QUE FALTA DE RESPETO
La embajadora de EEUU en nuestro
país, Julissa Reynoso, habló en Río Negro sobre el conflicto Sirio, y sus
declaraciones reflejan sin duda su opinión sobre el referido conflicto, pero
también sobre los uruguayos: nos considera estúpidos.
La embajadora dijo que “El
presidente (por Barak Obama) ha tomado una posición, en el sentido de
que ha dicho al mundo de que está consultando con nuestro Congreso para ver
cómo podemos tomar una decisión democrática dentro de las instituciones
relevantes de mi gobierno", dijo Reynoso.
Julissa Reynoso les habla a los
uruguayos y les dice que su gobierno va “a tomar una decisión democrática
dentro de las instituciones relevantes” de su gobierno, claro, una decisión
sobre el futuro de otro país en donde nada tiene que hacer el gobierno de la
señora Reynoso. La decisión que tome el gobierno de los EEUU, puede seguir
todos los pasos institucionales que su sistema establece, pero si lo que decide
es un ataque a otro país, es un acto arbitrario, prepotente, nada democrático,
y en contra de la organización que nuclea a todos los países del mundo.
Luego nos dice que “los
eventos en Siria, se producen de manera extrema y deben crear en el mundo
cierto nivel de shock, dado que las normas internacionales, que fueron creadas
después de la Primera Guerra Mundial, establecen la manera en la que ciertas
armas pueden ser usadas o no”. Es cierto, y su país, Sra. Reynoso, es
posiblemente el país que más ha violado esas normas internacionales
establecidas. ¿O quizás el NAPALM que su país utilizó por toneladas en Vietnam
es un arma convencional, por poner solo un ejemplo?
Luego la embajadora nos toma por
estúpidos nuevamente cuando dice: “Es obvio dado la evidencia y la
inteligencia que nosotros tenemos que el gobierno de Siria ha estado detrás de
estos ataques” y manifestó que otros gobiernos aseguran lo mismo después de
que sus respectivos sistemas de inteligencia corroboraran la situación.
Evidencias que solo conoce su gobierno, que no han
presentado ante la ONU ni ante nadie, evidencias similares a las que tenían
sobre armas químicas en Irak, e involucra a otros gobiernos que corroborarían
esas evidencias, sin decir cuales son porque no existen tales gobiernos.
Dijo también Reynoso que
actualmente la Organización de Naciones Unidas “está haciendo su análisis”,
mientras “los rusos están bloqueando el voto en el Consejo de Seguridad,
entonces nosotros tenemos cierta obligación dado el crimen contra inocentes, de
tomar una decisión que creemos que es para el mejor interés de los Estados
Unidos y de la humanidad”.
Y justamente, Rusia está
bloqueando cualquier intento de intervención en Siria porque hasta el momento
no hay ni una sola prueba de que el gobierno sirio haya sido quien utilizó las
armas químicas, y todo parece apuntar a que fueron los mercenarios fabricados y
armados por el propio gobierno de Julissa Reynoso.
Y como es costumbre en los
norteamericanos, confunden sus intereses con los de la humanidad. Debería saber
la Sra. Julissa Reynoso que el interés de la humanidad no es la guerra que quiere desatar su país, sino que es la paz, esa paz que
hasta el día de hoy ha sido imposible justamente por causa de su gobierno, que
no dejado de estar en una guerra constante con el resto del planeta desde su nacimiento como nación.
Finalmente, fue consultada acerca
de las nuevas víctimas inocentes que puede dejar como efecto colateral la
incursión militar estadounidense en Siria, a lo que la diplomática respondió
que “eso son especulaciones, no puedo decir de una manera u otra sin saber
qué tipo de iniciativa se va a tomar” explicó.
Especulaciones por cierto más fácil
de comprobar que las supuestas evidencias sobre el uso de armas químicas por parte
del gobierno sirio. Porque las guerras siempre provocan víctimas inocentes, lo que
al parecer es lo que menos preocupa a Julissa Reynoso, puesto que es lo único para
lo que no tiene respuesta.
Comentarios
http://www.voces.com.uy/articulos-1/indisciplinapartidarialacolumnadehoenirsarthouhipocresiayderechoshumanos
Pese al rechazo público que han causado, se someterán a votación los artículos
425, 438 y 439 del Proyecto, que limitan seriamente la obligación del sistema de salud de suministrar medicamentos y tratamientos terapéuticos de alto costo a quienes no puedan pagarlos.
Esos artículos han sido objeto de serios cuestionamientos por parte del Sindicato Médico del Uruguay y del Consejo de la Facultad de Derecho, así como de muy duras críticas de jueces y abogados especializados en derechos humanos.
Sin embargo, el gobierno parece resuelto a seguir adelante con una política que supedita expresamente el suministro de medicamentos y de tratamientos médicos a consideraciones financieras y presupuestales.
Desde luego, aunque el Parlamento los apruebe, esos artículos son inconstitucionales.
Lo son en lo sustancial, porque la Constitución le impone al Estado la obligación de proporcionar gratuitamente los medios de prevención y tratamiento sanitario a los indigentes o carentes de recursos suficientes; y lo son también en lo formal, porque la Constitución prohíbe que en las leyes de presupuesto se incluyan de contrabando normas no presupuestales.
Entonces, incluir en una ley de presupuesto disposiciones que recortan derechos fundamentales es escandalosa y doblemente inconstitucional.
Lo paradójico es que esto ocurra en una época en que se suele hacer gárgaras con el discurso de “los derechos”, en general, y con el de “los Derechos Humanos” en particular.
