jueves, 10 de marzo de 2011

EL ZORRO EN EL GALLINERO


En un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa Nacional, el 22 de febrero, bajo el título: Rosadilla: "diálogo estratégico de Defensa con EEUU es importante para el país y la región", se dice lo siguiente: “El Ministro de Defensa, Luís Rosadilla, destacó la importancia estratégica que tiene el diálogo en materia de Defensa con los EEUU con la visita del sub. Secretario del Departamento de Defensa para asuntos hemisféricos, Frank Mora el próximo 16 de marzo. Consultado en rueda de prensa, sobre la visita de Frank Mora al Uruguay, dijo que es muy importante para el país, en un encuentro que está rodeado de toda la consideración necesaria, como se hace con todos las delegaciones que llegan a nuestro territorio, pero agregó que en este caso, se trata de un dialogo estratégico en materia de defensa con los EEUU. Sobre este punto añadió, que se trata de una contraparte ineludible para todos los países de la región, por el peso que en el mundo tiene en todos los ámbitos los EEUU y especialmente en materia de defensa.”
LA VISION DE LOS COMUNISTAS
En informes previos a nuestro Congreso, decíamos que estamos ante un período histórico de agudización de la lucha de clases, de confrontaciones entre Estados y enfrentamientos de índole económica en todo el mundo, cuya causa central es la agresividad inherente al imperialismo, agravada por la actual crisis.
El imperialismo yanqui y sus aliados –decíamos- persisten en sus planes de gendarmes del mundo como forma de resolver sus contradicciones, y la ofensiva norteamericana no desestima ninguna forma de agresión, a la hora de detener los avances en democracia y los intentos de soberanía nacional en cualquier parte del mundo.
El dominio de las zonas ricas en agua, hidrocarburos y biodiversidad es esencial en la estrategia de dominio imperial. Por ello no es casual el mantenimiento del control en Irak, el aumento de las tropas en Afganistán, que se busque controlar Pakistán mientras se amenaza a Irán, o que se ataque al gobierno de Chávez y se apoye al gobierno golpista de Honduras.
Obama, que tenía un discurso proclive al multilateralismo, al diálogo y a la negociación, a la vez que hablaba del retiro de las tropas de Irak, lo fue poco a poco abandonando. Envía más tropas a Afganistán, a Pakistán, sustituye algunos efectivos en Irak por mercenarios, instala bases en Colombia, reconoce al dictador hondureño mostrando su actitud imperialista.
El control de su “patio trasero” sigue siendo estratégico para EEUU, y las bases en Colombia y Panamá, Guantánamo, así como la base de hecho instalada en Haití cumplen el objetivo de controlar militarmente a Cuba y todos los procesos avanzados de América Latina de este siglo.
Las tácticas han ido variando, y tanto se utiliza la más antigua como el golpe de Estado (Venezuela, Honduras, Ecuador), como la financiación de la oposición (movimiento separatista en Bolivia, ahora damas de blanco en Cuba) o los procesos de desestabilización en Paraguay y la cooptación de dirigentes como Lucio Gutiérrez en Ecuador.
Tampoco se descartan las presiones económicas, y ante el fracaso del ALCA se intentaron acuerdos bilaterales como los TLC y sus sucedáneos, las ofensivas diplomáticas ni la agresión directa e indirecta (Comando Sur, maniobras UNITAS).
LA OPTICA DE UN NORTEAMERICANO
Según el New York Times, Noam Chomsky es "el intelectual, hoy, más importante del planeta". El año pasado, en la presentación de su último libro, en la sede de las Naciones Unidas, este destacado intelectual norteamericano decía por ejemplo que el gobierno de EEUU estaba dando por hecho que controlarían el petróleo de Oriente Medio: “no tienen dudas sobre esto, -decía Chomsky- y dependerá del control que ejerzan sobre el Atlántico, con las dictaduras en Africa y el hemisferio oeste. Esto será de lo que EEUU dependerá”. Y todos sabemos como le está yendo con las dictaduras que el imperio apoyaba en Africa.
