LOS CAMBIOS NO HAN TRANSFORMADO LA CABEZA


Finalmente, la derecha recogió las firmas necesarias para someter a plebiscito la baja de la edad de imputabilidad. En el mismo país en donde costó un esfuerzo considerable juntar las firmas para anular la ley de impunidad, costó menos de lo esperable juntar mas firmas para condenar a los adolescentes bajando la edad de imputabilidad. Las razones pueden parecer muy obvias. Uno es un tema del pasado reciente (las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura que cayó hace 27 años), y el otro es un problema actual (que no debemos minimizar). Muchos que firmaron sin dudar para bajar la edad de imputabilidad, probablemente pusieran cara de no entender ni de qué le estaban hablando cuando les pidieron que firmara para anular la ley de impunidad.
¿COMO LLEGAMOS HASTA AQUI?
Como dijimos, las razones de que la sociedad uruguaya haya llegado a esta forma de ver las cosas (o de no verlas), pueden parecer muy obvias, pero sin embargo, deberían ser objeto de un análisis en profundidad.
Las dudas de la izquierda, en cuanto a dar unida una lucha constante y a fondo, por la defensa de los derechos humanos, por verdad y justicia, y contra la impunidad, son muy difíciles de explicar. Si las vacilaciones y dudas provinieran de la juventud, tal vez uno pudiera decir que se debieron a cierta ajenidad con los hechos en cuestión, o algo así. Pero no es el caso. La juventud fue la que con más entusiasmo participó en el proceso de recolección de firmas, y la que más se movilizó por la anulación de la ley de impunidad, así como es la esperanzadora presencia infaltable en las marchas de los 20 de mayo. En tanto que las vacilaciones, dudas (y también traiciones) provinieron de algunos actores de aquellos años negros del fascismo.
Tal vez más explicable sea determinada apatía en aquellas franjas etáreas de uruguayos que eran niños en la dictadura, que fueron jóvenes durante los años en que campeó el neoliberalismo (y sus rasgos más negativos: hacé la tuya, no te metas, no participes) y que alumbraron en el siglo XXI el primer gobierno progresista de la historia.
Esta última explicación tal vez sea válida también para analizar por qué se pudieron llegar a recoger 370 mil firmas para bajar la edad de imputabilidad.
LA GRAN MENTIRA
Para captar la dimensión del problema, hay que analizar la gran mentira que significa el tema de la inseguridad en general, y el de los adolescentes en particular. Empezando por la gran mentira de la “baja de la edad de imputabilidad”, puesto que el propio Código de la Niñez y la Adolescencia ya determina en la actualidad que se pueda privar de libertad y tomar medidas a menores de edad desde los 13 a los 18 años; y si lo que se quiere es mandar a los menores a cárceles de adultos, entonces nuestro país estaría violando los tratados sobre los Derechos Humanos, y pasaría a integrar el grupo de países junto con Somalia y Estados Unidos que no reconocen la Convención internacional de los Derechos del Niño.
Recientemente, el Director Regional del PNUD, Heraldo Muñoz, afirmó que Uruguay y Chile son los países que tienen los más bajos índices de criminalidad de la región "pero es en los que la seguridad es el tema que más preocupa". Dijo además que en nuestro país hay “una paradoja entre la cantidad de crímenes y la percepción…”, y que los datos  más bien reflejan que hay una realidad de percepción condicionada por los medios de comunicación, por lo que se escucha y lo que sucede en otros lados que afecta enormemente como la gente responde a este problema.
Pero además, la carga de la responsabilidad por esa inseguridad provocada por el delito -en gran medida desproporcionada y aumentada por los medios de comunicación- se descarga sobre los menores, y la impresión que la gente tiene es la de verdaderas hordas de infanto juveniles asolando las calles, lo cual también es una gran mentira.
