HITORIAS DE LUCHAS, TRAICIONES, AGACHADAS Y OTRAS YERBAS (1ª Parte)
Hay quienes, cuando sucede algo relacionado con la dictadura y con la impunidad, señalan hacia la derecha. Y con razón, claro. Aunque es una visión parcial de la realidad, como veremos. Fue la derecha la que llamó a los militares para que si hicieran cargo del gobierno cuando ellos ya no podían controlar a un pueblo que se movilizaba cada vez más por cambios estructurales, a fines de la década del 60 y principios de los 70.
Fue sin dudas la derecha la que acompañó en cargos de
gobierno y a todo nivel a la sangrienta dictadura. No es este el espacio para
dar una larga lista de nombres pertenecientes a los partidos tradicionales que
ocuparon cargos durante esos años. Digamos simplemente que el dictador
Bordaberry provenía del Partido Nacional, pero asumió como presidente
integrando el partido colorado, y después fue verde a partir del golpe de
estado. Y otros como Aparicio Méndez, del Partido Nacional, también dictador en
su momento.
Una buena parte del pueblo uruguayo dio una denodada lucha
por derrotar a la dictadura, y esa lucha tuvo sus costos, que pueden medirse en
presos, exiliados, torturados, asesinados, desaparecidos, violados, y mucho
más. Por eso, la recuperación de la democracia y las libertades, traían consigo
grandes esperanzas. Entre otras cosas, la esperanza de llegar a la verdad de lo
que había sucedido en esos años, y por supuesto de llegar también a la justicia
Teníamos derecho a saber el por qué de tanto odio descargado
sobre el pueblo, el por qué tanta muerte inocente. Alguien tenía que explicar
como fue que se torturó, quién daba las órdenes, donde se mató y se
desapareció, donde estaban esos desaparecidos, y devolverlos al pueblo. Y no
reclamábamos revancha. Pedíamos justicia. Tan simple pero tan hondo como eso.
Pero fue la derecha política la que, una vez derrotada la
dictadura, se encargó de enterrar todo el genocidio y las barbaridades más
siniestras perpetradas por la dictadura bajo el manto de la impunidad al votar
aquella siniestra ley, con votos de blancos y colorados. Previamente, habían
sacado de la troya (tal como hoy hace la SCJ con Mariana Mota) a un gran
luchador por los derechos humanos como José Germán Araújo.
Y de la mano de la derecha política volvió la amenaza, y la
presión. Y a pesar de que la justicia comenzó a actuar, las citaciones fueron a
parar a la caja fuerte del Ministerio de Defensa. Y entonces comenzó la vuelta
atrás, el retroceso, la agachada. Y la mayoría de dirigentes blancos y colorados
comenzó a gestar lo que luego terminaría siendo la oprobiosa ley de impunidad.
LA IZQUIERDA LUCHANDO JUNTO AL PUEBLO
Pero la lucha continuó, y los trabajadores, las
organizaciones sociales y la izquierda política no se entregaron, y papeleta en
mano salieron a juntar las firmas para que hubiera referéndum. No fue una lucha
sencilla. Pero acabábamos de derrotar una dictadura sangrienta, y además
teníamos de nuestro lado la razón de la verdad y la justicia, así que la
esperanza estaba intacta. Otra vez había que luchar contra el miedo, contra la
desinformación y la mentira, contra quienes decían que pregonábamos el odio y
se proclamaban pacificadores y perdonadores. Y recorrimos puerta por puerta, y
salimos a las ferias y a los sindicatos, nos metimos entre el pueblo. Y conseguimos
las firmas.
Pero los votos amarillos fueron más que los verdes, y
perdimos esa batalla. El miedo ganó en las urnas, y la desesperanza en las
almas. Y ya nada volvió a ser igual, porque la democracia quedó renga. No se
puede caminar bien con una espina clavada en el talón. Y la impunidad era una
enorme espina incrustada en la naciente democracia. Con las organizaciones
populares malheridas (que no muertas) por la derrota, comenzó la otra fiesta,
la del neoliberalismo.
Nuevamente la derecha política, y sus sucesivos gobiernos
nos propinaron su economía de mercado pero también su “sociedad de mercado”.
