jueves, 27 de noviembre de 2008

CON EL DEBIDO RESPETO



(carta abierta al compañero presidente)

Debo ser sincero, hubiera apostado que usted no iba a vetar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. No era una simple intuición, me basaba en la experiencia. Usted había demostrado ser sensible a la opinión del pueblo. Por poner solo un ejemplo, recuerdo el del TLC. Usted estaba decidido a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, pero se dio cuenta que eso hubiera significado ir en contra de la opinión mayoritaria dentro de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y de la mayoría del pueblo uruguayo, y usted dio marcha atrás. No fue la única vez. También se dio cuenta que iba contra la opinión mayoritaria su propuesta de llevar adelante el proyecto del Nunca Más de García Pintos, y lo dejó de lado, no volvió a insistir en el tema. Cosas como estas me hacían pensar que finalmente, aunque usted no estaba de acuerdo con la Ley, la promulgaría, para así dar paso a que quienes no estuvieran de acuerdo (usted incluido) pudieran someterla a referéndum y que todo el pueblo se expresara. Pero me equivoqué. Finalmente usted, compañero presidente, hizo uso de ese instrumento absolutista que es el veto, y con ese solo acto impuso su propia opinión sobre la de todos los demás uruguayos. El miércoles pasado, un diario de nuestro país publicaba en tapa una foto tomada en la marcha en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la foto, una niña sostenía un cartel que decía: ES VIOLENCIA CUANDO NO TE PERMITEN OPINAR. Seguramente usted estará de acuerdo con esa frase. Y seguramente usted reconocerá que a no permitir que la población se exprese sobre si quiere o no una Ley de Salud Sexual y Reproductiva, usted de alguna manera ejerció violencia sobre todo el pueblo uruguayo. Más allá de que también es violencia contra la mujer el no dejarla decidir sobre lo que hacer con su propio cuerpo. Usted tiene sus razones para no estar de acuerdo con la ley, y nadie discute su derecho a expresarlas. Pero compañero presidente, usted debería aceptar que su opinión es tan válida como la de cualquier uruguayo. Usted comprenderá que con su actitud lo que ha hecho es barrer de un plumazo con la lucha de décadas de las fuerzas de izquierda por la legalización del aborto, pero también ha barrido de un plumazo con la opinión mayoritaria del Parlamento electo democráticamente por el pueblo uruguayo, y con la opinión del propio pueblo uruguayo que las encuestas recogen como apoyando mayoritariamente la legalización del aborto.
También verá que todas sus opiniones en contra de la ley, fueron vertidas y analizadas en el largo proceso de discusión de la misma. Usted no ha aportado, en el texto del veto, nada nuevo, nada que ya no haya sido discutido en el ámbito parlamentario. Por lo tanto, si esos argumentos fueron debatidos en el Parlamento, y a pesar de ello la ley fue aprobada por una amplia mayoría, su veto lo que está diciendo es lo siguiente: está bien, el Parlamento podrá pensar lo que quiera, pero el que tengo la razón soy yo. Disculpe la dureza compañero Tabaré, pero lo haya querido o no, lo que usted hizo fue avasallar la opinión de la mayoría de los uruguayos. Y no estoy discutiendo la potestad constitucional de hacerlo. Estoy si planteando el profundo error en el que ha incurrido. Error como presidente, error como dirigente de izquierda, error como demócrata probado. Error que además seguramente tendrá repercusiones para nuestra fuerza política en lo electoral, aunque no sería lo más importante, puesto que fundamentalmente se trata de un problema humano.
No voy a entrar a analizar sus argumentos para vetar la ley uno por uno. A esta altura de la cuestión, ya no vale la pena. Ya el veto está firme y no hay ley. Pero si quiero referirme al menos a uno de ellos. Usted aduce que la ley iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos-. Dice también que si bien una ley puede ser derogada por otra ley no sucede lo mismo con los tratados internacionales, los que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención). Yo comparto lo que usted afirma, compañero Tabaré. Pero quiero recordarle que hace pocos días estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. Recordemos que en 1992 la CIDH ya había realizado un pronunciamiento en contra de la ley de impunidad votada en 1986 que amnistió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura en Uruguay, pero la norma se ha mantenido vigente hasta hoy. Como sabemos, en el informe 29/92 (hace ya 16 años), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de caducidad es incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los sucesivos períodos de gobierno hasta ahora han mantenido vigente la ley. Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero el reclamo también ha sido hecho a nuestro gobierno. El que usted encabeza, compañero Tabaré. Y su preocupación por los Tratados Internacionales está además reforzada por nuestro programa de gobierno: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. Compañero Tabaré: cuanto me gustaría ver en usted una preocupación por cumplir con los Tratados semejante a la demostrada en el veto a la legalización del aborto, también en este caso. De cualquier manera, usted sabe que tarde o temprano los pueblos hacen lo que tienen que hacer. Más allá de su actitud, su propio Partido, el Partido Socialista, acaba de mandatar a sus legisladores a presentar la ley en el próximo período de gobierno. No me cabe duda que en el Congreso del Frente Amplio esa propuesta estará como un clamor de los Comités de Base. Así como la de anular la ley de impunidad. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas…¿recuerda compañero presidente¿

