jueves, 24 de mayo de 2018

NADA CAMBIÓ (publicado esta semana en Semanario VOCES)


CONSIGNA DE VOCES: 

¿NOS PUEDE AFECTAR LA DEBACLE ARGENTINA?
La situación en la vecina orilla es mirada con preocupación desde este lado del río. Siempre se dijo que si Argentina estornuda nuestro país se resfría. Sin ir más lejos está muy presente la crisis del 2002 que en gran medida se catalizó por la situación argentina. ¿Estamos en situación de dependencia de nuestros vecinos? ¿Cuánto influye la economía argentina en nuestro país hoy? ¿Se afectará el turismo? ¿Puede peligrar la inversión de argentinos en Uruguay? ¿Influirá políticamente lo que sucede en la otra orilla? ¿Hay similitudes ideológicas entre los actores políticos de la vecina orilla con los nuestros?


NADA CAMBIÓ


Es un hecho que las crisis o situaciones difíciles de los vecinos históricamente nos han afectado. La más reciente, fue la del 2002, que seguramente todos recordamos.
Si ahora se diera una de esas situaciones, lo que cabría esperar es que se volvieran a dar las mismas consecuencias que antes. Salvo que el país hubiera cambiado sustancialmente. Y cuando digo “cambiar sustancialmente”, me refiero a modificaciones de fondo, estructurales, al modelo existente previamente, y no gatopardistas.
¿Han existido esas transformaciones? Desde luego que no.
El Uruguay del 2018 es básicamente el mismo de 20 años atrás, en lo que tiene que ver con su estructura productiva. El país sigue siendo un productor de commodities, y la diferencia tal vez sea que ahora la economía está más primarizada que antes. El país sigue teniendo una grave concentración de los medios de producción, que hoy en día es cada vez mayor, sobre todo la de la tierra. Pero además de estar concentrada la propiedad, también se ha ido extranjerizando cada día más, lo que agrava los problemas.
En los últimos años ha habido avances en políticas sociales, pero no se avanzó ni medio centímetro en el sentido del desarrollo.
Cuando Luis Lacalle Pou habla de una “década perdida”, refiriéndose a los gobiernos progresistas, tiene un gran desconcierto en el balero. Porque desde el punto de vista de los intereses del capital (intereses que él defiende) no ha sido para nada una “década perdida”.
El ex presidente del BID, Enrique Iglesias (hombre del stablishment a quien Tabaré Vázquez le ofreció el ministerio de economía), lo tiene claro, y al respecto dijo: “No creo que pueda hablarse de una década perdida. Creo que el país hoy tiene bases más firmes para cambiar en la dirección que quiera darle la orientación política, pero tenemos fundamentos mucho más sólidos que nunca para avanzar”. Y lo tienen claro los organismos financieros internacionales como el FMI o el BM, para quienes Uruguay es un ejemplo.
Básicamente, los gobiernos progresistas han hecho las cosas que antes decían rechazar; hicieron lo mismo que hubiesen hecho gobiernos blancos o colorados, con ventajas extras: 1) una situación internacional favorable como pocas veces en la historia, 2) mayorías parlamentarias propias, 3) una masa de votantes y militantes que antes hubieran cuestionado duramente cada una de las medidas de gobierno si hubieran sido de otro partido, 4) un movimiento sindical afín que tampoco lo cuestiona (recién 13 años después el PIT-CNT acompaña un plebiscito), 5) el beneplácito del BM, del FMI y del BID, de las revistas top del capitalismo mundial como The Banker, etc.
Hoy tenemos entonces una economía más concentrada, primarizada y extranjerizada; además de un mayor endeudamiento, a lo que hay que sumarle los problemas de siempre: desempleo, inflación y déficit fiscal. De manera que una economía pequeña como la nuestra, dependiente de los vaivenes internacionales más que cualquier otra, sería un milagro que no se viese afectada por la crisis de los grandes vecinos.
Algo es seguro: las consecuencias las pagarán los de siempre. Y los ganadores serán los mismos.

