viernes, 25 de junio de 2010

APOYAMOS, EMPUJANDO PARA IR A MÁS


Días pasados, el semanario Búsqueda dio a conocer una versión del último informe del Comité Central del Partido Comunista, y algunas de las cosas que allí se dicen desataron la polémica y el nerviosismo en el seno del Frente Amplio. El punto principal, el que parece estar en el centro de la tormenta, es la pretensión del PCU de construir un proyecto alternativo para contraponer al proyecto económico que hoy es hegemónico en el Frente, en conjunto con otros sectores del FA que opinan que no aceptan un continuismo liso y llano de la política económica de nuestro anterior gobierno.
Pero para el PCU -y otros compañeros y sectores del FA- esta no es una postura caprichosa, sino que surge claramente del propio Programa del Frente Amplio, ese que todos deberíamos comprometernos a defender y a impulsar, y que nos mandata a profundizar en los cambios iniciados y a asumir cuestiones que no fueron resueltas en el anterior gobierno. Entre otras cosas, el tema de la redistribución de la riqueza, cuestión que nosotros advertimos en su momento –no fuimos los únicos- y que hasta el propio ex ministro de economía, el compañero Danilo Astori, durante la campaña electoral reconoció que no habíamos podido resolver. Y en este aspecto, el Programa del FA es absolutamente claro, y dice que “La redistribución del ingreso y de la riqueza es un elemento de identidad de la izquierda”. Pero más adelante, es aún más específico, y señala que “La política salarial del primer gobierno del Frente Amplio se basó en recuperar el salario perdido durante la administración Batlle. Fue una política de dignificación del salario, aún es necesario avanzar en redistribución del ingreso. Por ende la política salarial del período 2010– 2014 debe tener claramente un efecto redistributivo y para ello es necesario mejorar la relación entre masa salarial e ingreso nacional (indicador de la redistribución funcional de los ingresos).” Y lo que nuestro Partido y algunos economistas vienen planteando, es que si uno compara el crecimiento esperado del PBI, con el aumento de la masa salarial, se puede constatar que en realidad el equipo económico no está previendo –al menos por la vía salarial- una redistribución del ingreso y de la riqueza.
SI ES POSIBLE, IR A MÁS
Hay algo que debemos tener en cuenta, y es que la política económica no está desarrollada en el Programa. Pero allí se sintetiza -en términos de grandes orientaciones y objetivos- la propuesta de la izquierda para el período de gobierno. En función de ello, es que el gobierno debe actuar, y cada una de las orientaciones que se establecen en el Programa se expresan luego en la política económica, y tienen un punto de partida fundamental en el Presupuesto quinquenal, porque es allí en donde se definen las grandes líneas económicas para el período. Esto tampoco es un invento de los comunistas, y fue una decisión soberana de los frenteamplistas. Dice el documento del Congreso: “Gran parte de la acción del Estado se expresa en la elaboración del presupuesto 2010-2014. Si bien esa es una tarea a emprender en el propio gobierno y condicionada a la situación de recursos y fiscal del momento, los lineamientos del programa de gobierno deben incluir, al igual que lo hicieron en el programa anterior, las prioridades del gasto, que surgirán de los lineamientos programáticos aprobados en la instancia del Congreso”.
Al parecer, hay quienes piensan que el Frente Amplio puede elaborar el Programa que quiera, pero que después, en el gobierno, la política económica es de exclusiva incumbencia del ministro y su equipo. Y esto no es así, porque el ministro y su equipo integran el gobierno gracias a que la fuerza política ganó las elecciones, y eso es producto del esfuerzo mancomunado de todos los frenteamplistas, y la aplicación de lo que prometimos a la población es responsabilidad también de todos.
