jueves, 26 de diciembre de 2013

IMPUNIDAD EN EL PAIS DE LA COLA DE PAJA

Según señala un artículo de Mauricio Pérez en la revista Caras y Caretas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró, en un fallo reciente, que la ley de Caducidad tuvo “una finalidad de reconciliación” de la sociedad uruguaya, tras los hechos acaecidos durante la dictadura. Además, afirmó que el fallo de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay es “incompatible” con ese camino de reconciliación. El referido fallo agrega también que: “No puede confundirse dicha situación con el caso particular del Uruguay, porque en nuestro país existió una opción por la indulgencia, con una finalidad de reconciliación, expresada por la mayoría de la ciudadanía en el referéndum del año 1989 –que algunos aislados analistas atribuyen a la fragilidad institucional y al miedo remanente de la dictadura– pero que, superada largamente esa etapa la misma opción se reitera en el año 2009”
Más allá de los argumentos jurídicos del fallo de la SCJ, que se podrán compartir o no (yo no los comparto), hay algo de cierto en el fondo en cuanto a la actitud del pueblo uruguayo (su mayoría) en este tema; mal que nos pese, y aunque no nos guste, vivimos en "el país de la cola de paja", un país gris, cómodo y de medias tintas, pusilánime y timorato. En el 89 se lo adjudicamos al miedo, y en el 2009 a la defección de los líderes, y tal vez sean excusas válidas, pero ese miedo y esos líderes que acomodan su cuerpo a las circunstancias y la conveniencia, forman parte de la forma de ser de los uruguayos, y la suma de lo que somos da como resultado la impunidad en la que vivimos; así somos.
EL ORIGEN DE LA IMPUNIDAD
Segmentar la historia es realizar un ejercicio arbitrario; en rigor, es imposible precisar el inicio exacto de un acontecimiento histórico, igual que es imposible precisar su exacto final; todo acontecimiento tiene su origen en un acontecimiento anterior, y éste en otro anterior, y así sucesivamente hasta el infinito, porque la historia es como la materia, y en ella nada se crea y nada se destruye, todo se transforma.
La impunidad seguramente no comenzó cuando en diciembre de 1986 se votó la nefasta ley por parte de la mayoría de blanquicolorados. Algunos ubicarán sus inicios en las negociaciones del Club Naval, y probablemente tengan cierto grado de razón. Otros dirán que los pactos se hicieron antes, y que el nacimiento de la impunidad se arregló dentro de los cuarteles y las cárceles en plena dictadura. 
Yo tiendo a pensar que la impunidad ya estaba en nosotros, en nuestra forma de ser y pensar, desde mucho tiempo antes. Aquella conocida frase de “algo habrán hecho”, que  se escuchaba cuando caían presos como moscas los dirigentes sindicales y luchadores sociales de toda especie, no eran la expresión de una parte minoritaria del pueblo uruguayo. En todo caso, esa fue también una buena parte del razonamiento en el voto amarillo del 89: el discurso oficial de los dos demonios fue un discurso que prendió en la mayoría de los uruguayos.
Al parecer, entre las décadas del 60 y 70 se abrió un hueco en la faz de la tierra, de donde salieron dos demonios provenientes del mismísimo infierno, para enfrentase en una mortal batalla y llevarse así el codiciado trofeo que significaba poseer el control absoluto del país. En el medio del combate quedaron atrapados –pobrecitos- el resto de los inocentes ciudadanos. Un discurso muy conveniente y muy apropiado para la mentalidad promedio de los uruguayos: Ahora pedimos perdón por los excesos y errores cometidos, reconocemos que nos equivocamos y a reconciliarnos todos para hacer un Uruguay mejor.
Los hechos puros y duros son contundentes. La mayoría de los parlamentarios uruguayos (mayoría elegida democráticamente por el pueblo uruguayo en elecciones más o menos limpias), votó una ley que dejaba impunes a los violadores más atroces de los derechos humanos en la historia del país.
Y más allá de la lucha enorme, sacrificada y desigual, de quienes promovimos el referéndum contra la ley de impunidad en el 89, lo cierto es que el pueblo uruguayo por mayoría decidió que la ley debía ser mantenida y que los violadores debían seguir impunes; y el mismo año, pocos meses después, el pueblo uruguayo eligió para dirigir los destinos del país a un partido político conservador y a su dirigente más a la derecha.
Se podrá achacar el resultado al miedo, a la desinformación y a un sinfín de razones más, pero esos son los resultados.
Y 20 años después, cuando el miedo ya no era una explicación valedera, la mayoría de los ciudadanos uruguayos volvieron a decir exactamente lo mismo, que querían mantener la impunidad. Eso es muy duro de aceptar, pero es la pura realidad.
Ha habido lucha, eso es innegable, y la seguirá habiendo, porque una porción de los uruguayos encuentra inadmisible la impunidad, y seguirá clamando y exigiendo por verdad y justicia.
Pero no es menos cierto que esa porción de uruguayos es una porción ínfima. Los picos más altos de esa lucha son sin duda los 20 de mayo con la marcha del silencio, que han llegado a congregar hasta 100 mil personas. Pero ese es un hecho puntual, casi un compromiso anual de quienes albergan en sus conciencias la necesidad de mantener viva la llama de ese reclamo moral y ético. Lo cierto es que el resto del año, grupos muy reducidos de familiares, abogados consecuentes y organizaciones de derechos humanos llevan a cabo medidas y movilizaciones que apenas trascienden el grupo más cerrado de militantes.
