miércoles, 14 de febrero de 2018

DESCONFIANZA


(Publicado esta semana en Semanario VOCES)

Hay un juego que suelen hacer algunos periodistas con sus entrevistados, en el cual le preguntan a quién salvarían en la hipótesis de que fueran en un bote que se está hundiendo. Más allá de lo interesante de pensar en quién salvar, en el fondo se esconde una cuestión muy clara: es natural y lógico que intentemos “salvar” (proteger, darle un buen empleo, etc.) a aquel con quien tenemos mayor afinidad, generalmente a los familiares más cercanos, pero también a los amigos más íntimos. Casi podría decirse que está en la naturaleza humana.
El tema es que esa decisión es absolutamente arbitraria. Cuando permitimos que alguien con poder, decida por sí y ante sí a quien puede favorecer, estamos consagrando la arbitrariedad, y pisoteando los derechos de otros.
De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el numeral 2 del artículo 21 que "Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". De manera que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de la oportunidad de competir justamente por un cargo público.
Y el fondo del asunto es ese: no hay que prohibir la entrada de familiares de los jerarcas a la función pública (eso también sería arbitrario), sino prohibir su acceso de forma digitada. Esto es, que todos los cargos en el Estado sean llenados por concurso. De lo contrario, se puede prohibir el ingreso de familiares pero seguirán ingresando amigos y correligionarios, con lo cual la arbitrariedad seguirá tan campante.
El problema de fondo, son los cargos de confianza; si mañana mediante un decreto o de una ley se prohibiera que los ministros o directores de entes nombraran a familiares en cargos públicos, seguramente nombrarán a sus amigos y amigas, lo cual además será más difícil de controlar que el lazo de parentesco.
Si lo que se quiere evitar es la violación de un derecho, el de gozar de igualdad de condiciones de acceso a los cargos, lo que se debería prohibir es la existencia de cargos de confianza.
Si soy el dueño de una empresa o un comercio, y contrato a alguien de mi confianza para cierto cargo, estoy en todo mi derecho, porque es mi negocio; pero quien está al frente de un organismo o empresa estatal, es un administrador a sueldo contratado por la ciudadanía, y quien él contrate no tiene por qué ser de su confianza, sino de la nuestra (nosotros, ciudadanos). Y la confianza de los ciudadanos está dada por concursos organizados con claridad y transparencia en igualdad de condiciones para todos.
Si el seleccionado, por su idoneidad, resulta ser un familiar o el amigo de un jerarca, se habrá ganado su lugar con todas las garantías y sin violar ningún derecho.
Porque los ciudadanos ya depositan demasiada confianza en quienes eligen, como para confiar además en una pléyade de funcionarios, que por gozar de la confianza de jerarcas que nadie eligió, terminan usufructuando de los dineros públicos como una especie de casta por encima de la plebe. A lo que frecuentemente se agrega la corrupción lisa y llana, como el conocido caso de un jerarca del ministerio del interior que contrató a su hermana como psicóloga cuando no tenía título alguno.


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