LOS CAMBIOS NO HAN TRANSFORMADO LA CABEZA
Finalmente, la derecha recogió
las firmas necesarias para someter a plebiscito la baja de la edad de
imputabilidad. En el mismo
país en donde costó
un esfuerzo considerable
juntar las firmas para
anular la ley de
impunidad, costó menos de lo esperable juntar mas
firmas para condenar a
los adolescentes bajando
la edad de imputabilidad.
Las razones pueden parecer
muy obvias. Uno es
un tema del pasado
reciente (las violaciones
a los derechos humanos
por parte de la
dictadura que cayó
hace 27 años), y
el otro es un
problema actual (que
no debemos minimizar).
Muchos que firmaron sin
dudar para bajar la
edad de imputabilidad,
probablemente pusieran cara
de no entender ni
de qué le estaban
hablando cuando les
pidieron que firmara
para anular la ley
de impunidad.
¿COMO LLEGAMOS HASTA AQUI?
Como dijimos, las razones de que
la sociedad uruguaya haya llegado a esta forma de ver las cosas (o de no
verlas), pueden parecer muy obvias, pero sin embargo, deberían ser objeto de un
análisis en profundidad.
Las dudas de la izquierda, en
cuanto a dar unida una lucha constante y a fondo, por la defensa de los
derechos humanos, por verdad y justicia, y contra la impunidad, son muy
difíciles de explicar. Si las vacilaciones y dudas provinieran de la juventud,
tal vez uno pudiera decir que se debieron a cierta ajenidad con los hechos en
cuestión, o algo así. Pero no es el caso. La juventud fue la que con más
entusiasmo participó en el proceso de recolección de firmas, y la que más se
movilizó por la anulación de la ley de impunidad, así como es la esperanzadora
presencia infaltable en las marchas de los 20 de mayo. En tanto que las
vacilaciones, dudas (y también traiciones) provinieron de algunos actores de
aquellos años negros del fascismo.
Tal vez más explicable sea
determinada apatía en aquellas franjas etáreas de uruguayos que eran niños en
la dictadura, que fueron jóvenes durante los años en que campeó el
neoliberalismo (y sus rasgos más negativos: hacé la tuya, no te metas, no
participes) y que alumbraron en el siglo XXI el primer gobierno progresista de
la historia.
Esta última explicación tal vez sea
válida también para analizar por qué se pudieron llegar a recoger 370 mil
firmas para bajar la edad de imputabilidad.
LA GRAN MENTIRA
Para captar la dimensión del problema, hay que analizar la gran mentira
que significa el tema de la inseguridad en general, y el de los adolescentes en
particular. Empezando por la gran mentira de la “baja de la edad de
imputabilidad”, puesto que el propio Código de la Niñez y la Adolescencia ya determina
en la actualidad que se pueda privar de libertad y tomar medidas a menores de
edad desde los 13 a los 18 años; y si lo que se quiere es mandar a los menores
a cárceles de adultos, entonces nuestro país estaría violando los tratados
sobre los Derechos Humanos, y pasaría a integrar el grupo de países junto con
Somalia y Estados Unidos que no reconocen la Convención internacional de los
Derechos del Niño.
Recientemente, el Director Regional del PNUD, Heraldo Muñoz, afirmó que
Uruguay y Chile son los países que tienen los más bajos índices de criminalidad
de la región "pero es en los que la
seguridad es el tema que más preocupa". Dijo además que en nuestro
país hay “una paradoja entre la cantidad
de crímenes y la percepción…”, y que los datos más bien reflejan que hay una realidad de percepción
condicionada por los medios de comunicación, por lo que se escucha y lo que
sucede en otros lados que afecta enormemente como la gente responde a este
problema.
Pero además, la carga de la responsabilidad por esa inseguridad provocada
por el delito -en gran medida desproporcionada y aumentada por los medios de
comunicación- se descarga sobre los menores, y la impresión que la gente tiene
es la de verdaderas hordas de infanto juveniles asolando las calles, lo cual
también es una gran mentira.
