jueves, 25 de agosto de 2011

CAMBIO DE FRENTE (5ª. Parte) – Los cambios y el FA



Muchos compañeros señalan –y con acierto- que el país y el mundo han cambiado. Nosotros estamos de acuerdo, pero queremos analizar dos cosas: por un lado, si esos cambios han sido en sentido positivo o negativo (y qué tan relevantes han sido), y por otro lado, si los cambios que se proponen en el FA tienden a mejorar la herramienta para combatir los males del capitalismo, o si esas propuestas tienden a adaptarse a la situación.
LOS CAMBIOS EN EL MUNDO
Claro que el mundo ha cambiado, pero la izquierda actual continúa enfrentándose al mismo viejo dilema que tanto preocupó a sus antecesores en los siglos XIX y XX. El sistema de explotación del hombre por el hombre, que Marx y Lenin estudiaron en profundidad -pero que también combatieron como revolucionarios- es el dominante hoy en la mayor parte de nuestro planeta, y es cada vez más despiadado y además está poniendo en peligro inclusive la propia supervivencia de la especie humana. El fin de la Guerra Fría lo que trajo fue una hegemonía excluyente de los Estados Unidos, impuesta generalmente a base de guerras y de chantaje económico. Los conflictos de EEUU con la Unión Europea y Japón, las disputas entre estos y las potencias emergentes (especialmente China y Rusia), son expresiones de las dificultades del capitalismo para su reproducción. El excedente insuficiente para las expectativas de ganancia de las trasnacionales determina que el mundo se estreche como mercado. Por un lado porque la demanda se concentra (ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres), y por otro porque la degradación del medio ambiente compromete la disponibilidad de recursos para producción y reproducción del sistema. Uno tiende a pensar entonces que el sueño de aquellos revolucionarios de los siglos pasados, de una sociedad verdaderamente humana, sin explotación, en lugar de estar perimidos tiene cada vez mayor vigencia.
MÁS DESIGUALDADES HOY
El mundo que pronosticaban los liberales de la época de Marx y Engels, un mundo en donde la riqueza generada por el capitalismo iría a ser distribuida más o menos equitativamente entre todas las naciones y, dentro de cada una de ellas, entre todas las clases sociales; lo que llamaban la “sociedad industrial” y que creían que iba a ser una sociedad de clases medias en donde los sectores trabajadores estarían muy bien remunerados y las desigualdades de clase iban a desaparecer, simplemente nunca apareció (aunque muchos sigan soñando con ella hoy mismo dentro de la propia izquierda). La evidencia empírica señala que la evolución ha sido en el sentido de lo que Marx y Engels planteaban en el Manifiesto, que la dinámica del capitalismo inexorablemente conduce a la polarización económica y social tanto en lo nacional como en lo internacional. Si agrupáramos todos los países del mundo en cinco grupos iguales, según la riqueza que disponen, veríamos que el 20% de los países más ricos posee una riqueza 150 veces superior al 20% de países más pobres. El Día Mundial de la Alimentación fue proclamado en 1979 ¡hace más de 30 años! por las Naciones Unidas y la FAO y desde entonces la cantidad de personas que padecen hambre no ha dejado de aumentar. Los cambios en el mundo, en todo caso, nos obligan a analizar críticamente los modelos (capitalismo, socialdemocracia) que han llevado a este estado de cosas, y a redoblar los esfuerzos y la unidad con los países hermanos, para superarlos en conjunto. Recientemente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que dará prioridad a Cuba en la compra de medicinas por un monto de mil 500 millones de dólares sobre las transnacionales farmacéuticas, como un gesto de reciprocidad al respaldo de la isla por los planes de salud promovidos en ese país hermano. Esos son el tipo de cambios que nos están reclamando el orden de cosas a escala planetaria, y no el cambio de la estructura orgánica de nuestra fuerza política.
LOS CAMBIOS EN EL PAIS
