CRÓNICA DE UNA PERSECUCIÓN

A mediados de 2011, diversos hechos que tienen que ver con los derechos humanos, desataron la indignación de muchos ciudadanos preocupados por el tema, los que se sintieron además desconcertados y atónitos. Y no era para menos. En primer lugar -y el hecho más notorio- el proceso que culminó en el naufragio del proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad. No vamos a entrar en detalles que todos ya conocemos sobre ese proceso. El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio. El proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad formal, había sido aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados, se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores, con el único voto contrario del traidor Saravia; luego el presidente Mujica y el vice Astori concurrieron van al Parlamento a pedir a sus legisladores  que no voten el proyecto, logrando convencer a otro traidor: Víctor Semproni.

EL ATAQUE A LA JUEZA MOTA

Luego que el semanario Búsqueda informara que la jueza Mariana Mota estuvo en la Marcha del Silencio, organizada por familiares de desaparecidos el 20 de mayo, la Suprema Corte le pidió a la jueza que en 48 horas informara si estaba en el lugar y en ese caso qué hacía allí. Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”.

Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia.

Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces se abstendrán:

1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.
Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.

DELITOS COMUNES

Para completar este panorama, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirían el 1 de noviembre de 2011.

Si, claro, eso es lo que dice la Corte. Que secuestrar a una persona en otro país con personal pago por el Estado, para luego traerla a nuestro país y someter a esa persona a las más terribles torturas en dependencias del Estado y por funcionarios del Estado, para luego asesinarla (puede ser por ejemplo castrándola y dejando que se desangre), y finalmente hacer desaparecer el cadáver, que un delito como ese, no tiene nada de diferente al robo de una gallina o a una rapiña. La única diferencia es que el ladrón de gallina y el rapiñero van a una cárcel común, a donde van todos los delincuentes, mientras que el secuestrador, torturador y asesino múltiple va a un lugar con todas las comodidades, especialmente acondicionado para él.

Es comprensible entonces la indignación, no ya de los militantes de izquierda, sino de todos aquellos ciudadanos que comprenden cabalmente la dimensión trágica de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Y la indignación era comprensible, además, porque estas cosas que describimos no sucedían –como algún distraído podría llegar a pensar- en Honduras, por ejemplo, que vivía bajo una dictadura, o en algún país gobernado por la derecha más reaccionaria. No, estas cosas estaban –están- pasando en un país considerado ejemplo de democracia en muchas partes del mundo. La confirmación de la impunidad y su profundización en tres actos, sucedía en este Uruguay, en este país que pagó tan alto precio por la recuperación democrática, en este país que tuvo en su momento el record mundial de presos políticos en proporción a su población. Y bajo un gobierno de "izquierda". Es acá donde suceden estas cosas, en el país que –mientras esos hechos ocurrían- había sido elegido para presidir el máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas.

LA PERSECUCIÓN CONTINÚA

No es un tema nuevo, y tampoco es exclusivo de ningún lugar en particular. Cuando uno recorre la prensa mundial, se da cuenta que la persecución a los jueces es una forma más de manifestación del poder, y que se aplica en todas partes en forma más o menos desembozada. Desde la convulsionada Colombia, pasando por los jueces de Túnez, o por Honduras y España.

Nueve meses después, veíamos con sorpresa (o no tanto) que desde diferentes ámbitos se volvía a presionar a la jueza Mota, esta vez, por las declaraciones hechas en una entrevista al diario Página 12 de Argentina, a donde la magistrada viajó invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para hablar sobre su experiencia como jueza penal de séptimo turno en donde investigaba los delitos cometidos por la dictadura.

¿Y qué cosas tan graves expresó la Dra. Mota en esa entrevista? Habló por ejemplo del delito de desaparición forzada y de su tipificación como tal en nuestro país, habló de la dictadura uruguaya , delos muertos, desaparecidos y presos políticos. Dijo que según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado, que los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas, etc. Explicó lo ocurrido luego de la marcha del 20 de mayo de 2011: “Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron ante la prensa que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político”.