EL URUGUAY GRIS Y CONSERVADOR
El Uruguay es un país que se puede ubicar en el centro político. Un país dividido más o menos en dos mitades que no son derecha e izquierda, como algunos interesados quieren hacer creer, sino una mitad más conservadora y una mitad menos conservadora, en donde derecha e izquierda son expresiones mínimas.
Cuando comienza a terminar la noche oscura de la dictadura, en el año 84, los uruguayos eligen para gobernar al mismo partido que gobernaba antes de la dictadura, y al que más comprometido estaba con ella: al partido colorado. Es cierto que por ese entonces regía la ley de lemas, y que para obtener el gobierno bastaba con ser la minoría mayor. Pero no es menos cierto que, de haber existido por ese entonces el balotaje, la mayoría conservadora hubiera dado el triunfo en una segunda vuelta al mismo personaje. De hecho, cuando por primera vez se estrena el balotaje, en el año 2000, en la segunda vuelta la mitad más conservadora le dio el triunfo a Jorge Batlle.
El Frente Amplio obtiene el gobierno cuando logra reunir tras su propuesta a la mitad menos conservadora. Y en ello no hay tanto un mérito de la izquierda en cuanto a convencer a las mayorías, sino más bien un rebajamiento progresivo del programa de izquierda original, hasta ponerse a la altura de esa mitad menos conservadora.
No se trata de un crecimiento de la conciencia de los uruguayos en el sentido de comprender que las políticas conservadoras que se llevaron adelante a lo largo de la historia del país eran nefastas y que se hacía necesario un cambio de rumbo radical, sino de la adquisición de conciencia por parte de la izquierda de que, si no rebajaba sus aspiraciones en cuanto a los cambios estructurales que pretendía hacer, jamás lograría llegar al gobierno.
El uruguayo es un pueblo al que mayoritariamente le gusta votar, y en general sigue y apoya las indicaciones de sus dirigentes. Indudablemente prefiere la democracia a la dictadura, y tal vez por esas y otras razones en el 80 se manifestó por el NO y asombró al mundo.
Es difícil decir si el pueblo es un reflejo de sus dirigentes, o si los dirigentes son un fiel reflejo de lo que es el pueblo, pero lo cierto es que los dirigentes no se diferencian demasiado de lo que es la ciudadanía.
El Uruguay es un país en donde los gobiernos de "izquierda" reciben los elogios de los grandes medios de la derecha mundial.
Es un país en donde una izquierda que proclamaba su antiimperialismo llega al gobierno y firma un tratado en donde le protege las inversiones al imperialismo o le pide ayuda al imperialismo contra uno de sus hermanos latinoamericanos; es un país en donde una izquierda que proclamaba su lucha contra el latifundio y la oligarquía, llega al gobierno y concentra y extranjeriza la propiedad de la tierra y demás medios de producción como nunca en la historia del país.
Un país en donde algunos sectores dirigentes de la parte menos conservadora gritan a los cuatro vientos que quieren un giro a la izquierda, pero apoyan con las cuatro manos al más conservador de los candidatos posibles.
Y en el medio del mar de contradicciones de una dirigencia bipolar (dirigentes de la central sindical que un 1° de mayo almuerzan con lo más selecto de la oligarquía criolla y junto a la princesa D´Alembert y la embajadora yanqui; dirigentes de izquierda que tanto encabezan una marcha del 20 de mayo como se fotografían en primera fila en un acto de la lista de Semproni, quinta esencia del traidor a los derechos humanos; dirigentes sindicales que no ponen la fuerza de su sindicato para apoyar a la jueza Mariana Mota, o para las marchas del 20 de mayo, o para rodear el Palacio Legislativo cuando se vota la anulación de la ley de impunidad, o para convocar a una protesta por el asesinato de jóvenes por parte de la policía, pero en cambio contratan ómnibus para acompañar caravanas en apoyo a un ex ministro de economía a punto de ser procesado por abuso de funciones; partidos que son históricamente la quinta esencia del antiimperialismo, pero que votan el envío de tropas a Haití, o proponen como candidato al amigo del genocida Bush, al que pidió ayuda al imperialismo contra un hermano latinoamericano, al que llevó como ministro al ex gerente de la Texaco, voz cantante en las negociaciones con los yanquis para concretar un TLC que estaba vedado por el programa del FA; un partido que propone como candidato a quien promovió al generalato al asesino de Nibia Sabalsagaray, una de sus militantes, y una juventud de ese partido que denomina a su Convención “Nibia Sabalsagaray” y en la apertura de ese evento invita a hacer uso de la palabra a quien promovió al generalato al asesino (hoy preso) de la camarada que da nombre a esa Convención; etc. En medio de esas disparatadas contradicciones, digo, la impunidad mantenida por la ciudadanía uruguaya cada vez que ha sido convocada a pronunciarse, es una tremenda coherencia.
Esto obviamente no impedirá que muchos sigamos luchando por el fin de la impunidad, por verdad y justicia, y por una sociedad más avanzada que deje atrás la infamia del capitalismo y la explotación. Pero hay que saber en donde estamos parados. 
LA COLA DE PAJA
Al parecer, el dicho “tener cola de paja”, viene de un cuento en que un perro había cometido cierta fechoría; alguien congregó a la jauría y les pidió a todos que saltaran por encima de una hoguera; quien fuera inocente no tenía nada que temer, no así el culpable pues su culpa le había convertido su cola en paja. El culpable se descubrió cuando se negó a saltar.

