jueves, 25 de marzo de 2010

CON TODO RESPETO, NO ESTOY DE ACUERDO


El compañero José Korzeniak –eminente abogado constitucionalista- afirmó hace unos días que, desde el punto de vista jurídico, el Parlamento "no tiene facultades para anular ni derogar disposiciones que fueron aprobadas por el cuerpo electoral”, en referencia a la ley de impunidad.
"Yo enseño hace 40 años en la Facultad de Derecho, que el artículo 82 de la Constitución dice que la nación, que es la soberana, ejerce directamente su soberanía a través del cuerpo electoral e indirectamente a través de los tres poderes representativos", señaló Korzeniak.
Dijo además que “Como principio que todo el mundo entiende, un órgano inferior no puede derogar lo que hizo un órgano superior. En este caso, el Parlamento, que es inferior al cuerpo electoral, no puede ni derogar ni anular lo que hizo un órgano superior como es el cuerpo electoral".

Sin embargo, el profesor Grado 5 de derecho constitucional de la Universidad de la República dijo que “…en esas dos oportunidades (cuando la ley fue sometida a plebiscito) era "jurídicamente posible" anular la ley, es decir, "dejarla sin efecto desde el día que nació, hacer de cuenta que nunca existió".
Por cierto que no es mi intención, en este artículo, polemizar con Korzeniak, cuestión que sería un verdadero atrevimiento ya que como dijimos, el compañero es además de abogado, constitucionalista, y yo soy carpintero. Pero creo que vale, de todas maneras, exponer una serie de razonamientos de simple sentido común, del punto de vista de un simple ciudadano, no necesariamente experto en leyes.
POR QUE ANULAR LA LEY
Es cierto que nuestra legislación prevé el recurso de inconstitucionalidad de la ley (único camino a recorrer según Korseniak) ante la Suprema Corte de Justicia, que es la indicada para fallar en esta materia, y que el fallo es aplicable a cada caso individualmente. Pero no es menos cierto que si el Parlamento –que en definitiva es quien hace las leyes- percibe que ha cometido un error, o que ha incurrido en una inconstitucionalidad, puede corregir su error derogando o anulando la ley (así lo reconoce el propio Korseniak como vimos más arriba). Y es natural que ello pueda suceder. ¡Bueno sería que un organismo del Estado que comete un error no pueda corregirlo cuando lo percibe! Y en el caso de la ley de impunidad, es absolutamente claro que el Parlamento incurrió en una gruesa inconstitucionalidad al votarla. Inconstitucionalidad que ha sido reconocida –por si fuera poco- por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, esto que estoy señalando ya ha sucedido, y muy recientemente. Todos recordamos que cuando la Suprema Corte falló en los primeros casos a favor de los jubilados, contra el impuesto a la renta, el Parlamento rápidamente corrigió su error y derogó la ley sustituyéndola por otra.
La ley es además de inconstitucional, nula, porque fue votada bajo presión (vicios de consentimiento). Es reconocido por varios actores que votaron en su momento la ley, que el Poder Legislativo no se encontraba -en el momento de ser votada- en condiciones normales de reflexión y autonomía. Los principales actores políticos que participaron en la elaboración y sanción de la ley de impunidad han reconocido que se encontraban seriamente limitados por las circunstancias, pues la propia democracia dependía de ello.
Pero además, el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura, se levanta aquí como una exigencia no sólo de gran parte del pueblo uruguayo, sino de muchos países y de organismos internacionales que reclaman cada vez con más fuerza, conocer la verdad y castigar a los culpables de crímenes de lesa humanidad.