En una reciente entrevista en el semanario Brecha, el compañero Astori decía: “Nosotros tenemos un compromiso político que data de 1971, y en ese compromiso político se alude a un país que no existe más. Tenemos que discutir cómo ha cambiado ese país, cuál ha sido el papel del Frente Amplio en eso, porque este cambio no cayó del cielo. Pasar del 14 por ciento de desempleo al 5,5 por ciento no es por casualidad, sino que se consigue haciendo política”.
El primer comentario que se nos ocurre, es que no se pueden exhibir cifras o porcentajes como muestra de que el país cambió; las cifras aisladas, no dan cuenta de ningún cambio profundo en la estructura económica de un país. Islandia, en el 2007, ascendió al primer lugar en el índice de desarrollo humano del PNUD, muy por delante de países como los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, y su índice de desocupación era prácticamente insignificante; un año después estaba sumida en una profunda crisis de la que aún no ha salido.
Pero además, resulta que en ese compromiso político que el compañero menciona, no se alude a ningún país, sino que habla del respeto de los acuerdos, de la unidad y la continuidad del Frente y su carácter de fuerza popular combativa, de la conducta política y de la solidaridad recíproca entre sus integrantes, de la autonomía e independencia de los integrantes del FA, de la adopción de normas que aseguren la participación afectiva de los Comités de Base en la dirección Política del Frente Amplio a nivel nacional, departamental y local, etc. Es decir, se trata de un compromiso político válido para cualquier tipo de país y circunstancia, en lo esencial.
Pero además ¿qué tanto ha cambiado el país, como para que hablemos de un compromiso político que ya no sirve? ¿Ha habido en este país una revolución en algún sentido? ¿Se han procesado cambios de tal magnitud en lo económico, en lo social o en algún otro plano, que hagan necesarios modificar los acuerdos básicos de nuestra fuerza política? Uno no puede sin duda negar los avances tecnológicos, eso está fuera de discusión. En la época en que el compromiso político se firmó, el teléfono que usábamos era de manivela y había que pedir a una operadora que nos comunicara con el otro número, y ahora buena parte de los humanos andan con celulares en el bolsillo o la cartera, que hasta tienen internet. Ahora bien, eso lo que hace –en todo caso- es más fácil la actividad política, pero no estaría indicando la necesidad de modificar los compromisos.
En general, la base económica de la sociedad uruguaya sigue siendo prácticamente la misma que hace 40 años. No se ha transformado sustantivamente la matriz productiva del país, porque seguimos exportando commodities, básicamente. Lo nuevo es que tenemos un millón de hectáreas forestadas, otro millón de soja y el resto ganado, sectores que se han desarrollado (turístico, logístico), los servicios, la industria y el comercio que tienen un promedio salarial bajo. Tenemos un crecimiento económico que es histórico, pero que no ha logrado modificar la distribución de la riqueza. Hoy, la economía en todo caso está más concentrada, más centralizada y más extranjerizada que antes. La distribución de la riqueza es peor que en 1991 según los indicadores. Tenemos menos desocupación, es verdad, pero también empleos de baja calidad, y casi 700 mil uruguayos que ganan menos de 10 mil pesos. Es cierto que la industria ha cambiado. Tenemos inversiones como la de Botnia (UPM) que generó unos 300 puestos de trabajo, altamente calificados, 20% de los cuales son extranjeros. La situación de la industria de hoy no es la de décadas atrás cuando había fábricas con 800 operarios o más. Ahora hablamos de personal calificado. Pero eso, a lo que nos obliga es a otras cuestiones que tienen que ver con la educación y con la capacitación, no a cambiar nuestro compromiso político. A todas luces, lo que nos está reclamando la situación a escala mundial, el brutal retroceso en las condiciones de vida de grandes masas, es una profundización de la solidaridad y de la unidad latinoamericana; y lo que nos reclama la situación incambiada en la estructura económica, en la matriz productiva, de nuestro país, que es la que siempre ha producido y sigue produciendo la desigualdad, es un cambio de modelo económico, no un cambio de la estructura orgánica del Frente Amplio.

