jueves, 28 de febrero de 2013

PURO CUENTO (cuento circular)


Erase un pequeño país que había sido gobernado siempre, a lo largo de su historia, por el partido de derecha (PD), aunque a veces por el partido de centro (PC). Había grupos y partidos de izquierda, pero eran tan pequeños que apenas lograban una minúscula representación parlamentaria.

Conscientes de que la única forma de cambiar ese estado de cosas era la unidad de las fuerzas de izquierda, se pusieron a trabajar en ello. Hasta que finalmente, y luego de arduas discusiones, se pusieron de acuerdo y formaron lo que se denominó Partido de Izquierda (PI).
En la primera elección, al PI no le fue tan mal. Lograron juntos una cantidad de votos que ni soñaban cuando actuaban por separado.
El susto del PC y del PD fue tan grande, que llamaron a los militares para que se hicieran cargo de la situación, y el pequeño país sufrió largos años de dictadura.
Recuperada la democracia, volvieron a gobernar, alternativamente, el PD y el PC.
El PI crecía en cantidad de votos elección tras elección, y era evidente que llegaría a obtener el gobierno, de manera que el PD y el PC inventaron el balotaje como forma de impedirlo. En una segunda vuelta, ellos se juntarían y derrotarían al PI. Y así sucedió, efectivamente.
Pero los dirigentes del PI establecieron su propia estrategia:
-          Lo que tenemos que hacer –dijo uno de los dirigentes- es rebajar un poco nuestro programa, hacerlo más de centro. De esa manera, conseguiremos aliados del centro y hasta de la derecha. Y con aliados del centro y de la derecha y con un programa de centro, lograremos los votos que nos hacen falta para obtener las elecciones.
Y así fue. Se aplicó la estrategia que el dirigente proponía, y finalmente el PI obtuvo en primera vuelta (sin necesidad de balotaje) el gobierno que tanto anhelaba para hacer las reformas estructurales que aquel pequeño país necesitaba.
Pero claro, con aliados del centro y de la derecha, y presionado por la izquierda, el gobierno del PI en realidad fue un gobierno de centro, y no de izquierda.
De tal forma, que el PI comenzó a perder votos de la izquierda, es decir, de quienes originalmente eran sus votantes. Tanto es así, que a la elección siguiente, y a pesar de proclamar a los cuatro vientos que había realizado el mejor gobierno de la historia, aunque ganó nuevamente el gobierno, no logró hacerlo en primera vuelta y perdió representación parlamentaria. Y unos meses después perdió también el gobierno que había obtenido en varios departamentos del interior.
Durante el segundo gobierno, se hizo evidente que de continuar así, las próximas elecciones se perderían. Y algunos dirigentes del PI (muchos dudaban ya si ese nombre era adecuado) comenzaron a plantearse rebajar un poco más el programa, conseguir nuevos aliados de la derecha. Era necesario mostrarse aún más pragmáticos y respetuosos de las leyes del mercado y la libre competencia, enviar claras señales a los organismos internacionales y a los inversores extranjeros. De esa forma, se compensarían los votos de la izquierda más izquierda que se estaba yendo, y se lograrían muchos de la derecha.
La estrategia solo tenía un inconveniente: un partido con esas características; con un programa de centro derecha, con aliados de centro y de derecha (que más bien eran mayoría, por lo cual los aliados en realidad pasaban a ser los grupos de izquierda que aún quedaban), ya no sería un partido de izquierda, y ya no podría realizar los cambios que alguna vez los viejos dirigentes del PI se habían propuesto.
Pero de todas maneras, muchos ya no se acordaban de cuales eran esos cambios con los que soñaban en tiempos tan lejanos. Y de todas maneras, estaba claro que la estrategia ahora no era para los cambios, sino para mantenerse en el gobierno. Aunque ello significara cambiarle de nombre al  partido, y tal vez denominarlo PICD.
Conscientes de que la única forma de cambiar ese estado de cosas era la unidad de las fuerzas de izquierda, los militantes de izquierda comenzaron a pensar en ello.

miércoles, 27 de febrero de 2013

HITORIAS DE LUCHAS, TRAICIONES, AGACHADAS Y OTRAS YERBAS (3ª Parte)


Terminábamos la nota anterior diciendo que pocos días después de votado en el senado el proyecto de anulación de la ley de impunidad, el mismo Danilo Astori -que lo había votado- concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no lo votaran en diputados. El proyecto naufragó el 19 de mayo de 2011, y al otro día se registró la mayor Marcha del Silencio por verdad y justicia desde que la misma se realiza, con más de 100 mil participantes.