Nos hemos acostumbrado a invocar como derechos, y de ser posible como “Derechos Humanos”, a toda clase de intereses, aspiraciones y pretensiones, ya sea individuales o corporativos.Desde hace mucho tiempo, figuran en nuestra Constitución el derecho al trabajo y a la vivienda. Y en los últimos años hemos proclamado como “Derechos Humanos” el derecho a la información, a la privacidad y a la protección de los datos personales, los “derechos reproductivos”, a la identidad sexual y a la “no discriminación”, el carácter de “sujetos de derecho” de los “niños, niñas y adolescentes”, y últimamente hasta el curioso derecho a “ la inclusión financiera”, o los expansivos derechos “a la propiedad intelectual”.Basta un somero análisis de todos esos derechos para percibir su absoluta inviabilidad e incluso la contradicción interna que encierran.Para empezar, la estructura socioeconómica en la que vivimos hace que, en los hechos, nunca hayamos garantizado realmente viejos derechos sociales, como el trabajo y la vivienda. Las leyes del mercado (porque vivimos en una sociedad sometida a las leyes del mercado), unidas a las leyes de la propiedad y de la herencia, impidieron siempre que garantizáramos el derecho al trabajo y a la vivienda. Por esa razón, esos “derechos” figuran desde hace décadas en nuestra Constitución sin haber sido nunca algo más que letra muerta.
Por último, ¿existe cinismo mayor que llamar “derecho a la inclusión financiera” a la imposición de someterse al sistema bancario?
¿Puede llamarse “derecho” a un mecanismo como la “propiedad intelectual”, que impide cada vez más el libre acceso a los bienes de la naturaleza y de la cultura?
En materia de derechos, nuestra sociedad adolece de una escandalosa hipocresía. Proclamamos constantemente nuevos derechos, mientras que, en realidad, no sólo no los hacemos efectivos sino que incumplimos también buena parte de los derechos más antiguos, básicos y fundamentales.
Probablemente, en el sistema social y económico en el que vivimos, en nuestra actual situación material y cultural, sólo estemos en condiciones de garantizar efectivamente unos pocos derechos, los llamados “derechos de primera generación”, el derecho a la vida (a no ser privados de la vida, y a no morir de hambre o de enfermedades curables), la seguridad personal, es decir el derecho a no ser torturados ni privados de la libertad ambulatoria, la libertad de pensamiento y de expresión, la igualdad ante la ley y los derechos políticos (esencialmente el voto, ya que ser electo para cargos políticos requiere hoy de medios económicos que pocas personas u organizaciones tienen).
Sin embargo, al tiempo que en los discursos se proclaman nuevos y sofisticados derechos, esos viejos derechos fundamentales son violados.
Un derecho fundamental sólo puede ser llamado tal si todas las personas lo tienen asegurado. Pero, en el Uruguay, ni aun los derechos más básicos están garantizados para todos. Muy frescos están los hechos del INAU, donde los menores de edad son sistemáticamente torturados, violados, explotados y sometidos a todo tipo de malos tratos.
Así como todos sabemos lo que ocurre en las cárceles y en los establecimientos donde se interna a los ancianos y a los enfermos mentales.
Todos sabemos también lo que ocurre con los niños en tantos hogares, muchos de ellos pobres, pero también en hogares ricos.
No lo decimos, lo ocultamos, pero la realidad es que los débiles y los pobres no tienen en el Uruguay asegurados ni siquiera los derechos básicos.
En la discusión de este presupuesto estamos asistiendo a un nuevo recorte de derechos fundamentales. La idea –descarnadamente dicha- es que el Estado no está dispuesto a gastar dinero en salvar la vida o reducir los sufrimientos de los enfermos graves y pobres. Así de cruda es la decisión, si se la depura de palabrería economicista y administrativa.
Lo insólito es que esa decisión, justificada por motivos de ahorro, se toma mientras se insiste en mantener las exoneraciones tributarias a inversiones extranjeras que no las necesitan, mientras se subsidia la producción de cerveza, mientras se contratan nuevos asesores de confianza política en los organismos públicos, mientras se pierden cientos de millones de dólares en los entes del Estado, mientras seguimos pagando las deudas de malos negocios públicos, como PLUNA, mientras esperamos a saber cuánto ha perdido el Estado en negocios turbios y frustrados, como el de la regasificadora.
Ningún derecho es absoluto y la realidad suele imponer límites. Pero, limitar derechos esenciales para ahorrar dinero que se derrocha por otro lado, es sencillamente obsceno.
Seguramente, como sociedad, deberíamos hacer una honda reflexión sobre el significado de los derechos. Para manosearlos menos y cumplirlos más
Por otra parte, otro artículo polémico sobre el que el Frente deberá tomar posición en la Cámara Alta tiene que ver con el bloqueo a juicios por medicamentos de alto costo
El ex senador frenteamplista y abogado Óscar López Goldaracena opinó que este artículo es "inconstitucional y contrario al bien común". El legislador se basa en que el texto se opone al artículo 44 de la Constitución, el cual consagra el derecho a la salud, consignó UyPress.
El senador entiende que dichos artículos restringen el acceso a medicamentos de alto costo a la población y pide que se realice un debate en profundidad sobre el tema.
También solicita la posibilidad de manejar medidas alternativas y apela a la profesión de médico oncólogo de Vázquez para que quite los artículos mencionados del proyecto de ley del Presupuesto.
"No es ajeno a su conocimiento el padecer y las expectativas que muchas familias tienen al ver que seres queridos necesitan estos medicamentos para poder en algunos casos vivir más y en otros mejorar la calidad del tiempo de vida que les queda", asegura.