La actitud de nuestro Partido ha sido la de “apoyar empujando”, y lo seguirá siendo. Hemos apoyado todo lo bueno que hizo el primer gobierno del Frente Amplio, y seguiremos apoyando a este segundo gobierno. Pero eso no implica que nos conformemos o que rebajemos nuestras expectativas. En principio, seremos impulsores acérrimos de lo que entre todos establecimos en el Programa del FA en el último Congreso. Y si es posible profundizar aún más de lo que está establecido en el Programa, porque existen condiciones para hacerlo y ello beneficia al pueblo uruguayo, también empujaremos para hacerlo. No creemos que haya motivo para molestarse por ello, y creemos que todos los frenteamplistas deberían tener la misma actitud de avance en democracia.
EL ROL DEL ESTADO
El Programa resalta la importancia de la inversión, hace ver que también es necesaria la inversión estatal, y plantea la necesidad de que la inversión extranjera contribuya al desarrollo nacional (que no sea especulativa). Y más adelante refuerza más aún la idea, señalando que “Una estrategia de desarrollo implica un rol activo del Estado”.
El rol activo del Estado tiene también -como uno de sus objetivos básicos- promover una estructura productiva compatible con el desarrollo nacional en el mediano y largo plazo, y que permita que nuestra producción no sólo abastezca el mercado interno con alimentos, materias primas y manufacturas, sino que nos permita acceder a los mercados
internacionales más exigentes con producción competitiva y de mayor valor agregado.
Como país pequeño que somos, no podemos competir en cuanto a volúmenes de producción, pero sí nos proponemos generar factores competitivos en productos específicos orientados a mercados segmentados donde la competencia se basa menos en el precio y más en otros factores.
Dos criterios básicos entonces para la conformación de esa estructura productiva: la competitividad y la generación de empleo productivo. Y por lo tanto, habrá que elegir los rubros que nos permitan avanzar en políticas activas, sectoriales y selectivas; rubros y actividades económicas con posibilidades de competitividad actual y futura. Y en ese sentido sostenemos que es posible aprovechar más nuestras riquezas naturales en beneficio del país y de su gente, mediante la participación del Estado en algunas áreas estratégicas mediante la creación de entes testigos donde sea necesario, constituyéndose en palancas del desarrollo y en herramientas para transformaciones productivas profundas. Y en ese sentido, se destacan dos propuestas en el Programa, la de un Ente pesquero y la de un Frigorífico nacional. Respecto a lo primero, dice: “Se creará el ente estatal del mar que incluya: flota nacional control del “empadronamiento de buques”, adecuación y utilización del astillero de la Armada, frigorífico pesquero para el abasto interno y plan de educación alimentaria”. Respecto de la segunda propuesta dice: “Estudiar el desarrollo de un Frigorífico Nacional estatal a través del cual el estado cumpla un rol activo en los objetivos de generar empleo, crear una fuente de ingreso público y abaratar el precio de la carne para consumo interno. El Frigorífico nacional estatal tendrá como destino de lo producido el mercado interno. En la producción se involucrará especialmente a los pequeños productores rurales, brindando el asesoramiento de los técnicos de MGAP”.
EL PRESIDENTE NO QUIERE
¿Cuál es el motivo entonces de tanto nerviosismo? ¿Qué cosas extrañas está planteando nuestro Partido? ¿Acaso queremos hacer un Programa diferente al del Frente Amplio? No, todo lo contrario. Lo que queremos, es la aplicación del Programa, ese que continuamente está puesto en cuestión por muchos compañeros. Entre otras cosas porque como dice el documento “FUERZA POLÍTICA, GOBIERNO, TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES” del Congreso “Héctor Rodríguez” (ese que la Mesa Política definió como documento base para el proceso de análisis a darse dentro de la Fuerza Política): “Nuestro gobierno resultará de la decisión soberana de la ciudadanía, expresada en el respaldo de nuestra propuesta electoral, lo que supone una legitimidad democrática que siempre hemos reivindicado y que valoramos profundamente. Dicha legitimidad democrática implica que el gobierno tiene un fuerte respaldo y un mandato expreso de la ciudadanía de gobernar –esto es, decidir y arbitrar intereses diversos- y de hacerlo de acuerdo a un programa explicitado clara y oportunamente ante los electores”.

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