Y el proyecto que tanto esfuerzo había costado elaborar, que era un mandato del Congreso, que contaba con la aprobación de la Mesa Política del FA y de tres Plenarios Nacionales consecutivos, fracasó en la Cámara de diputados por un voto. Un voto que faltó (el FA tiene la mayoría en el Parlamento) porque Víctor Semproni no la votó.
Antes, en el senado, había defeccionado Saravia, y poco tiempo después abandonó el FA y retornó a la derecha, lugar que nunca debió abandonar (quedándose con la banca, por supuesto).
Luego, y como forma de emparchar el impresentable papelón cometido, se elaboró y votó la ley interpretativa que acaba de ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Injusticia. Ley que además tampoco fue fácil lograr que se votara, ya que muchos querían dejar el tema como estaba (la impunidad lisa y llana). Recordemos que hubo legisladores que dejaron su banca al suplente por no estar de acuerdo (Nin Novoa), y otros que votaron a favor pero argumentaron en contra y luego renunciaron a su banca (Eleuterio Fernández Huidobro).
Este último, es el mismo que había dicho en 2008 “Si me dicen que estoy obligado a firmar y luego a votar, renuncio a todo. No voy a ser candidato a nada. No soy de los que discrepan por cuestiones de principios y después se hacen los ranas”. Y si bien su renuncia a la banca parecía indicar que cumplía con lo prometido, pocos días después volvía tranquilamente como ministro de Defensa, desde donde hizo lo suyo también para proteger a sus amigos.
RESPONSABLES SE BUSCAN
Como decíamos en la primera nota de esta serie: “Hay quienes, cuando sucede algo relacionado con la dictadura y con la impunidad, señalan hacia la derecha. Y con razón, claro. Aunque es una visión parcial de la realidad”.
Como hemos visto, la derecha fue quien instaló la impunidad, y de ahí en más, no ha hecho otra cosa que sostenerla contra viento y marea. Es lo normal, hacen lo que hacen porque son de derecha, y defienden lo que hacen como representantes políticos de la derecha.
Pero a partir de allí, y salvo en la lucha titánica que significó la recolección de firmas y la campaña por el voto verde, la mayor responsabilidad ha correspondido a las fuerzas de izquierda en general, y al FA en particular. Durante un cierto período, por haberse desentendido del tema. Y a partir de que el FA obtiene el gobierno y las mayorías parlamentarias, directamente por no haber hecho lo que tenía que hacer.
Diremos acertadamente que el enemigo principal es el imperialismo y la oligarquía, y sus representantes políticos. Pero no fue la derecha la que dejó vergonzosamente de lado el tema de los derechos humanos para así obtener el gobierno. Fueron dirigentes del FA quienes batallaron por eso, y fue un Congreso del FA el que lo convalidó.
Está bien que señalemos a la derecha en el tema de la impunidad; pero no fue la derecha quien miró para otro lado mientras las organizaciones sociales y de derechos humanos juntaban las firmas para el plebiscito por la anulación de la ley de impunidad; fue el Frente Amplio como tal. Ni fue la derecha la que boicoteó la papeleta rosada haciendo fracasar el plebiscito.
Podremos seguir diciendo eternamente que el enemigo es el imperialismo y la oligarquía. Y será cierto. Pero no fue el imperialismo ni la oligarquía la que se tomó cuatro años en elaborar un proyecto de ley que terminara con la impunidad, para terminar no votándolo; fue el Frente Amplio (por la traición de varios de sus miembros).
Diremos mil veces, y las mil veces tendremos razón, que el enemigo es la derecha. Pero no fueron los representantes de la derecha quienes fueron al Parlamento a decirle a sus legisladores que no votaran la anulación de la ley de impunidad; fueron los máximos representantes del FA, el presidente y el vicepresidente de la República, llevándose por delante las resoluciones que el FA había adoptado.
Podremos decir otras tantas veces que la derecha protege a los militares violadores de los derechos humanos; y será verdad. Pero no fue un presidente de derecha quien ascendió al grado de general al asesino de Nibia. Fue un presidente del FA: Tabaré Vázquez; y a pesar de que se le había advertido quien era Miguel Dalmao. Y fue también un presidente del FA (José Mujica) quien se solidarizó con el asesino cuando ya estaba preso y lo fue a visitar a la prisión. El mismo presidente que ha proclamado su deseo de que “los viejitos” (eufemismo para referirse a asesinos y violadores de la peor calaña) deberían estar en sus casas con sus nietos.
Podemos indignarnos, claro que sí, por el traslado de una jueza valiente y consecuente en la defensa de la verdad y la justicia como lo es sin duda la Jueza Mota. Y podremos vociferar contra la SCJ (cuyos miembros fueron votados por el FA) que fue quien ordenó el traslado. Y podremos acusar sin duda a la derecha, que ha trabajado ¡y cómo! Para que eso sucediera. Pero no fue un representante de la derecha quien dijo que no se terminaba el mundo por el traslado de una jueza; fue la senadora Lucía Topolansky, del sector mayoritario del FA.
Y no fue un presidente de la derecha el que públicamente dijo que le extrañaba que la SCJ no hubiera hecho nada con la jueza Mota, luego que hizo declaraciones en Bs.As. y dijo lo que realmente pasa: que el Estado uruguayo no hace nada por la verdad y la justicia. Fue el presidente José Mujica, del Frente Amplio. Así como fue un ministro del gobierno del FA (Eleuterio Fernández Huidobro) quien impidió a la jueza Mota tomar fotografías de un centro de torturas de la dictadura.
Podremos indignarnos con la derecha y sus medios de comunicación, por la campaña contra la jueza Mota; pero en esos medios también han hablado dirigentes del Frente Amplio tirando dardos envenenados contra la jueza para desprestigiarla. Digamos por ejemplo Mauricio Rosencoff en una conocida tertulia radial.
ENEMIGOS EN TODOS LADOS
Es cierto que hay un enemigo principal, que sin dudas es el imperialismo, la oligarquía y sus secuaces. Eso es una verdad incuestionable. ¿Pero es el único enemigo? ¿los traidores que son, amigos? Porque los traidores generalmente están del lado que traicionan…¿o me equivoco? Amodio Pérez ¿qué era, amigo o enemigo? La historia está plagada de traiciones de aquellos a quienes se consideraba amigos. Hasta Jesús fue traicionado.
Yo se que estas cosas no son gratas de escuchar. A nadie le gusta escucharlas (leerlas, en este caso). Confieso que tampoco es grato decirlas, o escribirlas. Al menos yo, lo hago con dolor. Pero soy de la idea de que barrer debajo de la alfombra no elimina la mugre, la oculta; y tarde o temprano, sale a la superficie.
Soy de la idea de que no marcar estas cosas, no señalar a tiempo las vacilaciones, los titubeos, o las señales claras de que algunos toman un rumbo contrario al de la mayoría, lo que hace es demorar los procesos. Tarde o temprano, esos elementos se tornan en trabas para el avance, cuando no en francos retrocesos. Y el tema de los derechos humanos es clarísimo. Los años empantanados en la impunidad tienen mucho que ver con no tomar medidas a tiempos con quienes se oponen a su fin, con su señalamiento claro y sin cortapisas.
En definitiva, a la hora de hablar de enemigos (como dice Botinelli: si la palabra es muy dura, remplazar por adversario), soy –como en tantas otras cosas- más bien artiguista. Y ya lo dijo el conductor de los pueblos libres: “No tengo más enemigos que quienes se oponen a la pública felicidad”. Y en ese sentido, los que se oponen a la pública felicidad no siempre están a la derecha.

