jueves, 27 de noviembre de 2008

CON EL DEBIDO RESPETO



(carta abierta al compañero presidente)

Debo ser sincero, hubiera apostado que usted no iba a vetar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. No era una simple intuición, me basaba en la experiencia. Usted había demostrado ser sensible a la opinión del pueblo. Por poner solo un ejemplo, recuerdo el del TLC. Usted estaba decidido a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, pero se dio cuenta que eso hubiera significado ir en contra de la opinión mayoritaria dentro de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y de la mayoría del pueblo uruguayo, y usted dio marcha atrás. No fue la única vez. También se dio cuenta que iba contra la opinión mayoritaria su propuesta de llevar adelante el proyecto del Nunca Más de García Pintos, y lo dejó de lado, no volvió a insistir en el tema. Cosas como estas me hacían pensar que finalmente, aunque usted no estaba de acuerdo con la Ley, la promulgaría, para así dar paso a que quienes no estuvieran de acuerdo (usted incluido) pudieran someterla a referéndum y que todo el pueblo se expresara. Pero me equivoqué. Finalmente usted, compañero presidente, hizo uso de ese instrumento absolutista que es el veto, y con ese solo acto impuso su propia opinión sobre la de todos los demás uruguayos. El miércoles pasado, un diario de nuestro país publicaba en tapa una foto tomada en la marcha en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la foto, una niña sostenía un cartel que decía: ES VIOLENCIA CUANDO NO TE PERMITEN OPINAR. Seguramente usted estará de acuerdo con esa frase. Y seguramente usted reconocerá que a no permitir que la población se exprese sobre si quiere o no una Ley de Salud Sexual y Reproductiva, usted de alguna manera ejerció violencia sobre todo el pueblo uruguayo. Más allá de que también es violencia contra la mujer el no dejarla decidir sobre lo que hacer con su propio cuerpo. Usted tiene sus razones para no estar de acuerdo con la ley, y nadie discute su derecho a expresarlas. Pero compañero presidente, usted debería aceptar que su opinión es tan válida como la de cualquier uruguayo. Usted comprenderá que con su actitud lo que ha hecho es barrer de un plumazo con la lucha de décadas de las fuerzas de izquierda por la legalización del aborto, pero también ha barrido de un plumazo con la opinión mayoritaria del Parlamento electo democráticamente por el pueblo uruguayo, y con la opinión del propio pueblo uruguayo que las encuestas recogen como apoyando mayoritariamente la legalización del aborto.
También verá que todas sus opiniones en contra de la ley, fueron vertidas y analizadas en el largo proceso de discusión de la misma. Usted no ha aportado, en el texto del veto, nada nuevo, nada que ya no haya sido discutido en el ámbito parlamentario. Por lo tanto, si esos argumentos fueron debatidos en el Parlamento, y a pesar de ello la ley fue aprobada por una amplia mayoría, su veto lo que está diciendo es lo siguiente: está bien, el Parlamento podrá pensar lo que quiera, pero el que tengo la razón soy yo. Disculpe la dureza compañero Tabaré, pero lo haya querido o no, lo que usted hizo fue avasallar la opinión de la mayoría de los uruguayos. Y no estoy discutiendo la potestad constitucional de hacerlo. Estoy si planteando el profundo error en el que ha incurrido. Error como presidente, error como dirigente de izquierda, error como demócrata probado. Error que además seguramente tendrá repercusiones para nuestra fuerza política en lo electoral, aunque no sería lo más importante, puesto que fundamentalmente se trata de un problema humano.
No voy a entrar a analizar sus argumentos para vetar la ley uno por uno. A esta altura de la cuestión, ya no vale la pena. Ya el veto está firme y no hay ley. Pero si quiero referirme al menos a uno de ellos. Usted aduce que la ley iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos-. Dice también que si bien una ley puede ser derogada por otra ley no sucede lo mismo con los tratados internacionales, los que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención). Yo comparto lo que usted afirma, compañero Tabaré. Pero quiero recordarle que hace pocos días estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. Recordemos que en 1992 la CIDH ya había realizado un pronunciamiento en contra de la ley de impunidad votada en 1986 que amnistió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura en Uruguay, pero la norma se ha mantenido vigente hasta hoy. Como sabemos, en el informe 29/92 (hace ya 16 años), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de caducidad es incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los sucesivos períodos de gobierno hasta ahora han mantenido vigente la ley. Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero el reclamo también ha sido hecho a nuestro gobierno. El que usted encabeza, compañero Tabaré. Y su preocupación por los Tratados Internacionales está además reforzada por nuestro programa de gobierno: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. Compañero Tabaré: cuanto me gustaría ver en usted una preocupación por cumplir con los Tratados semejante a la demostrada en el veto a la legalización del aborto, también en este caso. De cualquier manera, usted sabe que tarde o temprano los pueblos hacen lo que tienen que hacer. Más allá de su actitud, su propio Partido, el Partido Socialista, acaba de mandatar a sus legisladores a presentar la ley en el próximo período de gobierno. No me cabe duda que en el Congreso del Frente Amplio esa propuesta estará como un clamor de los Comités de Base. Así como la de anular la ley de impunidad. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas…¿recuerda compañero presidente¿

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