Korseniak dice que "El problema es que nuestra Constitución no ha establecido todavía una tendencia que se va imponiendo en el mundo…que es decir que en materia de derechos humanos los tratados internacionales valen tanto o más que la Constitución". Uno tiende a pensar que si la Constitución no lo dice, tampoco dice lo contrario, y por tanto sería bueno aplicar el criterio aceptado internacionalmente. Pero además, en este caso concreto, no se trata de poner los tratados internacionales por encima de la Constitución, sino de ubicar los tratados internacionales por sobre una ley interna que, además, es inconstitucional y nula, y eso no es poca cosa.
LA SOBERANÍA DE LA NACIÓN
Es cierto lo que dice Korseniak, la soberanía reside en la Nación, y esta se ejerce en forma directa a través del cuerpo electoral e indirectamente a través de los poderes del Estado. Quiere decir que esa soberanía siempre se está ejerciendo cuando se legisla. Y tanto se ejerce cuando se vota una ley como cuando se deroga (o se anula). Cada vez que el Parlamento dicta una nueva ley, es la Nación, la que está ejerciendo su soberanía. Y si el Parlamento encuentra que ha cometido un error, y dicta una nueva ley para subsanarlo, es la propia Nación la que está ejerciendo su soberanía en forma indirecta en ese acto, y actúa para subsanar el error. Y por cierto, si el cuerpo electoral entiende que esa ley (en este caso una ley anulatoria de otra) ha sido votada en contra de su opinión, está facultado constitucionalmente para ejercer su soberanía en forma directa (a través de un plebiscito o referéndum).
Lo que quiero decir, es que en mi opinión no existen leyes inmutables y eternas. Cuando una ley es sometida a referéndum, y el pueblo la confirma, en realidad está ejerciendo su soberanía en forma directa para ese caso concreto. Pero cuando una ley no es sometida a referéndum, de hecho está siendo de todas formas aprobada por el soberano, que no ejerce su derecho a derogarla. De manera que todas las leyes, ya sea en forma directa o indirecta, son aprobadas por el soberano.
POR EL ABSURDO
Si como dice Korseniak, el Parlamento "no tiene facultades para anular ni derogar disposiciones que fueron aprobadas por el cuerpo electoral”, entonces no podría derogar ninguna ley, puesto que todas son aprobadas (en forma indirecta) por el cuerpo electoral, lo cual sería un completo absurdo.
El Parlamento, cada vez que aprueba una ley, cuenta con la aprobación tácita del cuerpo electoral, a menos que éste decida ejercer su derecho de no aprobarla o confirmarla. Y cada vez que deroga (o anula) una ley, cuenta también con la aprobación tácita del cuerpo electoral, a menos que éste decida ejercer su derecho a rechazar esa derogación o anulación.
De otra forma, habría que aceptar que hay leyes eternas e inmutables, que permanecerían por siempre y sobrevivirían incluso al propio “Cuerpo Electoral”, que nunca es el mismo y que cambia continuamente, al igual que la propia sociedad.
El Derecho debe necesariamente acompañar los cambios que se producen en el cuerpo social, y si aceptamos que ni siquiera la Constitución es eterna, menos aún pueden serlo las leyes. La Constitución también es aprobada por el cuerpo electoral, y sin embargo, se puede modificar, y está previsto que pueda ser modificada porque todo el cuerpo normativo puede ser modificado. Es necesario que así sea, no solo posible. De lo contrario, si aceptáramos las tesis del compañero Korseniak, estaríamos aceptando que la sociedad (el pueblo uruguayo) puede equivocarse pero no está autorizada a corregir su error, debe mantener su error por los siglos de los siglos, incluso aunque ese error le sea señalado por la sociedad internacional, incluso aunque ese error signifique una vergüenza para ese pueblo, e incluso si ese error impide la justicia y la verdad. Absurdo ¿no? Por tanto el Parlamento puede actuar y seguramente lo hará.

jueves, 18 de marzo de 2010

ESTE ASUNTO DE LAS ALCALDIAS


adentro muchachos, metiendo y metiendo.
Al túnel muchachos, no hay más pa' perder,
que el viento está soplando y nos viene bien
pa' romper la red.
Jorge Lazaroff

