DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Hoy, 10 de diciembre, es el Día mundial de los Derechos humanos, el que se origina en la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La Declaración fue el primer documento internacional que abordó en detalle la noción de que existe un conjunto de derechos universales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos.
El "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" es más reciente -entró en vigor el 23 de marzo de 1976-, forma parte también del cuerpo normativo internacional en la materia de derechos humanos, y hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de participación en la vida pública, en las elecciones y la protección de los derechos de las minorías.
Este pacto prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o detención arbitraria y la injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda bélica y la instigación al odio racial o religioso.
POR CASA
Lo hemos dicho muchas veces: desde la llegada al gobierno de nuestro Frente Amplio, ha habido avances insospechados en la cuestión de los derechos humanos, incluso en lo que tiene que ver con su violación durante la dictadura (que no es el único aspecto de estos derechos, claro está).
El día mismo de su asunción -1º de marzo de 2005-, el compañero presidente Tabaré Vázquez señalaba que “en materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”, y agregó que “nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”.
El "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" es más reciente -entró en vigor el 23 de marzo de 1976-, forma parte también del cuerpo normativo internacional en la materia de derechos humanos, y hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de participación en la vida pública, en las elecciones y la protección de los derechos de las minorías.
Este pacto prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o detención arbitraria y la injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda bélica y la instigación al odio racial o religioso.
POR CASA
Lo hemos dicho muchas veces: desde la llegada al gobierno de nuestro Frente Amplio, ha habido avances insospechados en la cuestión de los derechos humanos, incluso en lo que tiene que ver con su violación durante la dictadura (que no es el único aspecto de estos derechos, claro está).
El día mismo de su asunción -1º de marzo de 2005-, el compañero presidente Tabaré Vázquez señalaba que “en materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”, y agregó que “nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”.
Y hubo avances impensables poco tiempo atrás. Pocos días después ya se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Desde ese momento, el art.4º de la ley ya no fue el instrumento para evitar que cualquier militar pasara por un juzgado a declarar, para tratar de esa manera que la justicia pudiera avanzar, sino que pasó a ser la llave para que de una vez por todo se iniciaran las investigaciones. Los casos se comenzaron a excluir, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos de compañeros desaparecidos comenzaron a aparecer.
VACILACIONES Y RETROCESOS
Claro que hubo luces y sombras, y entre estas últimas está el veto a la ley de salud sexual y reproductiva, que vulneró sin dudas el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. En esa ocasión, escribimos un artículo que era una “carta abierta” al compañero Tabaré, y en la que manifestábamos lo siguiente: “No voy a entrar a analizar sus argumentos para vetar la ley uno por uno. A esta altura de la cuestión, ya no vale la pena. Ya el veto está firme y no hay ley. Pero si quiero referirme al menos a uno de ellos. Usted aduce que la ley iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos-. Dice también que si bien una ley puede ser derogada por otra ley no sucede lo mismo con los tratados internacionales, los que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención). Yo comparto lo que usted afirma, compañero Tabaré. Pero quiero recordarle que hace pocos días estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. …Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero el reclamo también ha sido hecho a nuestro gobierno. El que usted encabeza, compañero Tabaré. Y su preocupación por los Tratados Internacionales está además reforzada por nuestro programa de gobierno: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. Compañero Tabaré: cuanto me gustaría ver en usted una preocupación por cumplir con los Tratados semejante a la demostrada en el veto a la legalización del aborto”
LA IMPUNIDAD TAN CAMPANTE
Hace unos cuantos meses, el compañero Lalo Fernández se refería al tema de la anulación de la ley de impunidad, y decía lo siguiente: "Todo el FA está de acuerdo con que es una ley que no se quiere dentro de nuestra legislación, queremos que desaparezca, pero los caminos políticos los tiene que resolver la Mesa Política. La ley tiene que desaparecer, bueno, busquemos los pasos para darlos en conjunto y correctamente, y no dar una discusión que pueda parecer de fondo cuando en realidad es simplemente de forma”.
Sin embargo, los pasos se dieron, se encontró una fórmula, la aprobó la Mesa Política por unanimidad, ingresó a la Cámara de Diputados como proyecto, con la firma de los 50 diputados del FA, y se le dio media sanción con el voto de esos mismos 50 diputados. Pero luego, surgieron las defecciones por todos conocidas, y las excusas más variadas para no votar el proyecto en el Senado.
