRO EN LA IZQUIERDA?
El nerviosismo y la manija en la derecha y en los medios, es hasta comprensible (mientras escribo este artículo, escucho el informativo del Canal 4, y veo que lanza una encuesta con la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo en reglamentar el derecho de huelga?). Pero lo que no se puede comprender es que dentro de la propia izquierda se vea la conflictividad (repetimos, normal, ni mayor ni menor que en otros momentos) como algo fuera de lugar y prácticamente como un agravio al gobierno.

Que se entienda bien, no estamos diciendo que todos los conflictos se puedan defender (ni por asomo defendemos el conflicto de los anestesistas, por ejemplo), ni que siempre los sindicatos actúen correctamente (es un problema de los trabajadores y que debe ser resuelto por los trabajadores), pero algunas posiciones de gente de izquierda hacen recordar a las declaraciones de cualquier vocero de de los tiempos en que gobernaba la derecha. Y el manejo del tema desde los medios es realmente tendencioso. Seguramente si se hiciera una encuesta sobre por qué están parando los empleados públicos, la mayoría diría que es por mayores salarios y para trabajar menos horas, y no es que la gente sea ignorante, es que eso es lo que se les transmite.

El mensaje que se transmite, es que los trabajadores son todos egoístas y solo piensan en sus bolsillos sin importarles la suerte de los demás trabajadores. De esa manera, los paros de los docentes son únicamente por mejorar sus salarios, y no porque estén luchando (además) por mejorar el presupuesto como una de las formas de mejorar la educación de todos los uruguayos.

El conflicto en el Poder Judicial “pone en peligro el Estado de Derecho”, pero nadie se entera de que en un país que crece, que busca distribuir mejor la riqueza, que tiene los mejores índices de crecimiento del PBI, se establece en el Presupuesto un aumento de $ 500 para unos 3.000 trabajadores para todo el quinquenio (sí, $100 de aumento por año).

Y además, las noticias de los paros siempre vienen acompañadas de los trastornos que inevitablemente causarán a la población, pero rara vez se informa las causas del conflicto, las negociaciones previas, las posiciones de un lado y de otro, como si eso no importara absolutamente a nadie. De esa manera, la noticia que le llega al ciudadano es que tal sindicato hará paro (el inconsciente colectivo inmediatamente lo relacionará con la lucha por aumentos salariales) y que ese paro lo afectará de tal o cual manera.
INTEGRANTES DE UN MISMO BLOQUE
Y no se puede comprender, las críticas desde la izquierda, porque el Frente Amplio sabía que estas cosas iban a suceder en un gobierno nuestro, las tuvo en cuenta, las estudió y estampó por escrito sus conclusiones, que son muy valiosas y que hay que volver a leer para entender lo que está pasando.
El documento a que nos referimos es el denominado FUERZA POLÍTICA, GOBIERNO, TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, y que fuera aprobado por el Plenario Nacional en 2003. Documento que surgió de una preocupación común del ámbito político y del sindical, y que se elaboró con la participación democrática de grupos políticos y bases, y que fuera además altamente valorado por el movimiento sindical en seminarios y encuentros que se realizaran luego de su aprobación.
En el capítulo denominado Gobierno y fuerzas sociales, se dice: “El acceso de la Fuerza Política al gobierno, aun en lo exitoso del proceso iniciado, no elimina la contradicción de intereses entre el trabajo y el capital y entre el Estado y sus funcionarios asalariados y la diversidad de intereses y demandas en la sociedad. La propia idea de Acuerdo Social lo avala”. Esto es tan meridanamente claro que ni vale la pena comentarlo. Más adelante, dice que “Contemplar y articular los distintos sectores de la sociedad, castigados por las políticas tradicionales en torno a un proyecto alternativo es un desafío central de nuestro tiempo. El gobierno progresista debe reconocer desde un primer momento tales hechos y las luchas económicas y los conflictos que sin duda se han de generar”.
De manera que no puede haber sorpresas en ese sentido. Todos éramos conscientes que eso era lo que iba a suceder; lo sabíamos en el Frente Amplio y lo sabían en el movimiento sindical, y nadie dudaba que la llegada del FA al gobierno no eliminaba por sí sola las contradicciones de clase ni los conflictos entre el Estado y los funcionarios.
Pero no solo que lo sabíamos, sino que además veíamos como algo positivo el movimiento sindical unitario y combativo que tenemos. Dice el documento textualmente: “Uruguay cuenta con una gran ventaja al respecto, y es que, en principio, tiene una amplia y extendida red social a la que hay que estimular y apoyar, así como un movimiento sindical unitario y combativo. No se parte de cero y no hay que empezar a trabajar desde una red social inexistente”.
Porque además, no concebíamos al movimiento sindical y social como algo ajeno a nosotros, sino como parte de un todo. Y por eso el documento afirma: “La fuerza política y su gobierno, así como el amplio, multifacético y combativo movimiento de masas, integramos el bloque político y social alternativo (o las grandes mayorías nacionales), opuesto al bloque de poder. Como tales integrantes, tenemos todos un mismo proyecto que, en sus grandes líneas, puede ser caracterizado de popular, nacional y democrático, antiimperialista y antioligárquico. Proyecto que hemos ido elaborando en medio de duras luchas y que, por eso mismo, aplicaremos, controlaremos y defenderemos, todo a la vez. Integramos un gran bloque histórico y tenemos un proyecto esencialmente similar”.

