viernes, 1 de julio de 2011

RESPONSABILIDADES MAYORES (2ª PARTE)




La derecha de este país pretende solucionar el tema de la “minoridad infractora” -un aspecto más de la lucha de clases-, bajando la edad de imputabilidad. La iniciativa de Pedro Bordaberry busca bajarla a 16 años, pero tiene competidores que no le van en zaga. Rodolfo Sienra Roosen, columnista de el diario caganchero El País, planteó hace pocos días: “Nos afiliamos a la solución inglesa de bajar la edad de imputabilidad al máximo -10 o 12 años- ampliando así el margen a una decisión judicial que cuente con los asesoramientos técnicos adecuados de criminólogos, sicólogos, pediatras y demás especialistas”.
LEYENDAS URBANAS
Quienes apoyan reducir la edad de imputabilidad, se basan en la percepción de que la mayor parte de los delitos son cometidos por menores. Casi siete de cada diez uruguayos creen que la mayoría de los delitos son cometidos por menores de edad. El punto es que esta visión es equivocada. Aunque no se puede medir con precisión el tema, la cantidad de delitos cometidas por menores de edad es una minoría (probablemente cercana a la cuarta parte) y no la mayoría.
Es común escuchar que los menores no van a la cárcel, y eso está muy lejos de ser cierto. Cuando un menor comete un delito, el mismo es privado de libertad. No van a una cárcel para mayores, sino que son internados en un complejo de centros de internación dependientes del INAU, que por otra parte son tan cárceles como las de los adultos con problemáticas similares. Los Adolescentes ya son responsables por sus delitos, lo son desde los 13 años. Y ya son castigados con sanciones privativas de libertad. ¿O quienes promueven esto ignoran que existen una decena de cárceles para adolescentes? El único cambio podría radicar en el hecho de que irían presos a una cárcel de adultos. Solo eso significa la rebaja de la edad de imputabilidad, llevar a adolescentes a convivir en cárceles de adultos.
También se dice que las sanciones son muy leves, pero esto no es así, si lo vemos en relación a la edad al momento de detención y lo comparamos con un adulto en las mismas circunstancias. Si un adulto de 30 años es detenido y va preso por 3 años, se trata del 10% de los años vividos por esa persona, en tanto un adolescente de 15 años que va preso también por 3 años, significa el 20% de su vida. Y por cierto que hay que tener en cuenta la importancia que tiene ese tiempo privado de libertad para un caso y para el otro, ya que el adolescente está en pleno desarrollo. Si ese período de privación de libertad se transformara en un simple castigo, estaríamos profundizando su inadaptación, mientras que lo que tenemos que desarrollar son experiencias socializadoras y educación. Por eso es que el Código de la Niñez y Adolescencia establece la pena máxima en 5 años, porque lo que está en juego es la edad en el momento de la internación.
No es cierto tampoco algo que se repite un día sí y el otro también: la policía los detiene y los jueces los largan. Hay que tener en cuenta que la Convención Internacional de los derechos del Niño dispone que la retención en centros de internación debe ser la última alternativa, priorizando a las medidas socio-educativas no privativas de libertad. Por lo tanto, el tiempo que los menores están recluidos luego de ser detenidos, dependerá de aspectos de carácter socio-económico-cultural (pobreza, educación, familia, etc.).
Podría decirse que nuestra legislación está atrasada, y que nada puede hacerse con ella, y de hecho es otro de los mitos que se difunden. Sin embargo, nuestro país cuenta con un marco jurídico aceptable y que se puede equiparar a los estándares internacionales más avanzados. La justicia recurre en la mayor parte de los casos a la privación de libertad, depositando adolescentes en centros de internación y no logrando su objetivo de rehabilitación, y tal vez sea allí en donde haya que trabajar más, en el sentido de aplicar otras medidas correctivas.
Se habla a menudo del derecho comparado (para promover la tolerancia cero), pero se comparan sociedades desarrolladas con sociedades como las nuestras, con los altos niveles de pobreza e inequidad (resultado de las políticas de los mismos sectores que proponen estas soluciones).
LA GENTE RECLAMA SEGURIDAD
Sin duda, pero la gente también reclama mejores salarios, trabajo digno, educación, vivienda, el juzgamiento de los violadores de los derechos humanos y tantas cosas más. Sin embargo, cuando fueron gobierno, los partidos que hoy proponen estas medidas hicieron muy poco para dar respuesta a todos estos reclamos de la gente. Llenar las cárceles es infinitamente más sencillo que atender los problemas de fondo.
Pero además, el encierro de los menores solo posterga el problema para más adelante, cuando va a ser más difícil aún solucionarlo. El niño que es enviado a la cárcel luego de cometer un delito, y encerrado por el mayor tiempo posible, algún día será liberado, y si el encierro no lo preparó para la libertad (educación, formación laboral, responsabilidad, recomposición de vínculos familiares), y en cambio se lo sometió a un trato inhumano en un sistema carcelario absolutamente desbordado ¿qué podemos esperar de él?
Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante, es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables (¿cuántos violadores de los derechos humanos andan sueltos? ¿y los que están presos, en qué condiciones lo están?). Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.
NO ES LA SOLUCIÒN
La baja de la edad de imputabilidad no es la solución. El endurecer las penas, el hacer imputables a los niños, no va a resolver el problema de la inseguridad. Solo va a reducir la presión que ejerce un segmento de la sociedad. Solo apunta a descomprimir la inmediatez y exigencia mediática y a captar apoyo electoral.
Como señalamos en la nota anterior, gran parte del problema radica en las profundas desigualdades sociales de estos tiempos. El único asesino serial, que anda suelto por las calles del mundo es el hambre y la malnutrición, matando 26 mil niños por día. La disyuntiva es también aquí entre dos proyectos diametralmente diferentes. Uno que propone convertir el sistema de justicia en un instrumento contra los pobres, utilizar la represión para apartar a los menores pobres; otro que propone la implementación de políticas sociales que otorguen posibilidades de inclusión social, que apuesta otra sociedad, más democrática y con mayores niveles de equidad.
No hay rehabilitación posible sin políticas sociales que apunten a reducir la inequidad, si no hay políticas de empleo que habiliten la integración social de los pobres y entre ellos de los jóvenes pobres, cuestiones que hoy en día está llevando adelante el gobierno de nuestra fuerza política. No se rehabilita profundizando la exclusión e inadaptación, sino al contrario, haciendo que el joven se responsabilice por sus actos, garantizando sus derechos, y manteniéndolo socialmente incluido.
El problema de la delincuencia juvenil no se puede reducir al facilismo "los sacamos de las calles, los encerramos". Estamos hablando de ciudadanos, que tienen derechos, y que son parte de la generación de recambio de nuestro país. O trabajamos desde la perspectiva de Derechos para la promoción social o generamos mayores niveles de exclusión, y con ello seguramente cosechemos una sociedad más violenta e insegura para nuestros hijos.

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