jueves, 18 de agosto de 2011

CAMBIO DE FRENTE (4ª parte) – FA y gobierno



Terminábamos la tercera parte de esta serie diciendo que, desde nuestro punto de vista, uno de los puntos clave a analizar es la relación fuerza política-gobierno, ya que los graves problemas han surgido cuando desde el gobierno se hacen “opciones ideológicas” que desvirtúan el programa, y en determinados casos hasta van en dirección contraria al mismo.
EL PROGRAMA COMO GUÍA
Respetar el programa, no es aplicarlo al pie de la letra, eso está claro y no es lo que planteamos. Pero tampoco admitimos que se cambie el sentido del mismo. Leíamos hace unos días un artículo de un compañero que decía: “Confundir la gestión que un gobierno lleva adelante, con el programa de la fuerza política que lo ejerce, esperar que cada medida gubernamental refleje la letra y el espíritu del programa, implica creer que querer es poder. Los planes del gobierno deben ir en el sentido del programa de la fuerza política, pero no necesariamente son la traducción literal de éste” (*).

Coincidimos en la segunda frase, pero no en la primera: la acción del gobierno SÍ debe reflejar el espíritu del programa, aunque no sea la traducción literal de éste. Eso significa que las medidas deben tender hacia lo que el programa se plantea como proyecto de país a mediano plazo, e ir concretando paso a paso las medidas que allí están definidas como básicas para llegar a ese resultado. Una cosa es que esas medidas sean el resultado de negociaciones a la interna de la fuerza política, e incluso de negociaciones con la oposición, y muy otra cosa es que esas medidas vayan en el sentido opuesto a lo definido en el programa.

Por poner un ejemplo: el programa del FA dice “anular la ley de impunidad”. Se negoció y se conversó a la interna de la fuerza política durante prácticamente 10 años, y se llegó a un proyecto de consenso, que no era de anulación, sino de interpretación (ahí no se respetó la letra exacta del programa), pero que iba en el sentido del programa, esto es, por un lado hacer justicia y llegar a la verdad en materia de violación de los derechos humanos durante la dictadura, y por otro hacer converger nuestra legislación interna con los tratados internacionales. Eso es lo que hizo la fuerza política, y está bien. Pero luego, desde el gobierno, se actuó en el sentido exactamente contrario, en el sentido de que no fuera aprobado el proyecto. Y esto es ir en contra del programa, y en eso no estamos ni estaremos nunca de acuerdo.
EL RELACIONAMIENTO
Los grandes problemas de la izquierda hoy están en la relación fuerza política gobierno (entendiendo como gobierno tanto el Ejecutivo como el Legislativo). He ahí la cuestión. El Frente Amplio no ha tenido demasiada dificultad a lo largo de su historia para resolver sus asuntos, y de una manera u otra siempre logra los necesarios acuerdos. Lo reiteramos: los problemas serios y que han llevado al FA a situaciones complicadas, se han producido en la relación con el gobierno. Los dos últimos ejemplos son absolutamente claros: ley interpretativa de la ley de impunidad y ley de PPP.
En el primer caso, se trabajó durante meses y se elaboró un proyecto de ley desde la fuerza política, y se lograron los mayores acuerdos, tan mayores que se lograron por unanimidad. El proyecto fue al Parlamento y allí empezaron los desacuerdos, las idas y vueltas, hasta que finalmente intervinieron el presidente y el vice y se frustró el proceso de aprobación de la ley. Es decir: un total acuerdo en la fuerza política, y desacuerdos con el gobierno. En el segundo caso (ley de PPP), el proyecto se elaboró desde el Ejecutivo, sin ningún conocimiento ni discusión por parte de la fuerza política, se discutió exclusivamente en la bancada, y no fracasó porque se obtuvieron los votos de la derecha. Aunque claro, la falta de unidad de acción repercute luego en la fuerza política, que no tuvo arte ni parte en la cuestión. En este caso, el gobierno, salteándose la discusión en la fuerza política de un tema por demás trascendente, le crea un problema a esta última.