martes, 26 de febrero de 2013

HITORIAS DE LUCHAS, TRAICIONES, AGACHADAS Y OTRAS YERBAS (2ª Parte)


En el año 2007, y cansados de esperar por ese proyecto de ley  que terminara de una vez por todas con la ley de impunidad, que no terminaba de concretarse a dos años del primer gobierno de izquierda y con las mayorías necesarias para aprobarlo, las organizaciones sociales lanzan la campaña de recolección de firmas para llamar a plebiscito y anularla por esa vía.

El colectivo que promovía la iniciativa estaba integrado por diversos agrupaciones sociales y políticas, entre quienes se destacaban PIT-CNT, FUCVAM, Crysol, FEUU, Amnistía Internacional, Serpaj, entre otros, y sectores políticos como, el Partido Comunista, el PVP, el Fidel, el Nuevo Espacio, los Claveles Rojos y el Partido por la Seguridad Social.
Y hay que decir también que la campaña no fue apoyada  por el Frente Amplio, más que en el último tramo, cuando ya se preveía que las firmas se conseguían, y que nunca fue apoyada por otros sectores de la izquierda no frenteamplista. La organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos no participó en la organización ni adhirió al lanzamiento de la campaña, aunque María Esther Gatti de Islas, se encontraba en la mesa que presidió el acto de lanzamiento, al igual que el ex diputado nacionalista Oscar López Balestra.
El gobierno de Tabaré Vázquez estaba claramente en contra de la recolección de firmas, y además de manifestar su posición en contra de la campaña, algunas autoridades del gobierno dieron órdenes expresas destinadas a impedir que miembros de la administración participaran en actos o movilizaciones en favor del plebiscito.
En diciembre de 2007, cuando ya la campaña estaba en marcha, se desarrolló el Congreso Líber Seregni, y del documento final, la única mención que hay a la recolección de firmas contra la impunidad es la siguiente: “En la actualidad la campaña de recolección de firmas convocada por un conjunto de organismos sociales para habilitar una reforma constitucional que anule la Ley de Caducidad significa una vez más, convocar a la  población para resolver un problema de gran magnitud para la democracia”. Esto es, un párrafo inútil, que no dice nada y que cada cual lo interpretó a su manera, como suele suceder con muchas resoluciones del FA que pretenden conciliar posiciones inconciliables.
Mientras las organizaciones mencionadas luchaban duramente por recoger las firmas necesarias, en 2008 se preparaba el Congreso Zelmar Michelini, y La Diaria del 23 de setiembre informaba: “la Comisión de Programa del Frente Amplio no incluirá la anulación de la Ley de Caducidad en el documento programático que enviará a los comités de base y que luego será debatido en el Congreso”. Y así ocurrió.
Y en el mismo periódico, tres días después, hay una entrevista e Fernández Huidobro, en la que afirma que: “Si me dicen que estoy obligado a firmar y luego a votar, renuncio a todo. No voy a ser candidato a nada. No soy de los que discrepan por cuestiones de principios y después se hacen los ranas. Quedo en minoría en muchos temas, pero esto es otra cosa. En temas trascendentes como este, cuando te obligan violentando tu conciencia no te queda más remedio que irte y no prestar tu cuerpo”.
Por esos día también, Mujica opinaba que "No es posible para muchos ni olvido ni perdón, pero menos cabe cultivar la imagen de verdugos sobre quienes nos 'verduguearon' hace más de 30 años", y por ello proponía que, a quienes "asuman las responsabilidades jurídicas y morales que les correspondan, sus eventuales penalidades carcelarias les deberían ser conmutadas".
En el Congreso, finalmente, ganó la postura de acompañar la anulación de la ley (ya se estaba en el tramo final de la campaña), y se obtuvo una resolución que decía: “La cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperada la democracia deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos para los cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar “la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad.”
Y José Bayardi, por ese entonces ministro de Defensa, reconocía que “La fuerza política del Frente Amplio ha definido una posición en su plenario nacional” pero agregaba que “como miembro del Poder Ejecutivo- voy a seguir defendiendo los criterios que el Poder Ejecutivo ha mantenido que es el de mantener la Ley de Caducidad durante este período de gobierno”. Extraña posición (inaugurada en su momento por Tabaré Vázquez), por la cual se pertenece al FA hasta llegar a un cargo de gobierno, y a partir de allí se responde a otra cosa.
Finalmente, en abril de 2009, tras un esfuerzo militante enorme, de grandes sacrificios y de lucha contra la adversidad, el ninguneo de la gran prensa y las vacilaciones, remilgos y zancadillas (que de todo hubo en las filas del FA) en las filas de la “izquierda” se logró la hazaña que muchos creían que no se lograría: juntar las firmas necesarias para anular la ley de impunidad, con un plus de decenas de miles.
FRACASO PLEBISCITARIO Y DESPUÉS
La papeleta rosada no obtuvo los votos necesarios (aunque casi lo logra), y una nueva frustración recorrió las filas de los luchadores por los derechos humanos y contra la impunidad. Y en esa derrota muchas causas se han señalado. Entre otras, la falta de compromiso de la fórmula presidencial del FA, que prácticamente nunca mencionaron el tema en los discursos de campaña, como si el plebiscito no existiera. También se ha mencionado que algunos sectores no ensobraban la papeleta rosada con las listas. Lo cierto, es que no hubo un compromiso del conjunto del FA por la anulación de la ley de impunidad en esa instancia, y que solo existieron esfuerzos individuales y de algunos sectores.
Ante el fracaso del plebiscito, una Comisión integrada por todos los espacios de la fuerza política y también por delegados de las bases, trabajó en la elaboración de un único proyecto, sobre la base de distintos proyectos (de López Goldaracena, Felipe Michelini y otros) que se habían venido trabajando desde el 2005, incluido uno del propio Poder Ejecutivo, presentado por el canciller Luis Almagro. Fue el comienzo de lo que sería el peor papelón cometido por un gobierno del Frente Amplio, signado por marchas, contramarchas, deserciones y traiciones de todo tipo.
El 24 de setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus legisladores. “La iniciativa resuelve –decía el artículo- la dificultad de anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que "interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación pueden ser reabiertos”. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión”.
El 20 de octubre de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. "Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley”.
El 12 de abril, y en consonancia con lo anterior, Danilo Astori levantó su mano en el Senado para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una entrevista en el diario El País, salió a decir: “Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora". Que no era lo que pensaba, se desprende del párrafo anterior, salvo que no dijera lo que pensaba sino otra cosa.
Esto sucedía, entiéndase bien, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara de Senadores. Pocos días después, el mismo Danilo Astori que había votado el proyecto en la Cámara, concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto. El proyecto naufragó el 19 de mayo de 2011, y al otro día se registró la mayor Marcha del Silencio por verdad y justicia desde que la misma se realiza, con más de 100 mil participantes.
(continuará)