                                                 José Luis Perera

miércoles, 18 de abril de 2018

CORPORATIVISMO RUIN


(publicado esta semana en Semanario VOCES).
Los partidos políticos padecen de un corporativismo muy ruin.
A diferencia de otros gremios, que no suelen atacarse unos a otros, los partidos lo hacen en forma habitual, atacándose mutuamente y en general olvidando que lo que critican en el otro es algo que también suele ocurrir en el seno propio.
En el caso del intendente Caram o la intendenta Adriana Peña, el partido Nacional cree que está siendo discriminado, ya que no se trata la contratación del hermano del presidente, Jorge Vázquez.
No sabemos si lo que quieren es que se traten ambos casos o más bien ninguno, ya que defienden la contratación de familiares (igual que los otros partidos).
La senadora oficialista Constanza Moreira dijo cuando se discutía el caso ANCAP: “...una cosa es tener una discusión política y otra llevarte a los tribunales. Ahí hay una jugada de la oposición distinta, ir a la denuncia penal. Eso empantana todo y todo eso va generando un desgaste de todas las instituciones políticas frente a la opinión pública”.
Una memoria corta y un doble rasero, porque cuando gobernaba este país Jorge Batlle, se formó una comisión investigadora, casualmente por las pérdidas que estaba teniendo esa misma empresa. Y así como ahora el oficialismo critica y desprecia las comisiones investigadoras diciendo por ejemplo ...más que perseguir la verdad, eran y son usados como instrumentos de operaciones políticas” (Mujica), en aquel entonces decía por ejemplo Fernández Huidobro en una entrevista radial: Cuando se dice a veces que las investigadoras no sirven para nada, en este caso el trabajo de un año de la Comisión Investigadora del Senado terminó con conclusiones bien claras, con un conjunto enorme de datos investigados”.
Pero bien, esto si se quiere es anecdótico, es tratar de que la ciudadanía crea que “nosotros somos los buenos y siempre lo fuimos y los otros son los malos; es parte del juego político que los ciudadanos conocen. Lo más grave fue la defensa hecha por Constanza en lo que se refiere a Sendic y su falso título de Licenciado con medallas de oro, por sus característica cuasi mafiosa. Dijo Constanza Moreira: “No sé qué pasa con los títulos, pero es como una estrategia también de descalificación moral del otro. Lo único que le cabe al Frente Amplio es respaldar a su vicepresidente. Está pasando una situación difícil y el Frente Amplio tiene que respaldarlo, nada más, punto....tenés que respaldarlo porque sos un partido político y los partidos tienen que respaldar a los suyos. Esa me parece que debió ser la actitud".
Tal como sucede en las organizaciones mafiosas, lo importante es la familia. Los mafiosos tienen que respaldar a los suyos. Argumento que también sirve para respaldar a un corrupto brasileño o de cualquier otro país si es “de los suyos”.
Estos/as señores/as, suelen enfadarse de gran manera contra lo que denominan “corporativismos”. Sobre todo cuando se trata de sindicatos reclamando sus derechos y mejores condiciones de trabajo y de vida. Pero cuando se trata de defender sus propios intereses como corporación que son, le dan una calurosa bienvenida al corporativismo más abyecto, el de los poderosos impunes.
Lo más grave no es eso. Lo grave es que el pueblo olvida fácilmente, y a “la hora de las urnas” perdona, y en lugar de castigar premia.

miércoles, 21 de marzo de 2018

SIN VOLUNTAD NO HAY NADA (mi artículo de esta semana en VOCES)


El problema de la vivienda tiene sin dudas un componente económico, pero no se debe olvidar ni por un instante que es fundamentalmente y por sobre todo un problema social. Esto significa que para resolverlo se necesitan recursos (financieros, materiales, humanos), pero lo primordial es la voluntad política para resolverlo. Si no hay esto último, lo demás no sirve de nada.
Es un derecho humano fundamental, consagrado en el art.25 de la Declaración Universal, y como surge del propio texto, si se brindara a los ciudadanos un nivel de vida adecuado, esto le aseguraría derechos como a la salud y la vivienda: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure [a ella], así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial [...] la vivienda." .
Como todo modelo en el que el mercado es el que manda, el mercado de la vivienda en nuestro país, atiende a los segmentos de población que tienen ingresos suficientes para comprar una vivienda propia. los de altos ingresos escogen si se hacen una mansión, compran una vivienda o un apartamento ya hecho, que satisfaga sus gustos y preferencias o alquilan, si sus cálculos financieros así se lo aconsejan. Los sectores de ingresos medios tienen menos opciones, pero tienen la opción de comprar una casa, construir una vivienda en el terreno comprado anteriormente o bien un apartamento accesible a su presupuesto. El caso de los segmentos de ingresos bajos, conocidos como sectores populares, es mucho más complejo. Aquí el problema central es la falta de ingresos suficientes para poder adquirir una vivienda, para refaccionar la que se tiene o siquiera alquilar. Y cuando de alguna forma logran acceder a ella, en algún momento dejan de pagar, porque lo que no tienen es un nivel de vida adecuado (más de la mitad de los trabajadores uruguayos ganan un salario absolutamente insuficiente).
Los requerimientos de vivienda expresados en el déficit habitacional son consecuencia de una situación de pobreza y exclusión que afecta a amplios sectores de la población. La exclusión consiste en insuficiencia de empleo adecuado y estable, falta de acceso a créditos, etc. De ahí que la primera expresión de voluntad política en estos temas es una mejor distribución de la riqueza. Pero también el apoyo real a los planes concretos.
Cuando un presidente (Mujica) plantea como buque insignia de su gobierno la construcción de viviendas a través del Plan Juntos, y destina una miseria en el presupuesto para hacerlo, promete construir 4 mil viviendas en cinco años (cuando el déficit es de más de 50 mil), pero apenas construye mil, entonces podemos evaluar en su justa dimensión cuál es la voluntad de solucionar el problema.
El plan contó para ese quinquenio con un presupuesto total de $ 1.330 millones, de los cuales el 70% (poco más de 30 millones de dólares) corresponde a ingresos presupuestales y el resto a donaciones, reintegros y convenios. Al Antel Arena de destinaron tres veces más recursos que para la construcción de viviendas, 80 millones de dólares y seguramente terminará saliendo unos 100 millones.
Si algo quedó demostrado con el proyecto de vivienda popular que se votara por estos días en el Parlamento, es que la voluntad política del gobierno para solucionar este problema es igual a cero. Si el defecto del proyecto es que no tiene un financiamiento, si habrá tenido tiempo el oficialismo en casi tres años que llevó su tratamiento para proponer formas de financiarlo!!