Luego de eso, el presidente Mujica afirmó en la prensa que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia ni nada parecido” se haya pronunciado sobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo.

Y ¿qué fue lo que molestó al presidente y por lo cual esperaba un pronunciamiento de la SCJ o de “algo parecido”?

El periodista argentino le preguntaba a Mariana Mota: “¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?”, a lo cual la jueza respondía:

 “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación que es nacional y nos marcó a todos se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”

Y la pregunta que hacíamos entonces –y seguimos haciendo- es: ¿Hay alguna duda que en nuestro país no hay un interés real por parte del gobierno de que estas cosas se esclarezcan? ¿Hay alguna duda de que la actitud del gobierno argentino es bien diferente a la del uruguayo? Una prueba contundente es que mientras en la Argentina por ese entonces la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminaba que un juez estaba “inhabilitado éticamente” para desempañarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país se intentaba inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. ¿Se puede dudar de que Mujica y Huidobro pierden objetividad en estos temas?

Y la otra pregunta: ¿Eran estas declaraciones político partidarias? Claro que no. Y como no lo eran, era evidente que se estaba  ejerciendo una presión absolutamente indebida e inmoral sobre la jueza Mota.

CRÓNICA DE UNA TERTULIA

Y no eran solo Jorge Batlle, Gonzalo Aguirre, Mujica, Huidobro, la SCJ y la prensa de derecha quienes ejercían esa presión. En la tertulia del Espectador, un viernes por ese entonces, estaban Carlos Maggi, Juan Grompone, Matilde Rodríguez y Mauricio Rosencoff. Emiliano Cotelo propone como tema las declaraciones de la Jueza Mota al diario argentino página 12, y las lee. Pregunta quien empieza, y Carlos Maggi pide la volada para arrancar.

Y allí, este intelectual de derecha comenzó a vomitar insultos sobre la jueza Mariana Mota, entre los cuales destaco: "desbocada", "desequilibrada", "prejuzga y no puede seguir ejerciendo la justicia en un campo en el cual ella está totalmente embanderada de antemano", “no da garantías ninguna”. "Un juez fanático es un peligro público", "sería bueno que pasara a ejercer en el derecho civil, donde pueda hacer menos daño al honor y a la libertad de las personas".

En un determinado momento, hace mención a unas declaraciones anteriores en las que la jueza Mota comenta sobre los interrogatorios a mujeres víctimas de la represión, a veces les pregunta si fueron violadas y ellas contestan que no, pero que tiene la convicción de que sí. Y dice Maggi: "Lo que tiene es ganas de que las hayan violado para poder juzgar a más gente de una manera feroz".

Se podría tomar uno a uno los comentarios de Maggi, y analizar la pertinencia o no de la acusación hacia Mariana Mota. Se podría uno preguntar que significa para Maggi embanderarse de antemano en el campo de los derechos humanos ¿sobre qué hay que tomar partido en ese campo? ¿se debe elegir entre la defensa de los derechos humanos o la impunidad para sus violadores? ¿se debe embanderar alguien con la verdad y la justicia o debe optar por el bando de la impunidad y el silencio? Si esas son las opciones, entonces no se trata de un insulto sino de un elogio, puesto que al parecer la jueza Mota se habría embanderado de antemano con las banderas de la defensa de los derechos humanos, cosa que ojalá todos los jueces de este país sin excepción hicieran.

¿Condenar a asesinos múltiples como Juan María Bordaberry, acusado de crímenes perpetrados durante su período al frente de la dictadura de (entre otros) Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa, y la “desaparición forzada” de Arpino Vega, Luis Eduardo González González, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa Rodríguez, Otermin Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla y Eduardo Bleier, es la razón por la que Maggi acusa a Mota de “juez fanático y peligro público”?

Resulta que para la mente enferma de este fantoche de ultraderecha, el fanático y peligro público no es el que viola la Constitución, da un golpe de Estado y se convierte en asesino múltiple de trabajadores y militantes sociales, sino que es la jueza que lo manda en cana.

