¿QUE HACEMOS CON LA CHANGUITA EN LA ONU?

Uno de los problemas centrales que afectan al Frente Amplio, y de alguna manera al país y su gobernabilidad, es la relación fuerza política-gobierno. Sobre eso parece no haber dudas. Y el problema ha quedado de manifiesto por enésima vez en el proceso que tiene que ver con la anulación de la ley de impunidad, tal vez en una forma más descarnada y evidente.
Nosotros lo hemos destacado y señalado más de una vez. Y cuando analizábamos el traspié electoral de mayo de 2010, decíamos: “...lo hemos reiterado muchas veces: hicimos un muy buen gobierno; el mejor en décadas –hemos escrito muchos artículos destacando nuestros logros-. Pero cuando lo que estamos analizando es un fracaso, no nos sirve de mucho regodearnos en lo que hicimos bien, porque los ciudadanos que dejaron de votarnos no lo hicieron por nuestros aciertos, sino por lo que hicimos mal. Y lo que sostenemos, es que también hicimos un montón de cosas que no debimos haber hecho, y tuvimos actitudes (desde nuestro gobierno) desconcertantes y contradictorias, algunas veces erráticas, que nos distanciaron del núcleo más militante. Ante estas señales contradictorias, algunos frenteamplistas directamente abandonaron el Frente Amplio. Otros de nuestros militantes, tuvieron como primera reacción irse para su casa, dejaron de militar, y seguramente después, muchos optaron por dejar de votarnos”.
Hoy en día, ese divorcio entre la fuerza política y el gobierno ha quedado aún más en evidencia, pero ha traído a la superficie otros divorcios que generalmente no son tan visibles, como el que a veces existe entre las bases del Frente Amplio y sus dirigentes.
TERMINAR CON LA RABIA
Algunas versiones de prensa (que generalmente no tienen nada de objetivas ni de inocentes), y algunas declaraciones de compañeros del Frente Amplio, nos preocupan sobremanera, porque están indicando que tienen una lectura de la realidad absolutamente sesgada, y que lo que pretenden es matar al perro para que se termine la rabia.
Una nota de UY.PRESS del 23 de mayo pasado, titulaba: “Frente Amplio camina hacia un cambio en su funcionamiento”. Y luego agregaba: “La secuencia de hechos políticos que enfrentaron a las estructuras del oficialismo, con su bancada legislativa y el Gobierno, es tema de análisis y ya se manejan varias propuestas de cambio”. Es decir, hay una fuerza política que llega al gobierno y obtiene mayorías en el Parlamento. Es esa fuerza política la que puso a los gobernantes en el sitio de gobernantes, y es esa fuerza política la que puso a los parlamentarios en sus bancas del Parlamento. Pero cuando no coincide lo que decide la fuerza política con lo que hacen los gobernantes entonces parece que lo que hay que modificar es la fuerza política. Toda una teoría. La fuerza política elabora un programa de gobierno, y con ese programa sale a dar batalla para obtener el gobierno. Cuando obtiene el gobierno y debe cumplir con sus promesas, y no las cumplen quienes deben hacerlo (el gobierno y los parlamentarios), se saca como conclusión que lo que hay que modificar es la fuerza política. Tal vez para que lo que esta decide empiece a coincidir de una vez por todas con lo que quiere el gobierno.
La nota de UY.PRESS, por otra parte, argumenta con una enorme falacia, y dice: “En tanto los legisladores y el Presidente de la República fueron votados por cerca de un millón de personas, la actual estructura del Frente Amplio solo fue votada por menos de 3 mil personas”. Omite decir, claro, que la papeleta rosada por el SI, en el plebiscito de 2009, obtuvo más votos que los legisladores del FA. Pero además, inventa una cifra de 3 mil que habrían sido los que votaron la actual dirección del Frente Amplio. El Plenario Nacional actual, máximo órgano del Frente Amplio entre Congreso y Congreso, órgano que decidió mandatar a los Parlamentarios de su fuerza política a votar el proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad, integrado además por todos los sectores representados en la bancada parlamentaria del FA, es el surgido de las elecciones internas de 2006, en las que participaron más de 220 mil frenteamplistas. Menuda diferencia la que hay entre 3 mil y 220 mil.