UN "NO" QUE ASOMBRÓ AL MUNDO

2010-11-26T03:11:00.000-08:00

El próximo martes se cumplen 30 años de aquel hito en la historia del pueblo uruguayo que fue el NO a la dictadura. Un NO que asombró al mundo porque no había antecedentes de que una dictadura hubiera perdido un plebiscito. Fue un intento de la dictadura cívico-militar de modificar la Carta Magna con el objetivo de legitimar el gobierno de facto y perpetuarse en una Constitución de corte fascista que limitaba las expresiones políticas, atropellaba a la justicia y la autonomía universitaria, reglamentaba la huelga y la organización sindical, y todo aquello que se pareciera a un sistema democrático.
LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA
Más allá de los delirios de un Luis Hierro López, que en junio del 2008 intentara lavar las implicancias de su partido con todas las dictaduras, diciendo que "La primera oposición la hizo el Partido Colorado a través de las páginas del diario 'El Día', que fue el faro de la libertad y la democracia en medio de la censura", y que salteándose las luchas populares desde el mismo día del golpe de estado agregó que su partido, a través de Enrique Tarigo en 1980 “casi en forma solitaria encabeza la oposición al texto constitucional en el semanario 'Opinar', siendo la vanguardia de la oposición a la dictadura", la realidad era muy otra.
Lo cierto es que el golpe fue dado sin apoyo político importante, que careció absolutamente de una base de masas, y que la huelga general de 15 días llevada a cabo por los trabajadores y su central, la CNT, y las luchas posteriores, profundizaron la brecha entre la dictadura y la inmensa mayoría de la población. Como analizaba Enrique Rodríguez en 1979, “…con todas las precauciones para no idealizar el proceso ni al movimiento democrático uruguayo, es que debemos observar el comportamiento del conjunto de las fuerzas políticas que intervinieron en aquel período (se refiere al período desde las medidas de seguridad y la represión de 1968 hasta el golpe de junio de 1973, así como al período de marcha hacia el fascismo que termina de imponerse en 1975). Y con las precauciones antedichas, podremos observar que, cuando llega la hora del golpe –y luego la del fascismo- el conjunto de lo que se denominan fuerzas o movimiento democrático, sufrieron el impacto, retrocedieron, pero no se pasaron al enemigo”.
En diciembre de 1977 se reunieron en Montevideo los miembros del Comité Central de nuestro partido y allí se aprobó un importante documento en el que se analizaba la situación nacional. Decía ese documento: “Con esta perspectiva, debemos ubicar nuestro empeño democrático y antifascista que hacia el quinto año de tiranía –en proceso de descomposición- viene abriendo perspectivas de unidad anti dictatorial, base imprescindible para una salida democrática”. Esta era nuestra táctica en la lucha contra la dictadura, la de unidad y convergencia de todas las fuerzas capaces de oponerse a la dictadura. Posición que era también la del Frente Amplio, que en su declaración del exterior de octubre de 1977 manifestó “Que el proceso progresivo que llevará a la caída de la dictadura pasa por la unidad y convergencia, sin sectarismo alguno, de todos los partidos opositores: el Frente Amplio, los demás sectores de la izquierda, los partidos tradicionales Blanco y Colorado, y todas las fuerzas sociales opuestas a la dictadura, concentrando la acción en torno a los principios básicos que, por encima de divergencias ocasionales o doctrinarias, deban unirnos en el objetivo común de la derrota de la dictadura”.
LOS FRUTOS DE LA TÁCTICA
Esta táctica unitaria y de convergencia democrática, fue dando sus frutos, y en diciembre de 1979 nuestro Partido decía: “Este objetivo (la derrota de la dictadura), reclama en el Uruguay, un nuevo cambio cualitativo tanto de la lucha interior como exterior, superar todo lo importante que se ha realizado en los años pasados, particularmente en el 78 y 79, hacer del año 1980, un año de la derrota del “cronograma” de la dictadura, erosionándolo de tal manera, que los planes de supuesta institucionalización en vez de fortalecerla, la debiliten mucho más con un fracaso rotundo”.
Cuando la dictadura militar -y los civiles que la apoyaban- intentaron legitimarse ante el mundo con un pronunciamiento plebiscitario, no hicieron más que acelerar el proceso de encuentro de importantísimos sectores de los partidos tradicionales para enfrentarlo, además de provocar la movilización de las organizaciones de izquierda que se mantenían clandestinas y a todo el entramado social que jugó un papel decisivo en la derrota del proyecto fascista.
La dictadura -según fuentes militares- tenía informes de Inteligencia que le advertían del crecimiento de la actividad de oposición y recomendaban incrementar la represión, sin embargo se impuso en los mandos militares la visión de que "el plebiscito se ganaba bien y después se continuaría la obra". Esto no significa que es fascismo hubiera cambiado su carácter; recordemos que en 1980 murió en la tortura Hugo Haroldo Demitt y murieron en la cárcel Emilio Férnandez, Miguel Almeida, Nelson Batalla, Gladys Yáñez, Jorge Antonio Debo y Edmundo Rovira. Y que siguió asesinando hasta el mismo año 84, en que matan al Dr. Vladimir Roslik, el último muerto de la dictadura.
Salvo contados medios escritos y algunas emisoras, los medios de comunicación se alinearon con el régimen. La revista mensual “La Plaza”, de Canelones, dirigida por Felisberto Carámbula, y el semanario colorado "Opinar" (aparece el 6 de noviembre de 1980), que dirigía Enrique Tarigo, eran excepciones, y Germán Araújo desde CX 30 se transformó en uno de los principales referentes de la resistencia popular al SI. Por supuesto que El País (nacionalista) y La Mañana (colorado) se jugaron enteros por el SI. El director de El País, Daniel Rodríguez Larreta, escribió un editorial titulado "Solo votando el SI quedará abierta ruta hacia recuperación institucional"; el diario El Día no se pronunció editorialmente y ofreció espacios a los defensores del NO. Búsqueda, que durante toda la dictadura apoyó al régimen, extrañamente no editorializó a favor del proyecto.
La inventiva y la creatividad popular dieron lugar a una vasta gama de recursos publicitarios para contrarrestar la campaña oficial. Pegotines que sólo decían “NO” y que se pegaban en los respaldos de los asientos de los ómnibus o en los baños de los bares, en las paradas de los ómnibus y en cualquier lugar en donde pudieran ser vistos, las pintadas en los muros, etc. Hay miles de anécdotas de la creatividad popular, cumpleaños inventados, fiestas de 15 y hasta los entretiempos en el Estadio fueron el escenario donde la dignidad popular reclamó votos para el NO y enfrentó el brutal aparato de la dictadura y los grandes medios. La propuesta fue rechazada por la población por un 57% de los votos, y esto aceleró el proceso de apertura democrática. El plebiscito tuvo dos papeletas, las del SI eran de color celeste y las del NO amarillas. Por el SI se contabilizaron un 42,51% de los votos válidos, por el NO un 56,83%, y un 0,66% de votos en blanco
La coincidencia del 30 de noviembre de 1980 hacia un objetivo único anti dictatorial revelaba claramente que la unidad era la clave para derrotar la dictadura.
Del 8 al 12 de diciembre de 1980 se reunieron los miembros en el exterior del Comité Central del PCU, y allí se valoraba: “Este pronunciamiento nacional es la cristalización de la acción coincidente de las más diversas capas de la sociedad uruguaya, de todos los partidos de oposición, de la clase obrera, de los estudiantes, de la intelectualidad, de religiosos y laicos, de civiles y militares, de todos los patriotas, del pronunciamiento del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, de la Convergencia Democrática, de otras fuerzas políticas y sociales, de la Iglesia, de dirigentes de la Federación Rural, de productores del campo y de pequeños y medianos comerciantes e industriales. La victoria del NO crea una nueva situación, y resultará muy difícil hacer volver atrás el proceso iniciado”.

Así fue como se escribió la historia de esta significativa etapa de la lucha heroica de nuestro pueblo contra el enemigo fascista.

TOCO Y ME VOY

2010-11-19T02:57:00.000-08:00

“Un cambio social profundo, que exige activismo y entrega con mucho riesgo, es un fenómeno que se alimenta de vínculos fuertes, mientras que los medios de comunicación social se basan en esencia en «vínculos débiles». De ahí que la revolución no se pueda realizar a través de Twitter o Facebook”, dice un artículo de Malcolm Gladwell publicado en The New Yorker (“Por qué la revolución no se hará a través de Twitter”).