Pero no vale la pena hacer ese análisis, porque más que acusaciones, cuando se largan todas juntas y en cascada pasan a ser insultos, y los insultos no son tema de análisis.

MAURICIO ROSENCOFF

A continuación, habló Mauricio Rosencoff quien dijo: "me tiene sin cuidado los comentarios de la jueza Mota, en una justicia donde hay una característica de sobriedad, de no hablar de los temas cuando los temas se están tratando, que es una de las características de la justicia que tenemos en este país. Creo que lo de ella es una especie de desacato, a algo que es una ley general. creo que es un tema de desacato".

Este señor, ignora (¿será que lo ignora?) que la jueza no puede hablar de los casos concretos que está tratando, pero que en las declaraciones a Página 12 no habló de ningún caso en particular sino de los derechos humanos en general. Pero Rosencoff igual la acusaba, y además ya le adjudicaba hasta el nombre del delito por el cual habría que condenarla: desacato.

Y luego Rosencoff -este señor que supo ser de izquierda- se quejaba de que la jueza Mota comparara la situación de los derechos humanos de Argentina y Uruguay diciendo que “...hace comparaciones y no se por qué no las hace con Brasil o con España”, soslayando (¿por descuido?) que Mota estaba haciendo declaraciones a un medio argentino, en Argentina, sobre la justicia en el tema derechos humanos.

Pero luego, Rosencoff descubría la pólvora, y agregaba: “Cuando los temas llegan a la justicia, que no sientan los jueces o las juezas, como “la Mota”, que ellas son las que han llevado al estrado los cuestiones punibles”. Además de hablar con desprecio de Mariana Mota (Rosencoff dice “la Mota”) dice algo muy obvio, ya que los jueces no son quienes llevan los casos a sus sedes, sino los fiscales, ante denuncia o de oficio, pero nunca los jueces.

MATILDE RODRIGUEZ (de Gutierrez Ruiz)

Matilde Rodriguez Larreta de Gutierrez Ruiz fue quien intervino a continuación. “La jueza Mota cometió un error, casi diría yo de incontinencia verbal, ante periodistas que le buscan la boca sobre estos temas que están en el candelero y venden”, dijo Matilde. Acusación en realidad hacia los periodistas, que serían quienes preguntan sobre estos temas "porque vende" (curiosamente nada dijo Emiliano Cotelo al respecto, siendo que él mismo estaba preguntando sobre ello), pero que pone a la jueza en el lugar de un pelele que no se da cuenta de por donde viene la mano.

Luego dijo : “creo que el argumento que hace con respecto a Mujica y a Fernández Huidobro es -como dice Carlos (por Maggi) al revés, dice que ellos por estar involucrados son más rencorosos, y es al revés”, “me parece que ahí hay una tergiversación que no tiene nada que ver con la lógica”.

Y obviamente la tergiversación proviene de Matilde y no de Mariana Mota. Porque la jueza no dijo en ningún momento que Mujica y Huidobro sean más rencorosos por estar involucrados. Lo que dijo textualmente fue: “Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”. Una cosa es decir que tal vez no puedan ver con objetividad y muy otra decir que son rencorosos. Seguramente Matilde Rodriguez sabe que hay una diferencia.

JUAN GROMPONE

Y hablando de tergiversaciones, Juan Grompone aportó lo suyo en su intervención “Decir que la línea argentina sobre los derechos humanos es fantástica y maravillosa, y no es como en el Uruguay que es mala es un error de apreciación”.

Que obviamente no fue lo que dijo Mariana Mota, sino textualmente: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia”.

Dejo para el final unas palabras de Maggi dichas luego de las intervenciones de Rosencoff y Matilde, porque dicen mucho respecto de los contertulios. Cotelo le va a dar la palabra a Juan, pero Maggi pide para decir algo, y dice lo siguiente:

“Yo en este tema esperaba la palabra de Mauricio y la palabra de Matilde, y he quedado prendado de lo que dijeron, y muy orgulloso de estar en la misma mesa que ellos”.