Pero Chomsky agregaba además que lo que está pasando en América Latina amenaza esos planes, ya que por primera vez en su historia, desde la colonización española, se está moviendo hacia un grado de integración e independencia, “y los Estados Unidos están horrorizados” –dice Chomsky-.
“Si vemos el tema del petróleo –nos recuerda- el productor más grande de energía en el hemisferio es Venezuela. Los EEUU sacaron a los británicos de Venezuela cuando la era del petróleo empezó, porque sabían que Venezuela tenía inmensas reservas de petróleo. Y tuvieron que respaldar muchas dictaduras brutales, y Venezuela se convirtió en el año 1928, en el mayor exportador de petróleo en el mundo. Y como Venezuela va rumbo poco a poco a su independencia, EEUU está horrorizado. Y por eso toda esa histeria hacia Chàvez”. Clarito.
También nos recuerda Chomsky que el segundo productor de energía más importante en la zona es Bolivia, y que allí también se están moviendo hacia su independencia, como toda la zona hasta Argentina. Y luego agrega incluso algo sobre Cuba: “Más de 170000 latinoamericanos en los últimos años han sido tratados en hospitales cubanos bajo programas humanitarios de Cuba y Venezuela. Muchas personas ciegas en dependencias de EEUU están siendo mandadas a Cuba y regresan sanos (Chomsky está hablando de ese país que supuestamente ya no tiene nada para repartir). El gobierno de Venezuela no para de crecer en popularidad desde 1998, y dice Chomsky que “esto lleva a los EEUU a enfurecerse. Es por eso que tenemos esta clase de histeria por parte del gobierno de EEUU y de los medios de comunicación americanos acerca de las “cosas terribles” que pasan en Venezuela y Bolivia”.
“Los EEUU han usado dos mecanismos fundamentales para controlar América Latina: uno la violencia, y el otro, la estrangulación económica” dice el intelectual norteamericano. “La última vez que utilizaron la violencia fue en el 2002, cuando en su “promoción a la democracia”, los EEUU respaldaron un golpe militar para sacar del poder al gobierno electo de Venezuela”. Para Chomsky, esto no les dio resultado por la movilización popular en Venezuela y por la reacción de América Latina.
Pero luego Noam Chomsky nos advierte sobre algo muy serio: “Ahora los EEUU se están preparando para un mayor uso de la violencia, si miramos las bases militares estadounidenses en América Latina se están incrementando, al igual que el entrenamiento de oficiales latinos, y todo lo están haciendo muy inteligentemente. De hecho, actualmente hay más personal militar estadounidense en América Latina que personal de las organizaciones federales de ayuda. Esto no había pasado desde la guerra fría. Y también el entrenamiento militar de oficiales latinoamericanos está siendo cambiado del Departamento de Estado hacia el Pentágono”. Esto último lo explica Chomsky porque el Departamento de Estado está sujeto a controles (en materia de derechos humanos y democracia) que el Pentágono puede evadir sin problemas: “pueden hacer lo que quieran” –dice Chomsky-.
“Toda la región está rodeada de bases militares, y sospecho que habrá movimientos separatistas en Venezuela y Bolivia, y posiblemente en Irán. Entonces la opción militar no ha sido abandonada para nada”, comentó.
Hace un año atrás, el ministro de Defensa viajó a los Estados Unidos y estuvo reunido con este señor Frank Mora que ahora nos visitará, y a su regreso el portal Montevideo.com decía: “El ministro Rosadilla confirmó además que José Mujica analiza firmar un acuerdo de defensa con los Estados Unidos, tras participar en Washington de un encuentro con altos funcionarios del área”.

