LA IMPUNIDAD SIGUE EN EL TAPETE


En los últimos días, y por variadas circunstancias, el tema de la anulación de la ley de caducidad ha estado en el tapete. Recordemos que estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La decisión de la CIDH, responde a una petición presentada por Gelman y su nieta y fue notificada formalmente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. Recordemos que en 1992 la CIDH ya había realizado un pronunciamiento en contra de la ley votada en 1986 que amnistió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura en Uruguay (1972-1985), pero la norma se ha mantenido vigente hasta hoy.
Por otro lado, se han producido algunos hechos muy notorios, como la firma de la papeleta por la anulación de la ley por parte de un connotado dirigente de nuestra fuerza política como lo es sin duda el Pepe Mujica, hecho que se dio con afirmaciones suyas que generaron polémica. Asimismo hemos asistido a declaraciones públicas del ministro José Bayardi, del vicepresidente Nin Novoa y del propio Jorge Brovetto que motivaron duras reacciones de parte de las bases de Montevideo en la Mesa Política Nacional.
Creemos que es bueno que este tema se discuta y que se lo haga a la luz pública, porque no se trata de un tema interno del Frente Amplio sino de un problema de Estado, de un problema nacional, y hasta si se quiere, por su relevancia, de un problema internacional.
NUESTRA IMAGEN INTERNACIONAL
Como sabemos, en el informe 29/92 (hace ya 16 años), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró que la ley de caducidad es incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los sucesivos períodos de gobierno hasta ahora se ha mantenido vigente la ley. Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero la pregunta es: ¿qué podía esperar el ciudadano uruguayo común y corriente de un gobierno del Frente Amplio? Un ciudadano común, basado en los antecedentes de la izquierda uruguaya, no dudaría en afirmar que, de llegar el Frente Amplio al gobierno, eliminaría de un saque la ley de impunidad. Porque desde el mismo momento en que la ley fue creada, la izquierda uruguaya luchó por su eliminación. Y porque durante todos estos años no ha cejado en su reclamo de verdad y justicia. Reclamo que justamente impide cumplir esa ley. Porque ese mismo sentido tienen las marchas del 20 de mayo que año a año vienen sumando más y más apoyo popular. Pero si ese ciudadano además está bien informado, y conoce el Programa del Frente Amplio, no dudará ni un instante que la suerte de la ley está echada. Bastaría con que hubiese leído el párrafo del Programa que dice: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. El derecho internacional se ha desarrollado mucho desde aquel informe de la CIDH de 1992, y ahora es aun más claro que la ley de caducidad es incompatible con los principios internacionales a los que ha adherido Uruguay como país soberano. Recordemos lo que decía el año pasado Paolo Carozza, el encargado de supervisar los casos de Uruguay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Hay casos en los que se ha establecido la violación, y en otros se deberá investigar. Pero si hay una ley que prohíbe o pone obstáculos graves para la investigación y derivación de los hechos, hay que adoptar medidas. En ese sentido, la Corte Interamericana afirmó muy claramente que cualquier obstáculo de derecho interno debe ser eliminado”.
VERDUGOS
Para el compañero Mujica, "No es posible para muchos ni olvido ni perdón, pero menos cabe cultivar la imagen de verdugos sobre quienes nos 'verduguearon' hace más de 30 años", y por ello propone que, a quienes "asuman las responsabilidades jurídicas y morales que les correspondan, sus eventuales penalidades carcelarias les deberían ser conmutadas". No lo compartimos. Un verdugo (para Wikipedia) es la persona encargada de llevar a cabo la ejecución de un reo condenado a la pena de muerte o penas corporales por la justicia civil o eclesiástica. Y ese no es el papel que asumiría ni el gobierno ni el pueblo anulando la ley de impunidad. Lo que permite la anulación de la ley es un abanico de cosas. Entre otras, cumplir con los tratados internacionales. Pero también cumplir con la Constitución, y por añadidura cumplir con un compromiso moral de la ciudadanía de nuestro país al eliminar de su ordenamiento jurídico una ley inmoral. Pero fundamentalmente, lo que significa anular la ley de impunidad es abrir un ancho cauce a la justicia. De ninguna manera se trata de “veduguear”.
En cuanto a lo manifestado por el ministro Bayardi, respetamos su posición, pero realmente no la comprendemos y nos preocupa. Bayardi reconoce que “La fuerza política del Frente Amplio ha definido una posición en su plenario nacional” (la posición es del Congreso, y lo que hizo el Plenario fue instrumentarla, aclaremos), pero agrega que “como miembro del Poder Ejecutivo- voy a seguir defendiendo los criterios que el Poder Ejecutivo ha mantenido que es el de mantener la Ley de Caducidad durante este período de gobierno”. Lo que esta forma de razonar trasunta, al parecer, es que cuando un militante político del Frente Amplio pasa a integrar el Poder Ejecutivo ya no responde más a la fuerza política que lo puso en ese lugar. Pero además parece ignorar que esta es una decisión que de ninguna manera corresponde al Poder Ejecutivo. Quien elabora las leyes, las anula, las deroga, las vota, en nuestro ordenamiento jurídico es el Parlamento y no el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, las posiciones que pueda haber en cuanto a anular o no la ley de impunidad en el Poder Ejecutivo son posiciones personales –muy respetables todas ellas- pero nunca pueden ser una posición del Poder Ejecutivo como tal. Cuando se es partidario de sacar la ley de caducidad de nuestro ordenamiento jurídico (como dice serlo el compañero Bayardi), lo que hay que hacer es trabajar en ese sentido. Y con más razón cuando se pertenece a una fuerza política que ha decidido hacerlo y lo ha hecho en sus instancias democráticas superiores.

Comentarios

edgardo ha dicho que…
Muy bueno el artículo, desnuda todas nuestras contradicciones como fuerza política. Sería bueno saber cuantos de nuestros cros.Diputados acompañarían una eventual anulación.-

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