DE GUANTANAMO A URUGUAY

La noticia corrió ayer como reguero de pólvora: Uruguay recibiría algunos de los presos que mantiene hoy ilegalmente EEUU en la base de Guantánamo. Y por cierto, a la par de la noticia corrieron también las especulaciones: ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿vamos a hacer de cárcel de los EEUU? ¿es moneda de cambio por alguna otra cuestión?

Intentaré unas reflexiones con los pocos elementos a mano, que no son más que las noticias que ayer aparecieron en los medios.

LAS PARTES

Al menos a simple vista, en el problema hay involucradas tres partes principales: los EEUU y su gobierno, Uruguay y su gobierno, y los propios presos de Guantánamo.

Seguramente se pueda hilar muchísimo más fino, y se podría incluir en futuros análisis a Cuba (no olvidar que Guantánamo está en Cuba), a los países de origen de los propios presos (que son muy variados y muchos de ellos con situaciones internas muy complejas), así como también la trama de intereses que pueda tener –y que siempre tiene- el imperialismo y que muchas veces involucra terceros países o grupos de países que permanecen en las sombras.

Por ahora, no estoy en condiciones de entrar en esos detalles, por lo que me limitaré  a analizar los tres principales actores nombrados arriba.

GUANTÁNAMO

Digamos previamente algo sobre la cárcel en cuestión. Guantánamo fue un gran laboratorio, creado por la Administración Bush. Tras el 11-S, después de haber logrado involucrar a la OTAN y a todos sus aliados en una guerra planetaria contra el terror, Bush junior se atrevió a algo que nunca había hecho EEUU: trasladar unilateralmente, encapuchados y encadenados, a un grupo de prisioneros desde un escenario de guerra -como Afganistán e Irak- compartido con muchos aliados, hasta una base naval propia situada a miles de kilómetros de distancia. Y lo hizo.

Era algo inédito. Ni siquiera los trasladaba a EEUU para someterlos a sus tribunales federales, como hizo con Noriega en 1989 tras la invasión de Panamá, sino a un territorio de ultramar.

Y hay que decir que la Alta Comisionada de la ONU para lo Derechos Humanos, Mary Robinson, se quedó sola al denunciar la violación flagrante de las Convenciones de Ginebra y del derecho internacional.

Y Bush siguió adelante. Por una orden presidencial decretó que esos detenidos no eran en realidad prisioneros de guerra y que por lo tanto no se podían acoger a los derechos que les reconoce la Convención número 3 de Ginebra, sino que eran combatientes enemigos. Y a partir de ese momento, y través de una compleja trama legal urdida por el equipo legal de la Casa Blanca y el Pentágono, los detenidos pasaron a estar fuera de la jurisdicción de la legislación vigente en los EEUU continentales. Así nació el limbo legal que negó todo derecho a los detenidos, pero que a su vez complejiza su liberación.

Por esa cárcel han pasado más de 800 presos, detenidos en diversas partes del mundo con la complicidad de los gobiernos.

LA HERENCIA DE OBAMA

Barak Obama heredó de Bush, en 2009, 242 presos encerrados en la prisión militar de Guantánamo. El entonces flamante nuevo presidente prometió, entre las primeras medidas de su mandato, eliminar las comisiones militares, juzgar con todas las garantías a los detenidos y cerrar la prisión en el plazo máximo de un año. Fue una de sus promesas estrellas, una de las que más eco mediático tuvo en todo el mundo. Sin embargo, 5 años después, todavía quedan allí más de 150 presos.

Aunque muchos de los detenidos tienen aprobada su liberación, todavía permanecen tras las rejas. Otros deberían haber sido procesados, pero probablemente no lo serán nunca y su estatus legal difícilmente vaya a cambiar.

En enero, Obama repitió su promesa para Guantánamo: en el discurso del Estado de la Unión, aseguró que en 2014 debería finalmente cerrarse la prisión en la isla, mientras Washington reduce su papel militar en Afganistán y busca -al decir del mandatario- alejarse de una "postura de guerra permanente". "Este debe ser el año en que el Congreso levante las restricciones restantes sobre la transferencia de detenidos y en que cerremos la prisión en Bahía de Guantánamo", dijo Obama.