jueves, 1 de marzo de 2018

PLEBEYO

(Aparecido esta semana en Semanario VOCES)
Tres intendentes del Partido Nacional (Pablo Caram, Enrique Antía y Fernando Echevarría) y un senador del mismo pelo (Álvaro Delgado) se benefician explotando tierras propiedad del Estado que les adjudicó el Instituto Nacional de Colonización. Por el privilegio pagan una renta diferencial que no llega al precio del mercado. Esta situación contradice el espíritu del legislador que creó el INC con la ley N° 11.029: el objetivo del Instituto era, como dice su actual presidenta, Jacqueline Gómez: “privilegiar a los más infelices, a los sectores más vulnerables del medio rural”[1]. Desde 1948 a esta parte se ha hablado mucho y se ha avanzado demasiado poco hacia la meta. Ni Vázquez, ni Mujica, ni el Frente Amplio intentaron poner fin al beneficio socialmente injusto del gozan esas cuatro personas.
Al amparo de la ley N° 18.381 de acceso a la información pública, la revista ‘Campo’[2] solicitó algunos datos sobre las relaciones de estos falsos colonos con el Instituto. Jacqueline Gómez entregó los padrones de los inmuebles, el nombre de las colonias que integran, su superficie y la renta que pagan, pero, sin dudar un instante, se negó a divulgar información sobre la identidad de los privilegiados, apoyándose en base a la ley de protección de datos personales. Es decir, se cuidó de no agraviar los derechos de cuatro notorios dirigentes partidarios. No es preciso aclarar que su actitud fue exactamente la contraria en el archiconocido caso de Gabriel Arrieta. La página de presidencia y Jacqueline se ensañaron con el colono para desacreditarlo. Como los jueces de fútbol, Jacqueline Gómez castiga al chico con el penal que no cobra a los cuadros grandes.
El contexto
No sería leal ensañarse con la presidenta del Instituto de Colonización, ella navega con el cardumen, la comprenden las generales de la ley en el contexto de la subjetividad creada por la defección del Frente Amplio en general y del Movimiento de Participación Popular en particular.
Los frenteamplistas llegaron al gobierno acariciando la promesa del Uruguay Productivo, esperando que se pondría fin a la subordinación a los capitales extranjeros y a la tragedia de los niños que comían pasto. Ya sentían temblar las raíces del neoliberalismo y que, por Verdad y Justicia, los criminales del terrorismo de Estado pagarían sus culpas condenados por los tribunales penales. Envueltos por la misma marea, los militantes del MPP soñaban con privilegiar a los infelices, facilitar su acceso a la tierra y colocar el punto final al proceso de extranjerización de la propiedad de nuestras fértiles y onduladas praderas.  
Trece años más tarde, disciplinaditos en sus sillas playeras, los feligreses -incluyendo a los emepepistas- se alegran porque las calificadoras de riesgo premian al Uruguay por lo bien que alimentan la rentabilidad de los fondos acreedores. Adormecidos por la monotonía de los discursos, se enorgullecen de la instalación de una nueva fábrica de celulosa, inversión que se amortizará rápidamente y luego será medio siglo de ganancias. Festejan alborozados las cifras de producción de soja transgénica, sin analizar las de importación y del uso de agrotóxicos prohibidos en varios países. Toleran que el Uruguay Productivo sea el del capital extranjero, no el prometido sino el que condena el país a productor de materias primas, expulsa la gente del campo y contamina nuestras tierras, nuestras aguas y nuestro aire. Ceden a los requerimientos de UPM y de las corporaciones transnacionales, del mismo modo que soportan las presiones de Rex Tillerson -que ni siquiera se dignó a pasar por Uruguay- y levantan la mano obediente en la OEA, en el calentamiento previo a la intervención directa en Venezuela.  
Trece años después, aumentó el PBI macroeconómico, pero decreció el PBI familiar del millón de uruguayos cuyos salarios y jubilaciones no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Trece años después los niños siguen comiendo basura en la periferia de la ciudad, las tres cuartas partes no terminan secundaria y, víctimas de los valores que estimulan la adicción al consumo, demasiados de ellos corren el riesgo de cometer el crimen más horrendo y… ¡trece años después el 99% de los acusados por delitos de lesa humanidad gozan del olvido y el perdón, de impunidad para espiar, infiltrarse y conspirar al aire libre! La misma impunidad con que el poder judicial -escudado lo costoso de una pericia contable- protege a los sospechosos de derrochar los fondos públicos administrados por ALUR.
¡Qué culpa tiene Jacqueline que sólo marcha detrás de Momo!
Disconformidad
La experiencia de trece años contradijo aquella esperanza inicial en los dioses virtuosos que se adoraban antaño y la mayor parte de los electores sienten que les robaron expectativas e ilusiones. La dualidad y el doble discurso fueron un terrible gancho de derecha a la confianza ciega, agotaron el tiempo de las certezas, de cuando los votantes de Tabaré y Mujica elegían diputados y senadores que no conocían. Un ciclo de desencanto siguió al del dedito para arriba y la carita sonriente, con el impulso vino el freno dijera don Carlos Real de Azúa. Hoy predominan sentimientos de mucha disconformidad y descreimiento, de desconfianza generalizada.
Despilfarro de los fondos públicos, uso abusivo de las tarjetas corporativas y fraude con falsas licenciaturas, la enorme mayoría de los votantes se dieron cuenta de haber sido víctimas de engaño y demagogia. El vaso se derramó al descubrir que, por designación directa, se llenaron con familiares, consuegros, novias y amigos partidarios los huecos vacíos en los casilleros del Estado. ¡Frenteamplistas practicando el clientelismo que denunciaron durante treinta años! El descrédito nubla la vista … el horizonte frenteamplista dejó de estar pintado con utopías. Salvo los feligreses más crédulos, la gente no sabe dónde ir.
En este contexto de protesta latente, cristalizó en la ‘autoconvocatoria’ por WhatsApp. Una abigarrada montonera de mujeres y hombres propietarios y no propietarios de campos o de empresas de diverso rubro, periodistas y camioneros, muchos técnicos profesionales y pocos asalariados. La consigna ‘un solo Uruguay’ no puede disimular la presencia de varios Uruguay dentro del movimiento.
¿Qué tienen en común? Las diez mochilas planteadas por el agrónomo Eduardo Blasina no alcanzan a ser un programa económico y social y, mucho menos, un proyecto de país. Además, como saldrían a la superficie profundas diferencias y se producirán grandes divorcios, la montonera no puede definirse a favor o en contra del modelo depredador y dependiente que impulsa el astorismo. Al parecer los amalgama un sentimiento muy fuerte de desengaño, disconformidad y desconfianza que logra que caminen juntos intereses tan encontrados como el de los productores familiares y los asociados a ANDEBU. Mas que un ‘solo Uruguay’ son el movimiento de ‘una sola disconformidad’. Al parecer los carcome la duda entre movilizarse y negociar, como el resto de los uruguayos han demostrado que tampoco saben muy bien qué hacer.
