PLEBEYO

(Aparecido esta semana en Semanario VOCES)

Tres intendentes del Partido Nacional (Pablo Caram, Enrique Antía y Fernando Echevarría) y un senador del mismo pelo (Álvaro Delgado) se benefician explotando tierras propiedad del Estado que les adjudicó el Instituto Nacional de Colonización. Por el privilegio pagan una renta diferencial que no llega al precio del mercado. Esta situación contradice el espíritu del legislador que creó el INC con la ley N° 11.029: el objetivo del Instituto era, como dice su actual presidenta, Jacqueline Gómez: “privilegiar a los más infelices, a los sectores más vulnerables del medio rural”[1]. Desde 1948 a esta parte se ha hablado mucho y se ha avanzado demasiado poco hacia la meta. Ni Vázquez, ni Mujica, ni el Frente Amplio intentaron poner fin al beneficio socialmente injusto del gozan esas cuatro personas.

Al amparo de la ley N° 18.381 de acceso a la información pública, la revista ‘Campo’[2] solicitó algunos datos sobre las relaciones de estos falsos colonos con el Instituto. Jacqueline Gómez entregó los padrones de los inmuebles, el nombre de las colonias que integran, su superficie y la renta que pagan, pero, sin dudar un instante, se negó a divulgar información sobre la identidad de los privilegiados, apoyándose en base a la ley de protección de datos personales. Es decir, se cuidó de no agraviar los derechos de cuatro notorios dirigentes partidarios. No es preciso aclarar que su actitud fue exactamente la contraria en el archiconocido caso de Gabriel Arrieta. La página de presidencia y Jacqueline se ensañaron con el colono para desacreditarlo. Como los jueces de fútbol, Jacqueline Gómez castiga al chico con el penal que no cobra a los cuadros grandes.

El contexto

No sería leal ensañarse con la presidenta del Instituto de Colonización, ella navega con el cardumen, la comprenden las generales de la ley en el contexto de la subjetividad creada por la defección del Frente Amplio en general y del Movimiento de Participación Popular en particular.

Los frenteamplistas llegaron al gobierno acariciando la promesa del Uruguay Productivo, esperando que se pondría fin a la subordinación a los capitales extranjeros y a la tragedia de los niños que comían pasto. Ya sentían temblar las raíces del neoliberalismo y que, por Verdad y Justicia, los criminales del terrorismo de Estado pagarían sus culpas condenados por los tribunales penales. Envueltos por la misma marea, los militantes del MPP soñaban con privilegiar a los infelices, facilitar su acceso a la tierra y colocar el punto final al proceso de extranjerización de la propiedad de nuestras fértiles y onduladas praderas.  

Trece años más tarde, disciplinaditos en sus sillas playeras, los feligreses -incluyendo a los emepepistas- se alegran porque las calificadoras de riesgo premian al Uruguay por lo bien que alimentan la rentabilidad de los fondos acreedores. Adormecidos por la monotonía de los discursos, se enorgullecen de la instalación de una nueva fábrica de celulosa, inversión que se amortizará rápidamente y luego será medio siglo de ganancias. Festejan alborozados las cifras de producción de soja transgénica, sin analizar las de importación y del uso de agrotóxicos prohibidos en varios países. Toleran que el Uruguay Productivo sea el del capital extranjero, no el prometido sino el que condena el país a productor de materias primas, expulsa la gente del campo y contamina nuestras tierras, nuestras aguas y nuestro aire. Ceden a los requerimientos de UPM y de las corporaciones transnacionales, del mismo modo que soportan las presiones de Rex Tillerson -que ni siquiera se dignó a pasar por Uruguay- y levantan la mano obediente en la OEA, en el calentamiento previo a la intervención directa en Venezuela.  

Trece años después, aumentó el PBI macroeconómico, pero decreció el PBI familiar del millón de uruguayos cuyos salarios y jubilaciones no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Trece años después los niños siguen comiendo basura en la periferia de la ciudad, las tres cuartas partes no terminan secundaria y, víctimas de los valores que estimulan la adicción al consumo, demasiados de ellos corren el riesgo de cometer el crimen más horrendo y… ¡trece años después el 99% de los acusados por delitos de lesa humanidad gozan del olvido y el perdón, de impunidad para espiar, infiltrarse y conspirar al aire libre! La misma impunidad con que el poder judicial -escudado lo costoso de una pericia contable- protege a los sospechosos de derrochar los fondos públicos administrados por ALUR.

¡Qué culpa tiene Jacqueline que sólo marcha detrás de Momo!