¿Estaremos por contratar al zorro para que cuide el gallinero?

jueves, 3 de marzo de 2011

EL DERECHO DE LAS VICTIMAS



El 15 de febrero la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió a los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y la Universidad de la Empresa, con el fin de recabar sus opiniones respecto del proyecto interpretativo de la ley de caducidad, que tiene media sanción.
UNIVERSIDAD CATOLICA
El primero en ser recibido fue el catedrático de la Universidad Católica, el Dr. Martín Risso, quien entre otras cosas dijo lo siguiente:
“En mi opinión, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue de amnistía,…Creo que lo que se menciona como interferencias del Poder Ejecutivo en la labor del Poder Judicial, en realidad son lo contrario a privilegios para los beneficiados por la Ley de Amnistía”.
Es decir, según la curiosa interpretación de este catedrático de Derecho Constitucional (que está formando a futuros profesionales) de la Universidad Católica, la ley de impunidad no solo fue una amnistía para los militares que cometieron crímenes aberrantes, sino que además fue una amnistía poco favorable para los mismos, ya que se interpone la interferencia del Poder Ejecutivo. Lo dice más claramente así: “Es decir que los amnistiados, en lugar de tener derecho a la amnistía directamente en la Ley, precisan de una declaración del Poder Ejecutivo; es al revés de cómo se plantea habitualmente”.
Reconozco que es lo más curioso que he escuchado hasta ahora acerca de la ley de impunidad. Es claro que la ley de impunidad tiene objetivos muy claros: evitar la condena de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, pero también eludir cualquier tipo de investigación sobre los hechos. Al contrario de lo que ocurrió en otros países, en donde se optó por la gracia, el indulto o la amnistía para quienes eran condenados por esos delitos, en nuestro país se optó por evitar hasta las propias investigaciones, y es por eso que no se trata de una amnistía, porque no se puede amnistiar un delito que no se ha investigado y un delincuente que no se sabe quien es. En todo caso, sería una ley de auto amnistía, ya que se trata de crímenes de Estado, para los cuales el propio Estado legisla amnistiándose a sí mismo, algo no solo aberrante sino expresamente prohibido por las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por lo cual, en caso de estar en lo cierto el Dr. Risso, la ley debería anularse también por esta razón.
Más adelante dice el Dr. Risso: “Volviendo al tema de la Ley de Caducidad, en mi opinión -por supuesto que es discutible- no es opuesta a la Constitución”. Contra el parecer de la Suprema Corte de Justicia, que por lo menos en los últimos 20 casos se ha pronunciado diciendo que la ley de impunidad es inconstitucional, el Dr. Risso dice que la ley es constitucional. No repara en que la misma viola, no uno, sino varios artículos de la Constitución, y ya desde su artículo 1°, al reconocer que la caducidad de la pretensión punitiva del Estado proviene de “la lógica de los hechos”, y no de la propia ley; es decir que antes de existir la ley ya existía un vínculo jurídico que establecía una caducidad. Que nos explique el Dr. Risso que parte de la Constitución admite esto.
Más adelante, el Dr. Risso –repito, catedrático de la Universidad Católica en Derecho Constitucional- nos dice lo siguiente respecto al art.2 del proyecto interpretativo de la ley de impunidad:“Creo que este es un artículo innovativo en el ordenamiento jurídico que, por supuesto, puede ser aprobado por el Parlamento, pero que genera un problema: el efecto retroactivo o, mejor dicho, el inconstitucional efecto retroactivo que puede tener esta ley”. Y luego agrega esto: “Y la innovación con efecto retroactivo en leyes penales más gravosas es contraria a la Constitución y también al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La inconstitucionalidad o la prohibición de retroactividad de estas normas está establecida en el artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”.
Y nos parece que el “innovativo” (si es que la palabreja existe; yo creía que se decía innovador) es el propio Dr. Risso, ya que la Constitución de la República no dice nada respecto a la retroactividad de las leyes. En nuestra Constitución no existe ningún artículo que determine la no retroactividad de las leyes, eso está en el Código Civil, pero el Dr. Risso, que es catedrático de Derecho Constitucional, y está preparando futuros abogados, parece no conocerla.