En medio del barullo se sumó la Mesa de los Colonos. Fueron para dejar de ser invisibles, para denunciar el capricho arbitrario de un Instituto congénitamente incapaz de resolver la cuestión de tierra para el que quiere trabajarla. Al cobrarle una renta que supera los cien dólares por hectáreas, el INC coloca al colono pobre y su familia en un brete, porque reciben el predio, pero no pueden competir con quienes son propietarios de una chacra. También fueron a buscar soluciones para los desalojos a los colonos más empobrecidos. Aun cuando es mucho el entrevero social y político, a los colonos los ladearon a un costado.
 El señor presidente
El gobierno se propone evitar que los ‘autoconvocados’ extiendan y profundicen la movilización, dividirlos y desgastarlos en las ‘mesas de trabajo’ y, en el marco de esa estrategia, intentó sacarle jugo a las medidas que estaba encargado de anunciar el ministro Benech. Con el paquete de dádivas bajo el brazo, el señor presidente puso en práctica el recurso de bajar al llano, que varias veces ha contribuido a fortalecer su imagen electoral, por ejemplo, con los ‘cincuentones’. Sin embargo, esa forma de demagogia disimulada funciona cuando el entorno está conforme y entusiasmado, pero parece poco aconsejable cuando el medio ambiente está atravesado por la disconformidad. La democracia representativa sólo es válida mientras cuenta con el consentimiento del conjunto que representa.   
Nadie escapa al contexto, ni siquiera un presidente de la república respaldado por la mayoría electoral y, por consiguiente, a Tabaré le salió el tiro por la culata. Tal vez pensó mantener la ecuanimidad, pero no pudo. Iracundo, entró en la marabunta callejera. Dejó una imagen contradictoria, por un lado, la de un dios que bajó a la tierra para dejar satisfecha su clientela electoral, pero, a la vez, al alejarse del reino de los cielos, dejó de ser el dueño de las doce tablas y mostró su veta de ser humano vulgar, la misma que lucen los muchas de la esquina en La Teja.
Algunos colonos del Instituto -por supuesto no son intendentes ni senadores- vienen consumiendo sus energías y su paciencia en el esfuerzo por construir una Mesa que los agrupe y represente. Hasta ahora sus reivindicaciones han sido ignoradas por la central sindical, los partidos políticos y el gobierno y, además, invisibilizadas por los medios de comunicación. Gabriel Arrieta venía, junto con Mario Thedy, presidente de la Mesa, a plantear humildemente sus urgencias, pero los autoconvocados los excluyeron de la autoconvocatoria y no les permitieron entrar el Ministerio, agregando algunos gramos más de hiel al sabor amargo del desgaste militante.
Gabriel Arrieta tampoco pudo escapar al contexto. Indignado desde hace mucho tiempo con la práctica políticamente correcta y el discurso por izquierda para favorecer el desarrollo del capitalismo. Pertenece a la tradición de Rolan Rojas, miembro del comité central de la juventud comunista, que, en 1965, irritado por los bombardeos a Vietnam y el bloqueo a Cuba, escupió el rostro de Dean Rusk, secretario de Estado de los EEUU. Arrieta perdió los estribos, le ocurrió lo mismo que al presidente de la república y casi echa a perder años de trabajosa lucha social con sus compañeros de la Mesa, pero ¿cómo exigirle buenos modales a quien lleva diez años viviendo en un ómnibus descangallado, con su familia y en medio de la nada? No es moco de pavo indignarse antes diez ‘patovicas’ con un señor que representa ese Estado ante el que enseñan a hincar la rodilla desde el vientre materno.
En otros momentos históricos, Arrieta se hubiera colocado un gorro frigio en la cabeza y, pica en mano, se habría sumado a aquella multitud que guillotinó reyes y hoy concita reverente admiración en los liberales burgueses. O, en otras condiciones, hubiera formado parte de la partida de Encarnación Benítez, que expropió latifundios bastante antes que Artigas promulgara el Reglamento de Tierras. ¿Serán mujeres y hombres con este carácter y estas actitudes los que nutrirán la fuerza social altamente ideologizada que, algún día, luchará por la revolución social? No lo sé, pero se puede afirmar que esa lucha no la darán los militantes adocenados, fabricados en serie para ser operadores de alianzas electoralistas de variada especie.
El frenteamplista no tolera la crítica y mucho menos que traten de mentiroso a su caudillo mayor. Votómetro en mano, le busca la quinta pata al gato y cree ver manos negras -o, más bien, blancas- tras el alboroto de los disconformes. No percibe lo peligroso que puede ser adjudicar al Partido Nacional la capacidad de mover los hilos de la movilización social. Le regala una virtud de la cual carece. Por otra parte, de tanto desafiarlos a verse en las urnas, la cortedad de miras terminará empujando buena parte de la montonera hacia el molino de Lacalle Pou.   
La institucionalidad
El señor presidente llama a confiar en la institucionalidad. Lo mismo hacen la Lucía y el Pepe. Sin embargo, aún despeinado, Tabaré es más creíble, porque el popular matrimonio no hace tanto que empuñó armas para derribar las mismas instituciones que ahora alaban, paradigma de revolucionarios convertidos en demócratas burgueses.
Ahora bien, ¿por qué confiar en las instituciones? ¿no son las mismas que esconden la brecha entre el que nada tiene y el dueño de todo? ¿no son el instrumento de las corporaciones extranjeras para adueñarse del territorio, de sus industrias, finanzas y de las mentalidades? ¿no son las que funcionan en base al clientelismo y el acomodo? Lo lamento, será cosa de viejo irredento, pero así funciona la democracia electoral y parlamentaria. El sistema necesita de la mentira y la demagogia como del aire que respira. Si el señor presidente puede utilizarlas para vengarse despiadadamente de un plebeyo sin-poder, ¿por qué confiar en las instituciones?
¿Cómo confiar en partidos políticos que se alternan para disfrutar del acomodo y del uso abusivo de sus prerrogativas? ¿Cómo confiar en un Instituto que protege privilegiados y desaloja colonos que quieren trabajar la tierra? Utópico es creer que la justicia social y el poder popular se pueden alcanzar transitando los caminos electorales y parlamentarios, cuando ellos, precisamente, son el truco de magia conque la clase dominante pacifica espíritus y doma disidencias.  
¡Ser respetuoso de la investidura presidencial! ¿Qué? ¿Es un manto sagrado? ¿Por qué respetar investiduras que los investidos usan para hacer sentir que su poder es ilimitado? El respeto no se gana con cifras y estadísticas que sirven para un barrido o un fregado, sino con la coherencia entre los hechos y el horizonte imaginario que se cultivó en las campañas electorales. El respeto a la investidura que se exige a Gabriel Arrieta apenas es un recurso ideológico para domesticar los otros baguales que puedan surgir por ahí. La presidencia ha perdido la mayúscula que tuvo en el 2005.
Es cierto, como se informa en la página de presidencia, Gabriel Arrieta ocupó un baldío propiedad de los ladrones del Banco de Créditos y debe renta al Instituto ¿ello lo obliga a inclinar la testuz? Corremos el riesgo de condenar al hereje para no cuestionar cómo se ejerce el poder desde la institucionalidad.
Jorge Zabalza

