jueves, 12 de agosto de 2010

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA (2ª parte)


De nuestro artículo anterior, podemos concluir que el crecimiento espectacular del PBI en los últimos cuatro años, y las políticas sociales aplicadas por nuestro gobierno, no sólo no lograron reducir la desigualdad, sino que ésta ha seguido en aumento. Lo que sin duda viene a confirmar (por si alguien tenía alguna duda) que la pugna ideológica respecto a si el mercado puede regularse solo y distribuir de manera equilibrada la riqueza de un país o si debe intervenir el Estado, se contesta sola por la terca realidad. Según el “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010” del PNUD, hay tres rasgos que caracterizan la desigualdad en esta región: “es alta, es persistente y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica”. El informe dice que si bien a comien¬zos del siglo XXI se observó una reducción de la desigualdad en 12 de 17 países analizados en estudios recientes (desigualdad medida por ingreso), los tres rasgos mencionados constituyen una constante histórica a lo largo de distintos períodos de creci¬miento y recesión. Parecería que hasta ahora los altos niveles de desigualdad, salvo por algunas variaciones, han sido relativamente inmunes a las estrategias de desarrollo aplicadas en la región desde los años cincuenta.
También señala el informe –y es lo que hemos señalado en nuestro artículo anterior- que el enfoque de desigualdad requiere el desarrollo de una visión particular y la implementación de instrumentos específicos, diferentes de aquellos que se utilizan para lograr la disminución de la pobreza. La reducción de la desigualdad requiere el desarrollo de una política pública comprensiva, que tenga por objetivo lo¬grar la disminución de las grandes distancias que existen entre los distintos estratos que componen la sociedad.
EDUCACIÓN
Es bien sabido que uno de los medios para combatir la inequidad es la educación, aunque sus efectos se vean en el largo plazo. En una sociedad con una profunda desigualdad económica, social y cultural, que provoca que muchos niños y jóvenes no puedan acceder a la educación (o que abandonen antes de terminar el ciclo), la obligación del Estado es servir de vehículo para combatir esas desigualdades de oportunidades. Para lograr estos objetivos, es necesario actualizar los contenidos educativos, fortalecer los servicios en las zonas más apartadas, establecer programas permanentes de actualización para los maestros, distribuir más y mejores materiales didácticos dirigidos a alumnos y maestros, etc.
El sociólogo César Aguiar señalaba que "hay dos áreas centrales" de las políticas públicas "donde no se han obtenido resultados relevantes: la educación pública y el acceso a viviendas formales". En el tema de la vivienda hay planes en curso que se proponen revertir esa carencia, aunque no está muy claro cuanto estamos dispuestos a invertir. Pero en educación, no se vislumbra aún que estemos poniendo rumbo a cambios radicales. Aguiar decía también que Uruguay es "uno de los pocos países del mundo" que ha entrado en un proceso avanzado de deterioro del sistema educativo público. "Se ha deteriorado en forma regular en los últimos 15 años, y no hemos tenido capacidad alguna de encauzar ese deterioro", dijo.
Está claro que la educación es un tema clave para reducir la desigualdad, y, si bien no se trata únicamente de un problema de recursos, todo parece indicar que nuestro gobierno no está dispuesto a destinar más de lo que hasta ahora se ha destinado (en términos de porcentaje del PBI).
IMPUESTOS
Decíamos en la nota anterior, que el decil más rico es 17 veces más rico que el decil más pobre. Y es muy probable que en ese grupo de mayores ingresos se ubiquen sectores vinculados al agro y que se han beneficiado de los extraordinarios aumentos de los precios internacionales de los productos de exportación, como carne, lácteos, arroz, soja y trigo. También seguramente conformen este grupo los sectores importadores beneficiados por la caída del tipo de cambio nominal que generó un aumento del total de importaciones. Y sin duda lo integrarán también los intermediarios comerciales, incluidos los supermercados, que se aprovechan de situaciones oligopólicas para tener mayores beneficios en la suba de precios de los alimentos.
Si estos han sido los sectores beneficiados, y si lo que se quiere es redistribuir la riqueza, como dice el PIT-CNT, “La mejora en la productividad que se registre en la economía en su conjunto y en cada uno de los sectores de actividad debe ser destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.
En la mayoría de los países existen impuestos progresivos sobre el nivel de ingreso de los agentes económicos individuales que son el medio más común usado por los gobiernos para reducir la desigualdad en la distribución renta.
Se ha señalado por parte de diferentes actores de la propia izquierda, que dos de las reformas más relevantes del actual gobierno, como la reforma tributaria y la de la salud, que tienen elementos positivos, pueden calificarse como muy amigables al capital. La reforma tributaria rebajó la tasa del impuesto a la renta de las empresas de 30% a 25% como estímulo a la inversión, “medida nunca solicitada ni festejada por los sectores empresariales” como ha señalado acertadamente Alberto Couriel. Además, la reforma tributaria establece un impuesto a la renta de carácter dual, diferenciando las formas de cálculo y las tasas de las rentas del trabajo con respecto a las rentas del capital. En los mayores niveles de ingreso, las rentas de capital pagan menos que las rentas del trabajo, lo que afecta –y seguirá afectando en el futuro- a la distribución del ingreso. Salvo la anunciada rebaja de dos puntos del IVA (que habrá que instrumentar para que no favorezca como siempre al comercio), el equipo económico se ha encargado de dejar claro que no se tocará el sistema impositivo. Es decir que, por esta vía, no habrá una distribución de la riqueza.
LOS SALARIOS
Después de recuperados (en promedio) los salarios perdidos en la crisis del 2002, y de mejorar el nivel de empleo, de lo que se trata ahora es de mejorar el proceso distributivo del ingreso. La política salarial pasa a ser entonces fundamental.
Los informes del Instituto de Economía, muestran que la masa salarial creció en el año 2007 como consecuencia de la notoria mejora del empleo y del salario real, pero se mantiene 5,6% por debajo de los niveles alcanzados entre 1998 y 2001. Este es un tema clave en la explicación del aumento de la desigualdad en la medida que la masa salarial, que bajó notoriamente durante la crisis de 2002, alcanzó en el año 2007 una menor participación en el PBI con respecto al período previo a la crisis de 2002.
El programa del FA dice que “…la política salarial del período 2010–2014 debe tener claramente un efecto redistributivo y para ello es necesario mejorar la relación entre masa salarial e ingreso nacional (indicador de la redistribución funcional de los ingresos).” Si nos planteáramos mantener (en lugar de mejorar) la relación masa salarial-PBI, ambos tendrían que crecer en el mismo porcentaje. Si el PBI crece más que la masa salarial, la relación se deteriora, no mejora. Y eso es lo que está anunciando el equipo económico (al anunciar un crecimiento del PBI de un 23% y un crecimiento de los salarios un 14%). Incluir la creación de nuevos empleos, como parte de la mejora, es igual a decir que habrá más invitados para repartir la torta, pero que los nuevos invitados comerán de la porción de los trabajadores.
Como hemos dicho otras veces, el problema no es la velocidad de los cambios, sino la dirección que tomamos. Y lo cierto es que el cambio evidente del ciclo económico (producto del mayor valor de las exportaciones y los bajos intereses financieros), o dicho de otra manera, el crecimiento de la torta, no ha significado un cambio de la tendencia en el proceso de concentración de la riqueza hasta ahora ni lo hará en el futuro de seguir por el camino anunciado.

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