jueves, 20 de noviembre de 2008

EL CONSENSO NO SOLAMENTE ES DESEABLE



La crisis mundial sigue avanzando. En los últimos días, también la economía japonesa se ha unido a las otras naciones industrializadas en proceso de recesión, pues los expertos prevén que el producto interno bruto (PIB) de Japón se contraiga por segundo trimestre consecutivo. Esto sería el resultado del impacto de la crisis financiera sobre las exportaciones y la inversión de capital. Por cierto, los economistas habían previsto que Japón obtendría un crecimiento reducido en el tercer trimestre, pero como les suele suceder, se equivocaron. Las bajas de las exportaciones a los países golpeados por la crisis y la debilidad de la inversión empresarial eliminaron dos motores clave del crecimiento japonés. Gran parte del mundo desarrollado ahora está en recesión, de acuerdo con funcionarios y economistas, en base a la definición más común, de dos trimestres seguidos de reducción del PIB. Y no es de esperar que vaya a producirse una mejora pronto. En este marco, es imperioso que en nuestro país estemos alertas, y que nuestro Frente Amplio asuma la actitud propia de esta circunstancia mundial. En un escenario de crisis, los pueblos –en general- lo que reclaman es “seguridad”. Y para transmitir seguridad, los partidos políticos necesariamente tienen que tener ante la opinión pública una imagen sólida, de unidad interna –que estamos lejos de transmitir por estos días-. Y de esa manera, el consenso en el Frente Amplio (en cuanto a las candidaturas) se torna en algo no solamente deseable, sino en una imperiosa necesidad.
¿QUE ES EL CONSENSO?
La palabreja ha venido resonando desde hace bastante tiempo en todos los medios de comunicación, casi exclusivamente en relación a la posibilidad de que el Frente Amplio llegue o no a ese famoso “consenso” sobre quien será su candidato(a) en las elecciones del año próximo. Por cierto, habría que decir que, de los partidos que se presentarán en la próxima elección, únicamente el Frente Amplio decide tradicionalmente su candidatura por este sistema; aún antes de la reforma constitucional que estableciera las elecciones internas obligatorias y simultáneas para todos los partidos. Los partidos tradicionales simplemente lanzan sus precandidaturas y luego resuelven sin más en las internas. De manera que se equivocan aquellos que piensan que el FA se encuentra en desventaja porque todavía no ha definido su candidato, porque ninguno de los partidos lo ha hecho. Y es más: lo más probable es que sea justamente el FA quien tenga su candidato definido antes de las internas.
Ahora bien, ¿de qué se trata el consenso? El consenso es un proceso de decisión que, por un lado, busca el acuerdo de la gran mayoría de los participantes, pero que por otro también persigue el objetivo de atenuar o, de alguna manera incorporar, las objeciones de la minoría, de forma de alcanzar la decisión más satisfactoria para todos. Se ha dicho que el verdadero consenso implica “satisfacer las necesidades de todos”. La toma de decisión por consenso intenta promover la expresión de todas las voces, pero además aumenta la probabilidad de soluciones imprevistas o creativas al tener en cuenta ideas y propuestas sin importar lo disímiles que estas sean, ya que uno de sus objetivos es minimizar la objeción de la minoría. De manera que las opiniones minoritarias deben tomarse en consideración, a diferencia de aquellas circunstancias en donde la mayoría puede tomar la decisión y obligar a la minoría a acatar la misma. Quiere decir que el consenso no es la aceptación o rechazo por algún porcentaje establecido previamente, de alguna alternativa conocida dentro de una lista, sino que es un proceso que implica, identificar y discutir las inquietudes, y las expectativas, generar nuevas posibilidades, combinar elementos de múltiples alternativas y confirmar que las personas entienden una propuesta o un argumento y lo aceptan.