Como vemos, el problema central (en estos, como en tantos otros temas), es el relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno. Actualmente se discute el proyecto de impuesto al agro, nuevamente a nivel ministerial, sin participación alguna de la fuerza política, a la que luego se le reclamará el voto en el Parlamento, y ya hemos visto que hay sectores que no estarían dispuestos a votarlo.
LA METODOLOGÍA
Nuestro Partido, días pasados entregó al Frente Amplio, en mano de su presidente Jorge Brovetto, una propuesta para que se discuta la concentración y la extranjerización de la tierra y se estudien medidas para enfrentar este fenómeno socioeconómico y sus consecuencias. Y como decía el editorial de esa semana de El Popular, el hecho es importante por el problema en sí mismo (por sus aspectos económicos, productivos, por su impacto en la distribución de la riqueza, etc.), pero también es importante por el método, por la forma de introducir el tema en la agenda política del FA. Decía el editorial citado: “La propuesta se presentó al FA, para analizarla colectivamente, debatir, polemizar si es necesario, estudiarla con seriedad y responsabilidad, incorporar todos los aportes posibles y promover un camino, con acuerdos políticos y sociales, para enfrentar un problema que tiene planteado el país. Es una apuesta a una forma de discutir y resolver los problemas, que privilegia el papel del FA desde sus organismos e intenta aportar a la gestión de gobierno, a través de la propuesta y la unidad. El documento que se titula «La extranjerización de la tierra en el Uruguay. Propuesta del PCU al FA» es una propuesta abierta, esboza un diagnóstico y contiene cuatro ideas para debatir. No pretende cerrar nada; muy por el contrario, está dirigido a abrir la discusión «en el FA y la sociedad toda», y se lo propone explícitamente como objetivo”.
Ese es el método que nos parece más adecuado para mejorar el relacionamiento fuerza política-gobierno, y no el de la imposición por la vía de los hechos, no el método de: estás con esto o estás contra el gobierno. Por supuesto que no en todos los casos, que no es posible consultar a la fuerza política por cada decreto, por cada ley, por cada paso que va a dar el gobierno. Pero hay que hacerlo necesariamente en los grandes temas, y los ejemplos que mencioné más arriba son eso, “grandes temas”.
LA FUERZA POLÍTICA ESTÁ OBLIGADA A CONTROLAR
Siempre hemos señalado los aciertos de nuestro gobierno, y somos de los que constantemente hemos reclamado y promovido la movilización en apoyo a las medidas que consideramos justas y a favor de las grandes mayorías. Pero entendemos que el buen relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno se debe basar también en un adecuado control del rumbo, porque todos somos responsables de la marcha de nuestro gobierno. Así está establecido, por otra parte, en el documento “Fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales”, emanado del Congreso Héctor Rodríguez. El documento es bien claro al respecto, señalando muy claramente que una responsabilidad central de la fuerza política, en relación con el gobierno, es la definición del Programa y el Plan de Gobierno, y dice: “Esto implica que la orientación programática, el contenido de la propuesta de gobierno a realizar son fundamentales para entender las políticas de relacionamiento…”…”Compete además a la fuerza política…la instrumentación de mecanismos orgánicos de contralor de la aplicación del programa, seguimiento permanente y respaldo al gobierno”. Y por si esto no fuera lo suficientemente claro, más adelante dice: “…la fuerza política es la responsable de su propuesta, su programa, sus candidatos, su equipo y su gestión. Ella es la que, a través de sus organismos, establece y fija las líneas generales de su Programa Nacional y Plan de Gobierno y dentro de ellas el gobierno de la fuerza política se tiene que manejar”. Y el control de lo que hace el gobierno en función de los compromisos programáticos, está allí establecido como un “deber” de la fuerza política. Dice textualmente: “La fuerza política deberá evaluar, permanentemente, lo que realiza el gobierno en función de lo definido en las instancias orgánicas, y su compromiso con la ciudadanía”.
Hemos dicho muchas veces que los desvíos por parte del gobierno son en buena medida responsables del estado de desmovilización de los frenteamplistas y de los sucesivos retrocesos electorales. A nadie puede llamar la atención que los militantes de izquierda, que se comprometen con un Programa y que dan la batalla para conseguir que la ciudadanía lo apoye, se sientan luego defraudados cuando su propio gobierno toma un rumbo diferente.
Y lo que permite el ejercicio autocrítico de cualquier fuerza política es -al analizar los errores cometidos y sus consecuencias- evitar la repetición de esos errores. Es por eso que no dejamos de advertir cuando vemos que nos estamos apartando del Programa o que lo estamos soslayando como si fuera algo secundario, porque de nada sirve tener el gobierno si nos quedamos sin la base social que nos permitió llegar a él para hacer los cambios prometidos.



