¿A QUE APUNTA JULIO MARIA?
A uno le asalta la duda cuando va a escribir sobre determinados temas, y se hace la pregunta del millón: ¿Vale la pena perder tiempo en esto? Pero creemos que sí, que lo vale, porque no es bueno dejar pasar algunas cosas, porque la lucha ideológica hay que darla constantemente, aunque la lucha sea sumamente desigual, en la medida que los grandes medios de difusión llegan a grandes masas con sus mentiras y con su desinformación.
UNA AMNISTIA PARA TODO EL MUNDO
En una entrevista en canal 12, el ex presidente Julio María Sanguinetti (también ministro de Industria en el gobierno de Jorge Pacheco Areco, y ministro de Educación y Cultura durante el gobierno de Juan María Bordaberry, ocasión en la que elaboró la funesta ley de educación que entre otras cosas daba potestades al CONAE para controlar y penar las actividades de los estudiantes, padres, profesores y funcionarios), habló del caso del maestro Julio Castro, cuyos restos aparecieron recientemente.
Basado en su reiterada “teoría de los dos demonios”, explicó que cuando fue presidente incluyó el caso en la ley de caducidad porque esta era una ley de amnistía general; que se había amnistiado a los guerrilleros, a los que estaban presos a los que no habían estado presos, a los que estaban en el Uruguay, a los que estaban en el extranjero, a los que habían asesinado a sangre fría, a los que habían secuestrado, “...y del lado militar, que en aquel momento tampoco se conocían las circunstancias, salvo las muy notorias...eh...bueno...se amnistió a todo el mundo”.
De esta sencilla manera, Julio María Sanguinetti explica lo sucedido por aquellos años nefastos de nuestro país. De un lado había gente que secuestraba y asesinaba a sangre fría (algunos estuvieron presos y otros no), y del otro lado había militares que no se sabía muy bien lo que habían hecho; por lo tanto, la solución fue “una amnistía general para todo el mundo”.
No importa que Julio Castro no tuviera nada que ver con ninguna guerrilla, que fuera un maestro de una notable trayectoria, dedicado fundamentalmente al desarrollo de las escuelas rurales y un luchador incansable por los derechos humanos y la justicia social desde el semanario Marcha. No importa que la guerrilla hubiera sido completamente derrotada en el año 1972, y que el maestro Julio Castro fuera apresado por la dictadura en el año 1977 (cinco años después) y asesinado (ejecutado con un tiro en la cabeza y con las manos atadas con alambre) un 3 de agosto de ese mismo año luego de ser salvajemente torturado. Lo que importa es justificar la agachada y la complicidad con los asesinos.
Sanguinetti no es estúpido. Sanguinetti sabe que la represión de la dictadura fue contra toda la sociedad, que la guerrilla estaba derrotada antes del golpe de estado. Sanguinetti sabe perfectamente
que la sociedad uruguaya fue víctima de la peor represión conocida en toda su historia, sabe que la tortura fue sistemática y contra todos los detenidos. Sabe muy bien Sanguinetti que no había que ser guerrillero, que ni siquiera se necesitaba saber manejar una chumbera para ir a parar a las mazmorras de la dictadura. A Sanguinetti no se le escapa que alcanzaba con pertenecer o haber pertenecido a un partido de izquierda. Que para ser candidato a la tortura la violación o la muerte alcanzaba con haber militado alguna vez en alguna organización estudiantil o sindical, o simplemente haber opinado de alguna forma contra la dictadura.
Sanguinetti no ignora que la ley de amnistía para los presos políticos es una cosa totalmente diferente a la ley de caducidad, y que comparar una con otra es una inmoralidad. Que la ley de amnistía excluía a los autores de delitos graves (que en ese momento estaban detenidos y habían sido juzgados por la “justicia” militar), quienes debían ser sometidos a nuevo juicio por la Justicia Civil, y cuyo único beneficio extraordinario era la reducción de la pena en razón de las condiciones infrahumanas en las que estuvieron detenidos, y por lo cual se les computarían tres días por cada día de prisión. Y que en cambio la ley de caducidad establecía que “...ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Esto es: impunidad pura y dura. Mientras la ley de amnistía estableció que los detenidos por crímenes graves debían ser investigados y juzgados nuevamente (por una justicia de verdad), la ley de impunidad estableció que quienes habían cometido delitos de lesa humanidad no podían ser investigados ni juzgados. En un caso hubo pretensión de verdad y justicia, en el otro se bloqueó cualquier forma de llegar a ellas.
