lunes, 18 de marzo de 2013

DERECHO INTERNO O INTERNACIONAL


Hoenir Sartou escribió un artículo en el semanario Voces, cuyo título es una pregunta: ¿Quién manda en el Uruguay? La cuestión de fondo, gira en torno al fallo de la SCJ, a si debe prevalecer el derecho interno o el internacional, etc., pero fundamentalmente a dos concepciones muy diferentes sobre la relación entre el orden constitucional y el derecho internacional.
POLITICA Y PODER
Hoenir dice que “en la medida en que las normas jurídicas pueden imponerse por la fuerza, detrás de todo ordenamiento jurídico hay siempre un centro de poder que las dicta e impone. Legislar es, en buena medida, gobernar”.
Y luego agrega que “En el caso del ordenamiento jurídico nacional (Constitución, leyes, etc.) la cosa es bastante clara. Detrás de las leyes está el Parlamento, votado por nosotros. Y detrás de la Constitución estamos directamente nosotros. Porque la Constitución no puede modificarse sin el voto directo del cuerpo electoral. Tan delicado es el tema constitucional que no lo confiamos ni siquiera a quienes nos representan en el Parlamento”.
Y más adelante se pregunta: “¿quién está detrás del orden jurídico internacional? ¿Quién impulsa los tratados, las convenciones de la ONU, las sentencias de los tribunales internacionales? La respuesta es dudosa. ¿Un cuerpo de técnicos, juristas y diplomáticos? ¿Los gobiernos de las potencias centrales? ¿Ciertos intereses económicos privados? ¿Una burocracia internacional que presiona a los gobiernos para que suscriban y ratifiquen los tratados y las declaraciones? ¿Un poco de todo eso? ¿Quién en la calle conoce y discute los tratados internacionales antes de su aprobación? ¿Los parlamentarios reflexionan lo suficiente antes de convalidarlos?”
En primer lugar, digamos que no siempre las normas jurídicas pueden imponerse por la fuerza (claramente no las que otorgan derechos, por ejemplo); en realidad debería hablarse de coerción (la posibilidad latente del uso de la fuerza para hacer cumplir la norma), y no de imposición por la fuerza. Pero es claro que esto es así en lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico interno, pero no en el internacional. Generalmente el orden jurídico internacional no tiene un respaldo coercitivo, más allá de alguna condena sin mayores consecuencias prácticas, en la mayor parte de los casos.
No es tan claro tampoco que detrás de un ordenamiento jurídico haya siempre un centro de poder que dicta las normas y que a su vez las imponga. ¿Cuál es el centro de poder que dictó la ley interpretativa de la ley de impunidad, por ejemplo? Y ese supuesto poder ¿la impuso? Es evidente que no. Por lo mismo, no es tan rigurosamente cierto que legislar sea gobernar (habría que preguntarle a quienes votaron por ejemplo la ley de salud sexual y reproductiva en el período anterior, o a quienes votaron el ICIR hace bien poquito).
El PARLAMENTO DETRÁS
Pero el planteo central de Hoenir, parece ser el siguiente: detrás del ordenamiento jurídico nacional, está el Parlamento, votado por nosotros, pero detrás del ordenamiento jurídico internacional, al menos él, tiene dudas. No sabe si está un cuerpo de técnicos, juristas y diplomáticos, si los gobiernos de las potencias centrales, si intereses económicos privados, si una burocracia internacional, o si es un poco de todo eso.
Al parecer, el ordenamiento jurídico nacional –según la visión de Hoenir Sarthou- sería prácticamente impoluto; las leyes surgirían de la buena voluntad de nuestros legisladores, que además fueron votados por nosotros, por lo cual todo estaría bajo nuestro control. Detrás de nuestras leyes, no habría un cuerpo de técnicos, ni juristas, y mucho menos intereses económicos privados.
“¿Quién en la calle conoce y discute los tratados internacionales antes de su aprobación? ¿Los parlamentarios reflexionan lo suficiente antes de convalidarlos?” se pregunta Hoenir. Y como no se hace la misma pregunta sobre las leyes nacionales, tengo que suponer que considera que sí, que la gente en la calle conoce y discute las leyes que se aprueban, y por supuesto que los parlamentarios reflexionan lo suficiente antes de aprobarlas. Aunque no estoy muy seguro, porque justamente hoy escuché en un programa radial a Hoenir, diciendo que los legisladores no saben de técnica legislativa, que prácticamente todas las leyes tienen que corregirse luego de aprobadas y que abundan los errores y las imprevisiones.
Hoenir se sorprende de “la ligereza con que gobernantes y parlamentarios proclaman la supremacía del derecho internacional. ¿No advierten que están vaciando de poder a las instituciones de las que forman parte? ¿Se justifica sustentar a treinta senadores y a noventa y nueve diputados, más los cientos de funcionarios, asesores y gastos de secretaría, si su función es crear un derecho de segunda categoría?”.