Esto significa que aquellas posturas que indican que la única alternativa es la que ellos proponen, o “yo soy el único”, de ninguna manera están aportando al consenso, sino que van en sentido totalmente contrario, al desalentar el surgimiento de alternativas novedosas que puedan destrabar situaciones complicadas como la actual. Hay quienes dicen que la toma de decisión por consenso puede llevar a cierta dinámica patológica de grupo. Por ejemplo, se puede desalentar a las personas a expresar opiniones contrarias por la preocupación que puedan romper con el consenso (algo así está sucediendo en el FA). Al igual que cualquier toma de decisión grupal, la toma de decisión por consenso puede quitar poder a aquellos que no están presentes en el debate, pues no se puede esperar que aporten algo a las alternativas que se proponen. Por lo tanto, la mayoría de los sistemas de toma de decisión por consenso ponen énfasis especial en la participación. Este seguramente es uno de los puntos débiles del proceso hacia el consenso en la candidatura del FA, puesto que quienes van a decidir en el Congreso, es decir, las bases (recuérdese que es un Congreso de Comités de Base y no de sectores) prácticamente no tienen ningún papel en las negociaciones. Pero sin duda que el consenso tiene sus ventajas: a) todas las personas quedan satisfechas con la decisión, b) la decisión es más efectiva, ya que todos estarán dispuestos a cumplirla, c) la decisión es fruto de diversas perspectivas, y por tanto mejor, d) se basa en principios de participación y equilibrio en la distribución de poder, e) es una manera de construir confianza mutua, fundamentales en el funcionamiento de un colectivo.
En resumen, podríamos decir que: el consenso es un proceso de toma de decisiones en grupo, en el que se intenta incorporar las opiniones y preocupaciones de todos, para lograr soluciones con las que todos se sientan comprometidos. En vez de votar, y que la mayoría del grupo imponga su voluntad, el grupo se compromete a encontrar la solución con la que todo el mundo esté de acuerdo (o por lo menos la que todo el mundo puede aceptar). Esto asegura en teoría que las opiniones, ideas, y reservas de todos se tengan en cuenta. Puede verse que, además de ser un sistema muy democrático para tomar decisiones, es un proceso cooperativo, no competitivo; se parte del supuesto que todos quienes participan en el proceso de toma de decisiones comparten un objetivo común y no están en competencia (esta cuestión a veces no es tan clara en nuestra fuerza política, y muchos tenemos la sensación de que en realidad algunos sí están compitiendo). El objetivo común, en cambio, sí se está discutiendo en los Comités de Base, y es nada menos que el Programa. El objetivo común es el que Carlos Quijano decía en 1978: “Hace dos años fueron asesinados Michelini y Gutiérrez; otros cayeron antes, otros después, y de algunos ni siquiera nos entregaron sus cadáveres. Pienso en Miranda, pienso en Liberoff y recuerdo a quien fue mi hermano en la lucha y en la esperanza, a Julio Castro. Tanto dolor no puede haber sido en vano. No será en vano si cumplimos con nuestro deber, y nuestro deber es claro: unirnos sin retórica para hacer el Uruguay que nuestros muertos soñaron, el Uruguay por el que sufrieron prisión y tortura, el Uruguay por el que murieron”.