Recientemente, nuestro país estuvo por primera vez en su historia en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue justamente en un gobierno de izquierda. Algo muy doloroso y humillante para muchos de nosotros, precisamente por ser un tema tan sensible para quienes nos consideramos de izquierda y hemos dado batalla contra la impunidad desde el momento mismo en que se instaló en nuestro país. La instancia de la Corte Internacional, nos aproximó a la posibilidad de recuperar la dignidad nacional hipotecada en octubre de 2009, cuando fracasó por una escasa cantidad de votos el último intento plebiscitario para anular esa monstruosidad jurídica que constituye la ley de impunidad. Pero nada dignificante sucedió. Algunos senadores se resistieron a votar el proyecto interpretativo, y nuestro gobierno reconoció en el organismo internacional apenas la violación de los derechos humanos de la familia Gelman durante la dictadura, cuando es obvio y evidente para toda la humanidad que hoy en día se están violando sus derechos, bajo nuestro gobierno. Para más tristeza, acaba de morir una de las “viejas” luchadoras, sin saber la verdad y sin tener justicia. Triste realidad en un día como hoy, que habrá que seguir luchando por revertir. Porque como decía María Ester Gatti, “No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar”.
VACILACIONES Y RETROCESOS
Claro que hubo luces y sombras, y entre estas últimas está el veto a la ley de salud sexual y reproductiva, que vulneró sin dudas el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. En esa ocasión, escribimos un artículo que era una “carta abierta” al compañero Tabaré, y en la que manifestábamos lo siguiente: “No voy a entrar a analizar sus argumentos para vetar la ley uno por uno. A esta altura de la cuestión, ya no vale la pena. Ya el veto está firme y no hay ley. Pero si quiero referirme al menos a uno de ellos. Usted aduce que la ley iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos-. Dice también que si bien una ley puede ser derogada por otra ley no sucede lo mismo con los tratados internacionales, los que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención). Yo comparto lo que usted afirma, compañero Tabaré. Pero quiero recordarle que hace pocos días estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. …Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero el reclamo también ha sido hecho a nuestro gobierno. El que usted encabeza, compañero Tabaré. Y su preocupación por los Tratados Internacionales está además reforzada por nuestro programa de gobierno: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. Compañero Tabaré: cuanto me gustaría ver en usted una preocupación por cumplir con los Tratados semejante a la demostrada en el veto a la legalización del aborto”
LA IMPUNIDAD TAN CAMPANTE
Hace unos cuantos meses, el compañero Lalo Fernández se refería al tema de la anulación de la ley de impunidad, y decía lo siguiente: "Todo el FA está de acuerdo con que es una ley que no se quiere dentro de nuestra legislación, queremos que desaparezca, pero los caminos políticos los tiene que resolver la Mesa Política. La ley tiene que desaparecer, bueno, busquemos los pasos para darlos en conjunto y correctamente, y no dar una discusión que pueda parecer de fondo cuando en realidad es simplemente de forma”.
Sin embargo, los pasos se dieron, se encontró una fórmula, la aprobó la Mesa Política por unanimidad, ingresó a la Cámara de Diputados como proyecto, con la firma de los 50 diputados del FA, y se le dio media sanción con el voto de esos mismos 50 diputados. Pero luego, surgieron las defecciones por todos conocidas, y las excusas más variadas para no votar el proyecto en el Senado.
Recientemente, nuestro país estuvo por primera vez en su historia en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue justamente en un gobierno de izquierda. Algo muy doloroso y humillante para muchos de nosotros, precisamente por ser un tema tan sensible para quienes nos consideramos de izquierda y hemos dado batalla contra la impunidad desde el momento mismo en que se instaló en nuestro país. La instancia de la Corte Internacional, nos aproximó a la posibilidad de recuperar la dignidad nacional hipotecada en octubre de 2009, cuando fracasó por una escasa cantidad de votos el último intento plebiscitario para anular esa monstruosidad jurídica que constituye la ley de impunidad. Pero nada dignificante sucedió. Algunos senadores se resistieron a votar el proyecto interpretativo, y nuestro gobierno reconoció en el organismo internacional apenas la violación de los derechos humanos de la familia Gelman durante la dictadura, cuando es obvio y evidente para toda la humanidad que hoy en día se están violando sus derechos, bajo nuestro gobierno. Para más tristeza, acaba de morir una de las “viejas” luchadoras, sin saber la verdad y sin tener justicia. Triste realidad en un día como hoy, que habrá que seguir luchando por revertir. Porque como decía María Ester Gatti, “No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar”.
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