LA MILITANCIA SEGÚN VAZ
Hace tiempo que tengo entre mis papeles una entrevista de Raúl Legnani (en La República) al ingeniero Eduardo Vaz, fundador de la red frenteamplista Proyecto Miramar, que quería comentar.
Vaz nos cuenta que el Proyecto Miramar se funda en julio de 2003, y que luego se fueron formando otras redes más pequeñas. Muy recientemente ingresan a facebook y twitter, lo que les permitió la masificación de las redes.
Es interesante ver el concepto de militancia de este ingeniero. No se si es el mismo concepto que tienen la mayoría de los integrantes de las redes, porque estos siempre aclaran que hablan a título individual, y esta es una de las características de los “redistas”, el individualismo exacerbado. Vaz lo dice así: “…en las redes existe esta sensibilidad, que lleva a que la gente hable a título personal. Ya no camina el "nosotros" de los partidos. Yo digo lo que digo y los compañeros me acompañarán o no. Esta es una diferencia radical”. ¡¡Y vaya que es una diferencia radical ¡! Permitiría, por ejemplo, a algunos senadores hacer lo que se les antoje el día que se vote la ley interpretativa de la ley de impunidad.
Para el Ing. Vaz, ya no corre aquello de que discutimos entre todos, intercambiamos opiniones y puntos de vista pero luego todos respetamos lo que decide la mayoría. No, discutimos, intercambiamos, y después, cada quien hace lo que le parece. Esta postura individualista surge claramente de la entrevista, pero además el Ing.Vaz lo recalca en forma explícita: “Hoy los anarquistas de principios del Siglo XX estarían encantados con las redes, porque son la forma más natural de expresión de la individualidad consciente”. Y no precisaba aclararlo.
Vaz nos dice que “Las formas de relacionarse fueron cambiando en la década del 90. Pasamos de una militancia muy activa, en muchos sentidos desgastante, a otra distinta. Es que la gente dejó de poner su proyecto de vida en la militancia”. Y luego agrega: “Las redes facilitaron estas otras formas de coparticipación: mucho más flexible, donde uno entra y sale de la militancia según los estados de ánimo. Esto fue un cambio radical de la forma de estructurarse: se terminaron las jerarquías al ser redes horizontales. La militancia, a través de las redes, pasó a tener mucho de deseo, de interés genuino”. De estos párrafos se puede deducir claramente cual es el concepto de militancia de este redista. En primer lugar, la militancia como un proyecto de vida propio: “su” proyecto de vida, dice Vaz, y no la militancia por un proyecto colectivo. Y en segundo lugar, la militancia según estados de ánimos, milito cuando tengo ganas, entro y salgo de acuerdo a mi estado de ánimo, “toco y me voy”. Tampoco asumo ninguna responsabilidad, porque nadie puede asumirlas si va a militar de acuerdo a sus estados de ánimo, que las responsabilidades las asuman otros.
UN CAPITALISMO QUE YA FUE
Vaz nos dice que como los peones en el campo usan celulares, el capitalismo cambió. “Hace uno días escuchando a un diputado del FA que denunciaba las condiciones de trabajo infames del campo” nos dice Vaz, “nos enteramos que los peones utilizan los mensajes de texto. Esta es la realidad, este es el cambio. Hoy es imposible pensar, sin tener en cuenta esto, sobre cómo se hace política”. La militancia cibernética, es defendida por el Ing.Vaz en función de un capitalismo que ya no existe, porque ahora los peones usan celulares. Dice Vaz: “No se puede seguir hablando de organizaciones políticas tradicionales para luchar en el Siglo XX, contra un capitalismo que ya no existe. El capitalismo de hoy es otro. ¡No podemos seguir haciendo lo mismo cuando todo ha cambiado! Con las clases dominantes queremos disputar en el terreno material y cultural el debate de las ideas”.
El Ing. Vaz, a partir de una denuncia de un diputado en cuanto a las "condiciones infrahumanas" en las que trabajan cientos de peones rurales en las grandes estancias ubicadas al norte del Río Negro, que entre otras cosas no disponen de agua potable, no tienen instalaciones para ducharse, no les proporcionan ropa de trabajo, no se les respetan los horarios de labor, además de irregularidades con las planillas de trabajo y los recibos de sueldo, concluye que el capitalismo del siglo XX ya no existe. El diputado que hizo la denuncia, dice que "Es una realidad muy dura. Estos peones no están organizados en sindicatos, ni siquiera conocen sus derechos, y la situación se agrava sobre todo para los que trabajan en las estancias ganaderas, porque están aislados”. Es decir, lo que el diputado describe es una situación perfectamente comparable a la del siglo XIX, pero el Ing. Vaz nos dice que todo ha cambiado, porque lo nuevo es que el peón ahora tiene celular.
Vaz no explica en lo más mínimo por qué el capitalismo que conocimos ya no existe, y se saltea olímpicamente que el capitalismo es un sistema económico basado en la explotación del hombre, que esa explotación sigue tan campante, y que para luchar contra la explotación se necesita algo más que una militancia en función de estados de ánimo, que se necesita organización, conciencia y lucha.
NO QUEREMOS CARGOS
Al Ing. Vaz le molesta también la cuestión de los cargos en el gobierno: “Hoy la política quedó reducida al reparto de los cargos, en forma bastante deprimente. El FA tiene, en este sentido, una hipocresía muy grande, desde que sabemos que los cargos se repartieron por cuota política sin tener en cuenta su preparación. Yo oigo eso todos los días. ¿Los dirigentes del Frente no lo oyen?”. Vaz asume que si los cargos se reparten por cuota política entonces no se tiene en cuenta la idoneidad, cuestión que no necesariamente tiene por qué suceder. Por otra parte, ¿qué significa para Vaz la idoneidad? ¿Quién puede decidir cuál es la idoneidad para ocupar un cargo? Yo no se si es más idóneo para ocupar el cargo de ministro de la Defensa un ingeniero, un médico, un abogado o un panadero. Hoy tenemos un panadero, y no ha resultado tan mal ministro, más allá de discrepancias con algunas de sus decisiones, y que no tienen que ver para nada con la idoneidad sino con la visión política.
Claro que esa crítica además se hace desde un escalón más alto, casi desde el Olimpo, ya que “Como Redes Frenteamplistas no disputamos cargos en la estructura del Frente Amplio, ni en el Estado. Pero hay montones de integrantes de las redes que están en cargos muy importantes”. Es decir, puedo criticar porque no disputo cargos en ningún lado. No los disputo como organización, pero sí como individuo (no sabemos si luego que aceptan los cargos también actúan a “título personal” o si respetan el Programa resuelto entre todos).
UN PARTIDO POLÍTICO NO ES CUALQUIER COSA
Por lo visto, el Ing. Vaz (no podemos decir que sea la opinión de los redistas en general) parece compartir la conocida tesis de Margaret Thatcher: "la sociedad no existe, sólo existen individuos".
Desde nuestro punto de vista, los partidos políticos llevan a cabo actividades que son clave para las democracias hoy en día, de manera que su funcionamiento interno adquiere una enorme relevancia. Algunos de estos aspectos son la formulación de políticas concretas, la elaboración programática y los procesos de toma de decisión, el nivel de participación de sus grupos y afiliados y la rendición de cuentas a que están sujetos sus dirigentes. Todas cuestiones que si fueran dejadas en manos de una militancia que “entra y sale de acuerdo a sus estados de ánimo”, tendrían como destino el fracaso más absoluto.
Decía E. Burke: “Un partido es un grupo de hombres unidos con el fin de promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional, sobre la base de algún principio particular en el que todos ellos coincidan”. Y otras definiciones dicen que: “Un partido es, ante todo, un intento organizado de alcanzar el poder, entendiendo por tal el control del aparato estatal”(Schattschneider).
En estas dos definiciones las redes (al menos en la visión de Vaz) seguramente encuentran un obstáculo, ya que como vimos, no son partidarios de la organización y no les interesa ni el poder ni el aparato estatal. Estamos en las antípodas del pensamiento del Ing.Vaz, lo que no implica despreciar las nuevas tecnologías aplicadas al debate político; todo lo contrario.