Vaya uno a saber cual fue la fechoría cometida por los uruguayos; es tarea para historiadores, y no puedo opinar al respecto. Lo cierto es que la jauría uruguaya no es afecta a saltar por encima de la hoguera; sea porque teme que su cola de paja se prenda fuego, o por temor a que sus pelos naturales que le quedan tan bonitos se chamusquen aunque sea un poquito y afeen su gris y pacata imagen. 

martes, 24 de diciembre de 2013

TODOS A UNA, COMO FUENTEOVEJUNA

Gracias al pedido de procesamiento del ministro de economía Fernando Lorenzo, y del presidente del BROU Fernando Caloia, nos estamos enterando de que el delito de abuso innominado de funciones es una norma que el parlamento tiene a estudio para su derogación (en el marco de la reforma del Código Penal), debido a que, por su indefinición, viola garantías constitucionales y permite interpretaciones arbitrarias.

Por cierto que no ha de ser la única norma que por su indefinición o por su amplitud viola garantías constitucionales y permite interpretaciones arbitrarias. Una de ellas, sin ir más lejos, ha sido aplicada recientemente para procesar a un grupo de militantes sociales que concurrieron a la Suprema Corte de Justicia a manifestar su apoyo a la jueza Mariana Mota el día que esta era trasladada de lo penal a lo civil, sacándole de sus manos decenas de expedientes por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
ASONADA
Se trata del delito de “asonada”. Dice el art.145 del Código Penal: "Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con tres a nueve meses de prisión. Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta".
Si yo saliera afuera con mis tres hijos y a los gritos le dijéramos al vecino que deje de tocar el tambor que no nos deja dormir, estaríamos cometiendo el delito de asonada, sin ir más lejos, porque estaríamos perturbando con gritos la celebración de alguna fiesta, para exigirle a un particular una cosa justa o injusta.
El delito de asonada permitió como decíamos procesar a Jorge Zabalaza, Irma Leites, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, el dirigente de ADEOM, Aníbal Varela, y la militante del gremio de docentes de Secundaria, Patricia Borda.
No hemos escuchado hasta ahora a ningún legislador de ningún partido manifestar alguna preocupación  por esta norma que permite interpretaciones arbitrarias y que viola garantías constitucionales y derechos humanos universales como el derecho a la protesta.
ABUSO INNOMINADO DE FUNCIONES
Al parecer, el “abuso innominado de funciones” es un delito que ha permitido procesar o acusar a funcionarios y políticos que desde el gobierno han abusado de su poder para hacer cosas que no se deben hacer. Desde 2001 hasta el año 2012 la Justicia uruguaya procesó a 106 jerarcas públicos por el delito de “abuso de funciones”. Casi nueve procesados por año; de ellos, fueron a prisión 56, mientras que los 50 restantes lograron evitar la cárcel. 2002 fue el año con mayor cantidad de procesados, con un total de 16 casos, mientras que en 2011 apenas se registró un solo episodio. Por el mismo ha sido acusado por ejemplo el intendente Zimer (denunciado por maniobras irregulares en el empadronamiento de vehículos), han sido condenados los ex directores del Banco Hipotecario Noachas, Jorge Sacchi, Néstor Moreira, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride y Jorge Conde Montes de Oca, por sus acciones dolosas cometidas con el dinero del Estado. Y hasta el ex secretario de la Intendencia de Paysandú, procesado por abuso de funciones en el caso de la explotación sexual de adolescentes.
Ha sido una de las tipificaciones que sirvieron al Poder Judicial para procesar y/o condenar actos de corrupción cometidos por ejemplo por Enrique Braga, Julio Grenno, Daniel Cambón, Benito Stern, Hugo Granucci, Carlos Rodríguez Landoni, Juan Justo Amaro, Andrés Arocena, Juan Carlos Bengoa, Orestes González (estos dos también por otros delitos), entre otros. Y ahora podrían ser procesados Lorenzo y Caloia por el mismo delito.