Nada que agregar.

EL TRASLADO

Mariana Mota dirigía también la investigación judicial sobre el accidente en junio de 2012 del avión de la empresa Air Class que se estrelló en el río de la Plata. En este siniestro murieron los pilotos Walter Rigo y Martín Riva. Tras una primera búsqueda y rescate de los restos del avión, Mota ordenó al Ministerio de Defensa continuar la búsqueda de más restos, pero el ministro Fernández Huidobro desobedeció el mandato judicial.

La magistrada cuestionó al ministro en el programa Santo y Seña de canal 4, y dijo que Fernández Huidobro podía incurrir en desacato al desconocer su orden de continuar con la búsqueda de los restos del avión accidentado el 6 de junio de 2012.

Tras meses sin cumplir la orden judicial, a fines de enero de 2013, el ministro decidió retomar la búsqueda y por orden de la jueza Mota convocó nuevamente al buzo y rescatista Héctor Bado, pero faltando pocos días para retomar la búsqueda, el 13 de febrero, la Corte decidió remover a Mota del juzgado penal que ejercía y la trasladó a un juzgado civil.

El presidente de la Corte, Jorge Ruibal, aseguró que el traslado no tenía nada que ver con las diferencias que tuvo Mota con el gobierno de Mujica y con el ministro de Defensa.  

NO SE ACABA EL MUNDO

La senadora Lucía Topolansky afirmó en esos momentos a Montevideo Portal que “el mundo no se acaba por el traslado de un juez”, y agregó: “Me preocupa mucho más la resolución sobre el impuesto a la tierra”. También dijo que “…quienes están movilizados en contra del traslado se olvidan de que en el Uruguay los poderes son independientes". 

No se hubiera acabado tampoco si la dictadura duraba 40 o 50 años, ni el mundo hubiera implosionado si el pueblo uruguayo hubiera ignorado los sufrimientos de quienes estaban presos en las mazmorras de la dictadura. Pero fuimos muchos los que, a pesar de que no era el fin del mundo, dimos una dura lucha por acabar con la dictadura y por lograr la liberación de los presos políticos (incluida la señora Lucía Topolanski). Así como luego dimos y seguimos dando (somos porfiados) una dura batalla por la vigencia y el pleno respeto de los derechos humanos, por la investigación de los sucedido, por la aparición de los desaparecidos. 

Sin embargo, era evidente que con el traslado de una jueza como Mariana Mota, podían suceder muchísimas cosas, que aunque menos graves que el fin del mundo, eran gravísimas para el sistema democrático en su conjunto, y afectaban a cientos de personas que desde hace muchísimos años luchan por lograr esos dos elementos que van unidos y que son insoslayables: verdad y justicia. Cosas que afectan al sistema democrático porque ponen en duda la independencia tan mentada del Poder encargado de administrar la justicia, porque tienden a mantener la impunidad de los crímenes más aberrantes cometidos en este país a lo largo de su historia, y porque esa impunidad en definitiva es funcional a las clases en el poder. 

Porque además le daban un golpe bajo a la esperanza. Afectaban al sistema democrático porque además, no se trataba simplemente del “traslado de una jueza”, sino de la jueza que tenía a su cargo más de 50 casos de violaciones de los derechos humanos, la que había puesto tras las rejas a asesinos múltiples como Juan María Bordaberry, el dictador, y la que había demostrado y sostenido un criterio acorde al derecho internacional de los derechos humanos.

De conformidad al art. 99 de la ley 15.750 Ley Orgánica de la Judicatura: "Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite establecido en el artículo 250 de la Constitución. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo de cargo o de lugar...". 

