CAMBIO DE FRENTE (2ª parte)
Finalizábamos nuestro artículo anterior diciendo que estamos de acuerdo en dar un debate sobre cuestiones ideológicas y sobre aspectos de funcionamiento. Decíamos asimismo que, si no se discute lo esencial, seguiremos dando vueltas como en una noria, sin llegar a ningún lado. Y desde luego, para nosotros, cuando hablamos de ideología, uno de los aspectos centrales es el tema de la economía. Como bien señala Jorge Notaro: “La prioridad de los objetivos y los instrumentos que se eligen en la política económica no surgen de los textos de economía, son opciones ideológicas”.
LA ECONOMÍA
“A partir de la década de los 80 EE.UU. impulsó el Consenso de Washington, que contenía 10 reformas básicas: 1) disciplina fiscal, 2) prioridad para el gasto social, 3) reforma tributaria, 4) liberalización financiera, 5) tipos de cambio unificados y competitivos, 6) liberalización del comercio exterior, 7) apertura a la inversión extranjera directa, 8) privatización de las empresas estatales, 9) desregulación, y 10) respeto a los derechos de propiedad. Estos lineamientos se aplicaron en algunos países de América Latina y causaron graves daños económicos y sociales para sus pueblos. Como contrapartida, han surgido corrientes contestatarias cada vez más extendidas y con denuncias y demandas más elaboradas. En este sentido, con epicentro en Porto Alegre surgió el Foro Social Mundial que ha sido capaz de convocar a una constelación muy amplia de movimientos sociales que, frente a las agresiones y desafíos planteados por las políticas neoliberales, levantan la consigna de “otro mundo es posible” (*).
De manera que elegir los instrumentos que propone el Consenso de Washington, es una opción ideológica que toman los equipos económicos de gobierno, y no necesariamente lo único que puede hacerse. En última instancia, la propuesta del Consenso de Washington es eliminar las fronteras económicas como forma de penetrar en nuestras economías. Sus elementos centrales -apertura comercial, apertura financiera, apertura a la inversión extranjera directa, disciplina fiscal, eliminación de subsidios, privatización, desregulación- son medidas que tienen una sola lógica: generar una mayor acumulación capitalista. Privatizar (y en buena medida también asociarse con privados) es trasladar un mercado cautivo al capital privado para que este sea el que obtenga beneficios. Cuando se abren las fronteras, se abren para que penetren esas economías de gran escala a competir con nuestras economías.
SE VA LA SEGUNDA
Pero luego de eso, vinieron las reformas de segunda generación, que están contenidas en el informe de 1997 del BM, y allí está planteada la recuperación del Estado: no existe posibilidad de desarrollo sin un Estado. O sea, la recuperación del Estado como un actor en este proceso, no viene de la mano de las fuerzas progresistas, sino que viene de la mano del proyecto del capital. El Estado debe actuar, y lo debe hacer como lo hace siempre, en función de los intereses de la clase dominante. La idea es despolitizar el Estado, transformarlo en un Estado tecnocrático, con unidades reguladoras independientes del poder político (independencia del BCU), una administración pública gerencial, similar a una administración empresarial, funcionando en base a contratos (PPP), en base a mecanismos de gestión efectiva.
Es decir, las reformas de segunda generación son una profundización del neoliberalismo, y han sido tomadas y llevadas a cabo por gobiernos de origen progresista, y que las asumen como reformas de izquierda. Su discurso incluye que el Estado debe ser eficiente, transparente, y reconocen el criterio fundamental del capital: el Estado no debe ser productor, no debe competir con el capital por la acumulación. Y le agregan más propuestas del Banco Mundial del año 97: políticas tendientes a la reducción de la indigencia y la pobreza. No están planteadas políticas redistributivas, sacarle al capital para darle al trabajo, lo que sería algo totalmente diferente. De lo que se trata es, de un lado, un modelo económico aperturista, la liberalización comercial y financiera, la apertura a la inversión extranjera directa, sin déficit fiscal, pago puntual de la deuda, implantación de reformas tributarias que gravan más al trabajo que al capital (los países compiten por la inversión extranjera, y para competir se crean zonas francas, se otorgan subsidios, no se les cobran impuestos, se hacen reformas impositivas duales, en las cuales el trabajo paga más que el capital, etc.); del otro lado, reducción de la indigencia y la pobreza, planes de emergencia, menos corrupción, respeto de los contratos (planteo central del modelo neoliberal). Es decir, tenemos gobiernos que llevan a cabo la política económica del capital, la política que permite la acumulación capitalista a nivel trasnacional, y que por otra parte, aparecen legitimados por su historia de izquierda y su legitimidad progresista y que dicen: esto es bueno, no solo que es bueno, sino que es lo único que se puede hacer, no hay otra salida.
UN GOBIERNO DE IZQUIERDA
La pregunta es: ¿qué debería hacer un gobierno de izquierda entonces?