Porque la realidad indica que hay en nuestro país 260 mil adolescentes
entre 13 y 18 años (menos del 10% de la población). De ellos, menos de mil tienen
algún problema con la ley penal (menos del 0,3 % de los adolescentes, y menos
del 0,03% de la población del Uruguay) y 350 de ellos han cometido delitos
graves y ahora están privados de libertad (apenas el 1% de los jóvenes
adolescentes, y el 0,01% de la población). Por otra parte, las cifras indican
que del total de los delitos cometidos en el país, 5.9% fue realizado por
menores de edad: 2% contra la persona y el 98% restante son delitos contra la
propiedad. Por otro lado, en 2011 más de dos mil mujeres denunciaron (son
apenas las que se animaron a denunciar) ser víctimas de violencia doméstica
(violencia que no proviene de ningún menor), y eso no ha merecido grandes
titulares ni informativos televisivos con música terrorífica de fondo.
UNA SOCIEDAD CONSERVADORA
Al parecer la sociedad uruguaya se ha vuelto más conservadora de lo que
era. Incluso de lo que era antes de llegar la izquierda al gobierno. Lo que
quiero decir, es que las transformaciones que la izquierda ha realizado en
distintos niveles (económico, social, etc…) no han transformado la cabeza de la
gente; no la han hecho más solidaria ni más preocupada por los problemas que
afectan a sus semejantes. Para ejemplificarlo con el mismo tema que venimos
viendo, tomemos lo sucedido en Ecilda Paullier.
Según informara La Diaria, en setiembre de 2011 sus habitantes se vieron
conmovidos por la denuncia contra el hermano de un pastor evangélico, que
gestionaba el hogar de niños y ancianos “La Familia”. De acuerdo a lo narrado
por la abogada defensora de las niñas de ese hogar abusadas (niñas de entre 8 y
11 años), los hechos quedaron al descubierto gracias a un matrimonio que
trabajaba en el hogar. El matrimonio habló con el encargado, que admitió las
acusaciones, y le dio un plazo para que se presentara ante la Policía. Como el
hombre no concurrió, la pareja hizo la denuncia ante la Seccional 5ª de Ecilda
Paullier. Los días pasaban y no había novedades en la investigación. La
situación permaneció sin cambios hasta que el conductor de un programa de
música tropical hizo la denuncia al aire, en una radio comunitaria del pueblo.
Al programa, los oyentes llamaban, y al principio al parecer había una amplia
mayoría de personas que condenaban….a las niñas, y apoyaban al acusado. La
mayoría del pueblo pensaba que se trataba de una trampa tendida por la Justicia
para inculpar al pastor, según explicó el conductor del programa. La abogada
defensora de las niñas, relató que una de ellas recibió comentarios de
desprecio de una profesora del liceo. Otro de los comentarios que escuchó hacía
referencia a que las víctimas usaban polleras “muy cortas”.
Se pueden decir muchas otras cosas sobre este caso. Por ejemplo, que las
niñas tuvieron que irse del pueblo porque eran constantemente acusadas y
señaladas (no el abusador), y que el conductor radial fue despedido; pero lo
que queremos mostrar, es una sociedad en donde loa mayores aterrorizan a los
niños, en donde los mayores se desentienden de los niños, una sociedad donde
los adultos miran para otro lado cuando se agrede a los niños pero gritan
enfervorizados cuando se trata de acusar a los niños.
LAS PREOCUPACIONES
Que ningún pibe nace chorro es una buena consigna, pero es además una
gran verdad. Un botija que termina en la pasta base y en el delito, es una
falta cometida por la sociedad. Un botija que delinque, es el producto de dos
cosas simultáneas: de lo que la sociedad no hizo para, prepararlo como ser
pensante, libre y creador, y de lo que la sociedad hizo, estigmatizándolo, segregándolo
y condenándolo de antemano. La preocupación fundamental del sistema político
debería ser cómo evitar que esas cosas se den. Sin dejar de lado el tema de la
seguridad, claro, pero sin olvidar ni por un momento lo otro.
Algunas voces desde el sistema político, fundamentalmente desde la
izquierda, al parecer comienzan a ver un tema “más importante” en el horizonte:
el de un plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad que se perdería, y
que pondría como ejes de discusión en medio de las elecciones el tema de la
seguridad, lo que nos podría hacer perder las elecciones.
La clase trabajadora, por su parte, comienza a trabajar para que los ejes
sean otros: los que abarcan toda la problemática económica, social y política a
través de la Convención Constituyente. Instrumento que forma parte esencial del
Programa del FA pero que pocos se atreven a encarar.
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