Pero Sanguinetti suele hacer ese tipo de falseamientos. No es la primera vez -y tal vez no sea la última- que sabiendo como han sucedido las cosas, le quiere hacer creer al pueblo uruguayo que han sido de otra manera. Como cuando afirmó que en este país no había niños desaparecidos; mentira que la existencia de Macarena Gelman deja patente día a día.
PODÍAMOS...PERO NO LO HICIMOS....
Las declaraciones de Sanguinetti podían haber terminado allí, porque con eso “contestaba” la pregunta del periodista, que lo interrogaba acerca de por qué había incluido el caso de Julio Castro en la ley de caducidad. Pero al ex presidente se le ocurrió que debía agregar algo más. “También hay que aclarar, muy inequívocamente -dijo el ex mandatario colorado- que la ley de caducidad jamás impidió investigar. Lo que cerraba era era el juzgamiento, y eso es una amnistía. No cerraba la posibilidad de investigar, que siempre estuvo abierta”.
En cierto modo, es verdad lo que dice Sanguinetti; el artículo 4° de la ley de impunidad establecía que “...el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”. Y establecía a renglón seguido que “El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos”.
Lo que no dice Sanguinetti, es que él mismo fue presidente no uno, sino dos períodos, y que jamás dispuso ninguna investigación para investigar ninguno de los hechos denunciados. Lo que no dice Sanguinetti, es que mientras fue el titular del Poder Ejecutivo, lo que hizo, en primer lugar, fue promover la impunidad, y que la ley infame fue votada en su primer gobierno.
Pero tampoco dice que durante sus dos mandatos, toda vez que le era presentado un caso de violación de los derechos humanos por parte de la dictadura, invariablemente lo incluía en la ley de impunidad. O dicho de otro modo: durante los dos períodos en que le tocó gobernar, se ocupó de que la impunidad de los violadores de los derechos humanos fuera total y absoluta. Y por eso incluyó en la ley de impunidad, entre otros casos, el del maestro Julio Castro.
Una pasión por la impunidad algo esquizofrénica y rayana en la complicidad, si tenemos en cuenta su actitud diferente ante casos similares. Porque este Sanguinetti que ha hablado de “no revolver las cenizas” -metáfora abyecta- o que “Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”, cuando se trata de el reclamo de verdad y justicia de los uruguayos, es el mismo Sanguinetti que concurre año a año a la conmemoración de la “Noche de los cristales rotos” por parte de la colectividad judía, en donde nunca aconsejó nada parecido.
Las preguntas que se nos ocurren son variadas, y no tenemos respuestas para ninguna de ellas: si la ley de impunidad permitía investigar y llegar a la verdad aunque no juzgar a los responsables; y si Sanguinetti sabía que esto era así y no dispuso la investigación de ninguno de los casos, ¿por qué dice lo que dice? ¿es un acto de contrición? ¿es tal vez un acto de reafirmación de su propia bajeza, confirmando que pudo haber hecho algo por la verdad y no lo hizo? ¿está buscando tal vez compañía en su ignominia? Porque tal vez nos esté queriendo decir: “está bien...yo podía haber investigado y no lo hice...pero no fui el único”. Y en ese caso, tendría razón -aunque no disminuiría un ápice su culpa-, ya que recién se comenzó a aplicar en serio el art.4° de la ley de impunidad -el que no solo permitía, sino que además obligaba a investigar- cuando llegó al gobierno una fuerza progresista. Porque hubo otros gobernantes en este país que tampoco movieron un dedo para hacer lugar a la verdad, mientras se morían familiares sin saber que había pasado con sus hijos, sus padres, sus nietos, hermanos. Salvo, claro, aquella Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Batlle que, como vemos ahora, solo produjo verdades a medias o directamente mentiras como las que se les comunicó a la familia del maestro Julio Castro.