Desde nuestro punto de vista, y simplificando la cuestión al máximo para que se entienda, un gobierno de izquierda lo que tiene que hacer es llevar adelante políticas cuyo norte principal sea la distribución de la riqueza, y que por tanto el proceso económico lo oriente en esa dirección.
Claro que no somos ingenuos, sabemos que cuando hablamos de alternativas, hablamos de correlación de fuerzas. Y quienes tienen más fuerza, a pesar de la crisis financiera y en la economía real, son los países centrales, y especialmente los EEUU. Los países del sur fueron desplazados del proceso de la economía mundial, y nuestras economías fueron cada vez más primarizadas. Hoy somos mucho más productores de materias primas que antes, y en contrapartida, los EEUU tienen hoy mucho más poder, tienen un poder militar enorme, los mayores niveles de investigación y desarrollo, el mayor control tecnológico, las más grandes y mayor cantidad de empresas trasnacionales y por tanto un mayor dominio comercial (por eso la discusión acerca del antiimperialismo). Podríamos señalar dos procesos paralelos: por un lado, una profundización y una mayor dominación de los EEUU, y por el otro, una desideologización de nuestras sociedades, que comenzó con las dictaduras, siguió con el proceso conservador de la derecha, y se agudiza con algunos gobiernos progresistas que le dicen a la gente: “en el capitalismo es posible, en el capitalismo nos va bien, es posible un capitalismo con rostro humano”. Y ese es uno de los puntos centrales de la cuestión, porque el capital se reproduce porque tiene las fuerzas productivas para hacerlo, pero además por su predominio ideológico y cultural (“acordar con el FMI es una política de izquierda” llegó a decir nuestro ex ministro de economía, que además impulsó un TLC y un TPI con los EEUU).
La pregunta es: ¿qué es lo que podemos plantearnos como expresión de los intereses de los trabajadores y el pueblo? Podemos plantearnos medidas de todo tipo, en particular, aquellas contrarias al Consenso de Washington, medidas financieras, de control de cambios, medidas como el Banco del Sur, la moratoria de la deuda, la integración en profundidad, y mucho más. Medidas que, como dijimos, formen parte de un plan a largo plazo cuyo norte sea distribuir la riqueza generada por nuestros pueblos. Esto ya serían cambios revolucionarios (no necesariamente socialistas) para la correlación de fuerzas existentes, y seguramente enfrentarían intereses muy fuertes (“¡pero para eso queríamos el gobierno!!” -escuché decir hace unos días al “Polo” Gargano- y claro que tenía razón). Hablamos de un conjunto integral de propuestas, que contenga sí respuestas inmediatas, para el aquí y el ahora, pero que formen parte de un proyecto que vaya más lejos. En el caso de nuestro país, el programa del FA, llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias, es una buena hoja de ruta, y por eso lo defendemos.
(*) V Congreso Ordinario “Compañero General Líber Seregni”, año 2007
LA ECONOMÍA
“A partir de la década de los 80 EE.UU. impulsó el Consenso de Washington, que contenía 10 reformas básicas: 1) disciplina fiscal, 2) prioridad para el gasto social, 3) reforma tributaria, 4) liberalización financiera, 5) tipos de cambio unificados y competitivos, 6) liberalización del comercio exterior, 7) apertura a la inversión extranjera directa, 8) privatización de las empresas estatales, 9) desregulación, y 10) respeto a los derechos de propiedad. Estos lineamientos se aplicaron en algunos países de América Latina y causaron graves daños económicos y sociales para sus pueblos. Como contrapartida, han surgido corrientes contestatarias cada vez más extendidas y con denuncias y demandas más elaboradas. En este sentido, con epicentro en Porto Alegre surgió el Foro Social Mundial que ha sido capaz de convocar a una constelación muy amplia de movimientos sociales que, frente a las agresiones y desafíos planteados por las políticas neoliberales, levantan la consigna de “otro mundo es posible” (*).
De manera que elegir los instrumentos que propone el Consenso de Washington, es una opción ideológica que toman los equipos económicos de gobierno, y no necesariamente lo único que puede hacerse. En última instancia, la propuesta del Consenso de Washington es eliminar las fronteras económicas como forma de penetrar en nuestras economías. Sus elementos centrales -apertura comercial, apertura financiera, apertura a la inversión extranjera directa, disciplina fiscal, eliminación de subsidios, privatización, desregulación- son medidas que tienen una sola lógica: generar una mayor acumulación capitalista. Privatizar (y en buena medida también asociarse con privados) es trasladar un mercado cautivo al capital privado para que este sea el que obtenga beneficios. Cuando se abren las fronteras, se abren para que penetren esas economías de gran escala a competir con nuestras economías.
