QUE LOS NIÑOS NO PAGUEN LAS CULPAS DE LOS MAYORES

LAS CULPAS DE LOS MAYORES

La estructura económica de las formaciones capitalistas no logra resolver el hambre extrema de más de 1.000 millones de personas, mientras otros 1.500 millones sobreviven con apenas dos dólares al día.

Las causas que explican esta situación, pueden reducirse a una: la supervivencia de un sistema capitalista de producción que, dominando absolutamente el planeta, arribó a sus propios límites y no puede resolver los problemas fundamentales de la humanidad.

Esta tremenda pauperización contrasta con la ostentación de riqueza concentrada en una cúspide de 1.220 personas y familias en el mundo que poseen una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares en cada caso.

En esta situación, no hay absolutamente nada, NADA, CUYA RESPONSABILIDAD PUEDA ADJUDICARSE A LOS MENORES DE EDAD. Esta realidad planetaria, es en su totalidad, una obra pura y exclusiva de los mayores.

Menos aún podremos adjudicar algún grado de culpa a los menores pobres. Podríamos hasta especificar que este mundo injusto e inhumano que describimos es obra de mayores, y de mayores de buena posición económica, puestos que son quienes deciden el rumbo de las economías de los países.

Los niños, nada tienen que ver con esto. Muy por el contrario, la pobreza –esa pobreza generada por los mayores- es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo. El hambre y la malnutrición, la falta de agua potable y de atención sanitaria, enfermedades como la neumonía o la diarrea -curables con unos pocos pesos- matan 26.000 niños menores de cinco años al día, casi todos en los países empobrecidos (que no pobres).
Mayores que tienen en sus manos la solución de estos temas, son quienes permiten que estas muertes sigan sucediendo día tras día. No hay ninguna responsabilidad de los menores de edad en ello. Hablamos de mayores que son responsables de la muerte de 26.000 niños al día.

Quisiéramos ver a algunos de los que salieron a recolectar firmas para bajar la edad de imputabilidad y condenar a niños por rapiña, recolectando firmas para condenar a estos mayores que asesinan 26.000 niños por día, y que condenan al hambre y la miseria a 2.500 millones de personas en el mundo. No los veremos, seguramente.

LOS MAYORES CONTRA LOS NIÑOS

Pero no es solo el problema del hambre y la pobreza.

En el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines sexuales o se los usa en la industria de la pornografía infantil; una industria multimillonaria basada en la privación a los niños de sus derechos, de su dignidad y de su infancia.

Explotación sexual que condena a los niños a una de las formas más aberrantes de trabajo infantil, que amenaza su salud mental y física y todos los aspectos de su desarrollo.

En este momento, sólo en la India, entre 270 mil y 400 mil menores están siendo prostituidos; en Tailandia 80 mil menores, de los cuales 60 mil no alcanzan los 13 años de edad; en Indonesia el 20% de las mujeres explotadas sexualmente son menores de edad. Pero cosas similares suceden en las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá, en donde se prostituye a cerca de 100 mil menores (20 mil en la ciudad de Nueva York). Al menos otros 100 mil son explotados en la "industria" de la pornografía infantil.

La realidad es que la mayoría de los niños y niñas explotados termina muriendo de SIDA, tuberculosis u otras enfermedades como consecuencia de las relaciones que son obligadas a mantener. Quienes promueven y hacen toda esa basura, quienes lucran con ello y además la consumen, no son niños. Son mayores de edad. Tal vez por ello no salgan a diario en los informativos.

POR ESTOS PAGOS

En América latina ha habido avances importantes en los últimos años. Según la CEPAL, la pobreza ha continuado disminuyendo en la región, pero hay 80 millones de niños que viven en situación de pobreza. De ese total, el 18 por ciento habita en condiciones de pobreza extrema (32 millones).

Y viniendo a nuestro país, digamos algo que no puede ser obviado al referirse a este tema: El 50 % de los menores de 18 años viven en condiciones de pobreza. El informe de la CEPAL que mencionamos dice que “Pese a esta reducción, los niveles de pobreza en la región siguen siendo elevados, afectando principalmente a mujeres y niños. En particular, Uruguay se ubica entre los países con mayor grado de infantilización de la pobreza, estimándose que la incidencia de la pobreza en los niños uruguayos es tres veces mayor que en el resto de la población”.