(*) El gobierno y la fuerza política: La difícil convivencia–Héctor Díaz–Voces 4/8/11

jueves, 11 de agosto de 2011

CAMBIO DE FRENTE (3a. parte)



En nuestro anterior artículo decíamos que los elementos centrales del Consenso de Washington son la apertura comercial, apertura financiera, apertura a la inversión extranjera directa, disciplina fiscal, eliminación de subsidios, privatización, desregulación, y que estas son medidas que tienen una sola lógica: generar una mayor acumulación capitalista. Y decíamos también que, desde nuestro punto de vista, un gobierno de izquierda debería tomar medidas que fueran en el sentido contrario (un cambio en el modelo productivo), y que apuntaran a la redistribución de la riqueza.
Coincidimos con Mujica: “Esta fuerza política (el FA) es la única que auténticamente puede emprender una transición histórica; una transición que abra nuevos rumbos en el país y signifique un punto de ruptura real con el modelo neoliberal y, a la vez, un punto de partida para una verdadera refundación nacional. No hay otra fuerza en esas condiciones” (1).
EL PCU Y EL FA
Para nosotros, comunistas, el Frente Amplio forma parte de nuestra concepción de la vía uruguaya al socialismo. Aspiramos a una sociedad donde los fundamentales medios de producción sean propiedad del pueblo, donde el poder pertenezca a los trabajadores, donde no exista la explotación del hombre por el hombre, donde libertad política y libertad social vayan de la mano, donde la humanidad acceda a la justicia social. Y no hemos renunciado ni a un solo principio, hemos sido y seguiremos siendo inclaudicables en nuestra ideología. Aquella contradicción de la década del 60, en la que por un lado había un movimiento sindical unido y combativo, que unía la reivindicación al programa, que paraba y ocupaba, y por otro lado una izquierda dividida en el plano político, con masas que fluctuaban de una elección a otra en el marco del bipartidismo, para nosotros se resolvía en el 71 con la creación del FA. Una expresión política que colocaba a los trabajadores, a los asalariados, a las capas medias, en la perspectiva del poder y en la posibilidad política real de un programa transformador de la sociedad, que acabara con la dependencia, con el dominio de la oligarquía, que posibilitara cambios profundos, que desarrollara la democracia en el plano social, que le diera un carácter participativo a la clase obrera y al pueblo.
Esa visión sigue vigente, y con el FA, con los trabajadores, con los intelectuales y los estudiantes, con las capas medias, con la gente del campo, estamos seguros que podemos construir un Uruguay democrático, productivo y con justica social, independiente y soberano, que logre romper con las cadenas de la oligarquía y el imperialismo, y que un día, si esa es la voluntad del pueblo, nos conduzca a una etapa superior, al socialismo.
EL PROGRAMA
Ahora bien, el programa del FA no es un programa socialista, pero es un programa democrático avanzado, sin dudas, y por lejos el mejor programa que pueda presentar el abanico político de nuestro país. El punto es que para romper con el modelo neoliberal, un gobierno del FA debe aplicar su programa en profundidad, y en su sentido más transformador. El punto es que un gobierno del FA se transforma realmente en un gobierno popular, democrático y avanzado, en la medida en que su programa se aplique en todos sus términos, y priorizando lo que allí se prioriza. Como bien señala Jorge Notaro: “El margen de libertad que tuvieron los equipos económicos de los dos gobiernos del Frente se utilizó priorizando la estabilización de precios y los estímulos a la inversión sin priorizar grupos sociales. Se implementó una parte de los lineamientos programáticos y de una forma que impidió o limitó la implementación de otros”.