Tal vez en algún momento personajes como estos deban pasar también por los juzgados, y entonces quizás podamos saber algo más sobre lo que ha sido su nefasta y abyecta actitud durante todos estos años.
UNA AMNISTIA PARA TODO EL MUNDO
En una entrevista en canal 12, el ex presidente Julio María Sanguinetti (también ministro de Industria en el gobierno de Jorge Pacheco Areco, y ministro de Educación y Cultura durante el gobierno de Juan María Bordaberry, ocasión en la que elaboró la funesta ley de educación que entre otras cosas daba potestades al CONAE para controlar y penar las actividades de los estudiantes, padres, profesores y funcionarios), habló del caso del maestro Julio Castro, cuyos restos aparecieron recientemente.
Basado en su reiterada “teoría de los dos demonios”, explicó que cuando fue presidente incluyó el caso en la ley de caducidad porque esta era una ley de amnistía general; que se había amnistiado a los guerrilleros, a los que estaban presos a los que no habían estado presos, a los que estaban en el Uruguay, a los que estaban en el extranjero, a los que habían asesinado a sangre fría, a los que habían secuestrado, “...y del lado militar, que en aquel momento tampoco se conocían las circunstancias, salvo las muy notorias...eh...bueno...se amnistió a todo el mundo”.
De esta sencilla manera, Julio María Sanguinetti explica lo sucedido por aquellos años nefastos de nuestro país. De un lado había gente que secuestraba y asesinaba a sangre fría (algunos estuvieron presos y otros no), y del otro lado había militares que no se sabía muy bien lo que habían hecho; por lo tanto, la solución fue “una amnistía general para todo el mundo”.
No importa que Julio Castro no tuviera nada que ver con ninguna guerrilla, que fuera un maestro de una notable trayectoria, dedicado fundamentalmente al desarrollo de las escuelas rurales y un luchador incansable por los derechos humanos y la justicia social desde el semanario Marcha. No importa que la guerrilla hubiera sido completamente derrotada en el año 1972, y que el maestro Julio Castro fuera apresado por la dictadura en el año 1977 (cinco años después) y asesinado (ejecutado con un tiro en la cabeza y con las manos atadas con alambre) un 3 de agosto de ese mismo año luego de ser salvajemente torturado. Lo que importa es justificar la agachada y la complicidad con los asesinos.
Sanguinetti no es estúpido. Sanguinetti sabe que la represión de la dictadura fue contra toda la sociedad, que la guerrilla estaba derrotada antes del golpe de estado. Sanguinetti sabe perfectamente
que la sociedad uruguaya fue víctima de la peor represión conocida en toda su historia, sabe que la tortura fue sistemática y contra todos los detenidos. Sabe muy bien Sanguinetti que no había que ser guerrillero, que ni siquiera se necesitaba saber manejar una chumbera para ir a parar a las mazmorras de la dictadura. A Sanguinetti no se le escapa que alcanzaba con pertenecer o haber pertenecido a un partido de izquierda. Que para ser candidato a la tortura la violación o la muerte alcanzaba con haber militado alguna vez en alguna organización estudiantil o sindical, o simplemente haber opinado de alguna forma contra la dictadura.
Sanguinetti no ignora que la ley de amnistía para los presos políticos es una cosa totalmente diferente a la ley de caducidad, y que comparar una con otra es una inmoralidad. Que la ley de amnistía excluía a los autores de delitos graves (que en ese momento estaban detenidos y habían sido juzgados por la “justicia” militar), quienes debían ser sometidos a nuevo juicio por la Justicia Civil, y cuyo único beneficio extraordinario era la reducción de la pena en razón de las condiciones infrahumanas en las que estuvieron detenidos, y por lo cual se les computarían tres días por cada día de prisión. Y que en cambio la ley de caducidad establecía que “...ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Esto es: impunidad pura y dura. Mientras la ley de amnistía estableció que los detenidos por crímenes graves debían ser investigados y juzgados nuevamente (por una justicia de verdad), la ley de impunidad estableció que quienes habían cometido delitos de lesa humanidad no podían ser investigados ni juzgados. En un caso hubo pretensión de verdad y justicia, en el otro se bloqueó cualquier forma de llegar a ellas.