En Uruguay, la pobreza infantil aumentó en forma sistemática desde 1986, entre otras razones porque sucesivos gobiernos no supieron aprovechar los mejores momentos económicos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En 1986, había dos niños pobres por cada adulto mayor de 65 años pobre. En 1995, esa relación pasó a siete niños por cada adulto y en 2003 a nueve niños por cada adulto.
En 2002, la pobreza afectaba al 24% de la población uruguaya; sin embargo, el 47 por ciento de todos los menores de seis años vivían en un hogar pobre. Esto equivalía a 104.000 niñas y niños de esa franja de edad sin acceso suficiente a alimentos, bienes y servicios básicos en este país de 3,3 millones de habitantes.

En la actualidad, la pobreza en Uruguay es de 13%, de los cuales los niños y niñas menores de seis años representan el 26% de esta pobreza. En Montevideo solamente, existe un 40,5% de niños menores de 6 años que viven en la pobreza, confirmando que en Uruguay la infantilización de la pobreza es un problema estructural que viene de hace varias décadas.

¿QUÉ HACEMOS CON ESTO?

Cuando algunos de estos niños hambreados y explotados de todas las maneras posibles por los mayores, se transforman en delincuentes, ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ocultamos nuestra responsabilidad y los estigmatizamos? Esa parece ser la propuesta de quienes promueven la baja de la edad de imputabilidad.

La solución de fondo a los problemas de esta, nuestra sociedad -problemas de absoluta responsabilidad de los mayores- pasa por cambiar radicalmente a la propia sociedad, al sistema imperante que genera estas abominaciones. Porque en el fondo, se trata de un aspecto más de la lucha de clases.

El plebiscito que se promueve desde la derecha más rancia de este país –pero que recoge adhesiones en todo el espectro político- , no apunta a combatir los delitos cometidos por los menores. No se basa en un estudio serio de la problemática que estamos analizando, sino apenas en una serie de mitos sobre el tema. La derecha de este país pretende solucionar el tema de la “minoridad infractora” -un aspecto más de la lucha de clases-, bajando la edad de imputabilidad. La iniciativa de Pedro Bordaberry busca bajarla a 16 años, pero tiene competidores que no le van en zaga. Rodolfo Sienra Roosen, columnista de el diario caganchero El País, planteó hace un tiempo: “Nos afiliamos a la solución inglesa de bajar la edad de imputabilidad al máximo -10 o 12 años- ampliando así el margen a una decisión judicial que cuente con los asesoramientos técnicos adecuados de criminólogos, sicólogos, pediatras y demás especialistas”.

LEYENDAS URBANAS

Quienes apoyan reducir la edad de imputabilidad, se basan en la percepción de que la mayor parte de los delitos son cometidos por menores. Casi siete de cada diez uruguayos creen que la mayoría de los delitos son cometidos por menores de edad.

El punto es que esta visión es equivocada. Aunque no se puede medir con precisión el tema, la cantidad de delitos cometidas por menores de edad es una minoría (probablemente cercana a la cuarta parte) y no la mayoría.

Es común escuchar que los menores no van a la cárcel, y eso está muy lejos de ser cierto. Cuando un menor comete un delito, el mismo es privado de libertad. No van a una cárcel para mayores, sino que son internados en un complejo de centros de internación dependientes del INAU, que por otra parte son tan cárceles como las de los adultos con problemáticas similares.

Los Adolescentes ya son responsables por sus delitos, lo son desde los 13 años. Y ya son castigados con sanciones privativas de libertad. ¿O quienes promueven esto ignoran que existen una decena de cárceles para adolescentes?

El único cambio podría radicar en el hecho de que irían presos a una cárcel de adultos. Solo eso significa la rebaja de la edad de imputabilidad, llevar a adolescentes a convivir en cárceles de adultos.

También se dice que las sanciones son muy leves, pero esto no es así, si lo vemos en relación a la edad al momento de detención y lo comparamos con un adulto en las mismas circunstancias.

Si un adulto de 30 años es detenido y va preso por 3 años, se trata del 10% de los años vividos por esa persona, en tanto un adolescente de 15 años que va preso también por 3 años, significa el 20% de su vida. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene ese tiempo privado de libertad para un caso y para el otro, ya que el adolescente está en pleno desarrollo.

Si ese período de privación de libertad se transformara en un simple castigo, estaríamos profundizando su inadaptación, mientras que lo que tenemos que desarrollar son experiencias socializadoras y educación.

Por eso es que el Código de la Niñez y Adolescencia establece la pena máxima en 5 años, porque lo que está en juego es la edad en el momento de la internación.