Por lo demás, lo que establece el artículo 9° de la Convención Americana y el Pacto de San José de Costa Rica, poco tiene que ver con lo que señala Risso. El mencionado artículo dice que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Y por cierto, los delitos por los que se pretende juzgar a estas alimañas ya eran delitos en ese momento, por lo tanto, el juzgarlos no afecta ese aspecto de la Convención. Luego sigue diciendo el artículo referido: “Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. Nadie aquí (ni en el proyecto interpretativo de la ley de impunidad ni en ningún otro proyecto que conozcamos) está hablando de aplicar penas más graves que las aplicables en la época en que esos delitos aberrantes fueron cometidos, de manera que este aspecto tampoco está en juego. Y por último el art.9 de la Convención dice que “Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Esa situación no se ha dado tampoco, ya que, con posterioridad a las salvajadas cometidas por estas bestias no hubo ninguna disminución de pena para esos delitos.
LA DE MONTEVIDEO
El segundo invitado fue el doctor Felipe Rotondo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo.
Este catedrático se refiere, en un pasaje de su intervención, al literal C) del artículo 3 del proyecto interpretativo, y dice lo siguiente: “…dejo de lado el tema de los delitos imprescriptibles. Es un asunto muy importante, y habría que analizar de donde surgen dichos delitos, si existieron (¿?), etcétera. Creo que acá claramente se están afectando los derechos de las personas. Así como hay derechos que se citan en el artículo 1º, también aquí existen derechos. Justamente, lo que importa en el sistema democrático es que defienda los derechos de todos, en este caso, respecto de quienes pudieron cometer estos delitos; aunque no nos guste, también tienen los derechos que el sistema jurídico otorga, tanto sea el internacional como el nacional. Aquí, partiendo de la base de que serían delitos prescribibles, se estaría determinando que no se compute determinado período, desde 1986 para acá -no existe el argumento del período de facto, etcétera- con lo que realmente se estaría afectando un derecho adquirido”.
Toda una tesis, como vemos. Nos queda la duda cuando el Dr. Dice que “habría que analizar si existieron esos delitos”, si es que realmente está dudando de que ocurrieron torturas, desapariciones, robo de bebés, asesinatos. Sería todo un caso para analizar, proviniendo de un universitario. Pero lo que surge de la exposición de este señor, es su preocupación porque se esté afectando el derecho de quienes hubieren cometido esos delitos, se estaría “afectando un derecho adquirido”, dice.
A nosotros no nos cabe duda de que los derechos existen para todos, y muchas veces hemos defendido los derechos humanos de los presos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es decir que todos tenemos derechos, incluidos los delincuentes, y muy otra es plantear que unos derechos son superiores a los otros. Cuando se vulnera los derechos humanos de las personas, lo primero es proteger a las víctimas, investigar, averiguar la verdad y administrar justicia. Todo eso en medio de la protección de los derechos que también tienen los violadores. Pero si una ley impide que haya verdad y justicia para con las víctimas, no se puede sostener que eliminar ese escollo es imposible porque se afectaría los derechos adquiridos de los delincuentes, porque de esa manera se estaría poniendo el derecho de estos últimos por sobre el de los primeros. Eso es desconocer la existencia de victimas de crímenes de Estado, con lo cual, no solo se vulnera el principio de igualdad y no discriminación frente a ellas sino que las victimiza nuevamente porque además de padecer injustamente el accionar criminal del Estado deben enfrentarse a nuevas trabas e impedimentos para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en el artículo 8º que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".
Tal vez llegará el día en que algunos juristas (sobre todo si son responsables de educar a futuros juristas) caigan en la cuenta de que las víctimas del delito han estado allí esperando se les auxilie, se les repare el daño y se les atienda con justicia resarciéndoles aunque sea parcialmente aquello que se les quitó, aquello que padecieron. Entonces tal vez caerán en la cuenta de que no se está creando una ley con efectos retroactivos, sino una ley que remueve los escollos que impiden proteger a las víctimas de los crímenes de Estado más aberrantes de nuestra historia.

EL OPORTUNISMO POLÍTICO

Cuando salió a la luz pública la mentira de Sendic acerca del ya famoso célebre título adornado con medallas de oro, fuimos muchos los qu...