QUERIAMOS TANTO A KIRCHNER

2010-11-12T06:43:00.000-08:00

Leandro Grille escribió un excelente artículo en la Revista Caras y Caretas: “Elogio de Néstor”, el cual tiene una virtud no menor, y es que está escrito no desde un análisis politológico profundo, sino desde lo que puede ver un ciudadano común acerca de lo que fue el breve pasaje de Néstor Kirchner por la política, y de la huella que dejó en los argentinos y en los latinoamericanos.
NESTOR Y NOSOTROS
Claro que uno no puede dejar de leer acerca de la peripecia argentina durante el gobierno de los Kirchner sin hacer una comparación con la uruguaya, dada la cercanía en el espacio y en el tiempo, y llama la atención que no le haya provocado al autor cierto escozor al escribir el artículo, ya que esa comparación, casi inevitable, nos deja un sabor amargo.
Dice Leandro: “…en ese breve tránsito por el proscenio de la historia, supo cambiarla, mucho más allá de lo que nadie habría soñado…, habiendo cosechado apenas un puñado de votos”.
Esa es sin duda una de las sorpresas mayúsculas que nos dio Néstor Kirchner. Nos mostró a todos que es posible cambiar la historia, y que se puede ir incluso mucho más allá de lo soñado, incluso aunque el respaldo en las urnas no haya sido contundente. Lo que vemos por estos lares, son posiciones muchas veces timoratas y conservadoras, a pesar de contar con amplias mayorías para llevar adelante al menos lo que se promete a la población. Ya no digamos de ir un poco más allá.
El articulista dice que Néstor vino a estar “a la altura de la historia”. Y luego se pregunta: "¿Y qué carajo es estar a la altura de la historia cuando se asume la presidencia de un país devastado? ¿Cuándo no tenés ningún respaldo? ¿Cuándo la gente ya no cree en nada ni en nadie y apenas se aferra a una consigna repleta de bronca y de desesperanza: ¡qué se vayan todos!?”. Y entonces Leandro dice que “la altura de la historia” no se diluyó en discursos, sino que fue conformándose en hechos bien concretos. Y a pesar de que los hechos abarcan casi todas las esferas de la vida pública, Leandro pone en primer lugar los siguientes: “sacar el retrato de Videla,…la anulación de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, el juicio y castigo a los culpables del terrorismo de Estado, y el reconocimiento como ningún presidente lo había hecho hasta entonces a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”.
Estas cosas pudo hacer un presidente que asumió un país devastado, con prácticamente ningún respaldo, donde la gente ya no creía en nada ni en nadie. En nuestro país, el Frente Amplio asumió el país con un respaldo enorme de la gente, y sin embargo la realidad es muy otra. Nuestro programa de gobierno, ya desde el IV Congreso Extraordinario “Héctor Rodríguez” del año 2003, es pródigo en referencias concretas en lo que tiene que ver con los derechos humanos y con las relaciones entre el derecho interno y el internacional, que están obligando a los legisladores frenteamplistas a anular la ley de impunidad. Allí decimos: “Comprometido con la verdad y la justicia –principios por los que el conjunto de nuestro pueblo ha bregado incansablemente- en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura, (el gobierno del FA) hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr el cumplimiento de dichos principios, en cumplimiento de la Constitución y la ley”. Y también: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. O en forma más contundente aún: “…la impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática para poder superar traumas de un pasado reciente. Cuando ella funciona para proteger a agentes gubernamentales (civiles, militares y policías) que han violado seriamente derechos humanos, cometiendo con ello crímenes penales de suma gravedad. Esto implica un agravio a la Justicia y afecta seriamente la igualdad de las personas ante la ley”. No son las únicas referencias, pero alcanzan para mostrar el mandato ineludible.
Sin embargo, senadores de nuestra fuerza política se niegan a cumplir con lo que prometieron, y algunos manifiestan abiertamente no solo eso, sino que les importa tres carajos respetar o no a los organismos internacionales de derechos humanos.
“Perico” Pérez Aguirre, decía: “Triste es tener que conservar para siempre en la memoria colectiva el hecho fatal de que por la impunidad impuesta nos hemos convertido en un pueblo pusilánime, doblegado por abyectas amenazas de algunos delincuentes que obligan a olvidar y a dejar impunes sus crímenes”. Habría que agregar: triste es que quede en la memoria colectiva el hecho de que una fuerza política de izquierda, teniendo las mayorías para terminar con la impunidad, terminó lavándose las manos cual Pilatos.
LOS LÍDERES GUIAN
Como dice Leandro Grille en referencia a Néstor Kirchner: “…un hombre es lo que hace. Y sus actos, más allá de los claroscuros propios de la vida humana, se corresponden con los de un líder progresista, de izquierda, comprometido con las causas de los más débiles, la democracia y los derechos humanos”.
Lo extraño, es que Leandro no haga ninguna extrapolación con sus propios líderes (supuestamente de izquierda, o al menos progresistas), y no le llame la atención la distancia entre lo que sus líderes dicen y lo que hacen. Es una lástima, porque es ahí en donde radica el grave problema del Frente Amplio. Es por eso que no convoca, que no enamora, que no entusiasma.
Dice Leandro acerca de Néstor: “…fue un militante que contagió de ganas de militar a una generación entera que nunca había soñado en comprometerse con nada. Devolvió las ganas de construir y de creer en un proyecto colectivo a un montón de argentinos que hace rato habían abandonado todas las esperanzas”. Y sí, ese es el cerno de la cuestión Leandro. Hay quienes “no están a la altura de la historia”, y si un hombre “es lo que hace”, hay quienes son poca cosa. El compromiso con la causa de los derechos humanos contagia las ganas de militar, devuelve la pasión por construir un proyecto colectivo, sobre todo en los más jóvenes. Las defecciones, las agachadas y el no cumplimiento de lo prometido generan el efecto contrario: el desánimo, la bronca, el descreimiento.
Y hay que tener bien claro que la política también tiene un fundamento moral y ético, y la lucha contra la impunidad ha tenido y tiene (y lo seguirá teniendo en el futuro) ese componente que hace que un colectivo ponga el alma en lo que hace. Administrar el capitalismo mejor que los partidos tradicionales el Frente Amplio ha demostrado sobradamente que se puede. Pero eso no basta para convocar a las grandes mayorías a militar. Porque como dice Fidel, "Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio". Lo que mueve al compromiso e inyecta energías en los militantes de izquierda es el compromiso con los cambios profundos, la constatación diaria de que podemos siempre ir un paso más allá, avanzando hacia la utopía. Eso es lo que nos legó a todos Néstor Kirchner (y Cristina, sin duda), la sensación de que se puede más que lo que nos quieren hacer creer algunos, que se puede enfrentar al imperialismo en Mar del Plata, que se puede enfrentar el poder latifundista si se logra entusiasmar al pueblo para que sea el garante de los avances en democracia.
La anulación de las leyes de obediencia debida teniendo apenas un puñado de votos, es la prueba del nueve de la grandeza ética y moral de Néstor Kirchner. El mantenimiento de la ley de impunidad, teniendo la mayoría absoluta en el Parlamento, es lo opuesto, y proyecta una sombra oscura sobre el futuro de nuestra fuerza política, que por cierto no se arreglará con retoques de un Estatuto.