miércoles, 14 de febrero de 2018

DESCONFIANZA


(Publicado esta semana en Semanario VOCES)

Hay un juego que suelen hacer algunos periodistas con sus entrevistados, en el cual le preguntan a quién salvarían en la hipótesis de que fueran en un bote que se está hundiendo. Más allá de lo interesante de pensar en quién salvar, en el fondo se esconde una cuestión muy clara: es natural y lógico que intentemos “salvar” (proteger, darle un buen empleo, etc.) a aquel con quien tenemos mayor afinidad, generalmente a los familiares más cercanos, pero también a los amigos más íntimos. Casi podría decirse que está en la naturaleza humana.
El tema es que esa decisión es absolutamente arbitraria. Cuando permitimos que alguien con poder, decida por sí y ante sí a quien puede favorecer, estamos consagrando la arbitrariedad, y pisoteando los derechos de otros.
De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el numeral 2 del artículo 21 que "Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". De manera que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de la oportunidad de competir justamente por un cargo público.
Y el fondo del asunto es ese: no hay que prohibir la entrada de familiares de los jerarcas a la función pública (eso también sería arbitrario), sino prohibir su acceso de forma digitada. Esto es, que todos los cargos en el Estado sean llenados por concurso. De lo contrario, se puede prohibir el ingreso de familiares pero seguirán ingresando amigos y correligionarios, con lo cual la arbitrariedad seguirá tan campante.
El problema de fondo, son los cargos de confianza; si mañana mediante un decreto o de una ley se prohibiera que los ministros o directores de entes nombraran a familiares en cargos públicos, seguramente nombrarán a sus amigos y amigas, lo cual además será más difícil de controlar que el lazo de parentesco.
Si lo que se quiere evitar es la violación de un derecho, el de gozar de igualdad de condiciones de acceso a los cargos, lo que se debería prohibir es la existencia de cargos de confianza.
Si soy el dueño de una empresa o un comercio, y contrato a alguien de mi confianza para cierto cargo, estoy en todo mi derecho, porque es mi negocio; pero quien está al frente de un organismo o empresa estatal, es un administrador a sueldo contratado por la ciudadanía, y quien él contrate no tiene por qué ser de su confianza, sino de la nuestra (nosotros, ciudadanos). Y la confianza de los ciudadanos está dada por concursos organizados con claridad y transparencia en igualdad de condiciones para todos.
Si el seleccionado, por su idoneidad, resulta ser un familiar o el amigo de un jerarca, se habrá ganado su lugar con todas las garantías y sin violar ningún derecho.
Porque los ciudadanos ya depositan demasiada confianza en quienes eligen, como para confiar además en una pléyade de funcionarios, que por gozar de la confianza de jerarcas que nadie eligió, terminan usufructuando de los dineros públicos como una especie de casta por encima de la plebe. A lo que frecuentemente se agrega la corrupción lisa y llana, como el conocido caso de un jerarca del ministerio del interior que contrató a su hermana como psicóloga cuando no tenía título alguno.