ES UN COMIENZO
Si miramos el globo terráqueo, probablemente contemos con los dedos de la mano los países en el mundo que no tienen alguna forma de gobierno, con autoridades propias, en sus ciudades y pueblos. En América, somos el único, y seremos el último país en instalar este tercer nivel de gobierno. En todas partes se entiende, como algo fuera de toda duda, que cualquier centro poblado con una población más o menos numerosa tenga sus propias autoridades municipales. De manera que el hecho de que nuestra fuerza política, una vez llegada al gobierno, pusiera en blanco sobre negro un marco normativo para que los gobiernos locales se hicieran realidad, no es poca cosa.
Pero la importancia del hecho no radica en que a partir de ahora nos igualamos al resto del continente y el mundo. Lo verdaderamente importante es que la administración municipal, vinculada a la participación real de los vecinos, tiene que ver con el ejercicio real de los principios democráticos. Y esto es así porque cuanto más reducido es el grupo, los asuntos en cuestión afectan más directamente a cada uno de los integrantes del mismo. Aquel vecino que siente que sus opiniones rara vez son tenidas en cuenta -cuando se trata de asuntos nacionales o departamentales- puede lograr que en el ámbito de su municipio sus ideas se plasmen en realidades concretas. Esto transforma a los municipios en escuelas de democracia, y por sí solo este hecho ya es positivo.
ES UN PROCESO
Claro que cuando se trata de descentralización, tenemos que asumir desde el vamos (la experiencia montevideana es aleccionante) que la tarea no es sencilla, que no alcanza con leyes y decretos y resoluciones, que hay que combatir siglos de costumbres que van en sentido opuesto al que nos estamos planteando, que hay que formar y capacitar funcionarios para una nueva forma de entender la administración de los asuntos públicos, pero que también hay que capacitar a los vecinos para que vean a la administración de otra manera, la hagan suya, dejando de lado prejuicios anteriores. Este es un proceso que ni empieza (venimos trabajando por la participación popular desde el fondo de los tiempos) ni termina con la Ley votada en el Parlamento, pero que menos aún termina con la elección de las autoridades municipales el domingo 9 de mayo. Ese será un paso sin duda muy importante en el proceso descentralizador, pero no el único. Si una vez electos los alcaldes (o alcaldesas) y concejales, los frenteamplistas nos vamos para nuestras casas con la satisfacción del deber cumplido, entonces será el comienzo, sí, pero de un nuevo fracaso.