El caso de la ley de PPP es un caso a analizar en este sentido. La participación de lo privado en lo público, es una mínima frase dentro del gran capítulo denominado Uruguay Productivo e Innovador. Allí se dice que “El programa para los próximos cinco años deberá consolidar los importantes logros alcanzados y profundizar los cambios para sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo. Esto implica operar sobre la estructura productiva del país, y la elaboración de un Proyecto Nacional de Desarrollo, basado en un rol activo y orientador del Estado en un proceso de crecimiento con distribución y justicia social. Las políticas productivas deberán tener una relevancia superior”.
Sin duda es poco lo que se ha hecho para “sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo”, cuando nuestra economía sigue sustentándose en los buenos precios de las materias primas producto de la especulación de los grandes capitales y del valor de las monedas. Desde luego que muy poco se ha operado sobre la estructura productiva, que no ha hecho más que concentrarse, primarizarse y extranjerizarse, y el crecimiento con distribución y justicia social, es apenas una discusión que -entre otros- pusimos sobre la mesa pero que aún no ha dado frutos de ninguna naturaleza.
Se dice en ese capítulo también: “…la distribución del producto con criterios equitativos, de forma de atender las necesidades del conjunto de la población, reducir la pobreza y la desigualdad”, pero los números indican que la pobreza ha disminuido pero la desigualdad sigue en aumento. Dice también ese capítulo del Programa, que “Uno de los ejes centrales de la construcción de este proyecto son los recursos. La renegociación de los intereses de deuda con los acreedores privados y los organismos multilaterales de crédito deberá realizarse de forma tal de no poner en riesgo el desarrollo nacional y sus objetivos estratégicos”. Si esto se llevó a cabo no nos enteramos.
Y habla también ese capítulo de profundizar aún más la participación del Estado: “La participación del Estado en algunas áreas estratégicas con la conformación de entes testigos allí donde sea necesario, podrá constituirse en una palanca del desarrollo y una herramienta para transformaciones productivas profundas”. Sin embargo, de ese capítulo -extenso y muy rico en cuestiones ideológicas fundamentales-, nuestro gobierno eligió aplicar la frase que dice: “Es imprescindible definir una propuesta global que incluya la modalidad de participación estatal, con empresas estatales, extranjeras, regionales y en los modelos de asociación público-privada, así como la forma de reorientar el ahorro nacional hacia la inversión”, y de la frase –que en realidad pone su centro en la asociación de las empresas estatales con otras empresas estatales extranjeras, y preferentemente regionales- únicamente el aspecto que habla de la asociación público-privada.
EL GOBIERNO Y EL PROGRAMA
De manera que lo que parece claro es que, aún en el marco de una fuerza política que contiene en su seno sectores y partidos con diferentes ideologías y proyectos finales, es posible elaborar propuestas programáticas avanzadas y de consenso. Así ha sido a lo largo de la historia del Frente Amplio. Y lo que parece también claro, es que los problemas y los desencuentros se han manifestado de una forma preocupante una vez que llegamos al gobierno. Esto es, se han manifestado en el momento en que hay que aplicar, llevar a la práctica, los elementos programáticos definidos entre todos. Desde nuestro punto de vista, uno de los puntos clave entonces a analizar es la relación fuerza política-gobierno, ya que los graves problemas han surgido cuando desde el gobierno se hacen “opciones ideológicas” que desvirtúan el programa, y en determinados casos hasta van en dirección contraria al mismo. Al tiempo que se hace necesario analizar también la relación con las organizaciones sociales, ya que últimamente las acciones de nuestro gobierno han estado permanentemente enfrentadas a las posiciones de los trabajadores (PPP, AFE, Salud, Educación).