No es cierto tampoco algo que se repite un día sí y el otro también: la policía los detiene y los jueces los largan. Hay que tener en cuenta que la Convención Internacional de los derechos del Niño dispone que la retención en centros de internación debe ser la última alternativa, priorizando a las medidas socio-educativas no privativas de libertad.

Por lo tanto, el tiempo que los menores están recluidos luego de ser detenidos, dependerá de aspectos de carácter socio-económico-cultural (pobreza, educación, familia, etc.).

Podría decirse que nuestra legislación está atrasada, y que nada puede hacerse con ella, y de hecho es otro de los mitos que se difunden. Sin embargo, nuestro país cuenta con un marco jurídico aceptable y que se puede equiparar a los estándares internacionales más avanzados.

La justicia recurre en la mayor parte de los casos a la privación de libertad, depositando adolescentes en centros de internación y no logrando su objetivo de rehabilitación, y tal vez sea allí en donde haya que trabajar más, en el sentido de aplicar otras medidas correctivas.
Se habla a menudo del derecho comparado (para promover la tolerancia cero), pero se comparan sociedades desarrolladas con sociedades como las nuestras, con los altos niveles de pobreza e inequidad (resultado de las políticas de los mismos sectores que proponen estas soluciones).

No se menciona, por otra parte, que países que han recurrido a la baja de edad de imputabilidad como forma de reducir el delito, ya están de vuelta, y están volviendo a subirla porque no dio los resultados que se esperaban sino todo lo contrario (EEUU, por ejemplo).

LA GENTE RECLAMA SEGURIDAD

Sin duda, pero la gente también reclama mejores salarios, trabajo digno, educación, vivienda, el juzgamiento de los violadores de los derechos humanos y tantas cosas más. Sin embargo, cuando fueron gobierno, los partidos que hoy proponen estas medidas hicieron muy poco para dar respuesta a todos estos reclamos de la gente.

Llenar las cárceles es infinitamente más sencillo que atender los problemas de fondo.
Pero además, el encierro de los menores solo posterga el problema para más adelante, cuando va a ser más difícil aún solucionarlo.

El niño que es enviado a la cárcel luego de cometer un delito, y encerrado por el mayor tiempo posible, algún día será liberado, y si el encierro no lo preparó para la libertad (educación, formación laboral, responsabilidad, recomposición de vínculos familiares), y en cambio se lo sometió a un trato inhumano en un sistema carcelario absolutamente desbordado ¿qué podemos esperar de él?

Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante, es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables (¿cuántos violadores de los derechos humanos andan sueltos? ¿y los que están presos, en qué condiciones lo están?).

Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

NO ES LA SOLUCIÓN

La baja de la edad de imputabilidad no es la solución. El endurecer las penas, el hacer imputables a los niños, no va a resolver el problema de la inseguridad. Solo va a reducir la presión que ejerce un segmento de la sociedad. Solo apunta a descomprimir la inmediatez y exigencia mediática y a captar apoyo electoral.

Gran parte del problema radica en las profundas desigualdades sociales de estos tiempos. El mayor asesino serial de todos los tiempos, anda suelto por las calles del mundo, es el hambre y la malnutrición, matando 26 mil niños por día.

La disyuntiva es entre dos proyectos diametralmente diferentes. Uno que propone convertir el sistema de justicia en un instrumento contra los pobres, utilizar la represión para apartar a los menores pobres; otro que implica políticas que otorguen posibilidades de inclusión social, que apuesta a otra sociedad, más democrática y con mayores niveles de equidad.

No hay rehabilitación posible sin políticas sociales que apunten a reducir la inequidad, si no hay políticas de empleo que habiliten la integración social de los pobres y entre ellos de los jóvenes pobres.

No se rehabilita profundizando la exclusión e inadaptación, sino al contrario, haciendo que el joven se responsabilice por sus actos, garantizando sus derechos, y manteniéndolo socialmente incluido.

El problema de la delincuencia juvenil no se puede reducir al facilismo "los sacamos de las calles, los encerramos". Si por algún milagro se lograra encerrar de una sola vez a todos los jóvenes de entre 16 y 18 años, el delito seguiría tan campante.

Estamos hablando de ciudadanos, que tienen derechos, y que son parte de la generación de recambio de nuestro país. O trabajamos desde la perspectiva de Derechos para la promoción social o generamos mayores niveles de exclusión, y con ello seguramente cosechemos una sociedad más violenta e insegura para nuestros hijos.