Lo que a mi me sorprende, es que Hoenir Sarthou no advierta que tanto el derecho nacional como el internacional, son aprobados por los mismos legisladores, que los tratados y convenciones internacionales a los que adhiere el país, son aprobados por el Parlamento, y que ese Parlamento es el mismo que votamos nosotros, y el mismo que aprueba las leyes internas. Que tanto el “derecho de segunda” categoría, como el de primera, son aprobados por las mismas personas.
Y tampoco parece advertir que también la SCJ (con la integración actual), considera la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos al declarar inconstitucional la ley de impunidad. La Suprema Corte de Justicia declaró  en 2009 la inconstitucionalidad de la ley de impunidad, entre otras razones, por violentar diversas normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Esto significa que la propia Constitución reconoce la existencia de esos derechos (si no, la ley no podría ser declarada inconstitucional por esa razón).
¿NOS IMPONEN O NOS DEJAMOS IMPONER?
Obviamente, la tesis de Hoenir es que es mucho mejor aceptar la prevalencia del ordenamiento jurídico nacional por sobre el internacional.
Y entonces dice que “Es patético que todavía no se haya encontrado la forma de enjuiciar a muchos militares asesinos mediante la aplicación del derecho nacional. Pero también es cierto que no se han agotado los caminos que ese derecho ofrecía u ofrece para ello”. Y adjudica parte de la culpa a sectores de izquierda que, estarían más interesados en dejar sentada la supremacía del derecho internacional que de juzgar a militares asesinos.
Y se pregunta “qué habría pasado si, en lugar del texto maximalista y apegado al discurso internacional que adoptó la ley 18.831, el texto legal se hubiera limitado a declarar que, entre tal y cual fecha, no fue posible accionar judicialmente”.
Sin duda Hoenir se basa en que la SCJ declaró inconstitucional la ley de impunidad en más de 20 casos. Y como al justamente impedido no le corre plazo, si el texto legal hubiera declarado lo que plantea (que entre tal y cual fecha, no fue posible accionar judicialmente por la vigencia de la ley de impunidad), todo hubiera andado sobre ruedas.
Claro, no tiene en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de la ley de impunidad es para cada caso concreto, y por lo tanto la ley no podría declarar nunca una fecha general válida para todos. Probablemente la “solución Hoenir” también hubiese sido declarada inconstitucional.
Sarthou agrega más adelante que “Hoy, el problema ya no es sólo qué hacer con los militares. De hecho, esos militares son ya un instrumento usado y sin utilidad para quienes los alentaron y financiaron en las décadas de los 70 y 80”. Como si el problema fueran “esos” militares (ahora ya inútiles), y no la impunidad como hecho social, como si lo importante no fuera el mensaje de que es posible violar todos los derechos que no habrá ningún castigo.
Para Sarthou la cuestión central es “el problema político de legitimidad” que está planteado.
“Luego de luchar durante décadas por acceder al poder del Estado, ¿tiene sentido que se vacíe de poder a ese Estado en beneficio de unas instituciones y unas normas internacionales que el pueblo uruguayo no puede controlar?”.
En definitiva, vuelve sobre lo mismo. El derecho internacional es incontrolable, mientras que el nacional depende de nosotros. Esto es absolutamente falso, porque el derecho internacional que nos rige es el que nuestro propio Parlamento aprueba, no nos es impuesto. Para decirlo más claro: nadie nos impuso un Tratado de Protección de Inversiones con los EEUU; nuestro Parlamento (ese que votamos todos nosotros) lo votó porque quiso, y si mañana nos toca perder por culpa de ese Tratado, no será por culpa de un poder externo incontrolable, sino por el servilismo de nuestros parlamentarios.
Nadie nos obligó a suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo hicimos porque considerábamos justo la protección de esos derechos a nivel internacional. No siempre se vacía el poder del Estado por adherir a convenios internacionales. Puede suceder que sí, cuando en un Tratado de Inversiones se aceptan tribunales dependientes de países poderosos para resolver las controversias, claro que sí. Pero no se pueden comparar una y otra cosa.
Decir que la legislación nacional es preferible sobre la internacional, es casi lo mismo que decir que es preferible la ley de impunidad (legislación nacional y vigente) que la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cada cual elige lo que quiere.