Y uno tiende a pensar que tal vez habían sí razones de "buen servicio"....que llevaron a la SCJ a trasladar a la Jueza Mota de lo penal a lo civil….si lo que se pretendía era prestar un buen servicio a la impunidad de los violadores de los derechos humanos 

Topolansky nos advertía a quienes nos movilizamos en defensa de la jueza Mota, pero también en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, que la Justicia es independiente. Independencia que, desde luego, no está en cuestión cuando un presidente (representante del Poder Ejecutivo) insinúa públicamente que la SCJ debe hacer algo con una jueza que se atreve a criticar al gobierno por su nula colaboración con la justicia en el tema de los derechos humanos. 

Independencia que, desde luego, no es avasallada por un ministro de Defensa que impide que esa jueza pueda tomar fotografías en un cuartel como pruebas para una causa sobre violación de los derechos humanos.
El parlamento pidió a la SCJ que concurriera a explicar las razones del traslado y la Corte se negó a hacerlo. Luego se hicieron pedidos de informe que la SCJ contestó por escrito, reiterando las razones de "buen servicio"

El 15 de febrero, día que se efectivizaba el traslado de Mariana Mota con un acto en la sede de la SCJ, diversas organizaciones sociales convocaron a concentrarse para brindarle el apoyo.

Como es sabido, hubieron forcejeos y desalojo por parte de la policía a quienes ingresaron al recinto a dar el apoyo a la jueza.

Un artículo de La Diaria del 19 de febrero decía lo siguiente: “…ayer se lanzó una campaña para que quienes estuvieron el viernes en la sede de la SCJ lo asuman públicamente y justifiquen los motivos”.

Como estuve allí, escribí un artículo que decía lo siguiente:

LA INDIGNACIÓN

La primera razón por la que concurrí ese día, es seguramente la indignación. Indignación que es producto de lo arbitrario y hasta prepotente del traslado de la jueza Mota; aún admitiendo su legalidad. Creo que en principio esa es la reacción natural y lógica de un montón de gente, que siente, ante arbitrariedades como esa, indignación, dolor y decepción. Y por cierto, me consta que el viernes 15 no estaba allí toda la gente indignada por ese hecho.

Y la indignación, en este caso, no es producto de un hecho sorpresivo. Es producto de un conocimiento de lo que está en juego, y de la participación y el seguimiento a lo largo de muchos años de lo que es la lucha por los derechos humanos y el reclamo de justicia por los crímenes cometidos por la sangrienta dictadura que asoló nuestro país.

No es una indignación sorpresiva, si uno se decepcionó hasta el llanto cuando se votó la ley de impunidad, cuando uno trabajó denodadamente para recolectar las firmas para que hubiera referéndum contra esa ley, cuando militó activamente por el voto verde y se volvió a decepcionar, cuando trabajó nuevamente para que hubiera un plebiscito para anular la ley en 2009 y luego por la papeleta rosada y sufrió una nueva decepción. Cuando se decepcionó y se indignó nuevamente al ver que una ley de anulación fracasaba por la traición de un diputado, pero traición conseguida por el presidente y el vicepresidente que concurrieron al Parlamento a pedirles a los legisladores de su partido que no la votaran.

Lo que quiero decir, es que uno puede indignarse aún cuando en el hecho no haya sorpresa. Seguramente me indignaré nuevamente cuando, en muy poco tiempo, la Corte declare inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad. Y si hay una manifestación ante la SCJ allí estaré, indignado (*).

LA ARBITRARIEDAD

Porque la indignación viene de la arbitrariedad del hecho. No es que la SCJ haga algo ilegal; no. Lo que indigna, es que la Corte haga algo “simplemente porque puede hacerlo”, aún cuando todos sus miembros seguramente son conscientes del daño que están produciendo. Es eso lo que indigna.

La Corte sin duda puede hacer traslados de jueces por “razones de mejor servicio”. Pero la Corte sabe, como sabemos todos, que no se mejora el servicio sacando a un juez que tiene en sus manos asuntos importantísimos relacionados con la violación de los derechos humanos y colocando en su lugar a alguien que tendrá que pasar meses o años volviendo a leer todos esos expedientes.