Disconformidad

La experiencia de trece años contradijo aquella esperanza inicial en los dioses virtuosos que se adoraban antaño y la mayor parte de los electores sienten que les robaron expectativas e ilusiones. La dualidad y el doble discurso fueron un terrible gancho de derecha a la confianza ciega, agotaron el tiempo de las certezas, de cuando los votantes de Tabaré y Mujica elegían diputados y senadores que no conocían. Un ciclo de desencanto siguió al del dedito para arriba y la carita sonriente, con el impulso vino el freno dijera don Carlos Real de Azúa. Hoy predominan sentimientos de mucha disconformidad y descreimiento, de desconfianza generalizada.

Despilfarro de los fondos públicos, uso abusivo de las tarjetas corporativas y fraude con falsas licenciaturas, la enorme mayoría de los votantes se dieron cuenta de haber sido víctimas de engaño y demagogia. El vaso se derramó al descubrir que, por designación directa, se llenaron con familiares, consuegros, novias y amigos partidarios los huecos vacíos en los casilleros del Estado. ¡Frenteamplistas practicando el clientelismo que denunciaron durante treinta años! El descrédito nubla la vista … el horizonte frenteamplista dejó de estar pintado con utopías. Salvo los feligreses más crédulos, la gente no sabe dónde ir.

En este contexto de protesta latente, cristalizó en la ‘autoconvocatoria’ por WhatsApp. Una abigarrada montonera de mujeres y hombres propietarios y no propietarios de campos o de empresas de diverso rubro, periodistas y camioneros, muchos técnicos profesionales y pocos asalariados. La consigna ‘un solo Uruguay’ no puede disimular la presencia de varios Uruguay dentro del movimiento.

¿Qué tienen en común? Las diez mochilas planteadas por el agrónomo Eduardo Blasina no alcanzan a ser un programa económico y social y, mucho menos, un proyecto de país. Además, como saldrían a la superficie profundas diferencias y se producirán grandes divorcios, la montonera no puede definirse a favor o en contra del modelo depredador y dependiente que impulsa el astorismo. Al parecer los amalgama un sentimiento muy fuerte de desengaño, disconformidad y desconfianza que logra que caminen juntos intereses tan encontrados como el de los productores familiares y los asociados a ANDEBU. Mas que un ‘solo Uruguay’ son el movimiento de ‘una sola disconformidad’. Al parecer los carcome la duda entre movilizarse y negociar, como el resto de los uruguayos han demostrado que tampoco saben muy bien qué hacer.

En medio del barullo se sumó la Mesa de los Colonos. Fueron para dejar de ser invisibles, para denunciar el capricho arbitrario de un Instituto congénitamente incapaz de resolver la cuestión de tierra para el que quiere trabajarla. Al cobrarle una renta que supera los cien dólares por hectáreas, el INC coloca al colono pobre y su familia en un brete, porque reciben el predio, pero no pueden competir con quienes son propietarios de una chacra. También fueron a buscar soluciones para los desalojos a los colonos más empobrecidos. Aun cuando es mucho el entrevero social y político, a los colonos los ladearon a un costado.

 El señor presidente

El gobierno se propone evitar que los ‘autoconvocados’ extiendan y profundicen la movilización, dividirlos y desgastarlos en las ‘mesas de trabajo’ y, en el marco de esa estrategia, intentó sacarle jugo a las medidas que estaba encargado de anunciar el ministro Benech. Con el paquete de dádivas bajo el brazo, el señor presidente puso en práctica el recurso de bajar al llano, que varias veces ha contribuido a fortalecer su imagen electoral, por ejemplo, con los ‘cincuentones’. Sin embargo, esa forma de demagogia disimulada funciona cuando el entorno está conforme y entusiasmado, pero parece poco aconsejable cuando el medio ambiente está atravesado por la disconformidad. La democracia representativa sólo es válida mientras cuenta con el consentimiento del conjunto que representa.   

Nadie escapa al contexto, ni siquiera un presidente de la república respaldado por la mayoría electoral y, por consiguiente, a Tabaré le salió el tiro por la culata. Tal vez pensó mantener la ecuanimidad, pero no pudo. Iracundo, entró en la marabunta callejera. Dejó una imagen contradictoria, por un lado, la de un dios que bajó a la tierra para dejar satisfecha su clientela electoral, pero, a la vez, al alejarse del reino de los cielos, dejó de ser el dueño de las doce tablas y mostró su veta de ser humano vulgar, la misma que lucen los muchas de la esquina en La Teja.

Algunos colonos del Instituto -por supuesto no son intendentes ni senadores- vienen consumiendo sus energías y su paciencia en el esfuerzo por construir una Mesa que los agrupe y represente. Hasta ahora sus reivindicaciones han sido ignoradas por la central sindical, los partidos políticos y el gobierno y, además, invisibilizadas por los medios de comunicación. Gabriel Arrieta venía, junto con Mario Thedy, presidente de la Mesa, a plantear humildemente sus urgencias, pero los autoconvocados los excluyeron de la autoconvocatoria y no les permitieron entrar el Ministerio, agregando algunos gramos más de hiel al sabor amargo del desgaste militante.