LLOVIENDO SOBRE MOJADO

2010-11-05T07:54:00.001-07:00

Algunos senadores del Frente Amplio se niegan a votar el proyecto interpretativo de la ley de impunidad, y su punto de vista puede expresarse básicamente así: “la ley de impunidad fue confirmada por el pueblo en dos plebiscitos, y en consecuencia, solo se puede anular o derogar mediante otro plebiscito”.
Reiterar los argumentos en contra de ese planteo es llover sobre mojado, pero lo resumiremos de la siguiente manera:

1) la derogación de la ley de impunidad fue puesta a consideración en el referéndum del año 89, bajo condiciones de presión y de miedo, con manipulación mediática (recordemos un video de Sara Méndez que los canales se negaron a difunidir), etc, y efectivamente, no se lograron los votos para su derogación;

2) en 2009 lo que estaba a consideración era otra cosa, era una reforma constitucional que, de haber sido aprobada hubiese tenido como consecuencia la anulación de la ley de impunidad. En este caso, la única opción posible era el SI a la reforma, y de ninguna manera puede extraerse la conclusión de que quienes no pusieron esa papeleta están de acuerdo con la ley de impunidad;

3) Lo que está a consideración con el proyecto actualmente en el Parlamento, no es ni la derogación, ni la anulación, sino la interpretación de la ley de impunidad.
De manera que la primera afirmación de quienes se oponen al proyecto (“la ley fue confirmada en dos plebiscitos”) es falsa. Pero aún en el caso de que fuera cierta esa afirmación, tampoco se podría extraer la conclusión de que “solo se puede anular o derogar mediante otro plebiscito”.
Todas las leyes son pasibles de derogación, modificación, y hasta remoción del ordenamiento jurídico bajo ciertas circunstancias. El punto es si compartimos la idea de que el Parlamento (órgano por antonomasia encargado de sancionar las leyes) es el indicado para derogar, modificar o remover las leyes, o si, como algunos sostienen, en el caso de que una ley haya sido convalidada por el cuerpo electoral necesariamente sebe ser este el encargado de hacerlo.
Sobre este último punto, dice Saúl D. Cestau en su tratado sobre Derecho Civil Uruguayo: “Toda ley puede ser derogada, en cualquier momento por otra ley. Quien ha tenido facultad para dictarla debe tener la de limitar su eficacia en el tiempo”. Parece sumamente claro, y Cestau solo agrega más adelante que “La derogación ha de ser practicada por una norma que no tenga rango inferior al de la derogada. En otros términos, la norma modificatoria debe ser de igual o superior jerarquía que la modificada”. Esto es, una ley no podría ser derogada por un decreto, por ejemplo, porque este último es de un rango inferior. Cestau agrega que “Quien tiene el poder de dictar una norma tiene el poder de suprimirla”. Nada que agregar. Solo decir que quien dictó la norma llamada “ley de impunidad” fue el Parlamento, y por lo tanto es este quien tiene el poder de suprimirla.
Quienes sostienen que cuando una ley fue confirmada por un referéndum solo puede ser modificada por el cuerpo electoral, se basan en que ese cuerpo electoral sería algo así como un poder por encima de todos los demás, y dicen estar asesorados (o seguir el razonamiento de) por el compañero José Korzeniak, quien dijo que: para eliminar la Ley de Caducidad se debe realizar a través de un plebiscito y no por una ley. "El cuerpo electoral está por encima de los tres poderes del Estado, según lo indica el artículo 82 de la Constitución", precisó el ex legislador socialista.
Lo decíamos en nuestro artículo anterior: la ley de impunidad fue votada por el Parlamento (Poder Legislativo) y además fue confirmada mediante un referéndum (en las condiciones que todos sabemos, pero lo fue). Y sin embargo, un tercer Poder –en este caso el Poder Judicial- puede decidir que esa ley no se aplica, por más que haya pasado por las instancias que mencionamos. Si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de la ley para cada caso concreto (en teoría puede hacerlo para todos los casos), la ley no se aplica. No he visto ni a Korzeniak ni a ninguno de los senadores que se oponen al proyecto, decir que la SCJ violenta la expresión soberana del pueblo cuando decide que la ley de impunidad no es aplicable (acaba de hacerlo para otros 19 casos).
Korzeniak pone al cuerpo electoral por encima de todo (lo pone él, no la Constitución) cuando por encima de los tres poderes del Estado solo se encuentra la Nación, que es donde reside la soberanía. Y el problema es que Korzeniak parece confundir al cuerpo electoral con la Nación, que no son lo mismo obviamente. Lo que dice el artículo 82 de la Constitución es que existen dos formas de ejercer la soberanía (que radica en la Nación como lo establece el art.4): la forma directa (a través del cuerpo electoral) y la forma indirecta (a través de los órganos del Estado). NO DICE que el cuerpo electoral esté por encima de ningún poder del Estado, NO LO DICE ni tampoco se puede deducir del texto. El hecho de que primero nombre la forma directa, no la hace estar por encima de la otra, y no se nos ocurre siquiera pensar que el simple orden en la frase sea la razón que un constitucionalista de la talla de Korzeniak esté esgrimiendo. Seguramente, a lo que se refiera Korzeniak sea a que el ejercicio directo de una potestad tenga cierta superioridad sobre el ejercicio indirecto de esa misma potestad (en este caso de la soberanía). Pero esto no tiene ningún asidero. En nuestro orden jurídico la actuación por medio de representantes es tan válida y tiene la misma categoría, en cualquier acto jurídico, que la actuación en forma directa. Y en el caso de la soberanía de la Nación, la Constitución no hace ningún distingo como el que caprichosamente hace Korzeniak. Y esto que yo sostengo –que no existe una forma de ejercer la soberanía que tenga una categoría superior a la otra- no es un capricho, sino que es lo que sostienen algunos constitucionalistas destacadísimos.
Uno de estos destacadísimos constitucionalistas, nos dice: “Creemos que el texto del art.82 permite admitir, con cierta generosidad conceptual, que (el Cuerpo Electoral) es otro poder, que expresa la soberanía de la Nación “en forma directa”, a diferencia de los Poderes representativos que expresan esa misma soberanía de la Nación de manera indirecta” (las negritas son nuestras).
Es decir, este renombrado y destacadísimo constitucionalista nos está diciendo enfática y contundentemente lo que he venido diciendo en artículos anteriores, que es la misma soberanía de la Nación la que se expresa de dos maneras diferentes, ninguna de un rango superior a otra. Y ese destacado constitucionalista, no es otro que el propio compañero José Korzeniak (Primer Curso de DERECHO PÚBLICO, Derecho Constitucional, segunda edición, FCU, pág.305), el mismo que ahora nos dice que el “El cuerpo electoral está por encima de los tres poderes del Estado”.
Pero Korzeniak nos dice también que “Las expresiones “en toda su plenitud” y “radicalmente”, enfatizan casi con vehemencia lingüística que es la Nación la titular de la soberanía. “…la Nación es el Pueblo pero sometido al orden jurídico”, ya que el propio texto del art.4º dispone que la Nación debe actuar “del modo que más adelante se expresará”, lo que equivale a algo así como “conforme a las reglas de la Constitución” (obra citada, pág.320). Esto –que nos viene a confirmar Korzeniak- es lo que sosteníamos en nuestro artículo anterior, en el sentido de que una ley que es nula e inconstitucional no se santifica por haber sido sometida a plebiscito. El titular de la soberanía no puede actuar por encima del orden jurídico, como bien dice Korzeniak.
¿OTRO PLEBISCITO?
Algunos compañeros ahora están planteando la posibilidad de votar una ley (el proyecto que ya tiene media sanción u otro nuevo) y luego someterla a plebiscito, idea que me parece absolutamente incomprensible. Y me parece incomprensible porque podría suceder que la situación, dentro de un tiempo, sea la misma que hoy tenemos, por lo cual habremos hecho todo esto inútilmente. Hoy queremos anular la ley porque la consideramos nula e inválida por tener vicios de consentimiento. La queremos anular porque viola flagrantemente la Constitución. La queremos anular porque se contradice con los tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha suscrito y nos expone a severas sanciones de los organismos internacionales, la peor de la cual es la sanción moral, que nos expone ante el mundo como un gobierno de izquierda violador de los derechos humanos. Y si hoy votamos esta ley interpretativa que anula los efectos de la ley de impunidad, y mañana un plebiscito la derogara, todo volvería a estar como hoy, y seguiríamos con una ley nula, inconstitucional, violadora de los convenios internacionales, etc, y tendríamos que empezar de nuevo a luchar contra ella. ¿Qué es lo que se pretende entonces? ¿Solucionar el tema en forma definitiva, o conformar a dos o tres senadores?