Y esa arbitrariedad es la que indigna, porque las razones "de mejor servicio" están más que claras; el traslado de la jueza Mariana Mota es el “mejor servicio” que se le puede prestar a los violadores de los derechos humanos y a la impunidad

Porque el traslado está justificado en una reestructuración de los juzgados, como si esa fuera la cuestión más importante que la SCJ y el país tienen en sus manos. Digámoslo así: la SCJ tiene dos problemas a resolver: 1) la reestructuración de los juzgados; 2) Uruguay ha sido condenado por la CIDH (caso Gelman) y tiene la obligación de facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

La SCJ, entre esos dos problemas, opta por solucionar el primero. Porque retirar a una jueza que conoce muy bien el tema de los derechos humanos, que se ha especializado en ello, y que tiene más de cincuenta casos en su despacho, no parece destinado a solucionar el segundo problema. Antes bien, parece todo lo contrario, parece destinado a evitar que los hechos sean esclarecidos y que los responsables sean juzgados. Y también parece –aunque esto se niegue- una sanción por haber aplicado el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales.

De manera que haber estado allí el viernes 15, es también una manera de brindarle  solidaridad y apoyo a la jueza Mariana Mota por un traslado arbitrario que ella no pidió. Es también un reconocimiento a su dignísima actuación desde que está a cargo de los casos, pero también a su coraje y dignidad al participar en la marcha del 20 de mayo, y a su coraje y dignidad por sus declaraciones en Buenos Aires, esas que tanto molestaron al presidente al punto de reclamar que la Corte hiciera algo con la jueza.

PORQUE TENEMOS DERECHO

Y también estuve allí, el viernes 15, porque tenemos derecho a estar, porque el derecho a disentir es lo propio de las sociedades democráticas. Y la protesta es el ejercicio activo de la libertad de expresión, forma parte de la vida en democracia y constituye una forma de participación política.

Está claro que desde el punto de vista de los gobiernos no todas las protestas son iguales. Algunas son bien vistas, son “progres”, y no quedaría bien repudiarlas abiertamente, pero hay otras que son sin duda problemáticas o incómodas, y también las hay intolerables, las que desestabilizan la comodidad del sistema. Pero la protesta, en general, no debería ser considerada como un atentado contra la democracia sino más bien un indicador de la calidad de esa democracia.

El pataleo, muchas veces es la única vía que algunos sectores tienen para expresar su voz frente a canales institucionales cerrados y con serias dificultades para acceder a los medios de comunicación. Muchas veces es la única forma de decir que no se está de acuerdo, que así no, que eso no se tolera.

Dice Frank La Rue, relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión: “En ningún caso puede un gobierno o autoridad de Estado limitar la movilización o protesta social para silenciar la crítica a su gestión o a hechos o acciones que afecten los derechos de la población. Cabe mencionar, que en muchos países del mundo la movilización o protesta no tiene requisitos previos, más que informar oportunamente de su recorrido por razones de organización del tránsito”.

En nuestra Constitución, el derecho está consagrado en el artículo 38: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.

Pero se ha puesto de moda la criminalización de la protesta, que consiste en “…una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, manifiestándose también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas. Desde este punto de vista, la detención de activistas pretendería inhibir la protesta social; en sus manifestaciones más extremas constituirían una forma de terrorismo de Estado. Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces, policías y medios de comunicación” (Criminalización de la protesta - Wikipedia).

Y DESPUÉS

Luego, sucedió lo previsto, la Suprema Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la ley interpretativa de la ley de impunidad, y poco después, la jueza Merialdo persiguió y procesó a algunos militantes sociales que estuvieron presentes ese día en apoyo a la jueza Mariana Mota. Los procesados, por el delito de “asonada”, fueron Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela, Patricia Borda, Alvaro Jaume y sus hijos Diego y Eduardo.

A punto de cumplirse un año del traslado de Mariana Mota, y cuando el nuevo comandante en Jefe del Ejército designado por el poder ejecutivo, Juan Villagrán, en su primer aparición pública declara que sobre los desaparecidos “no hay mucho más que decir”, es bueno recordar.

(*) Cosa que efectivamente sucedió