domingo, 17 de marzo de 2013

PREGUNTAS PARA JURISTAS


     1) La Suprema Corte de Justicia (la actual) declaró  en 2009 la inconstitucionalidad de la ley de impunidad en al menos 20 casos, entre otras razones, por violentar diversas normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Su decisión de declarar la inconstitucionalidad de la ley interpretativa, ¿no violenta esas mismas normas, al no permitir que las mismas sean aplicadas?
2)  La SCJ (la actual) declaró la inconstitucionalidad de la ley de impunidad en al menos 20 casos, entre otras razones, por transgredir el derecho de las víctimas y las familias de acceder al sistema judicial para identificar y castigar a los culpables “de los hechos acaecidos durante la dictadura militar. Su decisión de declarar la inconstitucionalidad de la ley interpretativa, ¿no transgrede esos mismos derechos al impedirle actuar a la justicia?
3)   Asimismo, la declaración de inconstitucionalidad de octubre de 2009 dejó constancia de la interpretación de la Corte en cuanto a que “las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la vía del artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce”. Si esa es su opinión ¿nos significa entonces que esos derechos vulnerados por los asesinos y violadores de la dictadura ya estaban protegidos en ese entonces por la Constitución? ¿Por qué se contradice ahora la SCJ diciendo que "No es posible castigar a nadie por la comisión de un hecho que, al momento de su realización, no está previsto en la ley penal como delito, ni siquiera aunque sea similar o aproximado a la conducta sancionada"?
4)      Si en 2009 la SCJ opinaba –al declarar inconstitucional la ley de caducidad- que “no puede invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos. Los derechos humanos han desplazado el enfoque del tema y ya no se puede partir de una potestad soberana ilimitada para el Estado en su rol de constituyente”. “Por el contrario, la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado”, ¿Por qué en lugar de proteger esos derechos, la SCJ protege a los delincuentes?
5)       Si esta misma corte, con la misma integración, la que en 2009 decía que la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado”, ¿Por qué razón ahora aduce un principio establecido en el Código Penal (ni siquiera en la Constitución), como el de no retroactividad, para evitar que los militares sean juzgados, y desconociendo el derecho de la persona por su condición de tal?
PREGUNTAS PARA POLÍTICOS
1)      Si los delitos fueron cometidos por el Estado (un Estado secuestrado por las fuerzas armadas), ¿Por qué el Estado no promueve los juicios ante la Justicia, y solo actúa ante las denuncias de las víctimas y sus familiares?
2)      Si el único camino que les queda a las víctimas y familiares es el de la justicia internacional –cerrados aparentemente los caminos en la injusticia uruguaya- ¿qué papel jugará el Estado uruguayo? ¿se seguirá lavando las manos como hasta ahora, o cumplirá un papel preponderante en la promoción de los juicios en el exterior?
3)      Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de una denuncia por la desaparición de María Claudia García de Gelman, condenó al Estado uruguayo a remover los obstáculos legales para esclarecer esos delitos ¿Qué está haciendo el Estado uruguayo para remover los obstáculos legales? Ya sabemos que el Poder Judicial (al menos su máximo organismo, la SCJ) lo que está haciendo es poniendo aún más obstáculos (traslado de la jueza Mariana Mota, declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa) en lugar de removerlos, pero ¿qué están haciendo los otros dos poderes del Estado para dar cumplimiento a esa obligación? ¿Qué papel está pensando el Parlamento para dar cumplimiento a esa obligación? ¿Qué caminos está recorriendo el Ejecutivo para cumplir con la sentencia de la CIDH?

sábado, 2 de marzo de 2013

ALGUNAS RAZONES POR LAS QUE NO VOTARÍA NUEVAMENTE A TABARÉ VÁZQUEZ


Como decía en mi anterior nota, la presidenta del FA, la que debería estar trabajando para lograr consensos en torno a la candidatura para la próxima elección, lejos de eso, ha manifestado ya que la candidatura de Tabaré Vázquez se concretaría en el segundo semestre de este año.