NO ES METRÓPOLIS Y NO SE RIGE POR SUPERLEYES

2010-10-28T17:16:00.000-07:00

El más importante argumento de quienes se oponen al proyecto interpretativo de la ley de impunidad desde el FA, es el mismo que el de la oposición: desconoce dos pronunciamientos en los que la ciudadanía decidió mantener la ley de Caducidad. “El plebiscito es una decisión superior a cualquier ley”, dijo por ejemplo el senador Jorge Saravia.
Hay un principio popular que dice que no se puede comparar manzanas con zapallos, dado que son cosas diferentes. Y un plebiscito o un referéndum no son normas jurídicas (sino procedimientos de democracia directa), de manera que no se puede establecer una jerarquía en donde un plebiscito o un referéndum estén por encima de una ley. En todo caso, tal vez lo que se quiera decir es que la decisión del Cuerpo Electoral, es siempre superior a la decisión de cualquier otro órgano del Estado. De manera que las leyes que cuenten con el aval de este cuerpo son algo así como SUPERLEYES, o algo así. Per esto es falso, no es así. Estamos en el Uruguay y no en Metrópolis, y ni las “superleyes” ni los “superpoderes” existen. Daré algunos ejemplos para que quede claro a que me refiero:
TEMAS EN LOS QUE NI SIQUIERA PUEDE OPINAR
Algunas veces, es requerida la opinión del cuerpo electoral, contadísimas, y son muchas más las decisiones que se adoptan directamente por los demás órganos del Estado en sus diferentes formas.
El Cuerpo Electoral, actuando como órgano de gobierno, tiene algunos temas vedados, sobre los que no puede ni siquiera interponer el recuso de referéndum. Por ejemplo, con respecto a las leyes que establezcan tributos, o en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (por ejemplo el Presupuesto). Si fuera un órgano superior –como algunos sostienen- no sería posible lo que acabo de señalar. Me parece meridanamente claro. Si el cuerpo electoral fuera un “superpoder”, y las leyes que contaran con su apoyo fueran “superleyes”, no existiría la posibilidad que acabo de mencionar, que hubieran leyes que pudieran escapar a su intervención.
¿Esto significa que entonces el “superpoder” lo tiene el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa privativa en algunos casos? No, tampoco, de ninguna manera es así. Porque a pesar de que en algunos temas su iniciativa es privativa, debe necesariamente pasar por el Parlamento para poder convertirse en ley. Pero fíjese señor lector al punto en que no es cierto que el cuerpo electoral es algo así como un superpoder. En los casos que acabo de mencionar, el cuerpo electoral ni siquiera puede interponer el recurso de referéndum (los gremios de la Educación, por ejemplo, no podrían salir a recoger firmas para convocar a referéndum contra la ley de presupuesto porque no se contemplan sus aspiraciones), pero sin embargo, sí tienen la posibilidad de hacer algo los ciudadanos en forma individual. ¿A qué me refiero?
El caso del IRPF es bien ilustrativo. La ley que creó el IRPF, es una ley que, por establecer tributos, es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y por tanto el cuerpo electoral no puede tampoco interponer un recurso de referéndum contra esa ley. Sin embargo, los ciudadanos en forma individual sí pueden interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y fue justamente lo que sucedió. Ante esta situación, ante la avalancha de recursos contra le ley, el PE lo que hizo fue introducir un nuevo proyecto de ley que derogaba el IRPF para los jubilados, y creaba un nuevo impuesto, el IASS. Aquí tenemos un claro ejemplo en donde el cuerpo electoral, ese que algunos consideran casi un Dios, ni siquiera está habilitado para intervenir, mientras que sí pueden hacerlo los ciudadanos en forma individual.
Pero el caso de la propia ley de caducidad es también muy claro al respecto. Es una ley que fue votada por el Parlamento (Poder Legislativo) y además fue confirmada mediante un referéndum en el año 89 (en las condiciones que todos sabemos, pero lo fue). Y sin embargo, un tercer Poder –en este caso el Poder Judicial- puede decidir que esa ley no se aplica, por más que haya pasado por las instancias que mencionamos. Si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de la ley para cada caso concreto (en teoría puede hacerlo para todos los casos), la ley no se aplica, transformándola en letra muerta. No he escuchado a nadie hasta ahora decir que la SCJ desconoce dos pronunciamientos populares a favor de la ley, y eso que se trata de un Poder integrado por apenas cinco miembros, y que no son electos por la ciudadanía. Mientras que sí se han levantado esos argumentos contra el Parlamento (órgano representativo del pueblo), que en definitiva establece exactamente lo mismo, lo hace en forma general para todos los casos y además establece que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Creemos que estos casos demuestran que no existen superleyes, y que mal puede una ley, por más que haya sido refrendada mediante referéndum, estar por encima de todo el ordenamiento jurídico. Ni siquiera la propia Constitución, como veremos más adelante-
SISTEMA DE CONTRAPESOS
Nuestro sistema Constitucional lo que establece es un sistema de contrapesos, mediante el cual ningún organismo está por encima de otro. El referéndum es uno de los mecanismos de participación que establece la Constitución para que los ciudadanos participen en las decisiones políticas (democracia directa), y esa carta magna no le otorga superpoderes, ni al Cuerpo Electoral ni a los demás poderes. Así como hay temas que al cuerpo electoral le son vedados, hay otros en los que su decisión es la única que vale, como por ejemplo para reformar la propia Constitución.
De acuerdo a nuestra Constitución, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes (art.4), y se complementa con el art.82, que dice que “La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.” Y subrayamos esto por lo que vamos a decir más adelante.
Como hemos dicho otras veces, este artículo 82 no establece jerarquías en la forma de ejercer la soberanía. Ambas formas, la directa o la indirecta, son formas de expresión de la soberanía de la Nación, y hablamos más arriba sobre ello.