lunes, 25 de febrero de 2013

HITORIAS DE LUCHAS, TRAICIONES, AGACHADAS Y OTRAS YERBAS (1ª Parte)


Hay quienes, cuando sucede algo relacionado con la dictadura y con la impunidad, señalan hacia la derecha. Y con razón, claro. Aunque es una visión parcial de la realidad, como veremos. Fue la derecha la que llamó a los militares para que si hicieran cargo del gobierno cuando ellos ya no podían controlar a un pueblo que se movilizaba cada vez más por cambios estructurales, a fines de la década del 60 y principios de los 70.
Fue sin dudas la derecha la que acompañó en cargos de gobierno y a todo nivel a la sangrienta dictadura. No es este el espacio para dar una larga lista de nombres pertenecientes a los partidos tradicionales que ocuparon cargos durante esos años. Digamos simplemente que el dictador Bordaberry provenía del Partido Nacional, pero asumió como presidente integrando el partido colorado, y después fue verde a partir del golpe de estado. Y otros como Aparicio Méndez, del Partido Nacional, también dictador en su momento.
Una buena parte del pueblo uruguayo dio una denodada lucha por derrotar a la dictadura, y esa lucha tuvo sus costos, que pueden medirse en presos, exiliados, torturados, asesinados, desaparecidos, violados, y mucho más. Por eso, la recuperación de la democracia y las libertades, traían consigo grandes esperanzas. Entre otras cosas, la esperanza de llegar a la verdad de lo que había sucedido en esos años, y por supuesto de llegar también a la justicia
Teníamos derecho a saber el por qué de tanto odio descargado sobre el pueblo, el por qué tanta muerte inocente. Alguien tenía que explicar como fue que se torturó, quién daba las órdenes, donde se mató y se desapareció, donde estaban esos desaparecidos, y devolverlos al pueblo. Y no reclamábamos revancha. Pedíamos justicia. Tan simple pero tan hondo como eso.
Pero fue la derecha política la que, una vez derrotada la dictadura, se encargó de enterrar todo el genocidio y las barbaridades más siniestras perpetradas por la dictadura bajo el manto de la impunidad al votar aquella siniestra ley, con votos de blancos y colorados. Previamente, habían sacado de la troya (tal como hoy hace la SCJ con Mariana Mota) a un gran luchador por los derechos humanos como José Germán Araújo.
Y de la mano de la derecha política volvió la amenaza, y la presión. Y a pesar de que la justicia comenzó a actuar, las citaciones fueron a parar a la caja fuerte del Ministerio de Defensa. Y entonces comenzó la vuelta atrás, el retroceso, la agachada. Y la mayoría de dirigentes blancos y colorados comenzó a gestar lo que luego terminaría siendo la oprobiosa ley de impunidad.
LA IZQUIERDA LUCHANDO JUNTO AL PUEBLO
Pero la lucha continuó, y los trabajadores, las organizaciones sociales y la izquierda política no se entregaron, y papeleta en mano salieron a juntar las firmas para que hubiera referéndum. No fue una lucha sencilla. Pero acabábamos de derrotar una dictadura sangrienta, y además teníamos de nuestro lado la razón de la verdad y la justicia, así que la esperanza estaba intacta. Otra vez había que luchar contra el miedo, contra la desinformación y la mentira, contra quienes decían que pregonábamos el odio y se proclamaban pacificadores y perdonadores. Y recorrimos puerta por puerta, y salimos a las ferias y a los sindicatos, nos metimos entre el pueblo. Y conseguimos las firmas.
Pero los votos amarillos fueron más que los verdes, y perdimos esa batalla. El miedo ganó en las urnas, y la desesperanza en las almas. Y ya nada volvió a ser igual, porque la democracia quedó renga. No se puede caminar bien con una espina clavada en el talón. Y la impunidad era una enorme espina incrustada en la naciente democracia. Con las organizaciones populares malheridas (que no muertas) por la derrota, comenzó la otra fiesta, la del neoliberalismo.
Nuevamente la derecha política, y sus sucesivos gobiernos nos propinaron su economía de mercado pero también su “sociedad de mercado”. Perdida la justicia en los caminos de la impunidad, los ciudadanos pasamos a ser vistos desde una lógica mercantil, y se propagaron la exclusión social y la pobreza hasta límites desconocidos. Las consignas pasaron a ser: “hacé la tuya”, y “sálvese quien pueda”. Y también campeó la corrupción. Porque si se puede torturar y matar y desaparecer, y nunca pasar por un juzgado por ello, entonces todo lo demás son paparruchadas. Las dimensiones del retroceso todavía están por verse.
VOTO VERDE Y DESPUÉS
A partir de allí, ya la cosa no estuvo tan clara en las filas de la izquierda con el tema de los derechos humanos y la impunidad. Hubo un largo período en el cual la lucha quedó en manos de los familiares, un pequeño grupo de incansables abogados y las organizaciones sociales y de derechos humanos, y los partidos políticos prácticamente se olvidaron del tema.
Pero aún en esas condiciones, la lucha continuó por vías diferentes. Porfiadamente se siguieron presentando casos a los juzgados y una y mil veces los personeros de la impunidad los archivaban. El artículo cuarto era el instrumento apropiado en las manos apropiadas (gobiernos de derecha). Todo lo que podía terminar en aplicación de justicia era considerado incluido en la ley de impunidad. No importa si era el rapto de una extranjera para robarle a su hijo y luego matarla. Todo lo sucedido en dictadura debía ser olvidado, fuera lo que fuera.
Pero el pueblo es porfiado. Porque “hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen”, como también señala Alfredo acertadamente. Y siguieron presentándose causas. Y surgieron las marchas del 20 de mayo; cada vez con más y más pueblo; cada vez con más y más conciencia. Y la impunidad comenzó a mostrar fisuras.
