LA MENTIRA Y LA BAJEZA COMO ARGUMENTOS

Un editorial de El País del 11/3 se titula: “Un acto que luce inaceptable”. Se refiere al acto público que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo. Y a quienes tenemos memoria, y luchamos para que la sociedad la recupere, no nos extraña que a El País le parezca inaceptable el acto, así como nunca le parecieron inaceptables las barbaridades cometidas por la dictadura, y la apoyaron fervorosamente.

DEFORMANDO LA REALIDAD

El diario de la dictadura, ahora simplifica lo acontecido por aquellos años, y lo deforma a su antojo. Al parecer, el 14 de abril de 1972 hubo un “baño de sangre y muerte” que obligó al Parlamento a decretar el Estado de Guerra Interno para permitir que las fuerzas armadas nos defendieran de una guerrilla que quería “instalar un régimen al estilo cubano”. Y el problema fue que después de derrotada la guerrilla, los militares se negaron a volver a los cuarteles, provocando la disolución de las Cámaras el 27 de junio de 1973. Punto. Eso es todo.

El País se saltea unos cuantos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar lo que se conoce como la “historia reciente”, y obviamente que lo hace a propósito. Se saltea la doctrina de la Seguridad Nacional, el papel del imperialismo en los golpes de Estado en América Latina y por lo tanto la obviedad de que si no hubiera existido un 14 de abril de todas maneras hubiera existido un 27 de junio.

Pero lo que más llama la atención del editorial de El País, es su tardía postura opositora a la dictadura. El editorial dice textualmente (aunque usted no lo crea) que “Empezaba la larga y oscura noche de la dictadura, donde un grupo mesiánico se arrogó sin respetar los medios -algo común a todas las dictaduras- el papel de "salvar" a la patria por la fuerza, de pisotear sus instituciones y los derechos de los ciudadanos”. Tal vez piense que todos los uruguayos somos desmemoriados, y que no recordamos que El País mantuvo desde el momento mismo del golpe de Estado una conducta de descarado y abierto apoyo a la dictadura, tanto en sus editoriales intentando justificar el golpe, como desde el punto de vista informativo, pasando por las loas a los dictadores nacionales y extranjeros de turno, encomiable esfuerzo por brindar un sustento ideológico a los gorilas y a su corte de alcahuetes civiles.

Pero el editorial avanza aún más, y sigue con una frase realmente increíble: “En ese marco hubo excesos de violencia y terrorismo de Estado, pero también es cierto que el atropello a la Constitución lo sufrimos todos los uruguayos, de la misma manera que todos aunamos fuerzas para acortarle sus plazos”. ¿A qué le llama “excesos de violencia” el editorialista? ¿a la tortura? ¿a la violación de mujeres maniatadas? ¿al asesinato cruel y despiadado de dirigentes sindicales y militantes políticos? ¿a la ejecución de un maestro como Julio Castro cuyo delito más grave fue soñar con un mundo mejor? ¿o tal vez considera un “exceso de violencia” justamente el caso Gelman, del cual en definitiva trata el editorial? ¿es un mero exceso de violencia secuestrar una mujer embarazada para robarle su hijo y luego matarla a sangre fría? Pero además es mentira que “el atropello a la Constitución lo sufrimos todos los uruguayos”. Hubo quienes, por su identificación total con la dictadura no solo que no sufrieron el atropello, sino que fueron beneficiados, en primer lugar el diario El País. Circula por muchos lugares una larga lista de civiles que acompañaron de cuerpo y alma a la dictadura -ninguno de ellos pertenece a alguna fuerza de izquierda- y que no sufrieron el atropello. Pero la mentira más grande contenida en esa frase, es la de que “todos aunamos fuerzas para acortarle sus plazos” (a la dictadura). No puede decir El País una mentira tan descarada, cuando es público y notorio que acompañó a la dictadura de principio a fin.

Y luego ofrece como prueba contundente de que “todos” aunamos fuerzas, el Plebiscito del 80, en el cual la dictadura pretendía eternizar para siempre su doctrina de la seguridad nacional. Dice el editorial: “Allí está el claro rechazo al proyecto de reforma constitucional de 1980 que buscaba instalar la tutela militar a la actividad política”. Todos sabemos y tenemos presente que, en los medios de comunicación la propaganda por el NO, en esa instancia, prácticamente no existió, y que la oposición al proyecto dictatorial se manifestó clandestinamente a través de volantes y pegatinas, en el boca a boca, en la valiente prédica del semanario Opinar y la revista La Plaza, en los editoriales y comentarios de José Germán Araújo en La 30 y en un par de actos cerrados que terminaron con oradores y organizadores presos. Y todos sabemos y tenemos presente que el diario El País apoyó fervorosamente el SI al proyecto gorila.