Gabriel Arrieta tampoco pudo escapar al contexto. Indignado desde hace mucho tiempo con la práctica políticamente correcta y el discurso por izquierda para favorecer el desarrollo del capitalismo. Pertenece a la tradición de Rolan Rojas, miembro del comité central de la juventud comunista, que, en 1965, irritado por los bombardeos a Vietnam y el bloqueo a Cuba, escupió el rostro de Dean Rusk, secretario de Estado de los EEUU. Arrieta perdió los estribos, le ocurrió lo mismo que al presidente de la república y casi echa a perder años de trabajosa lucha social con sus compañeros de la Mesa, pero ¿cómo exigirle buenos modales a quien lleva diez años viviendo en un ómnibus descangallado, con su familia y en medio de la nada? No es moco de pavo indignarse antes diez ‘patovicas’ con un señor que representa ese Estado ante el que enseñan a hincar la rodilla desde el vientre materno.

En otros momentos históricos, Arrieta se hubiera colocado un gorro frigio en la cabeza y, pica en mano, se habría sumado a aquella multitud que guillotinó reyes y hoy concita reverente admiración en los liberales burgueses. O, en otras condiciones, hubiera formado parte de la partida de Encarnación Benítez, que expropió latifundios bastante antes que Artigas promulgara el Reglamento de Tierras. ¿Serán mujeres y hombres con este carácter y estas actitudes los que nutrirán la fuerza social altamente ideologizada que, algún día, luchará por la revolución social? No lo sé, pero se puede afirmar que esa lucha no la darán los militantes adocenados, fabricados en serie para ser operadores de alianzas electoralistas de variada especie.

El frenteamplista no tolera la crítica y mucho menos que traten de mentiroso a su caudillo mayor. Votómetro en mano, le busca la quinta pata al gato y cree ver manos negras -o, más bien, blancas- tras el alboroto de los disconformes. No percibe lo peligroso que puede ser adjudicar al Partido Nacional la capacidad de mover los hilos de la movilización social. Le regala una virtud de la cual carece. Por otra parte, de tanto desafiarlos a verse en las urnas, la cortedad de miras terminará empujando buena parte de la montonera hacia el molino de Lacalle Pou.   

La institucionalidad

El señor presidente llama a confiar en la institucionalidad. Lo mismo hacen la Lucía y el Pepe. Sin embargo, aún despeinado, Tabaré es más creíble, porque el popular matrimonio no hace tanto que empuñó armas para derribar las mismas instituciones que ahora alaban, paradigma de revolucionarios convertidos en demócratas burgueses.

Ahora bien, ¿por qué confiar en las instituciones? ¿no son las mismas que esconden la brecha entre el que nada tiene y el dueño de todo? ¿no son el instrumento de las corporaciones extranjeras para adueñarse del territorio, de sus industrias, finanzas y de las mentalidades? ¿no son las que funcionan en base al clientelismo y el acomodo? Lo lamento, será cosa de viejo irredento, pero así funciona la democracia electoral y parlamentaria. El sistema necesita de la mentira y la demagogia como del aire que respira. Si el señor presidente puede utilizarlas para vengarse despiadadamente de un plebeyo sin-poder, ¿por qué confiar en las instituciones?

¿Cómo confiar en partidos políticos que se alternan para disfrutar del acomodo y del uso abusivo de sus prerrogativas? ¿Cómo confiar en un Instituto que protege privilegiados y desaloja colonos que quieren trabajar la tierra? Utópico es creer que la justicia social y el poder popular se pueden alcanzar transitando los caminos electorales y parlamentarios, cuando ellos, precisamente, son el truco de magia conque la clase dominante pacifica espíritus y doma disidencias.  

¡Ser respetuoso de la investidura presidencial! ¿Qué? ¿Es un manto sagrado? ¿Por qué respetar investiduras que los investidos usan para hacer sentir que su poder es ilimitado? El respeto no se gana con cifras y estadísticas que sirven para un barrido o un fregado, sino con la coherencia entre los hechos y el horizonte imaginario que se cultivó en las campañas electorales. El respeto a la investidura que se exige a Gabriel Arrieta apenas es un recurso ideológico para domesticar los otros baguales que puedan surgir por ahí. La presidencia ha perdido la mayúscula que tuvo en el 2005.

Es cierto, como se informa en la página de presidencia, Gabriel Arrieta ocupó un baldío propiedad de los ladrones del Banco de Créditos y debe renta al Instituto ¿ello lo obliga a inclinar la testuz? Corremos el riesgo de condenar al hereje para no cuestionar cómo se ejerce el poder desde la institucionalidad.

Jorge Zabalza