viernes, 22 de octubre de 2010

16 RAZONES


En La República digital del 13 de octubre pasado, se hacía una crónica acerca de lo hablado en el Consejo de Ministros. Se hablaba de una nueva iniciativa para impulsar el voto consular por vía legislativa, y al parecer en ese momento surgió la discusión sobre el proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. El relato del matutino cuenta lo siguiente: “Se reconoció que "debe existir una firme argumentación" por parte del gobierno para aclarar por qué se insiste en el ámbito parlamentario con estos temas (Ley de Caducidad y voto consular) cuando en realidad hubo, tanto en cuanto a la Ley de Caducidad como al voto epistolar, sendos pronunciamientos populares. En ese sentido, desde el gobierno se reconoció la "debilidad de argumentación" para defender las iniciativas”.
A continuación van algunos elementos que tal vez ayuden a combatir su “debilidad de argumentación” para anular los efectos de la ley de impunidad. Los argumentos no están en orden de importancia y se pueden intercambiar sin problema:
1) Porque no es una ley. ¿por qué habríamos de aceptar como si fuera ley, un texto que comienza violando groseramente la Constitución de la República con el único objetivo declarado de evitar la condena de los peores criminales que haya conocido nuestro país? ¿simplemente porque cumplió con los requisitos formales del pasaje por ambas Cámaras y la promulgación del Ejecutivo? Ese criterio podría hacer que una receta de cocina o una partitura musical se transformara en ley.
2) Porque es necesario asegurarle a las nuevas generaciones que no van a sufrir más el terrorismo de Estado, y la mejor forma de hacerlo es terminar con la cultura de impunidad implantada en los gobiernos blanquicolorados anteriores. Solo eliminando los obstáculos para el juzgamiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura estaremos garantizando que no vuelva a ocurrir.
3) Porque la “ley” ya nació nula, al contener vicios de consentimiento, al ser votada bajo amenaza de ruptura institucional. Por no contener uno de los elementales principios generales del derecho como lo es el de justicia.
4) Porque ha sido considerada inconstitucional por los tres poderes del Estado, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.
5) Porque su eliminación le está siendo reclamada a nuestro país por los organismos internacionales de derechos humanos desde hace varios años, y ninguno de los gobiernos hasta ahora ha dado un solo paso para hacerlo.
6) Porque quienes reclaman el respeto por los pronunciamientos populares, deben recordar que es un compromiso asumido con la ciudadanía en el programa de gobierno del Frente Amplio: “La cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperada la democracia deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos para los cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar “la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad.” (Congreso Zelmar Michelini, Líneas de Perspectiva para el próximo quinquenio (2010/2014).
7) Porque la “Ley” de Caducidad protege a un grupo de delincuentes a los cuales los uruguayos -independientemente de los partidos políticos- no le debemos nada. Antes bien, la deuda es de esos delincuentes con la sociedad, a la que aún le deben la verdad sobre lo sucedido. El seguir protegiendo a violadores de mujeres, ladrones de niños, torturadores y asesinos de la peor calaña nos continuará degradando como sociedad, ante el mundo pero, sobre todo, ante nosotros mismos.
8) Porque no es cierto que en el último plebiscito la “ley” de impunidad haya sido nuevamente apoyada por la ciudadanía, ya que la opción del NO a la anulación no existía.
9) Porque aunque la ciudadanía se hubiese expresado a favor de la ley (que no es el caso) de todas formas el Parlamento tiene la obligación de anularla y la potestad para hacerlo.
10) Porque los derechos humanos no pueden plebiscitarse, existen y punto. Nadie puede someter a plebiscito los derechos humanos de los demás; el derecho a la vida, a la verdad, a la justicia, deben respetarse más allá de cualquier plebiscito.
11) Porque no hay leyes inmutables, y el hecho de que haya sido ratificada en Plebiscito hace más de veinte años no la hace eterna.
12) Porque en ninguna parte de nuestra legislación se dice que la expresión del cuerpo electoral tiene más valor que la del Parlamento. Nuestra Constitución dice que “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes”, (art.4º), y más adelante dice que “Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución” (art.82). Las dos formas son válidas como expresión de la soberanía de la Nación, y ninguna vale más que la otra. Al anular la ley también se está ejerciendo la soberanía de la Nación indirectamente a través del Parlamento.
13) Porque de cualquier manera, no se está desconociendo la voluntad popular, dado que en 1989 se plebiscitó la derogación de la “ley”, en 2009 se plebiscitó su anulación, y ahora se trata de una interpretación.
14) Porque lejos de la cháchara reaccionaria de los cómplices de la dictadura, que vienen sosteniendo desde hace más de veinte años que el tema está cerrado, el plebiscito demostró que hay memoria, y si hay memoria, más temprano que tarde habrá justicia y habrá anulación de la ley de impunidad. Y aquellos que no asuman la responsabilidad que les cabe teniendo las mayorías y las razones para hacerlo ahora, pasarán a la historia como ejemplos de pusilanimidad política (por decirlo en una forma políticamente correcta). En palabras de “Perico” Pérez Aguirre, “Triste es tener que conservar para siempre en la memoria colectiva el hecho fatal de que por la impunidad impuesta nos hemos convertido en un pueblo pusilánime, doblegado por abyectas amenazas de algunos delincuentes que obligan a olvidar y a dejar impunes sus crímenes”.
15) Porque terminar con la impunidad tiene que ver con el futuro, más que con el pasado. Porque está en juego el futuro como sociedad, en la medida que la actitud que tomemos ante estos temas estará formando éticamente a los jóvenes de nuestro tiempo. La lucha contra la impunidad logró incorporar a miles y miles de jóvenes, que encontraron allí una causa justa y de honda significación moral y ética por la cual entregar lo mejor de sí. Sin los jóvenes ni siquiera sería pensable la idea de Revolución o de Utopía.
16) Por razones estrictamente éticas y morales. Queremos terminar con la impunidad porque es moral y éticamente inaceptable. Porque no queremos vivir en un país que juzga sin ningún problema al que roba para darle de comer a sus hijos, pero tiene una “ley” que prohíbe juzgar a quienes asesinaron, secuestraron, violaron e hicieron desaparecer personas, utilizando para ello el poder del Estado (terrorismo de Estado). Porque queremos vivir en un país en el cual, la Justicia sea un elemento esencial e innegociable frente a los crímenes de lesa humanidad.

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