Como bien lo expresara el Dr. Carlos Urruty, ex presidente de la Corte Electoral, “en ningún caso la Constitución admite que el cuerpo electoral esté desligado de toda norma en cuanto a su propia actuación. Ello resulta de la parte final del artículo 82 citado (y que nosotros subrayamos), el cual expresa que, en todo caso, la soberanía ha de ejercerse conforme a las reglas expresadas en la Constitución”. Y este es el punto clave para entender la cuestión. Esa es la razón por la cual, a pesar de que una ley sea refrendada por el cuerpo electoral (que no hay que confundir con el pueblo, como también dice Urruty) puede no ser aplicada por una simple resolución de la Suprema Corte de Justicia. O puede ser derogada o anulada por el Parlamento, o interpretada como en este caso.
Porque la norma superior, es la Constitución, y no una ley, por más que esta haya sido convalidada por un plebiscito o un referéndum. De manera que cuando una ley es contraria a la Constitución, de nada vale que haya sido refrendada por el cuerpo electoral. Como bien lo expresara Urruty “No existe entidad, agrupamiento u órgano de gobierno, directo o representativo, dotado de un poder tal que le permita actuar por encima o al margen de la Constitución”. El cuerpo electoral es también un órgano de gobierno, y sus actos tendrán eficacia jurídica en la medida que se compadezcan con las formas fijadas por el derecho, ese es el punto neurálgico de la cuestión.
Leandro Grille dice en su nota “El Atajo”, en la revista Caras y Caretas: “…bajo ningún motivo, se puede recurrir a ningún artilugio para obviar lo que el pueblo soberano pronuncia.” Como vemos, sí hay motivos. Si lo que el cuerpo electoral refrenda, está al margen de la Constitución, hay mecanismos perfectamente válidos para recomponer ese entuerto. Como veremos más adelante, no es el único motivo.
Vemos entonces que por encima de todo está la Constitución, y que las leyes solo tienen validez en la medida que no contradigan a esa “ley madre”. Y vimos también que esto es así incluso aunque esas leyes hayan sido refrendadas mediante un referéndum, como sucedió en el caso de la ley de impunidad en el año 89. Si esa ley es inconstitucional, de nada vale su convalidación por el cuerpo electoral. Y lo que hace el proyecto interpretativo, es evitar que la declaración de inconstitucionalidad deba ser hecha para cada caso en particular (que es lo que viene haciendo la Suprema Corte de Justicia), y que sea reconocida para la generalidad de los casos.
POR ENCIMA DE TODO
Pero además, hay otros motivos que deberían tranquilizar a Leandro Grille y a todo aquel que piense que mediante esta ley interpretativa se está desconociendo la voluntad popular. Si admitimos como válido lo que señalamos más arriba (que las decisiones del cuerpo electoral no se transforman en superleyes ni este órgano es un superpoder), menos aún podemos admitir que cualquier decisión del cuerpo electoral esté por encima de los tratados internacionales, porque éstos sí que están por encima de todo en la escala jerárquica. Son normas jurídicas que están por encima incluso de la Constitución, y contra las cuales no vale tampoco aducir la superioridad de haber sido convalidadas por medio de un referéndum.
Hay un solo caso en el que la decisión del cuerpo electoral mediante plebiscito es privativa, y sólo su decisión es valedera: cuando se reforma la Constitución. La iniciativa de reforma puede provenir de otros ámbitos, pero la última palabra siempre la tendrá el cuerpo electoral, quien por mayoría absoluta dirá SI, o NO a la reforma. Cuando algún desnorteado menciona el Plebiscito del 80, y dice que ni siquiera la dictadura se atrevió a desconocer la voluntad popular, está obviando nada menos que este hecho. Hay una Constitución vigente, y su sustitución o reforma necesariamente requiere la aprobación del soberano. No así las leyes. Pero además, esto tampoco es tan radical y definitivamente así; ni siquiera en el caso de la Constitución podemos afirmar que la expresión soberana del pueblo es definitiva. Y pondré un ejemplo.
Supongamos que finalmente se cumple con el Programa del FA y se instala una Asamblea Constituyente. Y supongamos que esta Asamblea elabora una nueva Constitución, en la que en uno de sus artículos se estampa lo siguiente: “La tortura es un método válido a utilizar por la policía para obtener información relevante de los reclusos”. El proyecto es sometido a plebiscito y resulta aprobado. ¿Alguien puede pensar que la voluntad popular debe ser respetada en este caso? Claro que no, porque ese artículo violaría todos los tratados y convenciones internacionales suscritas por el país, y por lo tanto sería inválido, y habría que removerlo de nuestra Constitución. Por más que haya sido aprobado mediante Plebiscito.
La disposición del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, es absolutamente clara cuando establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, disposición que está ratificada por la jurisprudencia.
En efecto, los tratados internacionales tienen su origen en la voluntad soberana de cada pueblo, y que está expresada en la Constitución, y precisamente en ella reside los fundamentos de los Estados para la adhesión a los tratados internacionales. En virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados mediante los cuales se autolimitan. Después, no pueden desconocer esas obligaciones, insistimos, libremente contraídas.
Un principio universal del derecho internacional es que todas las normas y obligaciones internacionales deben de cumplirse de buena fe. Este principio está reiterado por la jurisprudencia internacional, la Carta de Naciones Unidas en su preámbulo, su artículo 2.2 y la Declaración sobre Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados; también por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 sobre derecho de los tratados.
Pero además, están las que se denominan normas de “ius cogens”, que hace referencia a normas imperativas de derecho, en contraposición a las dispositivas de derecho. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario.
Entre esas normas de ius cogens, están la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que varias normas de protección de los derechos fundamentales revisten del carácter de ius cogens, como por ejemplo el acceso a la justicia, llamado por esa Corte derecho al derecho. La prohibición de la tortura está también entre estos derechos, así como la noción de crímenes contra la humanidad.
Estas son normas que también están por encima de cualquier ley interna de nuestro país, incluso si fue aprobada mediante un referéndum.
De manera que no somos habitantes de Metrópolis (ciudad donde reina Superman), y no existen acá “superpoderes” ni “superleyes”. Somos Uruguay, nos regimos por la Constitución y debemos ser sumamente respetuosos de los convenios internacionales que suscribimos, y por sobre todo, de los derechos humanos.