DESDE LA IZQUIERDA
En el año 2003, el semanario Brecha preguntaba a dirigentes de diferentes sectores del Frente Amplio sobre qué había que hacer con la ley de impunidad, y en su gran mayoría eran partidarios de dejar todo como estaba. Algunos suenan hoy como posibles candidatos a vicepresidentes (o a presidente, vaya uno a saber).
Lo cierto es que dentro del FA, cuando nos aproximábamos a la posibilidad cierta de obtener el gobierno, muchos entendieron que adoptar una posición contundente a favor de la verdad y la justicia, podía hacernos perder esa posibilidad. Eso estuvo muy claramente planteado en el Congreso Héctor Rodríguez de 2003, y es por todos conocida la batalla que dio Eleuterio Fernández Huidobro para evitar que en el Programa estuviera la derogación de la ley de impunidad. Pero no sería honesto si no dijera lo siguiente: si la posición de Huidobro hubiera sido minoritaria, no hubiera prosperado. La realidad es que su posición fue apoyada por la mayoría del Congreso.
No obstante, en el Programa con el que el FA accedió al gobierno en 2005, hay muchísimas referencias que indicaban que había la necesidad imperiosa de derogar o anular la ley de impunidad. Fundamentalmente las que hacían referencia a acompasar la legislación interna con la internacional en el tema derechos humanos. Pero no fue así. Lo único que hizo el primer gobierno del FA en el sentido de combatir la impunidad, fue aplicar el art.4 de la ley, por lo cual los casos comenzaron a no incluirse como comprendidos en la ley de impunidad.
Y Tabaré Vázquez, el día mismo de su asunción, señalaba que “en materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”, y agregó que “nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”.
En función de ello, hubo avances impensables poco tiempo atrás. Pocos días después ya se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Y ahora el artículo 4º era un instrumento en manos de un gobierno progresista, y lo aplicó debidamente. Y los casos se comenzaron a excluir, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos comenzaron a aparecer.
Mientras tanto, en forma silenciosa, muchos compañeros del FA seguían trabajando para encontrar la forma de erradicar de una vez y para siempre una ley legalmente inconstitucional y nula, pero además moral y éticamente infame. Era la hora de arrancarle de raíz esa espina que no le permitía caminar debidamente a nuestra democracia. Para que la vida democrática fuera plena y para cumplir con nuestras conciencias revolucionarias y de izquierda.
El resultado es historia reciente, y lo veremos en la segunda parte de esta nota.

viernes, 22 de febrero de 2013

NO HABRÁ JUSTICIA, SOLO QUEDAN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES


La Suprema Corte de Injusticia acaba de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad.
Al parecer, el argumento central sería la no retroactividad de la ley penal.
Sin embargo, no hay duda que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil (en especial contra militantes de izquierda y dirigentes sindicales). Quiere decir que, aún en el caso de que la Justicia tipificara el delito de homicidio, por las circunstancias en que fue cometido lo transforman en un delito de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptible.
Lo mismo para los casos de tortura o cualquier otra violación de los derechos humanos cometida durante el período dictatorial, que ya eran delito en la jurisprudencia internacional en Tratados que habían sido ratificados por nuestro país.
Seguramente la Corte se referirá en su resolución a lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”.
Lo que no tiene en cuenta la SCI (Suprema corte de Injusticia), es que el derecho aplicable en estos casos es el derecho internacional. El numeral 2 del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. Esto es, puede que el delito no esté aún tipificado en el derecho nacional (interno), pero si está tipificado en el derecho internacional, entonces el que comete el delito puede y debe ser condenado.
En su resolución de 1969 sobre el castigo de quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (Resolución 2583 – XXIV), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la "investigación rigurosa", así como la sanción de los responsables "son un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza (...) y contribuir a la paz y la seguridad internacionales”.
Y no hay ninguna duda que al integrar la ONU, los Estados están obligados a cumplir con sus disposiciones. La página de las Naciones Unidas, en la Dependencia de Información al Público dice lo siguiente: “Los Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional positiva ya que la Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin”. Por cierto, el Pacto internacional sobre derechos humanos ya era ley en nuestro país desde 1969 (Ley Nº 13751) y había sido sucrito en 1967.
Paradojalmente, el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), no tiene en cuenta estas cuestiones dentro de su propio territorio.
Paradojalmente, en el país que hoy preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Uruguay), los ciudadanos no podrán acceder a la justicia en esa materia en su propio país (que algunos vuelven a calificar como la Suiza de América), y no tendrán otro camino que recurrir a tribunales internacionales, porque en su patria la justicia les está vedada.

