TODOS A UNA, COMO FUENTEOVEJUNA

Gracias al pedido de procesamiento del ministro de economía Fernando Lorenzo, y del presidente del BROU Fernando Caloia, nos estamos enterando de que el delito de abuso innominado de funciones es una norma que el parlamento tiene a estudio para su derogación (en el marco de la reforma del Código Penal), debido a que, por su indefinición, viola garantías constitucionales y permite interpretaciones arbitrarias.

Por cierto que no ha de ser la única norma que por su indefinición o por su amplitud viola garantías constitucionales y permite interpretaciones arbitrarias. Una de ellas, sin ir más lejos, ha sido aplicada recientemente para procesar a un grupo de militantes sociales que concurrieron a la Suprema Corte de Justicia a manifestar su apoyo a la jueza Mariana Mota el día que esta era trasladada de lo penal a lo civil, sacándole de sus manos decenas de expedientes por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

ASONADA

Se trata del delito de “asonada”. Dice el art.145 del Código Penal: "Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con tres a nueve meses de prisión. Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta".

Si yo saliera afuera con mis tres hijos y a los gritos le dijéramos al vecino que deje de tocar el tambor que no nos deja dormir, estaríamos cometiendo el delito de asonada, sin ir más lejos, porque estaríamos perturbando con gritos la celebración de alguna fiesta, para exigirle a un particular una cosa justa o injusta.

El delito de asonada permitió como decíamos procesar a Jorge Zabalaza, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, el dirigente de ADEOM, Aníbal Varela, y la militante del gremio de docentes de Secundaria, Patricia Borda.

No hemos escuchado hasta ahora a ningún legislador de ningún partido manifestar alguna preocupación  por esta norma que permite interpretaciones arbitrarias y que viola garantías constitucionales y derechos humanos universales como el derecho a la protesta.

ABUSO INNOMINADO DE FUNCIONES

Al parecer, el “abuso innominado de funciones” es un delito que ha permitido procesar o acusar a funcionarios y políticos que desde el gobierno han abusado de su poder para hacer cosas que no se deben hacer. Desde 2001 hasta el año 2012 la Justicia uruguaya procesó a 106 jerarcas públicos por el delito de “abuso de funciones”. Casi nueve procesados por año; de ellos, fueron a prisión 56, mientras que los 50 restantes lograron evitar la cárcel. 2002 fue el año con mayor cantidad de procesados, con un total de 16 casos, mientras que en 2011 apenas se registró un solo episodio. Por el mismo ha sido acusado por ejemplo el intendente Zimer (denunciado por maniobras irregulares en el empadronamiento de vehículos), han sido condenados los ex directores del Banco Hipotecario Noachas, Jorge Sacchi, Néstor Moreira, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride y Jorge Conde Montes de Oca, por sus acciones dolosas cometidas con el dinero del Estado. Y hasta el ex secretario de la Intendencia de Paysandú, procesado por abuso de funciones en el caso de la explotación sexual de adolescentes.

Ha sido una de las tipificaciones que sirvieron al Poder Judicial para procesar y/o condenar actos de corrupción cometidos por ejemplo por Enrique Braga, Julio Grenno, Daniel Cambón, Benito Stern, Hugo Granucci, Carlos Rodríguez Landoni, Juan Justo Amaro, Andrés Arocena, Juan Carlos Bengoa, Orestes González (estos dos también por otros delitos), entre otros. Y ahora podrían ser procesados Lorenzo y Caloia por el mismo delito.

¿TODOS DE ACUERDO?

Una declaración reciente del Nuevo Espacio, en donde se solidariza con Fernando Lorenzo, dice que “La pretensión del fiscal se basa en una norma unánimemente criticada por la doctrina, en la medida en que, por su indefinición, viola garantías constitucionales y permite interpretaciones arbitrarias. (...) Todos los académicos consultados se han pronunciado en ese sentido. Hasta ahora, nadie ha defendido la conveniencia de mantenerla”.

Sin embargo, no es cierto que "nadie ha defendido la conveniencia de mantenerla". Como bien señala el diario El Observador, “Desde que tiene mayoría parlamentaria, el Frente Amplio tuvo tres oportunidades concretas de derogar este artículo. En 2007 el expresidente y exsenador colorado, Julio María Sanguinetti, presentó un proyecto y en 2010 el nacionalista Heber Da Rosa volvió a insistir. En las dos oportunidades se trató pero no se aprobó y los senadores del Frente Amplio se mostraron contrarios. Rafael Michelini, en ese entonces líder de Nuevo Espacio, dijo: “No quisiera que por el hecho de que el artículo no es preciso les quitemos herramientas a los jueces, cuando a la vista está que se ha cometido un delito en el manejo de los dineros públicos”. 
Es decir, el propio Rafael Michelini, líder del NE, es justamente uno de los tantos que defendió la conveniencia de la norma...cuando era conveniente, claro...
Un artículo del diario El País de ese entonces informaba: “Legisladores oficialistas rechazaron la posibilidad de promover la derogación del delito de abuso de funciones, por entender que el tema debe quedar a un lado mientras hay solicitudes de procesamiento por el tema. Así lo manifestaron ayer en la Comisión de Constitución del Senado los frenteamplistas Alberto Breccia (Espacio 609) y José Korzeniak (Partido Socialista), luego que el ex presidente Julio Sanguinetti promoviera que se discutiera un proyecto de ley de su autoría, tendiente a derogar el delito de abuso de funciones, dijeron a El País fuentes parlamentarias. Los legisladores frenteamplistas plantearon que "no es pertinente" que el tema sea debatido en este momento en el Parlamento, debido a que ambas cámaras tienen a estudio dos pedidos de desafuero, ante la decisión de la Justicia de solicitar el procesamiento por ese delito del senador colorado Juan Amaro y el diputado blanco Alberto Casas, por la actuación de ambos en OSE”.

CON ESTA SI, CON ESTA NO...

El juego es claro y transparente, aunque muchos de los que lo practican sean los abanderados en la lucha contra el "doble discurso". Mientras la norma permita juzgar a otros, es válida; cuando esa norma permite juzgar a los míos, habrá que derogarla.

Nadie mostrará la más mínima preocupación, está más que claro, por derogar también el delito de asonada. Son normas bien diferentes, aunque ambas permitan cometer arbitrariedades.

Claro....una de ellas pone en una situación incómoda a los poderosos, la otra a la gente común y corriente...una puede condenar a ministros, intendentes y otras yerbas...la otra permite condenar y estigmatizar la protesta social.

Y por cierto que el camino está despejado para hacer estas cosas y muchas más, porque el coro aplaudidor es estruendoso.

No recuerdo haber sentido que ningún gremio de trabajadores haya contratado un ómnibus para llevar trabajadores a apoyar a la jueza Mota, o a dar apoyo a los militantes sociales que iban a ser condenados por el delito de asonada. Sin embargo, según informó el dirigente de la bebida Richard Read a El Observador, los trabajadores “de la bebida, de la carne, de la pesca, de metalúrgicos y  del Sunca”, contrataron dos ómnibus para participar de la marcha que se realizará el próximo jueves para apoyar al ex ministro Lorenzo. 

Todo dicho