¿TODOS DE ACUERDO?
Una declaración reciente del Nuevo Espacio, en donde se solidariza con Fernando Lorenzo, dice que “La pretensión del fiscal se basa en una norma unánimemente criticada por la doctrina, en la medida en que, por su indefinición, viola garantías constitucionales y permite interpretaciones arbitrarias. (...) Todos los académicos consultados se han pronunciado en ese sentido. Hasta ahora, nadie ha defendido la conveniencia de mantenerla”.
Sin embargo, no es cierto que "nadie ha defendido la conveniencia de mantenerla". Como bien señala el diario El Observador, “Desde que tiene mayoría parlamentaria, el Frente Amplio tuvo tres oportunidades concretas de derogar este artículo. En 2007 el expresidente y exsenador colorado, Julio María Sanguinetti, presentó un proyecto y en 2010 el nacionalista Heber Da Rosa volvió a insistir. En las dos oportunidades se trató pero no se aprobó y los senadores del Frente Amplio se mostraron contrarios. Rafael Michelini, en ese entonces líder de Nuevo Espacio, dijo: “No quisiera que por el hecho de que el artículo no es preciso les quitemos herramientas a los jueces, cuando a la vista está que se ha cometido un delito en el manejo de los dineros públicos”. 
Es decir, el propio Rafael Michelini, líder del NE, es justamente uno de los tantos que defendió la conveniencia de la norma...cuando era conveniente, claro...
Un artículo del diario El País de ese entonces informaba: “Legisladores oficialistas rechazaron la posibilidad de promover la derogación del delito de abuso de funciones, por entender que el tema debe quedar a un lado mientras hay solicitudes de procesamiento por el tema. Así lo manifestaron ayer en la Comisión de Constitución del Senado los frenteamplistas Alberto Breccia (Espacio 609) y José Korzeniak (Partido Socialista), luego que el ex presidente Julio Sanguinetti promoviera que se discutiera un proyecto de ley de su autoría, tendiente a derogar el delito de abuso de funciones, dijeron a El País fuentes parlamentarias. Los legisladores frenteamplistas plantearon que "no es pertinente" que el tema sea debatido en este momento en el Parlamento, debido a que ambas cámaras tienen a estudio dos pedidos de desafuero, ante la decisión de la Justicia de solicitar el procesamiento por ese delito del senador colorado Juan Amaro y el diputado blanco Alberto Casas, por la actuación de ambos en OSE”.
CON ESTA SI, CON ESTA NO...
El juego es claro y transparente, aunque muchos de los que lo practican sean los abanderados en la lucha contra el "doble discurso". Mientras la norma permita juzgar a otros, es válida; cuando esa norma permite juzgar a los míos, habrá que derogarla.
Nadie mostrará la más mínima preocupación, está más que claro, por derogar también el delito de asonada. Son normas bien diferentes, aunque ambas permitan cometer arbitrariedades.
Claro....una de ellas pone en una situación incómoda a los poderosos, la otra a la gente común y corriente...una puede condenar a ministros, intendentes y otras yerbas...la otra permite condenar y estigmatizar la protesta social.
Y por cierto que el camino está despejado para hacer estas cosas y muchas más, porque el coro aplaudidor es estruendoso.
No recuerdo haber sentido que ningún gremio de trabajadores haya contratado un ómnibus para llevar trabajadores a apoyar a la jueza Mota, o a dar apoyo a los militantes sociales que iban a ser condenados por el delito de asonada. Sin embargo, según informó el dirigente de la bebida Richard Read a El Observador, los trabajadores “de la bebida, de la carne, de la pesca, de metalúrgicos y  del Sunca”, contrataron dos ómnibus para participar de la marcha que se realizará el próximo jueves para apoyar al ex ministro Lorenzo. 
Todo dicho

ES LO QUE SOMOS (publicado esta semana en VOCES)

Me resisto a analizar el episodio de las bicicletas en términos de quien tuvo razón (ninguno la tiene). Nuestra sociedad se parece ca...