Porque uno de los aspectos fundamentales de la Ley de Descentralización Política, es su apellido: “y Participación Ciudadana”. El título de la ley es correcto. No es posible la descentralización política sin la participación ciudadana, y ésta no es posible sin una verdadera descentralización. Participación y descentralización se retroalimentan, porque la participación ciudadana es un componente básico e ineludible para dar contenido democrático a la descentralización, y la descentralización es el camino para instrumentar esa participación.
LO QUE NO ESTÁ
Es verdad que la ley no es muy precisa en algunos aspectos. O más bien, que no es una ley taxativa, una norma que imponga prescripciones obligatorias que deben cumplirse incondicionalmente para que haya consecuencias jurídicas. Allí se habla en general de “posibilidades”. Es cierto que muchas de las potestades de los municipios son “…sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales y departamentales en la materia”. También que los recursos financieros de los Municipios serán "los fondos que les destinen los Gobiernos Departamentales", y lo que reciban del Estado a través de un fondo que todavía no existe. Todo eso –y mucho más- es cierto. Pero no es menos cierto que la ley establece 4 o 5 principios que desde nuestro punto de vista son esenciales, y que relativizan todo lo que falta. Estos principios están contenidos en el art.3º, e importa destacar al menos tres: 1) la electividad de las autoridades, 2) la gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia los Municipios, y 3) la participación de la ciudadanía.
LA PARTICIPACIÓN, PRINCIPIO ESENCIAL
La participación de los vecinos comienza desde la elección misma de quienes serán los gobernantes a nivel local, y esto no es menor. No es lo mismo los vecinos concurriendo a reclamar a una oficina frente a un funcionario que responde a órdenes del Intendente, que hacerlo frente a quien ha sido electo por esos mismos vecinos. Pero es importante tener en cuenta el segundo principio que señalábamos, porque allí se expresa claramente que la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos –desde los gobiernos departamentales y el gobierno nacional- se hará en forma gradual. Esto significa que el proceso lo harán todos juntos, vecinos y autoridades, en un intercambio creativo que permita ir ajustando las formas y los procedimientos para autogobernarse, en los cuales todos somos aún aprendices. De manera que la descentralización no es un corsé, sino que suministra un marco, dentro del cual gobierno local y vecinos generan ámbitos de decisiones. Los vecinos opinan, elaboran, y definen las necesidades de su entorno, pero colectivizando y discutiendo la realidad de su zona y la de otras, lo que les permitirá ubicarse como protagonistas tanto en lo particular como en lo general.
Pero además, el artículo 5º establece que: “Los Municipios instrumentarán la participación activa de la sociedad en las cuestiones del Gobierno local. Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que la población participe de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su competencia.” Esto significa que, una vez instalado, el Municipio puede darse los instrumentos que entienda necesarios para hacer efectiva la participación ciudadana en las cuestiones del gobierno local. Y está bien que así sea, porque avanzar en la democracia requiere reconocer y legitimar las redes de participación que existen naturalmente en la vida cotidiana vecinal y fortalecer los procesos de desarrollo local y departamental que necesariamente son diferentes en todo el país, pero también al interior de algunos departamentos. Pero además, cada Departamento puede -a través de la reglamentación pertinente- establecer los mecanismos que entienda adecuados a su realidad. El Proyecto de Reglamento que se está elaborando a nivel departamental en Canelones, por ejemplo, prevé al menos dos ámbitos de interacción entre el gobierno local y los vecinos: las audiencias públicas y los consejos consultivos, lo que no excluye, por supuesto la posibilidad de que en cada Municipio se creen ámbitos propios a la realidad de cada lugar.
CONCLUSION
Lo que parece ser, cuando uno termina de analizar la Ley, y se la ve en su conjunto y no en lo que dice cada una de sus partes, es que habrá tanta descentralización como la población decida que haya. La calidad y la profundidad de la descentralización que se vaya produciendo, estará en relación directa con la participación que logremos generar desde las organizaciones sociales y políticas. Y eso no es ni mucho ni poco, pero tiene la enorme ventaja que ha dejado la pelota en nuestra cancha. Y si la pelota está en nuestra cancha, hagamos lo que decía el “Choncho” Lazaroff.