Hay muchas razones por las que a Obama le conviene cumplir con su promesa de cerrar la cárcel. Entre otras, su costo: se calcula que al gobierno le cuesta US$800.000 por recluso al año, cuando el costo de mantener a un individuo en una cárcel de máxima seguridad en suelo estadounidense es de US$25.000 anuales. Por otra parte, la cárcel es altamente ineficiente, ya que no cumple con los objetivos para los que fue creada, y en nada colabora en la supuesta “lucha contra el terrorismo”. Los datos son elocuentes: después de 11 años, solo retiene a 166 prisioneros, ha liberado ya a 613. Los informes de Inteligencia reconocen que muchos de esos liberados se radicalizaron durante su cautiverio y hay constancia de que varios se han incorporado a la yihad en algún país. Sus relatos sobre las vejaciones y torturas sufridas y las reiteradas ofensas al Islam han concitado aún más odio contra EEUU y Occidente entre sus familiares, amigos o vecinos, en su tribu o clan. Además, la existencia de la prisión y las reacciones como la huelga de hambre de los presos parece estar dañando el prestigio internacional de Estados Unidos. "Es un lastre estratégico porque fomenta el reclutamiento de individuos por grupos extremistas" comentó un analista estadounidense.

Lo cierto es que la mitad de los presos estarían en condiciones de ser trasladados a su país de origen sin temor alguno. Son yemeníes a quienes se les ha dado el visto bueno para ser liberados.

Según la legislación actual, el presidente tiene la autoridad para iniciar el proceso de transferencia de algunos detenidos, ya sea a sus países de origen o a un tercero.

Eso es en base a una ley de 2011, promulgada en 2012, que le da mayor discreción al gobierno para transferir a los reclusos. Eso incluiría por lo menos a la mitad de los prisioneros.

Hay unos 40 más que están señalados para ser enjuiciados y eso se podría llevar a cabo en tribunales en EE.UU. y sus condenas se cumplirían en prisiones de máxima seguridad en el país.

Pero Obama a su vez tiene una gran oposición en el Congreso entre muchos legisladores; hay una oposición intransigente a que los presos de Guantánamo sean juzgados por tribunales civiles en territorio estadounidense, con todas las garantías procesales que ello les concedería a los acusados. Y a su vez hay una intensa oposición a transferir a los detenidos a cárceles de máxima seguridad en EE.UU., y el Congreso ha prohibido el uso de fondos públicos con ese fin. Simultáneamente, hay oposición a que sean trasladados a sus países de origen por temor a que vuelvan a incorporarse a grupos terroristas que luego atenten contra los EEUU.

Cuando en los primeros meses de su primer mandato Obama intentó convencer a varios gobernadores para que aceptaran albergar en las prisiones de sus respectivos Estados a aquellos presos de Guantánamo que resultaran condenados tras ser juzgados hipotéticamente en tribunales federales, se encontró con la resistencia no solo de los republicanos, sino también de varios gobernadores demócratas.

De ahí la estrategia de liberar prisioneros en terceros países. Las últimas liberaciones fueron las de tres ciudadanos chinos, trasladados a Eslovaquia, más de cinco años después de que su detención fuera declarada ilegal por un juez federal. Fue el 31 de diciembre de 2013.

URUGUAY

Todo lo que provenga de EEUU, en los uruguayos –al igual que en otros ciudadanos de todo el mundo- provoca el encendido de luces amarillas, y no es para menos. Tenemos además una historia –incluso de historia reciente- de gobiernos genuflexos respecto del imperialismo, por lo cual esas prevenciones son naturales y hasta bienvenidas.

Pero es obvio que al recibir a presos de Guantánamo nuestro país le está haciendo un favor al gobierno de Obama, por lo cual, de haber algo oculto, alguna transacción que desconocemos, necesariamente debería ser algo que favoreciera a nuestro país, algo que compensara ese favor que le hacemos al gobierno yanqui.

Y en ese caso, nada de que preocuparse. Estaríamos siendo beneficiados por llevar a cabo una acción humanitaria al dar refugio a prisioneros que han pasado años en las mazmorras del imperialismo. Un negocio redondo.