Yo soy frenteamplista, y no estoy de acuerdo con que Tabaré Vázquez sea el próximo candidato del FA. Seguramente no soy el único, y probablemente seamos minoría los que así pensamos, pero no admito que Mónica Xavier decida por mí y por todos los frenteamplistas quien será el candidato.
Porque además, la propuesta (¿propuesta?) de la presidenta del FA no va acompañada de razones. En cambio yo tengo unas cuantas para oponerme, y aquí van algunas.
1) Porque aquello de “mejor malo conocido que bueno por conocer” nunca lo entendí; me gusta más equivocarme en la búsqueda de lo bueno.
2) Porque durante su gobierno se hicieron cosas buenas (todas ellas formaban parte del Programa del FA y era lo que habíamos prometido); y se hicieron otras malísimas, todas ellas promovidas e impulsadas por TV (Tratado de Protección de Inversiones con los EEUU, maniobras Unitas, envío de tropas a Haití, veto a dos leyes impulsadas por el FA, relaciones carnales con el genocida Bush, etc)
3) Porque otras peores no se hicieron gracias a la movilización popular (TLC con los EEUU, por ejemplo)
4) Porque las dos terceras partes de las leyes que aprueba el Parlamento son proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, y por eso me importa quien se sienta en ese sillón.
5) Porque soy de izquierda, y por lo tanto, defiendo la unidad latinoamericana y soy antiimperialista, y no votaría jamás por alguien que le pidió ayuda al presidente de los EEUU, el peor genocida de la historia, para asustar a un país hermano latinoamericano.
6) Porque TV es un megalómano que solo cree en él mismo y no admite otra cosa que no sea su propio pensamiento y su propia figura. El veto a la ley del aborto es una clara demostración. Pero también lo es su actual pensamiento. Cuando dice que acepta postularse como candidato porque “No quiero ser el padre de una posible derrota del Frente Amplio”, lo que está diciendo es: soy el único que puede salvar al FA de la derrota. Y eso puede ser verdadero o falso, no importa, pero demuestra claramente su megalomanía.
7) Porque para mi los gobernantes, deben poner por encima de todo los intereses colectivos, y no sus posiciones personales (válidas y respetables todas ellas), porque los votamos por lo que prometen que van a hacer sus partidos, y no por lo que íntimamente piensen sobre cualquier tema.
8) Porque jamás acata lo que decide el colectivo si esa decisión está en contra de su pensamiento. Lo ha demostrado infinidad de veces. Sus actitudes van desde actuar en contrario a la decisión colectiva (ej: veto a la ley del aborto, firma para el plebiscito contra la nueva ley del aborto), hasta patear la mesa y amenazar con irse si no se hace lo que el quiere (lo hizo muchas veces cuando fue presidente del FA)
9) Porque es de los que piensa que hay que votarlo y después irse para la casa y dejarlo gobernar, y detesta la movilización (salvo que sea para aplaudirlo). Y por eso les pide a los frenteamplistas, no que militen, no que se movilicen, les pide que “tengan fe”: "Confianza como una actitud permanente de creer, de saber, que podemos tener fe en el proyecto político y también en los compañeros en los cargos de gobierno para llevar a cabo ese proyecto” (discurso en el aniversario del FA). Y yo no puedo tener confianza (menos aún fe) en alguien que veta una ley de su propio partido, o que trabaja en contra del programa que elaboramos entre todos.
10) Porque no se puede premiar con una candidatura a la presidencia por el Frente Amplio a alguien que ha violado groseramente sus estatutos y hasta disposiciones promovidas por él mismo, como el mandato imperativo.
11) Porque no acepto el chantaje de que “es esta candidatura o la vuelta a la derecha”. Si eso fuera cierto, si el futuro del FA dependiera de la candidatura de ese señor, entonces sí, “cerrá atrás y vamos”.

Se que no faltarán aquellos que digan: estas cuestiones deben discutirse en la interna y no públicamente. Sería bueno que no se lo digan únicamente a José Luis Perera, y que se lo expresen también a Mónica Xavier (en la página del Parlamento está disponible su dirección de correo y su teléfono) y a todos los dirigentes que vienen machacando desde hace un buen tiempo con la candidatura de Tabaré Vázquez.