jueves, 11 de marzo de 2010

EL PROGRAMA ES UN CONCEPTO PREVIO


El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, comentó que no tiene preconceptos con los Tratados de Libre Comercio (TLC). En entrevista con el diario El Observador el secretario de Estado indicó que no se puede oponer a una negociación que puede ser una “tabla de salvataje de sectores estratégicos”.
Con todo el respeto que se merece nuestro flamante canciller de la República, me permitiré decirle que en realidad sí tiene preconceptos. No solamente sobre los TLC, sino sobre toda la política exterior del gobierno del Frente Amplio. Porque sea cual sea la acepción que Almagro le adjudique al término “preconcepto”, el debería saber que no está actuando en el Ministerio que le tocó ocupar a título personal, sino en representación de una fuerza política que tiene un programa previo aprobado para llevar adelante durante los próximos cinco años, y que constituye un compendio de conceptos (conceptos previos a su nombramiento como ministro) que tanto Almagro como cualquier otro compañero que desempeñe un cargo político debe tener en cuenta.
En el Frente Amplio trabajó una Comisión integrada por representantes de los sectores políticos y de las bases durante meses elaborando un documento programático que sirviera de esquema para discutir a lo largo de toda la estructura de la fuerza política. El documento bajó a los Comités de Base y fue analizado y enriquecido con la participación de al menos 20 mil compañeros. Luego, esos compañeros eligieron más de 2 mil delegados que participaron en el Congreso “Zelmar Michelini” y discutieron nuevamente hasta aprobar el programa definitivo con el cual la el Frente Amplio se presentó a las elecciones y resultó elegido para gobernar por otros cinco años. Ese Programa consta de varios capítulos que abordan diferentes temas, uno de los cuales se titula: URUGUAY INTEGRADO, en cuyo numeral tercero se tratan los ASPECTOS POLÍTICOS COMERCIALES. El punto 48 de ese numeral dice textualmente: “Un tratado de libre comercio en los términos y con las condiciones de los que EEUU ha firmado con Perú o ha propuesto a Colombia es incompatible con las necesidades y los objetivos del desarrollo nacional. Tales términos y condiciones, referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares.” Esos son los conceptos previos (preconceptos) que Almagro debe manejar en el tema en cuestión. Por otra parte, estas definiciones programáticas en este tema específico no son nuevas, sino que ya figuraban en el Programa emanado del Congreso “Héctor Rodríguez” del año 2003. Y decir que no se tienen preconceptos sobre los TLC, equivale a decir –una semana después de ser nombrado como ministro de un gobierno del Frente Amplio- que no tiene ningún problema en hacer exactamente lo contrario de lo que dice el Programa de la fuerza política que lo llevó a ese cargo.
PARA QUE…ME PREGUNTO
Pero Almagro agrega a continuación: “…yo no me puedo oponer a una negociación que puede ser la tabla de salvataje de muchos de los sectores estratégicos del país como el sector textil por ejemplo, pero sí tengo que tener en cuenta que por uno, dos o tres sectores desacomodo todo el resto”.