Pero Sanguinetti suele hacer ese tipo de falseamientos. No es la primera vez -y tal vez no sea la última- que sabiendo como han sucedido las cosas, le quiere hacer creer al pueblo uruguayo que han sido de otra manera. Como cuando afirmó que en este país no había niños desaparecidos; mentira que la existencia de Macarena Gelman deja patente día a día.
PODÍAMOS...PERO NO LO HICIMOS....
Las declaraciones de Sanguinetti podían haber terminado allí, porque con eso “contestaba” la pregunta del periodista, que lo interrogaba acerca de por qué había incluido el caso de Julio Castro en la ley de caducidad. Pero al ex presidente se le ocurrió que debía agregar algo más. “También hay que aclarar, muy inequívocamente -dijo el ex mandatario colorado- que la ley de caducidad jamás impidió investigar. Lo que cerraba era era el juzgamiento, y eso es una amnistía. No cerraba la posibilidad de investigar, que siempre estuvo abierta”.
En cierto modo, es verdad lo que dice Sanguinetti; el artículo 4° de la ley de impunidad establecía que “...el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”. Y establecía a renglón seguido que “El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos”.
Lo que no dice Sanguinetti, es que él mismo fue presidente no uno, sino dos períodos, y que jamás dispuso ninguna investigación para investigar ninguno de los hechos denunciados. Lo que no dice Sanguinetti, es que mientras fue el titular del Poder Ejecutivo, lo que hizo, en primer lugar, fue promover la impunidad, y que la ley infame fue votada en su primer gobierno.
Pero tampoco dice que durante sus dos mandatos, toda vez que le era presentado un caso de violación de los derechos humanos por parte de la dictadura, invariablemente lo incluía en la ley de impunidad. O dicho de otro modo: durante los dos períodos en que le tocó gobernar, se ocupó de que la impunidad de los violadores de los derechos humanos fuera total y absoluta. Y por eso incluyó en la ley de impunidad, entre otros casos, el del maestro Julio Castro.
Una pasión por la impunidad algo esquizofrénica y rayana en la complicidad, si tenemos en cuenta su actitud diferente ante casos similares. Porque este Sanguinetti que ha hablado de “no revolver las cenizas” -metáfora abyecta- o que “Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”, cuando se trata de el reclamo de verdad y justicia de los uruguayos, es el mismo Sanguinetti que concurre año a año a la conmemoración de la “Noche de los cristales rotos” por parte de la colectividad judía, en donde nunca aconsejó nada parecido.
Las preguntas que se nos ocurren son variadas, y no tenemos respuestas para ninguna de ellas: si la ley de impunidad permitía investigar y llegar a la verdad aunque no juzgar a los responsables; y si Sanguinetti sabía que esto era así y no dispuso la investigación de ninguno de los casos, ¿por qué dice lo que dice? ¿es un acto de contrición? ¿es tal vez un acto de reafirmación de su propia bajeza, confirmando que pudo haber hecho algo por la verdad y no lo hizo? ¿está buscando tal vez compañía en su ignominia? Porque tal vez nos esté queriendo decir: “está bien...yo podía haber investigado y no lo hice...pero no fui el único”. Y en ese caso, tendría razón -aunque no disminuiría un ápice su culpa-, ya que recién se comenzó a aplicar en serio el art.4° de la ley de impunidad -el que no solo permitía, sino que además obligaba a investigar- cuando llegó al gobierno una fuerza progresista. Porque hubo otros gobernantes en este país que tampoco movieron un dedo para hacer lugar a la verdad, mientras se morían familiares sin saber que había pasado con sus hijos, sus padres, sus nietos, hermanos. Salvo, claro, aquella Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Batlle que, como vemos ahora, solo produjo verdades a medias o directamente mentiras como las que se les comunicó a la familia del maestro Julio Castro.
Tal vez en algún momento personajes como estos deban pasar también por los juzgados, y entonces quizás podamos saber algo más sobre lo que ha sido su nefasta y abyecta actitud durante todos estos años.
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