martes, 19 de febrero de 2013

TENEMOS DERECHO


Un artículo de La Diaria del 19 de febrero dice lo siguiente: “…ayer se lanzó una campaña para que quienes estuvieron el viernes en la sede de la SCJ lo asuman públicamente y justifiquen los motivos”.
No he escuchado nada al respecto ni lo he leído en ningún otro lado, pero el asunto me empezó a dar vueltas en la cabeza, porque de hecho estuve ese viernes en la SCJ, e incluso me he preguntado que contestaría en caso de que fuera citado por la Justicia a explicar que hacía allí ese día, así que me puse a reflexionar sobre la cuestión.
LA INDIGNACIÓN
La primera razón por la que concurrí ese día, es seguramente la indignación. Indignación que es producto de lo arbitrario y hasta prepotente del traslado de la jueza Mota; aún admitiendo su legalidad. Creo que en principio esa es la reacción natural y lógica de un montón de gente, que siente, ante arbitrariedades como esa, indignación, dolor y decepción. Y por cierto, me consta que el viernes 15 no estaba allí toda la gente indignada por ese hecho.
Y la indignación, en este caso, no es producto de un hecho sorpresivo. Es producto de un conocimiento de lo que está en juego, y de la participación y el seguimiento a lo largo de muchos años de lo que es la lucha por los derechos humanos y el reclamo de justicia por los crímenes cometidos por la sangrienta dictadura que asoló nuestro país.
No es una indignación sorpresiva, si uno se decepcionó hasta el llanto cuando se votó la ley de impunidad, cuando uno trabajó denodadamente para recolectar las firmas para que hubiera referéndum contra esa ley, cuando militó activamente por el voto verde y se volvió a decepcionar, cuando trabajó nuevamente para que hubiera un plebiscito para anular la ley en 2009 y luego por la papeleta rosada y sufrió una nueva decepción. Cuando se decepcionó y se indignó nuevamente al ver que una ley de anulación fracasaba por la traición de un diputado, pero traición conseguida por el presidente y el vicepresidente que concurrieron al Parlamento a pedirles a los legisladores de su partido que no la votaran.
Lo que quiero decir, es que uno puede indignarse aún cuando en el hecho no haya sorpresa. Seguramente me indignaré nuevamente cuando, en muy poco tiempo, la Corte declare inconstitucional la ley interpretativa de la ley de impunidad. Y si hay una manifestación ante la SCJ allí estaré, indignado.
LA ARBITRARIEDAD
Porque la indignación viene de la arbitrariedad del hecho. No es que la SCJ haga algo ilegal; no. Lo que indigna, es que la Corte haga algo “simplemente porque puede hacerlo”, aún cuando todos sus miembros seguramente son conscientes del daño que están produciendo. Es eso lo que indigna.
La Corte sin duda puede hacer traslados de jueces por “razones de mejor servicio”. Pero la Corte sabe, como sabemos todos, que no se mejora el servicio sacando a un juez que tiene en sus manos asuntos importantísimos relacionados con la violación de los derechos humanos y colocando en su lugar a alguien que tendrá que pasar meses o años volviendo a leer todos esos expedientes.
Y esa arbitrariedad es la que indigna, porque las razones "de mejor servicio" están más que claras; el traslado de la jueza Mariana Mota es el “mejor servicio” que se le puede prestar a los violadores de los derechos humanos y a la impunidad
Porque el traslado está justificado en una reestructuración de los juzgados, como si esa fuera la cuestión más importante que la SCJ y el país tienen en sus manos. Digámoslo así: la SCJ tiene dos problemas a resolver: 1) la reestructuración de los juzgados; 2) Uruguay ha sido condenado por la CIDH (caso Gelman) y tiene la obligación de facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente, con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
La SCJ, entre esos dos problemas, opta por solucionar el primero. Porque retirar a una jueza que conoce muy bien el tema de los derechos humanos, que se ha especializado en ello, y que tiene más de cincuenta casos en su despacho, no parece destinado a solucionar el segundo problema. Antes bien, parece todo lo contrario, parece destinado a evitar que los hechos sean esclarecidos y que los responsables sean juzgados. Y también parece –aunque esto se niegue- una sanción por haber aplicado el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales.
De manera que haber estado allí el viernes 15, es también una manera de brindarle  solidaridad y apoyo a la jueza Mariana Mota por un traslado arbitrario que ella no pidió. Es también un reconocimiento a su dignísima actuación desde que está a cargo de los casos, pero también a su coraje y dignidad al participar en la marcha del 20 de mayo, y a su coraje y dignidad por sus declaraciones en Buenos Aires, esas que tanto molestaron al presidente al punto de reclamar que la Corte hiciera algo con la jueza.
PORQUE TENEMOS DERECHO
Y también estuve allí, el viernes 15, porque tenemos derecho a estar, porque el derecho a disentir es lo propio de las sociedades democráticas. Y la protesta es el ejercicio activo de la libertad de expresión, forma parte de la vida en democracia y constituye una forma de participación política.
Está claro que desde el punto de vista de los gobiernos no todas las protestas son iguales. Algunas son bien vistas, son “progres”, y no quedaría bien repudiarlas abiertamente, pero hay otras que son sin duda problemáticas o incómodas, y también las hay intolerables, las que desestabilizan la comodidad del sistema. Pero la protesta, en general, no debería ser considerada como un atentado contra la democracia sino más bien un indicador de la calidad de esa democracia.
El pataleo, muchas veces es la única vía que algunos sectores tienen para expresar su voz frente a canales institucionales cerrados y con serias dificultades para acceder a los medios de comunicación. Muchas veces es la única forma de decir que no se está de acuerdo, que así no, que eso no se tolera.
Dice Frank La Rue, relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión: “En ningún caso puede un gobierno o autoridad de Estado limitar la movilización o protesta social para silenciar la crítica a su gestión o a hechos o acciones que afecten los derechos de la población. Cabe mencionar, que en muchos países del mundo la movilización o protesta no tiene requisitos previos, más que informar oportunamente de su recorrido por razones de organización del tránsito”.
En nuestra Constitución, el derecho está consagrado en el artículo 38: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.
Pero se ha puesto de moda la criminalización de la protesta, que consiste en “…una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, manifiestándose también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas. Desde este punto de vista, la detención de activistas pretendería inhibir la protesta social; en sus manifestaciones más extremas constituirían una forma de terrorismo de Estado. Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces, policías y medios de comunicación” (Criminalización de la protesta - Wikipedia).