Y estamos de acuerdo, esa es una de las tantas razones por las que el Frente Amplio se opone a un TLC con los Estados Unidos. Lo que no se entiende muy bien, es por qué, si piensa en sintonía con el Programa del Frente Amplio –como es lógico, por otra parte- y si integra el gobierno del Frente Amplio, manifiesta que no tiene preconceptos acerca de los TLC. Entre otras cosas, sus declaraciones lograron el beneplácito de la secretaria de la Unión de Exportadores, Teresita Aishemberg (“Es positivo. Él está recibiendo el sentir de los exportadores…”, dijo Aishemberg), el rechazo del PIT-CNT (La central obrera “no dudará” al momento de movilizarse “por la unidad de América Latina” ya que para el PIT-CNT el rechazo al TLC con Estados Unidos es una “cuestión de principios”, evaluó Marcelo Abdala), y un malestar generalizado en la fuerza política (“Hoy no están planteadas las condiciones para que el Frente modifique su posición respecto del TLC con Estados Unidos. No hay ninguna revisión posible”, dijo por ejemplo Mónica Xavier). No es un muy buen comienzo, y sería buena cosa que la Mesa Política del FA tomara los recaudos necesarios para que estas cuestiones no se transformen en cosa de todos los días.
NO SUBIREMOS A ESE TREN
De haber triunfado la concepción de quienes querían firmar un TLC con los EEUU, hoy estaríamos fuera del Mercosur, con sus consecuencias a nivel económico (exportaciones, energía, infraestructura, etc.) y a nivel político (seguramente quedaríamos aislados del resto de América Latina, y ni que hablar que no podríamos ni soñar con los acuerdos con Venezuela que suponen inversiones millonarias en dólares (tal vez ALUR no sería una realidad, ni habría fondos para el Clínicas, ni habría empresas recuperadas, ANCAP todavía estaría perdiendo millones en Argentina, no tendríamos posibilidad de explorar en el Orinoco, ni hacer inversiones en la planta de cemento pórtland con las características beneficiosas que tenemos con Venezuela).
De haberse firmado el TLC, hoy tendríamos los medicamentos varias veces más caros por obra y gracia de los acuerdos en propiedad intelectual; posiblemente no estaría funcionando el Sistema Nacional Integrado de Salud por los acuerdos en el área del comercio de servicios; tal vez contaríamos con un sinnúmero de empresas medianas y pequeñas que habrían cerrado, ya que hoy obtienen buena parte de sus ingresos vendiéndole al Estado, y eso se vendría abajo con la apertura de ese sector a las empresas norteamericanas. Probablemente tendríamos algunas maquilas y se habrían generado unos cuantos puestos de trabajo con salarios miserables, mientras que se hubieran perdido unos cuántos más en las industrias paralelas.
Ah, si, claro, estaríamos pagando menos aranceles por la carne que vendiéramos a EEUU. Y probablemente las vacas estarían pastando en las tierras abandonadas por los arroceros fundidos por el arroz subsidiado de EEUU.
Los episodios que tuvo que vivir nuestra fuerza política para parar el proceso que nos llevaba directamente a la firma de un TLC con los Estados Unidos son algo que no se pueden repetir. Porque hay que saber que en un principio el propio Tabaré Vázquez se manifestó en contra de un TLC en más de una oportunidad. Recordemos por ejemplo lo que manifestara en Venezuela a principios de marzo de 2006: “El actual gobierno uruguayo no tiene, en carpeta o en agenda, la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, mientras recordaba, además, que el FA convirtió el programa de gobierno en “un compromiso ciudadano donde se deja claro que las relaciones comerciales actuales con las potencias del primer mundo, entre las que se encuentra Estados Unidos, no son las adecuadas para firmar ningún Tratado de Libre Comercio, ni mucho menos las idóneas para profundizar la propuesta de Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA)”. Ese compromiso ciudadano del que habló Tabaré en su momento es el concepto previo que debe seguir nuestro Canciller de la República.