martes, 28 de noviembre de 2017

CUARTA REVOLUCIÓN CON INVERSIÓN DE CUARTA

En el marco de la Semana de la Industria 2017, la ministra Carolina Cosse, se refirió a lo que calificó de “continuación de la cuarta revolución industrial”. “La industria tradicional no es más el motor del cambio tecnológico” -dijo- y aseguró que en Uruguay “estamos preparando los industriales del mañana y del pasado mañana”, en rubros como inteligencia artificial, biotecnología, electrónica y química, los cuales, aseguró, han “invadido” la actividad industrial del mundo.
Para saber de qué estamos hablando, preguntémonos: qué es la cuarta revolución industrial?
Así como a fines del siglo XVII el meollo de la cuestión fue la máquina a vapor, esta vez le toca el turno a los robots integrados en sistemas ciberfísicos; ellos serán los responsables de una transformación radical a la que los economistas le han dado el nombre de “cuarta revolución industrial”.
Es la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, y anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos. "Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes", vaticina Klaus Schwab, autor del libro "La cuarta revolución industrial", publicado este año. 
La manufactura, tal como la conocemos, cambiará de un modo radical y, con ella, el mundo del empleo. Los "nuevos poderes" del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y las neurotecnologías, dos áreas que parecen extrañas y lejanas para el ciudadano de a pie.
Los cambios impactarán además en cómo somos y nos relacionamos: la revolución afectará "el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la desigualdad en el ingreso" y sus coletazos impactarán la seguridad geopolítica y los marcos éticos.
La primera revolución industrial permitió pasar a la producción mecanizada, gracias a novedades como el motor a vapor. Para la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones.
Ahora, el cuarto giro trae consigo una tendencia a la automatización total de la manufactura. De hecho, su nombre proviene de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde 2013 para llevar su producción a una total independencia de la mano de obra humana.
La automatización corre por cuenta de sistemas ciberfísicos, hechos posibles por el internet de la cosas y el cloud computing o nube.
Los sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria física y tangible con procesos digitales, son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar -entre ellos y con los humanos- mediante el internet de las cosas.
Lo que veremos, dicen los teóricos, es una "fábrica inteligente". Verdaderamente inteligente. El principio básico es que las empresas podrán crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas, a lo largo de toda la cadena de valor.
"El futuro del empleo estará hecho de trabajos que no existen, en industrias que usan tecnologías nuevas, en condiciones planetarias que ningún ser humano jamás ha experimentado", resume David Ritter, CEO de Greenpeace Australia/Pacífico, en una columna sobre la cuarta revolución para el diario británico The Guardian.
DE VERDAD CAROLINA?
Sin embargo, en una carta abierta al presidente Vázquez, firmada por un grupo de investigadores (*) se plantea lo siguiente: 
La firma en Agosto de 2014 de un acuerdo entre los candidatos de todos los partidos y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay generó un espacio de esperanza entre los investigadores. Esperanza del reforzamiento de los instrumentos generados y de la aparición de otros que subsanaran los efectos del estancamiento, asegurando un horizonte previsible para el desarrollo de las actividades de los investigadores. En estos documentos se planteaba, concretamente, arribar a un 1 % del PBI en inversión en Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, nada de esto ocurrió. Por el contrario y contra el acuerdo mencionado, la inversión en CyT no pasó de 0,4 % del PBI. Los países que apuestan al desarrollo Científico-Tecnológico de tamaños comparables al Uruguay, invierten entre un 2 % y un 4 % de su PBI".
Y uno se pregunta: ¿es posible plantear que “estamos preparando los industriales del mañana y del pasado mañana, en rubros como inteligencia artificial, biotecnología, electrónica y química” como dice la ministra Cosse, cuando se niegan los recursos para la investigación en ciencia y tecnología a la que se comprometieron todos los partidos, pero en especial el partido de gobierno?
¿Es posible hablar en términos tan ambiciosos en un un país que dedica el 0,4% del PBI a la investigación en ciencia y tecnología, mientras destina mil millones de dólares a cumplir con las exigencias de una empresa extranjera que producirá comodities, como lo es UPM? O qué dedica casi el 2% del PBI a defensa?
¿Cómo se insertaría un pequeño país subdesarrollado en este mundo de alta tecnología cuando se viene regateando por un 6% del presupuesto para la educación (nada menos que para la educación) desde hace más de una década, mientras invierte el 8% en defensa? Con una educación que -de más está decirlo- se viene deteriorando a pasos agigantados sin que nadie atine a hacer nada que no sea hablar de ello, o a perorar con latiguillos como “educación, educación, educación”.
La carta abierta de los investigadores alerta sobre esta situación y dice que “amenaza con hacer retroceder de forma importante los avances logrados en los últimos años” en materia de “consolidación de grupos de investigación” y “retención en el país de jóvenes investigadores”.
No es posible insertarse en una revolución de estas características con inversiones de cuarta, y con un proyecto de país basado en el agronegocio y en el sometimiento a los mandatos de empresas extranjeras.
José Luis Perera
(*) Carta Abierta de los Investigadores al Presidente Dr. Tabaré Vázquez
Estimado Sr. Presidente, Dr. Tabaré Vázquez.  
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, investigadores de diversas áreas del conocimiento, queremos hacer notar a usted y a la población en general, la complicada situación que atraviesa la Investigación Científica en nuestro país, producto de las decisiones presupuestales del Gobierno y de gestión de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. La situación a la que hacemos referencia amenaza con hacer retroceder de forma importante los avances logrados en los últimos años, en lo que refiere a la consolidación de grupos de investigación y la retención en el país de jóvenes investigadores.
Desde hace un tiempo se sabe en el mundo que la experticia cientìfica no se logra de un día para el otro, que mantenerla y mejorarla precisa de esfuerzos sostenidos, políticas claras y consensuadas, que apunten al mantenimiento de la diversidad y la calidad. Es también claro que un desarrollo científico potente, sin ser suficiente, es necesario para garantizar el establecimiento de sistemas de Innovación basada en la Ciencia y la Tecnología.
Nuestro país ha decidido en repetidas ocasiones avanzar por este camino. Lo que inicialmente fue un impulso de los académicos uruguayos, a través de la Universidad de la República y del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, fue paulatinamente incorporado como una política de Estado, con hitos como el establecimiento del Sistema de Investigadores, la creación de la ANII y el Gabinete de la Innovación.