SE VA LA SEGUNDA
Pero luego de eso, vinieron las reformas de segunda generación, que están contenidas en el informe de 1997 del BM, y allí está planteada la recuperación del Estado: no existe posibilidad de desarrollo sin un Estado. O sea, la recuperación del Estado como un actor en este proceso, no viene de la mano de las fuerzas progresistas, sino que viene de la mano del proyecto del capital. El Estado debe actuar, y lo debe hacer como lo hace siempre, en función de los intereses de la clase dominante. La idea es despolitizar el Estado, transformarlo en un Estado tecnocrático, con unidades reguladoras independientes del poder político (independencia del BCU), una administración pública gerencial, similar a una administración empresarial, funcionando en base a contratos (PPP), en base a mecanismos de gestión efectiva.
Es decir, las reformas de segunda generación son una profundización del neoliberalismo, y han sido tomadas y llevadas a cabo por gobiernos de origen progresista, y que las asumen como reformas de izquierda. Su discurso incluye que el Estado debe ser eficiente, transparente, y reconocen el criterio fundamental del capital: el Estado no debe ser productor, no debe competir con el capital por la acumulación. Y le agregan más propuestas del Banco Mundial del año 97: políticas tendientes a la reducción de la indigencia y la pobreza. No están planteadas políticas redistributivas, sacarle al capital para darle al trabajo, lo que sería algo totalmente diferente. De lo que se trata es, de un lado, un modelo económico aperturista, la liberalización comercial y financiera, la apertura a la inversión extranjera directa, sin déficit fiscal, pago puntual de la deuda, implantación de reformas tributarias que gravan más al trabajo que al capital (los países compiten por la inversión extranjera, y para competir se crean zonas francas, se otorgan subsidios, no se les cobran impuestos, se hacen reformas impositivas duales, en las cuales el trabajo paga más que el capital, etc.); del otro lado, reducción de la indigencia y la pobreza, planes de emergencia, menos corrupción, respeto de los contratos (planteo central del modelo neoliberal). Es decir, tenemos gobiernos que llevan a cabo la política económica del capital, la política que permite la acumulación capitalista a nivel trasnacional, y que por otra parte, aparecen legitimados por su historia de izquierda y su legitimidad progresista y que dicen: esto es bueno, no solo que es bueno, sino que es lo único que se puede hacer, no hay otra salida.
UN GOBIERNO DE IZQUIERDA
La pregunta es: ¿qué debería hacer un gobierno de izquierda entonces?
Desde nuestro punto de vista, y simplificando la cuestión al máximo para que se entienda, un gobierno de izquierda lo que tiene que hacer es llevar adelante políticas cuyo norte principal sea la distribución de la riqueza, y que por tanto el proceso económico lo oriente en esa dirección.
Claro que no somos ingenuos, sabemos que cuando hablamos de alternativas, hablamos de correlación de fuerzas. Y quienes tienen más fuerza, a pesar de la crisis financiera y en la economía real, son los países centrales, y especialmente los EEUU. Los países del sur fueron desplazados del proceso de la economía mundial, y nuestras economías fueron cada vez más primarizadas. Hoy somos mucho más productores de materias primas que antes, y en contrapartida, los EEUU tienen hoy mucho más poder, tienen un poder militar enorme, los mayores niveles de investigación y desarrollo, el mayor control tecnológico, las más grandes y mayor cantidad de empresas trasnacionales y por tanto un mayor dominio comercial (por eso la discusión acerca del antiimperialismo). Podríamos señalar dos procesos paralelos: por un lado, una profundización y una mayor dominación de los EEUU, y por el otro, una desideologización de nuestras sociedades, que comenzó con las dictaduras, siguió con el proceso conservador de la derecha, y se agudiza con algunos gobiernos progresistas que le dicen a la gente: “en el capitalismo es posible, en el capitalismo nos va bien, es posible un capitalismo con rostro humano”. Y ese es uno de los puntos centrales de la cuestión, porque el capital se reproduce porque tiene las fuerzas productivas para hacerlo, pero además por su predominio ideológico y cultural (“acordar con el FMI es una política de izquierda” llegó a decir nuestro ex ministro de economía, que además impulsó un TLC y un TPI con los EEUU).
La pregunta es: ¿qué es lo que podemos plantearnos como expresión de los intereses de los trabajadores y el pueblo? Podemos plantearnos medidas de todo tipo, en particular, aquellas contrarias al Consenso de Washington, medidas financieras, de control de cambios, medidas como el Banco del Sur, la moratoria de la deuda, la integración en profundidad, y mucho más. Medidas que, como dijimos, formen parte de un plan a largo plazo cuyo norte sea distribuir la riqueza generada por nuestros pueblos. Esto ya serían cambios revolucionarios (no necesariamente socialistas) para la correlación de fuerzas existentes, y seguramente enfrentarían intereses muy fuertes (“¡pero para eso queríamos el gobierno!!” -escuché decir hace unos días al “Polo” Gargano- y claro que tenía razón). Hablamos de un conjunto integral de propuestas, que contenga sí respuestas inmediatas, para el aquí y el ahora, pero que formen parte de un proyecto que vaya más lejos. En el caso de nuestro país, el programa del FA, llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias, es una buena hoja de ruta, y por eso lo defendemos.
(*) V Congreso Ordinario “Compañero General Líber Seregni”, año 2007
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