jueves, 4 de marzo de 2010

JERARQUIZAR AL FRENTE AMPLIO

Un artículo de Constanza Moreira, en La República, señala que sobre José Mujica se ciernen quizás más expectativas de las esperables, “recordando que el gobierno de un país es algo más que un presidente… y…las limitaciones de la humana condición”. Señala también Constanza que en 2004 las expectativas estaban dirigidas al propio Frente Amplio, y su “estreno” en el gobierno, y que “ahora parece haberse producido una sutil pero definitiva traslación del peso de las mismas hacia el propio liderazgo de Mujica”. Y señala entre las razones para que esto suceda “el propio estancamiento en el dinamismo del Frente Amplio como partido (lo que) colaboró a colocar la esperanza de renovación más en el liderazgo que en las bases”.
Más adelante, la compañera Constanza analiza el significado de la política para la izquierda, señalando que: “La izquierda es hija de la creencia de que la soberanía radica en la voluntad “de todos” y no en la de unos pocos, por más que estos sean los más calificados. Sin la participación real de todos y cada uno de los ciudadanos en las decisiones que afectan nuestras vidas, no habrá política. Ni siquiera habrá vida pública, o sea, república, en sentido estricto. La política ejercida desde la izquierda entrañará siempre renuncia y traspaso de poder hacia la gente”. Sin embargo, señala como contradicciones en la propia izquierda “las decisiones de cúpula, las intrigas palaciegas, las posturas públicas generadas a cuarto cerrado e impuestas a miles y miles de militantes…”.
Mas allá de algunos matices (ya dijimos en nuestro artículo anterior que no todos pueden participar aunque quieran, ni todos quieren participar aunque puedan), compartimos el enfoque de Constanza. Creemos que ese desplazamiento de las expectativas desde la fuerza política hacia la personalidad de una figura determinada, es un hecho que está sucediendo, que no es bueno, que de alguna forma está siendo promovido (consciente o inconscientemente) por algunos compañeros dentro del Frente Amplio, y que merece una atención particular a efectos de que no se profundice. Pero no necesariamente esa traslación de las expectativas (de la fuerza política al líder) tiene por que ser definitiva; todo dependerá de si la fuerza política reconoce que ahí tiene un problema e intenta revertirlo.
CANDIDATOS ANTES QUE PROGRAMA
Una de las formas en que ese desplazamiento se promueve, es cuando desde diferentes medios de comunicación se comienza a promover determinadas figuras como candidatos, mucho antes de que la fuerza política haya siquiera comenzado a delinear la propuesta política que someterá a consideración de la ciudadanía. No vamos a profundizar en estas cuestiones, que ya han sido analizadas en varias ocasiones, pero si pondremos un ejemplo paradigmático, y por todos conocido. Por allá por noviembre de 2007, ya se comenzaban a manejar nombres de candidatos a la presidencia para nuestra fuerza política a través de la prensa. Faltaba casi un año para que el Frente Amplio comenzara a organizar su Congreso y a elaborar entre todos el programa, pero había compañeros que ya tenían sus candidatos y los promovían. Durante todo un año (2008), un día si y otro también aparecían en los medios nuevos nombres, que se proclamaban desde ya como precandidatos, hasta que llegamos al Congreso de diciembre con una resolución que habilitó la participación de “cinco” compañeros para postularse en las elecciones internas de junio. Al desgaste sufrido por el Frente Amplio durante todo ese año en el que no se hablaba de otra cosa que de nombres de posibles candidatos, se sumó desde ese momento hasta el mes de junio que el FA como tal, sus Comités de Base, estuvieron prácticamente inactivos, ya que la campaña corría por cuenta de los sectores que apoyaban a tal o cual candidato, y los frenteamplistas a secas la balconeaban. Hay cientos de ejemplos de cómo a través de la promoción de figuras, o de decisiones cupulares, se relega a un segundo plano a la fuerza política, pero no es el momento ni el lugar para plantearlas. De lo que se trata ahora es de ver como se puede revertir la situación.
LAS TAREAS DE LA HORA
La mejor forma de jerarquizar al Frente Amplio como la fuerza política llamada a profundizar los cambios (más allá de los individuos), es el trabajo unitario, codo a codo los frenteamplistas en la tarea de llevar nuestras propuestas al pueblo y de discutirlas “con” el pueblo. Y lo más inmediato ahora, es la campaña por las intendencias y los municipios. En aquellos lugares en donde se llegó a una candidatura común a la intendencia, esa tarea será mucho más fácil. En los lugares en que no, los compañeros sabrán desarrollar creativamente la labor unitaria que sea posible. Pero con las elecciones de alcaldías, tenemos la oportunidad nuevamente de demostrar que el Frente Amplio es una fuerza constructora de unidad en el seno del pueblo, y la forma más idónea es concurrir a esas elecciones con programas locales y candidatos comunes a alcaldes y concejales en las diferentes zonas. Es además una forma concreta de descentralizar también en los hechos las decisiones políticas, dejándola en manos de los frenteamplistas de cada lugar, que son quienes conocen a los referentes más idóneos para llevar a la consideración popular. Si eso no fuera posible, al menos habría que agotar los esfuerzos para ir con un candidato a alcalde común, y que cada sector marque su perfil a través de los candidatos a concejales. Ese proceso de unidad, además, no debería circunscribirse únicamente a los sectores, sino que necesariamente pasa por los organismos frenteamplistas locales (zonales, coordinadoras) que son los que permanentemente están en contacto con las organizaciones sociales y con los vecinos. Pero insistimos, la jerarquización del Frente como fuerza política se construye en la unidad de acción; unidad que no solo se debe dar en la presentación electoral, sino en el apoyo concreto al alcalde y/o concejales durante los cinco años de gestión y en el contacto constante con los vecinos en la promoción de la participación.
La otra tarea, que desde mi punto de vista está llamada a transformarse en el escenario de participación popular más importante, y por lo tanto en el mejor antídoto contra los personalismos y las decisiones cupulares que señala Constanza, es la de la Convención Nacional Constituyente. En el programa del Frente Amplio que aprobamos en el Congreso, establecimos que: “En esta etapa, la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno.” Esta Convención Nacional Constituyente debería transformarse, en la práctica, en un nuevo Congreso del Pueblo, donde la ciudadanía organizada pueda reunirse en asambleas para discutir la nueva Carta Magna. Allí deberán estar presentes los planteos de los pequeños productores, de los comerciantes y trabajadores, de los ciudadanos comunes y corrientes que quieran ser protagonistas de una nueva forma de ver el país y su futuro. Es la tarea más participativa y popular, en la que las individualidades no corren, en donde las figuras están ausentes, y en donde el verdadero protagonista será el pueblo organizado.

EL OPORTUNISMO POLÍTICO

Cuando salió a la luz pública la mentira de Sendic acerca del ya famoso célebre título adornado con medallas de oro, fuimos muchos los qu...