(1) Uruguay decide su futuro – Ediciones de Le Monde Diplomatique año 2004

jueves, 4 de agosto de 2011

CAMBIO DE FRENTE (2ª parte)





Finalizábamos nuestro artículo anterior diciendo que estamos de acuerdo en dar un debate sobre cuestiones ideológicas y sobre aspectos de funcionamiento. Decíamos asimismo que, si no se discute lo esencial, seguiremos dando vueltas como en una noria, sin llegar a ningún lado. Y desde luego, para nosotros, cuando hablamos de ideología, uno de los aspectos centrales es el tema de la economía. Como bien señala Jorge Notaro: “La prioridad de los objetivos y los instrumentos que se eligen en la política económica no surgen de los textos de economía, son opciones ideológicas”.
LA ECONOMÍA
“A partir de la década de los 80 EE.UU. impulsó el Consenso de Washington, que contenía 10 reformas básicas: 1) disciplina fiscal, 2) prioridad para el gasto social, 3) reforma tributaria, 4) liberalización financiera, 5) tipos de cambio unificados y competitivos, 6) liberalización del comercio exterior, 7) apertura a la inversión extranjera directa, 8) privatización de las empresas estatales, 9) desregulación, y 10) respeto a los derechos de propiedad. Estos lineamientos se aplicaron en algunos países de América Latina y causaron graves daños económicos y sociales para sus pueblos. Como contrapartida, han surgido corrientes contestatarias cada vez más extendidas y con denuncias y demandas más elaboradas. En este sentido, con epicentro en Porto Alegre surgió el Foro Social Mundial que ha sido capaz de convocar a una constelación muy amplia de movimientos sociales que, frente a las agresiones y desafíos planteados por las políticas neoliberales, levantan la consigna de “otro mundo es posible” (*).
De manera que elegir los instrumentos que propone el Consenso de Washington, es una opción ideológica que toman los equipos económicos de gobierno, y no necesariamente lo único que puede hacerse. En última instancia, la propuesta del Consenso de Washington es eliminar las fronteras económicas como forma de penetrar en nuestras economías. Sus elementos centrales -apertura comercial, apertura financiera, apertura a la inversión extranjera directa, disciplina fiscal, eliminación de subsidios, privatización, desregulación- son medidas que tienen una sola lógica: generar una mayor acumulación capitalista. Privatizar (y en buena medida también asociarse con privados) es trasladar un mercado cautivo al capital privado para que este sea el que obtenga beneficios. Cuando se abren las fronteras, se abren para que penetren esas economías de gran escala a competir con nuestras economías.
SE VA LA SEGUNDA
Pero luego de eso, vinieron las reformas de segunda generación, que están contenidas en el informe de 1997 del BM, y allí está planteada la recuperación del Estado: no existe posibilidad de desarrollo sin un Estado. O sea, la recuperación del Estado como un actor en este proceso, no viene de la mano de las fuerzas progresistas, sino que viene de la mano del proyecto del capital. El Estado debe actuar, y lo debe hacer como lo hace siempre, en función de los intereses de la clase dominante. La idea es despolitizar el Estado, transformarlo en un Estado tecnocrático, con unidades reguladoras independientes del poder político (independencia del BCU), una administración pública gerencial, similar a una administración empresarial, funcionando en base a contratos (PPP), en base a mecanismos de gestión efectiva.
Es decir, las reformas de segunda generación son una profundización del neoliberalismo, y han sido tomadas y llevadas a cabo por gobiernos de origen progresista, y que las asumen como reformas de izquierda. Su discurso incluye que el Estado debe ser eficiente, transparente, y reconocen el criterio fundamental del capital: el Estado no debe ser productor, no debe competir con el capital por la acumulación. Y le agregan más propuestas del Banco Mundial del año 97: políticas tendientes a la reducción de la indigencia y la pobreza. No están planteadas políticas redistributivas, sacarle al capital para darle al trabajo, lo que sería algo totalmente diferente. De lo que se trata es, de un lado, un modelo económico