16 RAZONES

2010-10-22T13:46:00.000-07:00

En La República digital del 13 de octubre pasado, se hacía una crónica acerca de lo hablado en el Consejo de Ministros. Se hablaba de una nueva iniciativa para impulsar el voto consular por vía legislativa, y al parecer en ese momento surgió la discusión sobre el proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. El relato del matutino cuenta lo siguiente: “Se reconoció que "debe existir una firme argumentación" por parte del gobierno para aclarar por qué se insiste en el ámbito parlamentario con estos temas (Ley de Caducidad y voto consular) cuando en realidad hubo, tanto en cuanto a la Ley de Caducidad como al voto epistolar, sendos pronunciamientos populares. En ese sentido, desde el gobierno se reconoció la "debilidad de argumentación" para defender las iniciativas”.
A continuación van algunos elementos que tal vez ayuden a combatir su “debilidad de argumentación” para anular los efectos de la ley de impunidad. Los argumentos no están en orden de importancia y se pueden intercambiar sin problema:
1) Porque no es una ley. ¿por qué habríamos de aceptar como si fuera ley, un texto que comienza violando groseramente la Constitución de la República con el único objetivo declarado de evitar la condena de los peores criminales que haya conocido nuestro país? ¿simplemente porque cumplió con los requisitos formales del pasaje por ambas Cámaras y la promulgación del Ejecutivo? Ese criterio podría hacer que una receta de cocina o una partitura musical se transformara en ley.
2) Porque es necesario asegurarle a las nuevas generaciones que no van a sufrir más el terrorismo de Estado, y la mejor forma de hacerlo es terminar con la cultura de impunidad implantada en los gobiernos blanquicolorados anteriores. Solo eliminando los obstáculos para el juzgamiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura estaremos garantizando que no vuelva a ocurrir.
3) Porque la “ley” ya nació nula, al contener vicios de consentimiento, al ser votada bajo amenaza de ruptura institucional. Por no contener uno de los elementales principios generales del derecho como lo es el de justicia.
4) Porque ha sido considerada inconstitucional por los tres poderes del Estado, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.
5) Porque su eliminación le está siendo reclamada a nuestro país por los organismos internacionales de derechos humanos desde hace varios años, y ninguno de los gobiernos hasta ahora ha dado un solo paso para hacerlo.
6) Porque quienes reclaman el respeto por los pronunciamientos populares, deben recordar que es un compromiso asumido con la ciudadanía en el programa de gobierno del Frente Amplio: “La cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperada la democracia deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos para los cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar “la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad.” (Congreso Zelmar Michelini, Líneas de Perspectiva para el próximo quinquenio (2010/2014).
7) Porque la “Ley” de Caducidad protege a un grupo de delincuentes a los cuales los uruguayos -independientemente de los partidos políticos- no le debemos nada. Antes bien, la deuda es de esos delincuentes con la sociedad, a la que aún le deben la verdad sobre lo sucedido. El seguir protegiendo a violadores de mujeres, ladrones de niños, torturadores y asesinos de la peor calaña nos continuará degradando como sociedad, ante el mundo pero, sobre todo, ante nosotros mismos.
8) Porque no es cierto que en el último plebiscito la “ley” de impunidad haya sido nuevamente apoyada por la ciudadanía, ya que la opción del NO a la anulación no existía.
9) Porque aunque la ciudadanía se hubiese expresado a favor de la ley (que no es el caso) de todas formas el Parlamento tiene la obligación de anularla y la potestad para hacerlo.
10) Porque los derechos humanos no pueden plebiscitarse, existen y punto. Nadie puede someter a plebiscito los derechos humanos de los demás; el derecho a la vida, a la verdad, a la justicia, deben respetarse más allá de cualquier plebiscito.
11) Porque no hay leyes inmutables, y el hecho de que haya sido ratificada en Plebiscito hace más de veinte años no la hace eterna.
12) Porque en ninguna parte de nuestra legislación se dice que la expresión del cuerpo electoral tiene más valor que la del Parlamento. Nuestra Constitución dice que “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes”, (art.4º), y más adelante dice que “Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución” (art.82). Las dos formas son válidas como expresión de la soberanía de la Nación, y ninguna vale más que la otra. Al anular la ley también se está ejerciendo la soberanía de la Nación indirectamente a través del Parlamento.
13) Porque de cualquier manera, no se está desconociendo la voluntad popular, dado que en 1989 se plebiscitó la derogación de la “ley”, en 2009 se plebiscitó su anulación, y ahora se trata de una interpretación.
14) Porque lejos de la cháchara reaccionaria de los cómplices de la dictadura, que vienen sosteniendo desde hace más de veinte años que el tema está cerrado, el plebiscito demostró que hay memoria, y si hay memoria, más temprano que tarde habrá justicia y habrá anulación de la ley de impunidad. Y aquellos que no asuman la responsabilidad que les cabe teniendo las mayorías y las razones para hacerlo ahora, pasarán a la historia como ejemplos de pusilanimidad política (por decirlo en una forma políticamente correcta). En palabras de “Perico” Pérez Aguirre, “Triste es tener que conservar para siempre en la memoria colectiva el hecho fatal de que por la impunidad impuesta nos hemos convertido en un pueblo pusilánime, doblegado por abyectas amenazas de algunos delincuentes que obligan a olvidar y a dejar impunes sus crímenes”.
15) Porque terminar con la impunidad tiene que ver con el futuro, más que con el pasado. Porque está en juego el futuro como sociedad, en la medida que la actitud que tomemos ante estos temas estará formando éticamente a los jóvenes de nuestro tiempo. La lucha contra la impunidad logró incorporar a miles y miles de jóvenes, que encontraron allí una causa justa y de honda significación moral y ética por la cual entregar lo mejor de sí. Sin los jóvenes ni siquiera sería pensable la idea de Revolución o de Utopía.
16) Por razones estrictamente éticas y morales. Queremos terminar con la impunidad porque es moral y éticamente inaceptable. Porque no queremos vivir en un país que juzga sin ningún problema al que roba para darle de comer a sus hijos, pero tiene una “ley” que prohíbe juzgar a quienes asesinaron, secuestraron, violaron e hicieron desaparecer personas, utilizando para ello el poder del Estado (terrorismo de Estado). Porque queremos vivir en un país en el cual, la Justicia sea un elemento esencial e innegociable frente a los crímenes de lesa humanidad.