miércoles, 4 de marzo de 2009

SON LOS PADRES DE LA CRIATURA Y LA DEFIENDEN



El Partido Nacional efectuó una declaración a la ciudadanía con motivo del tratamiento en el Parlamento Nacional de la inconstitucionalidad de la ley de impunidad. Algunos de los párrafos del documento son realmente difíciles de digerir. Dice por ejemplo el documento del Partido Nacional, que ese Partido “Desarrolló una dura oposición a la dictadura siendo protagonista principal de decisiones populares que hoy forman parte de la mejor historia del país.” Claro, su oposición a la dictadura fue tan dura, y tan bien planificada, que nadie se dio cuenta, y por eso no tuvimos que lamentar integrantes del Partido Nacional torturados, o presos, o desaparecidos. Por cierto, el documento adolece también de algunas omisiones u olvidos, lo que tal vez pueda deberse al tiempo transcurrido. La memoria no siempre responde como uno quisiera. Y también hay algunos especialistas en la desmemoria, que es otra historia. El documento dice, por ejemplo, que “...a través del Pacto del Club Naval del que el Partido Nacional no participó, se asumieron compromisos con los mandos militares de la época, y se acordó la convocatoria a elecciones nacionales en noviembre de 1984, con la exclusión, proscripción y prisión de Wilson Ferreira Aldunate”. El Partido Nacional “olvida” que en esas elecciones había muchos excluidos y proscriptos (sectores enteros del FA, y su líder histórico, el Gral. Liber Seregni, por ejemplo), y parecería que pretende hacer creer a quienes no vivieron aquellos hechos que el único que se encontraba en prisión era Wilson. Conviene recordarle al Partido Nacional que las cárceles uruguayas batieron récords mundiales en cuanto a presos políticos por cantidad de habitantes, y que esos miles de presos que pasaron por las mazmorras de la dictadura y sufrieron tortura, y muchos de ellos murieron y otros desaparecieron, en su inmensa mayoría (por no decir todos) eran militantes de los partidos de izquierda y del movimiento sindical. Y que la mayoría de ellos hacía años que estaban alojados en las cárceles uruguayas cuando Wilson fue preso. Y que cuando Wilson salió de la cárcel, esos presos de izquierda siguieron estando presos.
El Directorio del Partido Nacional continúa diciendo que de todas maneras concurrió a la instancia electoral de 1984, y que luego hizo su aporte para consolidar las Instituciones. Y con ese espíritu “...brindó generosamente sus votos en el Parlamento para un conjunto de leyes que buscaban crear un definitivo ánimo de pacificación: Ley de amnistía y libertad inmediata para todos los presos políticos, Ley de restitución de los funcionarios públicos, Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. Está bien, fue así, sólo que habría que aclarar un pequeño detalle que la declaración del Partido Nacional –tal vez involuntariamente- se saltea: para la Ley de Caducidad (más conocida como “de impunidad”) no solo brindó generosamente sus votos (con honrosas exepciones), sino que brindó generosamente la propia redacción de la ley y la llevó al Parlamento de apuro para que fuera votada antes del de diciembre. Claro que es discutible si este aporte fue en el sentido de “consolidar las Instituciones”, como afirma el Directorio. Parecería que muy por el contrario, presentar una ley cuyo único objeto era evitar que los militares fueran a declarar ante la Justicia, y asegurarles de esa forma la impunidad, lo que iba a generar era un vaciamiento de contenido de esas Instituciones y no su consolidación. De hecho, hasta el día de hoy –24 años después de esos hechos- la Justicia (una de esas Instituciones que se pretendían aparentemente consolidar) está siendo avasallada cotidianamente por obra y gracia de esa maldita ley, que le impide actuar ante los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el período del fascismo uruguayo. En ese momento, el Partido Nacional se olvidó dónde radica y quién ejerce la soberanía de la Nación, y fundó la impunidad basándose en la "lógica de los hechos", que de ninguna manera es fuente de derecho.
La declaración del Directorio del Partido Nacional dice luego algo totalmente cierto: “El Partido Nacional se ha mantenido fiel a sus principios básicos en respaldo a la vigencia de las leyes y del pronunciamiento popular. No tiene que enfrentar contradicciones ni tratar de explicar conductas políticas ambiguas. Lo que sostuvo ayer lo respalda ahora.” Y eso es verdad, hay que decirlo. Ayer promovió y votó la Ley de Impunidad, y hoy la sigue defendiendo. Pero luego se mete en un corral de ramas. El comunicado dice que “Del Partido Nacional sólo cabe esperar su inalterable actitud histórica: irrestricto cumplimiento de la ley, respaldo total y absoluto a la independencia del Poder Judicial, y defensa permanente de dicha independencia como garantía fundamental del Estado de Derecho.” El Partido Nacional no puede hablar de respaldo absoluto a la independencia del Poder Judicial y defensa permanente de dicha independencia cuando, justamente, se está hablando de una ley elaborada por ese mismo Partido y que lo que hizo fue quitarle la independencia al Poder Judicial en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, debiendo consultar al Poder Ejecutivo para ver si puede actuar o no.
El sector Alianza Nacional de ese mismo Partido, también emitió una declaración sobre el tema, pero en un tono por demás deplorable. Este sector, molesto por la posición del Poder Ejecutivo en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley y por la intervención del Parlamento en el mismo tema, dice por ejemplo que “La conducta del Frente Amplio en el Poder Ejecutivo y ahora, en la Asamblea General, constituyen un atropello al Estado de Derecho”, olvidando –más bien desinformando a la opinión pública- que estos poderes del Estado no intervienen en el asunto por decisión del Frente Amplio, sino porque así lo entendió el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, quien sostuvo que es el Poder Ejecutivo el que debe responder ante los argumentos presentados en la acción de inconstitucionalidad, porque es el órgano que decide cuáles son los casos de violaciones a los derechos humanos que son excluidos de la Ley de Caducidad. "El proceso de inconstitucionalidad es contradictorio, y por tanto implica a dos partes, pero cuando es vía de acción hay que definir a quién puede afectar la acción, y en este caso pensamos que la contraparte son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo", explicó días atrás el presidente de la Suprema Corte, Jorge Larrieux. El comunicado de Alianza Nacional dice que “no rehuimos la discusión, pero no nos prestamos, como en el caso, a una farsa política que degrada la estabilidad y credibilidad de las instituciones democráticas”. No rehuyen la discusión, pero leen un comunicado y se van de sala. Hablan de “farsa política” y degradación de la estabilidad y credibilidad de las instituciones democráticas, pero votan y defienden un ley que es una degradación moral en sí misma y la defienden con mentiras y ocultamientos. Pero el pueblo uruguayo ha recobrado su memoria y su dignidad, y no se dejará estafar nuevamente. Por eso se apresta a anular la ley de impunidad. Quienes siembran hoy mentiras para proteger sus agachadas de ayer, cosecharán en octubre una nueva derrota, y ya nada podrá impedir el paso de la justicia.

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