Dice también la nota: “Como se recordará, los grupos más numerosos del Frente Amplio, el MPP y Asamblea Uruguay junto con Alianza Progresista propusieron la fórmula de salida al tema de la ley de caducidad de derogar hacia adelante y anular actos administrativos hacia atrás”. Habría que decirle al autor de la nota (o a quién le dijo que escribiera eso), que esos mismos grupos numerosos mandataron a sus propios legisladores por dos veces consecutivas a votar el proyecto que se votó en diputados y luego en senadores, y que cambiaron de opinión cuando el presidente y el vice fueron al Parlamento a pedir que no se votara.
Una nota de La República del día de hoy, anuncia que “Ante la falta de avances en la comisión que debate la reestructura del Frente Amplio (FA) y la controversia que produjo el tema Caducidad, algunos sectores reformistas piensan que las elecciones internas pueden ser uno de los caminos viables, no solo para salir del embudo en que ingresó el oficialismo, sino para renovar las autoridades”. Reiteramos, la controversia respecto de la ley de impunidad no se produjo en la fuerza política, sus resoluciones fueron absolutamente claras. Pero se nos ocurre una pregunta ¿Qué pasa si al hacer las elecciones internas los que crecen son los sectores que mantuvieron una postura diferente a la del gobierno, y reducen su participación los grupos que tuvieron una postura vacilante y de seguidismo a algunos líderes? ¿Renunciarán esos líderes?
NUESTRA IMAGEN COMO PAIS
Es probable que aquellos que temían y pronosticaban una catarata de recursos de inconstitucionalidad si el proyecto interpretativo se transformaba en ley (olvidando, claro, que cualquier proyecto que se aprobara podía generar eso), ahora se encuentren con una catarata de juicios a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Porque no olvidemos que una de las razones que urgían a eliminar los efectos de la ley de impunidad a nuestro país, era el caso de la nuera del poeta Juan Gelman, cuestión que lo exponía a graves sanciones y al escarnio mundial. Pero tengamos en cuenta que hay más de doscientos casos de desaparecidos, más los casos de torturas y asesinatos, y que probablemente –agotadas las vías para obtener justicia en nuestro país- muchos de ellos tengan que terminar en dicha Corte internacional. Cuando el Estado uruguayo se presentó ante la CIDH por el caso Gelman, llevaba como argumento la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley interpretativo que anulaba la ley de impunidad. Parecería que ahora nos presentaremos con un proyecto de reestructura del FA como forma de liquidar el problema.
De manera que, cuando el año que viene Uruguay vaya a asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tendremos dos alternativas: o vamos con una carta excusándonos de agarrar esa changuita, o la asumimos soportando la carga de vergüenza. Recordemos que Uruguay aceptó presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pedido de los países latinoamericanos y del Caribe. Nuestro canciller Luis Almagro contestó el ofrecimiento diciendo: “Es una enorme distinción que honra la tradición y la vocación del Uruguay de pleno respeto del derecho internacional, y también su compromiso con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, según indicaba una noticia del 31 de marzo. Y luego agregaba: “Quisiera recalcar que este compromiso del Uruguay con la causa de los derechos humanos a nivel internacional, que hoy se ve coronado con esta responsabilidad que asumiremos al frente del Consejo, no es más que la contracara del indeclinable compromiso que nuestro gobierno tiene con la vigencia de los derechos humanos en nuestro propio país”.
No queremos ni imaginarnos el papelón de ir a asumir un cargo como este, con una mochila cargada de denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alguna condena por incumplimientos varios de Tratados internacionales sobre este tema.