domingo, 17 de febrero de 2013

NO SE ACABA EL MUNDO (si tenemos un Joder Perjudicial In the pendiente)

La senadora Lucía Topolansky afirmó a Montevideo Portal que “el mundo no se acaba por el traslado de un juez”, y agregó: “Me preocupa mucho más la resolución sobre el impuesto a la tierra”. También dijo que “…quienes están movilizados en contra del traslado se olvidan de que en el Uruguay los poderes son independientes"
La primera aseveración es cierta. Ni siquiera se acabó el 21/12/12 a pesar de los mayas y otras yerbas. No se ha acabado a pesar de que el sistema capitalista está haciendo todo lo posible porque se acabe y desde hace siglos. El mundo no se va a acabar, es estúpido pensar que eso suceda por el traslado de una jueza de lo penal a lo civil (no creo que alguien más lo haya pensado, salvo la señora Topolanski). 
No se hubiera acabado tampoco si la dictadura duraba 40 o 50 años, ni el mundo hubiera finiquitado si el pueblo uruguayo hubiera ignorado los sufrimientos de quienes estaban presos en las mazmorras de la dictadura. Pero fuimos muchos los que, a pesar de que no era el fin del mundo, dimos una dura lucha por acabar con la dictadura y por lograr la liberación de los presos políticos (incluida la señora Lucía Topolanski). Así como luego dimos y seguimos dando (somos porfiados) una dura batalla por la vigencia y el pleno respeto de los derechos humanos, por la investigación de los sucedido, por la aparición de los desaparecidos. 
Sin embargo, con el traslado de una jueza como Mariana Mota, pueden suceder muchísimas cosas, que aunque menos graves que el fin del mundo, son gravísimas para el sistema democrático en su conjunto, y afectará a cientos de personas que desde hace muchísimos años luchan por lograr esos dos elementos que van unidos y que son insoslayables: verdad y justicia. Cosas que afectan al sistema democrático porque ponen en duda la independencia tan mentada del Poder encargado de administrar la justicia, porque tienden a mantener la impunidad de los crímenes más aberrantes cometidos en este país a lo largo de su historia, y porque esa impunidad en definitiva es funcional a las clases en el poder. 
Porque además le dan un golpe bajo a la esperanza. Afectan al sistema democrático porque además, no se trata simplemente del “traslado de una jueza”, sino de la jueza que tenía a su cargo más de 50 casos de violaciones de los derechos humanos, la que había puesto tras las rejas a asesinos múltiples como Juan María Bordaberry, el dictador, y la que había demostrado y sostenido un criterio acorde al derecho internacional de los derechos humanos. No es cualquiera. 
De conformidad al art. 99 de la ley 15.750 Ley Orgánica de la Judicatura: "Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite establecido en el artículo 250 de la Constitución. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo de cargo o de lugar...". 
Y uno tiende a pensar que tal vez sean sí razones de "buen servicio"....las que llevaron a la SCJ a trasladar a la Jueza Mota de lo penal a lo civil….si lo que se pretendía era prestar un buen servicio a la impunidad de los violadores de los derechos humanos 
A la senadora Lucía Topolansky le preocupa mucho más la resolución sobre el impuesto a la tierra. Un impuesto que le cobra algo así como 4 dólares por hectáreas a las extensiones mayores a dos mil, si mal no recuerdo, pero que deja afuera a los latifundios como el de Montes del Plata. Un impuesto que pretendía, además, ser invertido en caminería para esos mismos latifundios, para que puedan sacar los productos primarios (carne, soja, lana, arroz) que la política económica de este y el anterior gobierno viene favoreciendo. A la senadora le preocupa más que ese impuestito quede sin efecto, que el brutal ataque al sistema democrático, los derechos humanos o el mantenimiento de la impunidad. 
Y nos advierte a quienes nos movilizamos en defensa de la jueza Mota, sí, pero en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, que la Justicia es independiente. Independencia que, desde luego, no está en cuestión cuando un presidente (representante del Poder Ejecutivo) insinúa públicamente que la SCJ debe hacer algo con una jueza que se atreve a criticar al gobierno por su nula colaboración con la justicia en el tema de los derechos humanos. 
Independencia que, desde luego, no es avasallada por un ministro de Defensa que impide que esa jueza pueda tomar fotografías en un cuartel como pruebas para una causa sobre violación de los derechos humanos. Y por un lamentable descuido, la señora Topolanski olvida que el Poder Legislativo también es independiente, y que tal vez la concurrencia del presidente al Parlamento a decirle a los legisladores de su partido que no voten la anulación de la ley de impunidad sea un grosero avasallamiento de la independencia de ese otro poder del Estado. 
Lo triste, es que esta inversión de los valores ya no puede llamar la atención a nadie, es la moneda más corriente.