A modo de ejemplo, el Sistema Nacional de investigadores, creado en 2006, es un sistema de calificación que otorga un incentivo económico a los investigadores que lo integran. Para ingresar y permanecer en el sistema es necesario alcanzar un alto grado de formación, demostrar una producción científica sostenida, la dirección de proyectos y la formación de recursos humanos para la investigación. Lo que ha hecho la comunidad científica es responder al instrumento, incrementando su formación y su productividad, tanto en el diseño y dirección de proyectos, así como en la formación de recursos humanos y la publicación de los resultados de la investigación. Esto ha sucedido en todas las áreas del conocimiento, constituyendo una importante base sobre la que sustentar procesos de desarrollo en todas las dimensiones que el país entienda conveniente.
Luego del fuerte impulso inicial, la política nacional de Ciencia Tecnología e Innovación se volvió impredecible y sus mecanismos cada vez más tortuosos. Aún peor, esto se acompañó del congelamiento de los fondos en pesos corrientes y la división de esos fondos en un sinnúmero de instrumentos parcelados que imponen la fragmentación y multiplicación de los esfuerzos para conseguir financiamiento. La más de las veces esos esfuerzos terminan en convocatorias en las que solo una pequeña parte de los proyectos es financiada.
La firma en Agosto de 2014 de un acuerdo entre los candidatos de todos los partidos y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay generó un espacio de esperanza entre los investigadores. Esperanza del reforzamiento de los instrumentos generados y de la aparición de otros que subsanaran los efectos del estancamiento, asegurando un horizonte previsible para el desarrollo de las actividades de los investigadores. En estos documentos se planteaba, concretamente, arribar a un 1 % del PBI en inversión en Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, nada de esto ocurrió. Por el contrario y contra el acuerdo mencionado, la inversión en CyT no pasó de 0,4 % del PBI. Los países que apuestan al desarrollo Científico-Tecnológico de tamaños comparables al Uruguay, invierten entre un 2 % y un 4 % de su PBI.
Esto tiene consecuencias muy negativas y muy concretas. Si los investigadores actuales somos cada vez más eficientes en formar recursos humanos, pero estos no tienen inserción ni fondos para trabajar, es claro que lo que va a pasar, lo que ya está pasando, es la exportación de investigadores en los que el país ha invertido una gran cantidad de recursos. Estamos montados sobre una maquinaria perversa que impulsa a formar más investigadores pero no prevé ningún mecanismo de retención y financiación de su trabajo.
Al estancamiento presupuestal hay que sumarle la política de la ANII. Su presidente, el Ingeniero Brum, ha sostenido repetidamente que la ANII no toma decisiones políticas. Eso no es cierto. A modo de ejemplo, el Fondo Clemente Estable, uno de los más importantes instrumentos de apoyo a la investigación fundamental, pasó de financiar proyectos por algo más de 56 millones de pesos corrientes en 2015 a algo menos de 37 millones en 2017. La caída de los fondos destinados no se debe a la falta de propuestas de calidad. En 2017 se presentaron 217 propuestas, siendo financiadas solamente 29 (un 13 %) un porcentaje mucho menor que el aprobado en ediciones anteriores, aunque el nivel de los proyectos fue mayor. Eso implica definiciones políticas por parte del directorio de la Agencia, definiciones que quitan fondos a un programa exitoso y lo distribuyen entre otros de temáticas diversas.
El presidente de la ANII ha declarado que el directorio ha logrado incrementar los fondos de investigación por la vía de destinar dinero a programas específicos que sirven de espejo de otros organismos que de esa forma aportan fondos. No nos oponemos a esta estrategia; nos parece de hecho una muy buena idea. Sin embargo, no parece razonable vaciar los fondos de un programa para financiar otro, al menos no sin una evaluación que indique que el programa no cumple sus objetivos. Las decisiones políticas del directorio de la ANII implican desvestir un santo para vestir a otro.
Por cierto, la ANII puede tomar las decisiones que estime oportunas; es parte de la política y forma parte de las decisiones de un gobierno democráticamente electo. Lo que sí decimos es que una política razonable de Ciencia y Tecnología debe ser lo suficientemente transparente en sus intenciones, orientaciones y mecanismos. Debe asimismo, ser suficientemente estable como para que quienes constituyen uno de los actores principales de la política, los investigadores, puedan prever, planificar y organizar su trabajo. Está también en juego el destino de los jóvenes que optan por estas actividades, y sus posibilidades de tener un futuro en este país. Nada de eso asegura la gestión actual de la ANII, que parece ignorar los problemas que generan sus decisiones.
Uruguay debe hacerse cargo de su política científica. Ya no es posible apelar a la válvula de escape de la ayuda internacional. Debido al sostenido crecimiento económico de los últimos años, para los organismos internacionales ya no somos pasibles de ayuda en este tema. Hacemos notar que otros asuntos que ocupan últimamente la agenda política nacional implican montos muy superiores a los que hoy dedica el país a la Ciencia y la Tecnología. Esto muestra que el estancamiento no es un tema económico o financiero: es una decisión política.
Cumplir con la promesa pre-electoral de llegar al 1 % del PBI que suscribieron todos los partidos sería una excelente señal. ¿Qué permitiría hacer un incremento planificado de los fondos?
En primer lugar permitiría crear mecanismos que aseguren la retención de los jóvenes formados. Por otro lado proveería los recursos para que los grupos que vienen trabajando de forma correcta lo puedan seguir haciendo. Para ello es necesario destinar una partida previsible y actualizada a los instrumentos más importantes, evaluando de manera abierta el impacto y pertinencia de estos y otros instrumentos.
Por último, creemos que parte de los problemas que evidenciamos son producto de que el diseño institucional que comenzó con la creación de la ANII y el Gabinete de la Innovación precisa hoy de una profunda revisión y actualización. En ese sentido, saludamos la constitución de la Secretaría de Ciencia y Tecnología como parte esa nueva institucionalidad y nos parece muy relevante que se haya designado a un destacado académico para su conducción. Para avanzar en el mediano plazo es necesario asegurar la participación de los investigadores en la discusión de las políticas y las instituciones y que esa participación sea tomada en cuenta, no como la verdad revelada, sino como una voz importante en la definición de objetivos posibles.
Como siempre, los investigadores estamos dispuestos a colaborar en la creación de un nuevo marco que asegure la sostenibilidad de las políticas y su impacto sobre el bienestar de todos los integrantes de la Nación.