Perdida la justicia en los caminos de la impunidad, los ciudadanos pasamos a
ser vistos desde una lógica mercantil, y se propagaron la exclusión social y la
pobreza hasta límites desconocidos. Las consignas pasaron a ser: “hacé la
tuya”, y “sálvese quien pueda”. Y también campeó la corrupción. Porque si se
puede torturar y matar y desaparecer, y nunca pasar por un juzgado por ello,
entonces todo lo demás son paparruchadas. Las dimensiones del retroceso todavía
están por verse.
VOTO VERDE Y DESPUÉS
A partir de allí, ya la cosa no estuvo tan clara en las
filas de la izquierda con el tema de los derechos humanos y la impunidad. Hubo
un largo período en el cual la lucha quedó en manos de los familiares, un
pequeño grupo de incansables abogados y las organizaciones sociales y de
derechos humanos, y los partidos políticos prácticamente se olvidaron del tema.
Pero aún en esas condiciones, la lucha continuó por vías
diferentes. Porfiadamente se siguieron presentando casos a los juzgados y una y
mil veces los personeros de la impunidad los archivaban. El artículo cuarto era
el instrumento apropiado en las manos apropiadas (gobiernos de derecha). Todo
lo que podía terminar en aplicación de justicia era considerado incluido en la
ley de impunidad. No importa si era el rapto de una extranjera para robarle a
su hijo y luego matarla. Todo lo sucedido en dictadura debía ser olvidado,
fuera lo que fuera.
Pero el pueblo es porfiado. Porque “hay olvidos que queman y
hay memorias que engrandecen”, como también señala Alfredo acertadamente. Y
siguieron presentándose causas. Y surgieron las marchas del 20 de mayo; cada
vez con más y más pueblo; cada vez con más y más conciencia. Y la impunidad
comenzó a mostrar fisuras.
DESDE LA IZQUIERDA
En el año 2003, el semanario Brecha preguntaba a dirigentes
de diferentes sectores del Frente Amplio sobre qué había que hacer con la ley
de impunidad, y en su gran mayoría eran partidarios de dejar todo como estaba.
Algunos suenan hoy como posibles candidatos a vicepresidentes (o a presidente,
vaya uno a saber).
Lo cierto es que dentro del FA, cuando nos aproximábamos a
la posibilidad cierta de obtener el gobierno, muchos entendieron que adoptar
una posición contundente a favor de la verdad y la justicia, podía hacernos
perder esa posibilidad. Eso estuvo muy claramente planteado en el Congreso Héctor
Rodríguez de 2003, y es por todos conocida la batalla que dio Eleuterio
Fernández Huidobro para evitar que en el Programa estuviera la derogación de la
ley de impunidad. Pero no sería honesto si no dijera lo siguiente: si la
posición de Huidobro hubiera sido minoritaria, no hubiera prosperado. La
realidad es que su posición fue apoyada por la mayoría del Congreso.
No obstante, en el Programa con el que el FA accedió al
gobierno en 2005, hay muchísimas referencias que indicaban que había la
necesidad imperiosa de derogar o anular la ley de impunidad. Fundamentalmente
las que hacían referencia a acompasar la legislación interna con la
internacional en el tema derechos humanos. Pero no fue así. Lo único que hizo
el primer gobierno del FA en el sentido de combatir la impunidad, fue aplicar
el art.4 de la ley, por lo cual los casos comenzaron a no incluirse como
comprendidos en la ley de impunidad.
Y Tabaré Vázquez, el día mismo de su asunción, señalaba que “en materia de derechos humanos el país
tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”,
y agregó que “nuestro gobierno cumplirá
el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando
agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e
investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”.
En función de ello, hubo avances impensables poco tiempo
atrás. Pocos días después ya se estaba entrando a los cuarteles y excavando en
busca de los desaparecidos. Y ahora el artículo 4º era un instrumento en manos
de un gobierno progresista, y lo aplicó debidamente. Y los casos se comenzaron
a excluir, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir
presos, y algunos restos comenzaron a aparecer.
Mientras tanto, en forma silenciosa, muchos compañeros del
FA seguían trabajando para encontrar la forma de erradicar de una vez y para
siempre una ley legalmente inconstitucional y nula, pero además moral y
éticamente infame. Era la hora de arrancarle de raíz esa espina que no le
permitía caminar debidamente a nuestra democracia. Para que la vida democrática
fuera plena y para cumplir con nuestras conciencias revolucionarias y de
izquierda.
El resultado es historia reciente, y lo veremos en la
segunda parte de esta nota.
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