aperturista, la liberalización comercial y financiera, la apertura a la inversión extranjera directa, sin déficit fiscal, pago puntual de la deuda, implantación de reformas tributarias que gravan más al trabajo que al capital (los países compiten por la inversión extranjera, y para competir se crean zonas francas, se otorgan subsidios, no se les cobran impuestos, se hacen reformas impositivas duales, en las cuales el trabajo paga más que el capital, etc.); del otro lado, reducción de la indigencia y la pobreza, planes de emergencia, menos corrupción, respeto de los contratos (planteo central del modelo neoliberal). Es decir, tenemos gobiernos que llevan a cabo la política económica del capital, la política que permite la acumulación capitalista a nivel trasnacional, y que por otra parte, aparecen legitimados por su historia de izquierda y su legitimidad progresista y que dicen: esto es bueno, no solo que es bueno, sino que es lo único que se puede hacer, no hay otra salida.
UN GOBIERNO DE IZQUIERDA
La pregunta es: ¿qué debería hacer un gobierno de izquierda entonces?
Desde nuestro punto de vista, y simplificando la cuestión al máximo para que se entienda, un gobierno de izquierda lo que tiene que hacer es llevar adelante políticas cuyo norte principal sea la distribución de la riqueza, y que por tanto el proceso económico lo oriente en esa dirección.
Claro que no somos ingenuos, sabemos que cuando hablamos de alternativas, hablamos de correlación de fuerzas. Y quienes tienen más fuerza, a pesar de la crisis financiera y en la economía real, son los países centrales, y especialmente los EEUU. Los países del sur fueron desplazados del proceso de la economía mundial, y nuestras economías fueron cada vez más primarizadas. Hoy somos mucho más productores de materias primas que antes, y en contrapartida, los EEUU tienen hoy mucho más poder, tienen un poder militar enorme, los mayores niveles de investigación y desarrollo, el mayor control tecnológico, las más grandes y mayor cantidad de empresas trasnacionales y por tanto un mayor dominio comercial (por eso la discusión acerca del antiimperialismo). Podríamos señalar dos procesos paralelos: por un lado, una profundización y una mayor dominación de los EEUU, y por el otro, una desideologización de nuestras sociedades, que comenzó con las dictaduras, siguió con el proceso conservador de la derecha, y se agudiza con algunos gobiernos progresistas que le dicen a la gente: “en el capitalismo es posible, en el capitalismo nos va bien, es posible un capitalismo con rostro humano”. Y ese es uno de los puntos centrales de la cuestión, porque el capital se reproduce porque tiene las fuerzas productivas para hacerlo, pero además por su predominio ideológico y cultural (“acordar con el FMI es una política de izquierda” llegó a decir nuestro ex ministro de economía, que además impulsó un TLC y un TPI con los EEUU).
La pregunta es: ¿qué es lo que podemos plantearnos como expresión de los intereses de los trabajadores y el pueblo? Podemos plantearnos medidas de todo tipo, en particular, aquellas contrarias al Consenso de Washington, medidas financieras, de control de cambios, medidas como el Banco del Sur, la moratoria de la deuda, la integración en profundidad, y mucho más. Medidas que, como dijimos, formen parte de un plan a largo plazo cuyo norte sea distribuir la riqueza generada por nuestros pueblos. Esto ya serían cambios revolucionarios (no necesariamente socialistas) para la correlación de fuerzas existentes, y seguramente enfrentarían intereses muy fuertes (“¡pero para eso queríamos el gobierno!!” -escuché decir hace unos días al “Polo” Gargano- y claro que tenía razón). Hablamos de un conjunto integral de propuestas, que contenga sí respuestas inmediatas, para el aquí y el ahora, pero que formen parte de un proyecto que vaya más lejos. En el caso de nuestro país, el programa del FA, llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias, es una buena hoja de ruta, y por eso lo defendemos.

(*) V Congreso Ordinario “Compañero General Líber Seregni”, año 2007

CUARTA REVOLUCIÓN CON INVERSIÓN DE CUARTA

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