viernes, 14 de noviembre de 2008

DOS BIBLIAS Y UN PPS


El compañero presidente, Tabaré Vázquez ha sido claro desde siempre en cuanto a su posición respecto del aborto, y es bueno que así sea. Tiene además todo el derecho del mundo a pensar como se le ocurra, respecto de ese como de cualquier otro tema. Pero lo que también es indudable es que se equivoca de cabo a rabo y que adopta una actitud autoritaria y que no dudo en calificar como lindante con el abuso de autoridad.
Ya en marzo de 2006, nuestro vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa efectuaba declaraciones al diario El Observador, en las que afirmaba que Vázquez vetaría la ley de despenalización del aborto si esta era aprobada, y que “podría llegar a disolver las Cámaras si el veto fuese levantado por la Asamblea General”. Algo parecido afirmó hace exactamente un año en Tomás Gomensoro, en el marco de la gira pueblo a pueblo, cuando ante la pregunta de un periodista Tabaré respondía: “La ley de salud reproductiva, es una muy buena ley, que contiene elementos muy positivos, que hay que rescatar. Pero hay otros elementos que ustedes ya conocen y usted me lo pregunta sabiendo lo que me esta preguntando, que filosóficamente, biológicamente, yo no comparto por tanto si vienen incluidos los voy a vetar”. El mismo periodista le pregunta si estaría dispuesto a aceptar un referéndum para que la ciudadanía hable de este tema, y Tabaré responde: “Yo voy a dar mi palabra cuando llegue el momento, en lo que me corresponde para tranquilidad de mi conciencia, la ciudadanía sabrá lo que tiene que hacer”.
Recientemente, la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía se habría reunido con Tabaré Vázquez y este les habría dicho que “No puedo aceptar la legislación del aborto por una cuestión de conciencia”.
Reitero, el compañero presidente se equivoca. Y se equivoca porque confunde al Poder Ejecutivo con su propia persona. Algo similar a Luis XIV aquel monarca conocido como el «rey Sol» por la brillantez de su corte, y que fuera el máximo representante del absolutismo monárquico, que resumió en la frase «el Estado soy yo». Tabaré no puede decir “yo” no comparto y por tanto “los voy a vetar”.
El artículo 168 de nuestra Constitución (esa con la que se comprometió nuestro presidente a gobernar con ella bajo el brazo) en su numeral 6º establece como una de las potestades del Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, “Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII”.
Es decir, es una potestad no del Dr. Tabaré Vázquez o de quien esté ejerciendo la Presidencia de la República, sino de la Institución Presidente de la República, y además actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, que tampoco actúan de acuerdo a sus caprichos personales, sino como instituciones.
Y las instituciones no tienen que compartir “filosóficamente o biológicamente” elementos de una ley, sino que tienen que actuar políticamente. Da lo mismo que la razón esgrimida por el presidente sea una “cuestión de conciencia” o que se levantó de mal humor. Esas son cuestiones que tienen que ver con el fuero interno de cada individuo, y que por cierto que son muy respetables, pero que no tienen por qué incidir en la marcha de un país. Parece ser que al presidente no le importa demasiado lo que piensa u opina su fuerza política, la que lo llevó al sitial que ocupa, y que por amplia mayoría aprueba la ley del aborto. Por encima de eso está su conciencia. Tampoco parece importarle lo que opina la población en general, los uruguayos y uruguayas –como gusta decir el mismo-. Cuando dice que “la ciudadanía sabrá lo que tiene que hacer”, está soslayando nada menos que, si el veto se produce, ya la ciudadanía no tendrá nada que hacer, aunque quiera, porque no habrá ley a la que oponerse. Una encuesta realizada recientemente por Interconsult (y que difundiera el diario Ultimas Noticias) da cuenta de que el 60% de los uruguayos apoya la despenalización del aborto, y el 63% desaprueba un eventual veto presidencial. Puede ser que nada de eso conmueva al compañero Tabaré Vázquez, aunque si debería conmover al Presidente de la República.
Y la Constitución es aún más clara respecto de lo que decimos, cuando en el artículo 165 establece que: “Las resoluciones que originariamente hubieran sido acordadas por el Presidente de la República con el Ministro o Ministros respectivos, podrán ser revocadas por el Consejo, por mayoría absoluta de presentes”. Es decir, las resoluciones no pueden ser nunca del Dr. Tabaré Vázquez, sino que son del Poder Ejecutivo. Y también la Sección VII (que establece la forma en que puede oponerse el Ejecutivo a una Ley) es muy clara cuando en sus artículos se refiere siempre al Poder Ejecutivo, y nunca a la figura del Presidente:
Artículo 137.- Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días.
Artículo 138.- Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado.
El compañero Tabaré dijo en su momento que gobernaría con dos Biblias: la Constitución de la República y el Programa del Frente Amplio. La Constitución dice lo que he explicado más arriba. Pero también el Programa del Frente Amplio dice cosas aplicables a este caso en cuestión. Por ejemplo, allí decimos que: “Los acuerdos sociales marcarán el estilo nuevo de gobierno, es la respuesta de la política, en clave política, hacia una sociedad que necesita y debe ser escuchada. Es el compromiso con el desarrollo de una ciudadanía nueva, activa, participativa y responsable”. Y no hay dudas de que el veto a una ley votada mayoritariamente en el Parlamento y que tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, no es justamente la respuesta política a una sociedad que “necesita y debe ser escuchada”. Y también decimos en nuestro Programa, emanado del Congreso Héctor Rodríguez: “Democratizar el Estado es devolver al Parlamento su carácter de foro crítico. Es necesario redefinir la democracia uruguaya como realización del paradigma representativo y de la participación popular”. ¿Cree acaso el compañero Tabaré, que con el instituto del veto está devolviendo al Parlamento su carácter de foro crítico?, ¿o tal vez realizando el paradigma representativo y de la participación popular? El compañero presidente debería analizar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva con los elementos que prometió: la Constitución y el Programa del FA, pero por si no alcanzara, tal vez deba echar mano a otro PPS: Pensar en el Pueblo Soberano.

EL OPORTUNISMO POLÍTICO

Cuando salió a la luz pública la mentira de Sendic acerca del ya famoso célebre título adornado con medallas de oro, fuimos muchos los qu...