Porque la realidad indica que hay en nuestro país 260 mil adolescentes entre 13 y 18 años (menos del 10% de la población). De ellos, menos de mil tienen algún problema con la ley penal (menos del 0,3 % de los adolescentes, y menos del 0,03% de la población del Uruguay) y 350 de ellos han cometido delitos graves y ahora están privados de libertad (apenas el 1% de los jóvenes adolescentes, y el 0,01% de la población). Por otra parte, las cifras indican que del total de los delitos cometidos en el país, 5.9% fue realizado por menores de edad: 2% contra la persona y el 98% restante son delitos contra la propiedad. Por otro lado, en 2011 más de dos mil mujeres denunciaron (son apenas las que se animaron a denunciar) ser víctimas de violencia doméstica (violencia que no proviene de ningún menor), y eso no ha merecido grandes titulares ni informativos televisivos con música terrorífica de fondo.
UNA SOCIEDAD CONSERVADORA
Al parecer la sociedad uruguaya se ha vuelto más conservadora de lo que era. Incluso de lo que era antes de llegar la izquierda al gobierno. Lo que quiero decir, es que las transformaciones que la izquierda ha realizado en distintos niveles (económico, social, etc…) no han transformado la cabeza de la gente; no la han hecho más solidaria ni más preocupada por los problemas que afectan a sus semejantes. Para ejemplificarlo con el mismo tema que venimos viendo, tomemos lo sucedido en Ecilda Paullier.
Según informara La Diaria, en setiembre de 2011 sus habitantes se vieron conmovidos por la denuncia contra el hermano de un pastor evangélico, que gestionaba el hogar de niños y ancianos “La Familia”. De acuerdo a lo narrado por la abogada defensora de las niñas de ese hogar abusadas (niñas de entre 8 y 11 años), los hechos quedaron al descubierto gracias a un matrimonio que trabajaba en el hogar. El matrimonio habló con el encargado, que admitió las acusaciones, y le dio un plazo para que se presentara ante la Policía. Como el hombre no concurrió, la pareja hizo la denuncia ante la Seccional 5ª de Ecilda Paullier. Los días pasaban y no había novedades en la investigación. La situación permaneció sin cambios hasta que el conductor de un programa de música tropical hizo la denuncia al aire, en una radio comunitaria del pueblo. Al programa, los oyentes llamaban, y al principio al parecer había una amplia mayoría de personas que condenaban….a las niñas, y apoyaban al acusado.  La mayoría del pueblo pensaba que se trataba de una trampa tendida por la Justicia para inculpar al pastor, según explicó el conductor del programa. La abogada defensora de las niñas, relató que una de ellas recibió comentarios de desprecio de una profesora del liceo. Otro de los comentarios que escuchó hacía referencia a que las víctimas usaban polleras “muy cortas”.
Se pueden decir muchas otras cosas sobre este caso. Por ejemplo, que las niñas tuvieron que irse del pueblo porque eran constantemente acusadas y señaladas (no el abusador), y que el conductor radial fue despedido; pero lo que queremos mostrar, es una sociedad en donde loa mayores aterrorizan a los niños, en donde los mayores se desentienden de los niños, una sociedad donde los adultos miran para otro lado cuando se agrede a los niños pero gritan enfervorizados cuando se trata de acusar a los niños.
LAS PREOCUPACIONES
Que ningún pibe nace chorro es una buena consigna, pero es además una gran verdad. Un botija que termina en la pasta base y en el delito, es una falta cometida por la sociedad. Un botija que delinque, es el producto de dos cosas simultáneas: de lo que la sociedad no hizo para, prepararlo como ser pensante, libre y creador, y de lo que la sociedad hizo, estigmatizándolo, segregándolo y condenándolo de antemano. La preocupación fundamental del sistema político debería ser cómo evitar que esas cosas se den. Sin dejar de lado el tema de la seguridad, claro, pero sin olvidar ni por un momento lo otro.
Algunas voces desde el sistema político, fundamentalmente desde la izquierda, al parecer comienzan a ver un tema “más importante” en el horizonte: el de un plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad que se perdería, y que pondría como ejes de discusión en medio de las elecciones el tema de la seguridad, lo que nos podría hacer perder las elecciones.
La clase trabajadora, por su parte, comienza a trabajar para que los ejes sean otros: los que abarcan toda la problemática económica, social y política a través de la Convención Constituyente. Instrumento que forma parte esencial del Programa del FA pero que pocos se atreven a encarar.

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