miércoles, 15 de noviembre de 2017

LOS HOMBRES DE LA BOLSA



(publicado esta semana en semanario VOCES)

El tema no es nuevo, y cada tanto vuelve al tapete, como tanta cuestión en este país. Al menos desde el año 2006 se viene hablando de la cotización en bolsa de las empresas públicas, y en ello han estado de acuerdo los grandes líderes gestores del capitalismo de todos los partidos (Lacalle, Bordaberry, Larrañaga, Mujica, Astori, etc,) además de ser obviamente una recomendación del Banco Mundial, faltaba más.
En 2009 se aprobó una ley para reactivar el mercado de valores de la Bolsa, y allí había un artículo que justamente impedía que las empresas públicas cotizaran en bolsa. El Partido Nacional pidió que ese artículo fuera retirado pero todo el Frente Amplio se opuso. El entonces candidato Mujica, a pesar de que había votado en contra, se mostró sin embargo partidario de lo contrario, es decir, de que las empresas pudieran emitir acciones (hago una cosa y te digo la otra).
Es sin duda muy parecido a lo que propuso Luis A. Lacalle cuando fue presidente y que los uruguayos rechazaron mediante un plebiscito de defensa de las empresas públicas. Y es, como dije antes, una recomendación del BM. En el documento del organismo financiero denominado notas de política, Uruguay: desafíos y oportunidades 2015-2020” se dice lo siguiente: Opción 3: creación de un mercado de capitales para las empresas públicas. Como ya se señaló, Uruguay carece de un mercado de capitales para las EP, lo que dificulta que amortigüen riesgos, diversifiquen sus fuentes de financiamiento, y se hagan de mayor liquidez y acceso a inversión y tecnología”.
Si no tuviéramos en cuenta que la Constitución de la República impide eso, y que habría que reformarla, hay que saber que las acciones son anónimas, y que nunca se puede saber a que manos van a parar. Eso es sin duda privatizar (toda o en parte) las empresas públicas, por más que el inefable Mujica haya dicho alguna vez que su propuesta bursátil es “socializadora” (nada más socializador que el BM). Se supone que todos los uruguayos somos propietarios de las empresas públicas, y el gobierno elegido por los propietarios designa a quienes las van a gestionar por el período de gobierno; de cotizar en bolsa, quien comprara acciones (no sabemos si uruguayo o extranjero) tendría el derecho a definir una orientación cualquiera qu Nada e nada tendría que ver con lo que el pueblo (sus propietarios) quieren. Las empresas públicas hoy son el brazo ejecutor de políticas de gobierno. Desde el momento en que comiencen a cotizar en bolsa, deberán rendir cuentas ante sus ahorristas, por lo cual tendrían que resignar la posibilidad de no trasladar los aumentos del combustible a las tarifas, o de congelarlas, o de postergar los aumentos, o brindar sus servicios gratis como forma de redistribuir la riqueza o contemplar situaciones especiales, y hasta transferir recursos a Rentas Generales. Nada de eso sería posible, ya que las empresas al cotizar en bolsa deberán funcionar como empresas privadas, aunque tengan como socio al Estado.
Ingresar las empresas públicas en el mercado de valores, es ingresar nuestros más preciados valores a la ruleta capitalista. 

José Luis Perera 

NADA CAMBIÓ (publicado esta semana en Semanario VOCES)

CONSIGNA DE VOCES:   ¿NOS PUEDE AFECTAR LA DEBACLE ARGENTINA? La situación en la vecina orilla es mirada con preocupación desde est...