DISCIPLINA PARTIDARIA Y CODIGOS DE ETICA


El portal Montevideo.com publica una entrevista a la presidenta del FA, Mónica Xavier, en la cual, en resumidas cuentas, afirma que la postulación de Tabaré Vázquez se concretará en el segundo semestre del año y reclama a los sectores que no lo dejen solo en la campaña. Defiende al “futuro candidato” de los ataques de la oposición y anuncia que habrá un nuevo código de ética para la fuerza política.
POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Como sabemos, el Frente Amplio es una fuerza plural, que alberga en su seno diferentes partidos, movimientos, agrupaciones y gente independiente, sin partido. Por lo tanto hay allí diferentes visiones sobre los distintos temas que afectan, tanto al gobierno como a la fuerza política que los reúne.
Es por eso que la labor de la presidencia del FA es delicada, porque debe tratar de tejer y zurcir posiciones muchas veces disímiles y hasta encontradas. Se necesita para ello un carácter muy especial, negociador y buscador de consensos, pero claro, un Liber Seregni no se encuentra todos los días.
Por eso no llama demasiado la atención que la presidenta del FA presente cómo un hecho ya decidido, una candidatura que no ha sido discutida en ningún organismo del Frente Amplio. Es propio de quienes, como el mismo Vázquez, creen que porque lo piensan ellos, es indiscutible. Esa actitud tiene diferentes nombres, pero si tuviera que elegir, diría “arrogancia”: “f. Altanería, soberbia o sentimiento de superioridad ante los demás”.
Y no sorprende demasiado, porque no es la primera vez que sus declaraciones hacen aflorar esa arrogancia. Como la de por ejemplo ignorar la resolución de un Plenario Nacional, que ya antes de las internas obligaba a quien accediera al cargo de presidente, a abandonar la banca, en el caso de que fuera un legislador. O la patética declaración una vez conocidos los resultados de las internas, cuando dijo: “Gané porque se visualizó en mí un perfil más frenteamplista que en los otros tres candidatos”.
Allí, la nobel presidenta del FA establece la teoría de que hay dirigentes en el FA que son unos más frenteamplistas que otros, y esa tesis estaba siendo promovida nada menos que por su flamante presidenta. Pero además, sugiere que también los frenteamplistas hacen esa distinción, y a la hora de votar eligen en función de quien es más frenteamplista.
Eso no estaría mal, y no sería problema. El problema, es que la mayoría de quienes votaron en esas internas, no votaron por Mónica Xavier, sino que votaron mayoritariamente por los demás candidatos (ella obtuvo la minoría mayor). Siguiendo su teoría, resulta que la mayor parte votaron por los menos frenteamplistas. Y si a esto le agregamos los votos en blanco, tendríamos que de acuerdo a la particular visión de Mónica Xavier la mayoría de los frenteamplistas votan por los dirigentes menos frenteamplistas; o por ninguno (en el caso de los votos en blanco). Capaz que tiene razón y por eso está como está.
Lo cierto es que la presidenta del Frente Amplio, en lugar de promover ella misma una candidatura, debería estar tratando de conciliar las diferentes opiniones que existen sobre ese tema dentro de su fuerza política. De otra manera, está ignorando olímpicamente a quienes no comulgamos con la candidatura de Vázquez (no importa si somos una minoría).
LA ETICA Y EL RESPETO DE LAS DECISIONES ORGÁNICAS
Pero dejando de lado esas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de la presidenta del FA para conducir una fuerza política tan compleja, llama la atención el final de la nota. Allí el periodista le pregunta: “Ha llamado la atención el tipo de sanciones que se aplican en el FA a sus dirigentes. ¿Hay algún cambio encaminado?”, refiriéndose sin dudas a la levedad de esas sanciones. Y al final de la respuesta a esa pregunta, Mónica Xavier dice:
“En la mayoría de los casos son compañeros dirigentes y si no entendemos que en los lugares donde estamos debemos dar el ejemplo de las mejores conductas con relación a la fuerza política, nos estamos olvidando que esta fuerza tiene la finalidad que tiene. Por tanto, quien no quiera verse sometido a una disciplina partidaria, a códigos de ética, puede elegir otra fuerza que no se los exige”.