Por otro lado, los uruguayos tenemos una rica historia de protección y refugio a decenas de miles de inmigrantes que huían de las hambrunas provocadas por las guerras y el futuro incierto de los europeos del siglo pasado.

Y en contrapartida, miles de uruguayos recibieron refugio político en diversos países del mundo cuando los años de plomo, cuando el terrorismo de estado asolaba estas tierras.

De manera que el recibir a los presos de Guantánamo en carácter de refugiados –no vienen en carácter de presos, lo que sería sin dudas una ignominia- Uruguay no hace otra cosa que continuar con su historia de país generoso, y retribuir en parte la generosidad de otros países que nos acogieron en los momentos duros. Rescato unas palabras de Pedro Cribari: “¿Cómo dudar entonces en acoger hoy a víctimas del terrorismo de Estado de EEUU que hizo de Guantánamo un feroz campo de concentración, no de delincuentes sino de ciudadanos sospechosos?. Los torturó, los deshumanizó durante 12 años y ahora que se abre una rendija no puede haber dos posturas: Uruguay debe concederles refugio para que recobren la libertad y una vida digna”.
En tanto el trámite de refugio se ajuste a lo que establecen los tratados internacionales, nuestro país no debería de ninguna manera oponerse a ofrecer refugio a estos presos.

LOS PRESOS DE GUANTÁNAMO

Guantánamo ha desaparecido. Solo parece preocupar a las propias víctimas que están allí, a sus familiares y allegados y a las organizaciones humanitarias y defensores de los derechos civiles que siguen luchando en solitario para recordar al mundo que en la bahía de Guantánamo sigue existiendo uno de los campos de concentración del siglo XXI.

Solo años después el Tribunal Supremo estadounidense logró que los mandos militares de Guantánamo dieran a conocer la identidad de los detenidos. Hasta ese momento eran desaparecidos, al mejor estilo de las dictaduras que asolaron nuestras tierras. Y esto sucedía a la vista de todo el mundo, a la vista de la ridículamente llamada comunidad internacional.

Buena parte de ellos, sobre todo los primeros que llegaron, eran campesinos y fueron capturados en amplias redadas en zonas rurales de Afganistán, denunciados por señores de la guerra locales. Estos los acusaron de ser talibanes o colaboradores de ellos, lo fueran o no, poco importaba. Importaba el dinero, se dirimían además viejas disputas por una tierra o entre clanes.

Muchos de ellos, tras ser liberados después de años de cautiverio, reconocieron que no sabían ni dónde habían estado, y luego tampoco les decía mucho saber que se trataba de una base en pleno Caribe. ¿Qué sabía del Caribe un campesino analfabeto pastún?

En general los presos fueron secuestrados en otros países, torturados durante largos periodos en agujeros negros -prisiones en países aliados de los EEUU, y trasladados por la CIA a Guantánamo, donde continuaron las torturas.

Es obvio que el traslado de algunos de estos presos (al parecer 5 de ellos) a nuestro país sería un cambio radical en sus condiciones de vida, ya que lo harían en carácter de refugiados.

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él".

El Estado que recibe al refugiado, no puede expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr peligro, comprendido, claro está, el mismo país del cual huyen.

Deben además garantizar el acceso de los refugiados a sus derechos económicos y sociales, al menos, en el mismo grado en que los extranjeros residentes en el país de asilo lo hacen, y por razones humanitarias, deben permitir la admisión de al menos el cónyuge y los hijos dependientes de cualquier persona a quien se le haya reconocido el estatuto de refugiado.

Un refugiado tiene derecho de asilo en condiciones de seguridad, lo que incluye algo más que la propia seguridad física. Los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal. Así, los refugiados tienen derechos civiles básicos, incluyendo la libertad de pensamiento, de movimiento, y el derecho al respeto como persona. De igual forma, los derechos económicos y sociales se aplican a los refugiados al igual que a otros individuos: derecho a asistencia médica, derecho a trabajar para los adultos, y derecho a la escolarización para los niños.

De manera que estos presos que recibiría nuestro país, cambiarían radicalmente su situación para mejor. Lo cual no puede provocar –al menos en mi- otra cosa que alegría y satisfacción.