MIRANDO MÁS ALLÁ DEL DOMINGO (4ª PARTE)

El nuevo gobierno del Frente Amplio sin duda tuvo el cambio más sustancial en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, y ya no se vio el acercamiento a los Estados Unidos y la constante rispidez con los vecinos que había caracterizado al primer gobierno. Sin duda esa fue una gran señal. Sin embargo, al igual que el primero, tiene aspectos en lo económico, y sobre todo en lo político, que han continuado el distanciamiento con las organizaciones sociales y con los militantes más consustanciados con las concepciones históricas de la izquierda y del propio Frente Amplio.

SEÑALES POLITICAS RARAS

El nuevo gobierno del FA asumió el 1º de marzo de 2010. Ocho días después, El Observador entrevistaba al novel ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y le preguntaba que opinaba acerca de un TLC con los Estados Unidos, a lo que éste respondía que “no tiene un preconcepto con los Tratados de Libre Comercio” y que no se puede oponer a una negociación que puede ser una “tabla de salvataje de sectores estratégicos”.

Algo verdaderamente insólito, puesto que aquel problema que había tenido en vilo a la fuerza política y al gobierno en el primer período, que había provocado tantos y tantos dolores de cabeza, y que había sido, no solo zanjado en los hechos por el propio gobierno, sino que había sido reiterada su oposición en el Congreso del Frente Amplio del 2008 en un texto claro e inequívoco, era absolutamente ignorado por el flamante ministro y se mostraba abierto a estudiar el tema.

En el Frente Amplio había trabajado una Comisión integrada por representantes de los sectores políticos y de las bases durante meses elaborando un documento programático que sirviera de esquema para discutir a lo largo de toda la estructura de la fuerza política. El documento bajó a los Comités de Base y fue analizado y enriquecido con la participación de al menos 20 mil compañeros. Luego, esos compañeros eligieron más de 2 mil delegados que participaron en el Congreso “Zelmar Michelini” y discutieron nuevamente hasta aprobar el programa definitivo con el cual la el Frente Amplio se presentó a las elecciones y resultó elegido para gobernar por otros cinco años. Ese Programa consta de varios capítulos que abordan diferentes temas, uno de los cuales se titula: URUGUAY INTEGRADO, en cuyo numeral tercero se tratan los ASPECTOS POLÍTICOS COMERCIALES. El punto 48 de ese numeral dice textualmente: “Un tratado de libre comercio en los términos y con las condiciones de los que EEUU ha firmado con Perú o ha propuesto a Colombia es incompatible con las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Tales términos y condiciones, referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares.” 

Esos son los conceptos previos (preconceptos) que Almagro debía manejar en el tema en cuestión. Por otra parte, estas definiciones programáticas en este tema específico no eran nuevas, sino que ya figuraban en el Programa emanado del Congreso “Héctor Rodríguez” del año 2003. Y decir que no se tienen preconceptos sobre los TLC, equivale a decir –una semana después de ser nombrado como ministro de un gobierno del Frente Amplio- que no tiene ningún problema en hacer exactamente lo contrario de lo que dice el Programa de la fuerza política que lo llevó a ese cargo. Entre otras cosas, sus declaraciones lograron el beneplácito de la secretaria de la Unión de Exportadores, Teresita Aishemberg (“Es positivo. Él está recibiendo el sentir de los exportadores…”, dijo Aishemberg), el rechazo del PIT-CNT (La central obrera “no dudará” al momento de movilizarse “por la unidad de América Latina” ya que para el PIT-CNT el rechazo al TLC con Estados Unidos es una “cuestión de principios”, dijo Marcelo Abdala), y un malestar generalizado en la fuerza política (“Hoy no están planteadas las condiciones para que el Frente modifique su posición respecto del TLC con Estados Unidos. No hay ninguna revisión posible”, dijo por ejemplo Mónica Xavier).Así arrancaba el nuevo gobierno.

Y no era solo desde el gobierno que se emitían señales de este tenor. Porque el programa del FA dice claramente que “En esta etapa, la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno”. Y sin embargo apenas un mes después de instalado el gobierno, un medio de prensa entrevistaba nada menos que al presidente del FA, a Jorge Brovetto, y le preguntaba sobre este tema, y el presidente aclaró que “una Asamblea Constituyente no está en los planes inmediatos del FA”. “Yo personalmente creo que hay que plantearlo”, opinó Brovetto, aunque admitió que “no es prioridad del año 2010”. Esto es, la Constituyente había sido una prioridad para el Congreso, tanto que lo ubicaba en el primer año de gobierno. Pero una vez instalado, ni el gobierno ni el presidente de la fuerza política lo consideraban una prioridad.

Reiteramos lo dicho anteriormente; estas cosas quizá no afecten la visión que doña María o don José tienen del gobierno y o de la fuerza política en el gobierno, pero afectan profundamente a la militancia más comprometida, a la que dedica horas, días, meses y años de su vida en la militancia para ver que después un dirigente ignora por completo todo su esfuerzo. Y además ponen en evidencia el problema central: la relación fuerza política-gobierno.

DERECHOS HUMANOS

A mediados del primer año de gobierno, comenzó la discusión pública del proyecto interpretativo de la ley de impunidad, y fue el comienzo de lo que sería el peor papelón cometido por un gobierno del Frente Amplio.

Recordemos que la anulación de la ley de impunidad formaba parte también de los mandatos del Congreso. En función de ello, y del fracaso del plebiscito en 2009, una Comisión integrada por todos los espacios de la fuerza política y también por delegados de las bases, trabajó en la elaboración de un proyecto, sobre la base de distintos proyectos que había en carpeta, incluido uno del propio Poder Ejecutivo, presentado por el canciller Luis Almagro.

El 24 de setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus legisladores. “La iniciativa resuelve –decía el artículo- la dificultad de anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que "interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación pueden ser reabiertos”. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión. Recuerden también que esto viene vinculado con una demanda que ha sufrido, o ha recibido mejor dicho, el Estado uruguayo en cuanto a acciones referidas al campo de Derechos Humanos".

El 20 de octubre de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. "Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley”.

Argumentación clara y contundente del vicepresidente Danilo Astori, que compartíamos de principio a fin.

El 12 de abril, y en consonancia con lo anterior, Danilo Astori levantó su mano en el Senado para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una entrevista en el diario El País, salió a decir: “Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora".

Esto sucedía, entiéndase bien, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara de Senadores. Y pocos días después concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto. El proyecto naufragó en el Parlamento el 19 de mayo de 2011, y al otro día se registró la mayor marcha por verdad y justicia desde que la misma se realiza, con más de 100 mil participantes. Si alguien creía que no iba a pagar costos políticos por esas bestialidades políticas, se equivocó de medio a medio.