viernes, 18 de diciembre de 2009

LA ECONOMIA EN EL NUEVO GOBIERNO (tercera parte)


Resumiendo nuestro análisis de la pasada semana, digamos que, en el marco internacional de crisis que describíamos, el segundo gobierno del FA está en mejores condiciones para enfrentar el escenario adverso (debido a los logros obtenidos por la actual gestión). Pero sin embargo –advertíamos- es lógico esperar algunas restricciones comerciales, ya que el mundo que se viene en lo inmediato es un mundo que crecerá más lentamente y por tanto demandará menos bienes y servicios. Y no hay que descartar que se presenten problemas, por ejemplo en materia de precios de los productos exportables y de acceso al financiamiento internacional, así como una reducción de la inversión extranjera directa. Como modo de enfrentar estas eventualidades, señalábamos la importancia de la integración regional y continental con los mecanismos que han sido creados (MERCOSUR, ALBA, BANCO DEL SUR, FONDO BOLIVAR ARTIGAS, etc.), de la canalización del ahorro uruguayo hacia la inversión productiva, de la inversión del propio Estado, de la inversión extranjera (en determinadas condiciones), y de las herramientas fiscales.
EL ROL DEL ESTADO
En ese marco, será sumamente relevante el papel que deberá jugar el Estado. Por un lado, por la situación que describíamos anteriormente, y por otro, porque una estrategia de desarrollo como la que nos proponemos implica un rol activo del Estado. En este punto el Frente Amplio es absolutamente claro sobre su visión, y en el Programa se establece que “El abstencionismo de los gobiernos pasados no logró más que sumirnos en una crisis tras otra, en que el aparato productivo no se especializara, que la inversión no creciera, que el desempleo se elevara a las nubes, que la pobreza y la marginalidad crecieran. El primer gobierno del Frente Amplio demostró que esa tendencia puede cambiarse y en el segundo gobierno profundizará los cambios”. Los gobiernos de los partidos tradicionales de las décadas anteriores decían que el mercado, funcionando libremente, asignaba los recursos en forma óptima, por lo cual no debían existir políticas que “distorsionaran” el funcionamiento del mercado. Y en la práctica, fueron eliminando prácticamente todas las políticas sectoriales en forma sistemática. La concepción frenteamplista es totalmente diferente. Tenemos una mirada de mediano y largo plazo, con lineamientos estratégicos para cada sector y a su vez articulados en un programa global de desarrollo. Por eso queremos un Estado participando activamente. Y ese rol activo del Estado es defendido con tanto énfasis y es tal la importancia que nuestro Frente Amplio le asigna, que está dispuesto remover los obstáculos que en la etapa actual se presentaron para que este rol estatal fuera posible. En ese sentido, el programa seña que “En esta etapa, la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno”.
Pero está claro que el rol activo del Estado no alcanza, que además se hace necesario el involucramiento de todos los actores sociales. Por parte de los empresarios se necesita una actitud competitiva, innovadora, comprometida con el cambio técnico, en un marco de responsabilidad social. Y a su vez la participación activa de los trabajadores porque el trabajo y la calidad del mismo tienen un rol central en el funcionamiento de la economía.
LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El rol activo del Estado tiene también -como uno de sus objetivos básicos- promover una estructura productiva compatible con el desarrollo nacional en el mediano y largo plazo, y que permita que nuestra producción no sólo abastezca el mercado interno con alimentos, materias primas y manufacturas, sino que nos permita acceder a los mercados
internacionales más exigentes con producción competitiva y de mayor valor agregado.
Como país pequeño que somos, no podemos competir en cuanto a volúmenes de producción, pero sí nos proponemos generar factores competitivos en productos específicos orientados a mercados segmentados donde la competencia se basa menos en el precio y más en otros factores.
Do criterios básicos entonces para la conformación de esa estructura productiva: la competitividad y la generación de empleo productivo. Y por lo tanto, habrá que elegir los rubros que nos permitan avanzar en políticas activas, sectoriales y selectivas; rubros y actividades económicas con posibilidades de competitividad actual y futura. Y en ese sentido sostenemos que es posible aprovechar más nuestras riquezas naturales en beneficio del país y de su gente, mediante la participación del Estado en algunas áreas estratégicas mediante la creación de entes testigos donde sea necesario, constituyéndose en palancas del desarrollo y en herramientas para transformaciones productivas profundas.
Pero además, esa estructura productiva deberá contemplar otros criterios, como el contenido tecnológico, valor agregado, homogeneidad y complementación con cadenas productivas, que son elementos básicos para avanzar hacia el desarrollo y que nos harán avanzar hacia un proceso de integración y articulación entre los distintos sectores. Y por eso la política económica tendrá que promover la innovación, la calidad y la diversificación productiva, teniendo en cuenta que el agregado de conocimiento a la producción es posible en todos los sectores económicos, desde los más tradicionales a los más novedosos. Para lograr estos resultados el nuevo gobierno se propone políticas que tendrán como objetivo generar habilidades y capacidades competitivas en las empresas de todos los sectores económicos. Es decir que se promoverán proyectos compatibles con las prioridades definidas en el modelo de desarrollo en toda la economía, sin priorizar a ningún sector en forma específica. Esto implicará sin duda la reducción de impuestos a las empresas que concluyan convenios con la UDELAR para aplicar nueva tecnología, y que ningún producto de desarrollo nacional tenga que pagar un impuesto mayor que el producto importado, como forma de evitar la competencia desleal de productos importados por los nacionales. De la misma manera, ningún producto importado estará exonerado de impuesto si el mismo de origen nacional lo está pagando. Estas políticas sectoriales se dirigirán a promover las empresas de los sectores considerados prioritarios, y pondrán énfasis en la mejora de la competitividad en una lógica de cadenas productivas y conglomerados, buscando la agregación de valor.
En el sector agropecuario, se promoverán en algunos subsectores políticas que mediante la incorporación de investigación e innovación tiendan a maximizar una producción competitiva que incorpore el máximo valor agregado posible. En otros subsectores se apoyarán producciones que se entiendan estratégicas para asegurar el abastecimiento de alimentos a nuestra población en cantidad, calidad y oportunidad, mediante políticas diferenciadas que atiendan a los productores familiares y trabajadores rurales. En este plano se inserta por ejemplo la creación del ente estatal del mar que incluya: flota nacional control del “empadronamiento de buques”, adecuación y utilización del astillero de la Armada, frigorífico pesquero para el abasto interno y plan de educación alimentaria.

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