UN FALLO ABSURDO

Por esas y otras razones similares que invoca, El País considera absurdo el fallo de la Corte Interamericana de Justicia que obliga al Estado uruguayo a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con el caso Gelman.

Considera que el fallo es absurdo porque no existe ningún antecedente similar. Como a ningún Estado se lo ha obligado jamás a asumir la responsabilidad por sus crímenes, no está bien que exista una primera vez, o lo que es lo mismo, nunca debería exigírsele a ningún Estado que asuma la responsabilidad por sus crímenes. Fantástico argumento del diario de la dictadura. Thomas Lubanga Dyilo, es un congoleño acusado de numerosas violaciones de derechos humanos, incluido el secuestro de niños y su uso como soldados. Acaba de ser condenado por la Corte Penal Internacional. Fue detenido el 17 de marzo de 2006, y se convirtió en la primera persona detenida en virtud de una orden de captura de la CPI. Esperamos ansiosos el editorial de El País considerando absurda la captura y la condena ya que no había antecedentes.

También argumenta el editorialista basado en lo dicho por el senador Lacalle: "no veo por qué tiene que asumir un Estado democrático legal, actos que fueron contra la ley, fuera de la ley y la Constitución", demostrando ambos (Lacalle y El País) una ignorancia absoluta al no distinguir entre Estado y gobierno.

Se pregunta El País: “La dictadura no agotó sus crímenes en la familia Gelman. El resto de las víctimas, ¿no merece alguna consideración por parte de la Corte?”. Lo que demuestra nuevamente su total ignorancia, ya que la Corte falla ante un caso concreto que se le presenta, y no tiene potestades para asumir de oficio la defensa de todas las víctimas de la dictadura.

Y también se pregunta: “Las víctimas de la guerrilla, los familiares de policías o soldados asesinados, ¿no merecen el recuerdo y un acto de reconocimiento también por parte del Estado?”. A Lacalle y a El País les parece absurdo que el Estado asuma la responsabilidad por los crímenes cometidos por el propio Estado, pero no les parece absurdo que el Estado asuma responsabilidad por crímenes cometidos por otros (¿?).

COLORADOS TAMBIÉN

El Correo de los Viernes (órgano del Foro Batllista), aborda el mismo tema, bajo el título de “Justicia, Perdón y Teatro”. Para los colorados, el Estado siempre asumió su responsabilidad por los crímenes, y prueba de ello sería que “...desde 1985, se tomaron medidas de reparación de todo tipo y hace años que se pagan indemnizaciones a familiares de víctimas de los crímenes cometidos bajo la dictadura. O sea que, en sustancia, no hay nada nuevo en este acto. Lo novedoso es el escenario, el teatro, la pretensión de divulgación y allí es donde uno advierte el carácter maligno que se esconde detrás de una pretensión noble”. En otras palabras: nosotros les dimos dinero....qué más quieren?

Y luego de esta obscenidad, los sanguinetistas arremeten con su caballito de batalla de siempre, la consabida teoría de los dos demonios. Al parecer, la ciudadanía quedaría con este acto desinformada, si “se omite, deliberadamente, la circunstancia en que se produjo el abuso del Estado, que fue la represión de otro abuso contra la ley, el de grupos guerrilleros armados que pretendieron derribar el sistema institucional para instaurar otro”. Dicen además que el acto del 21 de marzo acentuaría la división de la sociedad: “Quienes se consideran víctimas del Estado —a veces con legitimidad, en ocasiones simplemente aprovechando de la situación— asumen el acto programado como una victoria. Quienes tuvieron la obligación funcional de enfrentar a los sublevados contra la ley, lo viven como una derrota, un acto de incomprensión para la institución a la que pertenecen”. Un a nueva definición que aún no había aparecido de una forma tan clara: no hubo violadores de los derechos humanos, asesinos, violadores, ladrones de niños, sino personas que “tuvieron la obligación funcional de enfrentar a los sublevados contra la ley”. Muestras claras del pensamiento que guió nuestro país por demasiados años.