miércoles, 6 de febrero de 2013

SENTIMIENTOS Y VALORES


Vázquez subió sin hacerse rogar. Tomó el micrófono y explicó que no iba a enumerar logros, ni a repasar momentos de estos 42 años. Él quería referirse más a "sentimientos y valores". A partir de allí, comenzó un discurso con tono de campaña electoral que tuvo mensajes para los uruguayos, la interna del partido y la oposición.

Uno de esos valores, era la “confianza”, confianza en el FA y respaldo para los compañeros en el gobierno. "Confianza como una actitud permanente de creer, de saber, que podemos tener fe en el proyecto político y también en los compañeros en los cargos de gobierno para llevar a cabo ese proyecto”, señaló.
Esto es, los frenteamplistas deberían confiar, creer, saber, tener  fe, en que si el proyecto político colectivo establece que “…rechazamos el actual proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos concebidos en este marco, en tanto no resultan favorables a nuestros objetivos de consolidación de país productivo”, ninguno de los compañeros elegidos en cargos de gobierno para llevar a cabo ese proyecto saldrán rápidamente a gestionar un TLC con los Estados Unidos. Si los frenteamplistas tienen confianza, eso no sucederá.
O si el Frente Amplio, por ejemplo, en función de ese proyecto político, presenta en el Parlamento un proyecto de ley para despenalizar el aborto, y luego lo vota, los frenteamplistas deben tener confianza, creer, saber, tener fe, que no habrá ningún compañero electo en un cargo de gobierno para llevar a cabo ese proyecto, que cometa el atropello de vetar esa ley.
O si el FA vota una ley sobre accidentes laborales, que favorece a los trabajadores, los frenteamplistas deben tener confianza, creer, saber, tener fe, que no habrá ningún compañero electo en un cargo de gobierno para llevar a cabo ese proyecto, que cometa el atropello de vetar esa ley.
Y sobre el final, Vázquez envió algunos mensajes para la interna del partido, pidió que se busquen los caminos orgánicos cuando la fuerza política no está de acuerdo con el gobierno y así evitar el "show mediático". "Los gobernantes tendremos (no sabía que el señor era gobernante, estoy en otro mundo, eso me pasa por no tener televisión) que acatar y aceptar el mandato de la fuerza política, pero evitar el show mediático que en las radios, la televisión y los diarios se peleen los que se tienen que pelear, y nosotros discutamos orgánicamente donde tenemos que discutir, dando respaldo a nuestra fuerza política. Quien quiera un show mediático que vea Tinelli, si quiere un radial que escuche 'La Venganza será Terrible', de Dolina, y si quiere uno escrito hay tanta prensa por ahí que se presta a eso, que no vale la pena que nosotros desarrollemos esa actividad", dijo.
En este punto, los analistas no se ponen de acuerdo. Algunos sostienen que cuando habla de que “los gobernantes tendremos que acatar y aceptar el mandato de la fuerza política” se está refiriendo nuevamente al tema de la ley de despenalización del aborto (reiterar hasta que entre), esto es, que si la fuerza política vota una ley, los gobernantes no la veten; y que si la fuerza política la vuelve a votar en el período siguiente, no salga nadie firmando por un referéndum para derogarla. Otros sostienen que es un tiro por elevación para el presidente y el vicepresidente, que cuando la fuerza política mandató a los legisladores a votar la anulación de la ley de impunidad, ambos concurrieron al Parlamento a decirles que no la votaran. De cualquier manera, el sayo es pa todos o pa naides.
En cuanto a lo del show mediático, claramente se refería a que no es bueno andar diciendo cosas en los colegios del Opus Dei cuando se sabe que lo que se dice saldrá en todos los medios, y menos si lo que se dice es una brutal y asquerosa agachada ante el imperialismo, y menos aún si esa agachada es desconocida por todo el resto del gobierno y de la fuerza política. Eso es muy feo, tiene razón TV, genera un show mediático difícil de digerir. Las peleas y los agravios entre dirigentes de la fuerza política no son buenos tampoco, y generan malestar en la militancia. Cuando un compañero dirigente, por ejemplo, está haciendo campaña nada menos que para obtener nuevamente el gobierno del país, no es bueno que un gobernante diga que ese dirigente dice estupideces. Cualquier abombao sabe que eso es terrible.
Sobre el final de su discurso, Vázquez pidió unidad para hacer frente a la derecha. No puso ejemplos, pero bien podría haber puesto como ejemplo, firmar el referéndum de la derecha contra una ley votada por el Frente Amplio. Eso sería un buen ejemplo de “unidad para hacer frente a la derecha”. Una lástima que no lo haya dicho. Seguro que lo pensó.

CUARTA REVOLUCIÓN CON INVERSIÓN DE CUARTA

En el marco de la Semana de la Industria 2017, la ministra Carolina Cosse, se refirió a lo que calificó de “continuación de la cuarta rev...