ACOSEN A LOS JUECES

No es un tema nuevo, y tampoco es exclusivo de ningún lugar en particular. Cuando uno recorre la prensa mundial, se da cuenta que la persecución a los jueces es una forma más de manifestación del poder, y que se aplica en todas partes en forma más o menos desembozada. Desde la convulsionada Colombia, pasando por los jueces de Túnez, o por Honduras, y más recientemente las 17 organizaciones de jueces y fiscales que hicieron público un comunicado contra la persecución al juez Baltasar Garzón por haber investigado "los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista", y más específicamente, los delitos de desaparición forzada, comunicado que también fuera suscrito por la Federación de Asociaciones de Jueces para la democracia de Latinoamérica y del Caribe.

POR CASA COMO ANDAMOS

En junio del año pasado, escribimos un artículo en el que hablábamos de la indignación popular en el tema de los derechos humanos, y señalábamos lo siguiente, en función de la presión que se ejerecía sobre la jueza Mota:

Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”. Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, por la verdad y la justicia.

Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicaturay de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces seabstendrán: 1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamadosa fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.

2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.

Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.

NUEVAMENTE LA PRESION SOBRE MOTA

Nueve meses después, vemos con sorpresa (o no tanto) que desde diferentes ámbitos se vuelve a presionar a la jueza Mota, esta vez, por las declaraciones echas en una entrevista al diario Página 12 de Argentina, a donde la magistrada viajó invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para hablar sobre su experiencia como jueza penal de séptimo turno en donde investiga los delitos cometidos por la dictadura.

¿Y qué cosas tan graves expresó la Dra. Mota en esa entrevista? Habló por ejemplo del delito dedesaparición forzada y de su tipificación como tal en nuestro país, habló de la dictadura uruguaya , delos muertos, desaparecidos y presos políticos. Dijo que según un informe de Amnistía, uno de cadacincuenta uruguayos había sido interrogado, que los funcionarios públicos eran calificados según suvinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas, etc. Explicó lo ocurrido luegode la marcha del 20 de mayo pasado: “Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamentey que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso aCalcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, antela prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la éticajudicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechoshumanos, sin ningún tinte político”.

Y bien, de acuerdo a lo que informó la prensa días pasados, “El presidente José Mujica afirmó que le"llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" se haya pronunciadosobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al gobierno argentino por su política dederechos humanos y cuestionó al uruguayo”.

Y ¿qué fue lo que molestó al presidente y por lo cual esperaba un pronunciamiento de la SCJ o de“algo parecido”?

El periodista argentino le pregunta: “¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo alproceso de Verdad y Justicia en su país?”, a lo cual la jueza Mota respondió: “No hay unapromoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, seesclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensafueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorialque los tuvo como víctimas”.

Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Hay alguna duda que en nuestro país no hay un interés real por parte del gobierno de que estas cosas se esclarezcan? ¿Hay alguna duda de que la actitud del gobierno argentino es bien diferente a la del uruguayo? Una prueba contundente es que mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitadoéticamente” para desempañarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos depoder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por sucompromiso con los derechos humanos. ¿Se puede dudar de que Mujica y Huidobro pierden objetividad en estos temas?

Pero la pregunta fundamental es: ¿Son estas declaraciones político partidarias? Claro que no. Y como lo no son, lo que habría que averiguar es qué hay detrás de la presión que se quiere ejercer sobre la jueza Mota.