Y acá sí debo decir que me sorprende esa posición algo esquizofrénica. Porque sin duda, de aplicarse este último párrafo estrictamente, el resto de la nota perdería validez. Porque la entrevistada da por hecho la candidatura de Vázquez a la presidencia de la república por el FA (salteándose olímpicamente que esa candidatura es discutible y discutida por vastos sectores de la fuerza política que ella dirige), y no debe haber dirigente del FA que se haya sometido menos a la disciplina partidaria y a códigos de ética que el candidato que ella está imponiendo.
¿Cuál es el código de ética que respeta un presidente que, en secreto, le pide al genocida más grande de la historia, presidente del país más imperialista de la historia, que asuste a un país hermano? ¿Y cuál es el código de ética que aplica cuando esa decisión no la consulta con nadie en su gobierno, con nadie en su fuerza política, y lo da a conocer en forma risueña en un colegio del Opus Dei?
Y ni hablemos del respeto a los principios ni a los Estatutos del Frente Amplio. Porque el artículo 1º del Estatuto, define al FA como una “fuerza política…de concepción nacional, progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista”, pero también a lo que hace referencia en el mismo artículo al “…acatamiento de las resoluciones tomadas por los organismos pertinentes según lo estipulado por el presente Estatuto”.
Y  no parece muy respetuoso de esas definiciones de su fuerza política, un gobernante que en sus cinco años de gobierno jamás tomó una medida antioligárquica ni antiimperialista, sino todo lo contrario. Desde el envío de tropas a Haití, hasta el Tratado de Protección de Inversiones (protección de las inversiones del imperialismo), pasando por las maniobras Unitas, la masiva extranjerización de la tierra y otros medios de producción, o el intento de llegar a un TLC con el imperialismo
Y esto último, sin duda que es una violación grosera de la disciplina partidaria, tanto de Tabaré Vázquez como de algunos de sus ministros. Porque el Congreso es un organismo, es más, es el máximo organismo, y por tanto sus resoluciones deben ser acatadas por “TODOS LOS FRENTEAMPLISTAS”, y fundamentalmente por quienes asumen cargos de gobierno, puesto que serán justamente los que llevarán a cabo las resoluciones de los Congresos. Para ser más precisos: si el Congreso dice NO A LOS TLC, no debería haber (como los hubo) gobernante alguno del FA que diga SI A LOS TLC.
Pero el cumplimiento cabal del art.21 del Estatuto del FA, sobre la libertad de acción, y que dice que la misma “será autorizada previa solicitud fundamentada por un miembro del Plenario Nacional por acuerdo de 4/5 de sus componentes, y que la misma podrá ser concedida siempre que no violente los principios del Frente Amplio y provoque consecuencias contradictorias en la puesta en práctica de las decisiones de la mayoría”, fue violado groseramente por quien Xavier quiere imponer como candidato.
Porque ningún gobernante del FA debería tomarse autocrática y atrevidamente la libertad de acción que significaría vetar una ley promovida y votada por su propia fuerza política, sin haber seguido el procedimiento que prevé el art.21, cosa que obviamente no hizo Vázquez, ni con la ley del aborto ni con la ley que daba beneficios a los trabajadores en accidentes laborales.
El respeto al artículo ARTICULO 23º, sobre la OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES, que dice que “Las decisiones de los órganos del Frente Amplio adoptadas dentro de sus competencias y con sujeción a los requisitos formales establecidos en el presente Estatuto y los reglamentos respectivos, serán obligatorias dentro de la respectiva jurisdicción, para todos los sectores y adherentes del Frente”, ha sido groseramente violado por quien Xavier promueve como candidato.
Y no solo por Vázquez, digámoslo claro. Porque si los organismos del FA, dentro de sus competencias, deciden que sus legisladores voten determinada ley, ningún frenteamplista podrá concurrir al Parlamento a decirles a esos legisladores que no la voten (pongamos por caso una ley anulatoria de la ley de impunidad), ni aún en el caso de que ostenten los más altos cargos. Diría más, menos aún si ostentan altos cargos. Quienes así lo hacen obviamente que incurren en una traición descarada al FA. ¿Será que Xavier está proponiendo sanciones para Mujica y Astori? Si es así, tiene todo mi apoyo.
O tal vez esté pensando en sanciones para la Mesa Política Nacional en su conjunto (la que ella preside), por haber resuelto recientemente en contra de una resolución de un Congreso, que es un organismo superior. Porque si un Congreso mandata el retiro progresivo de las tropas uruguayas de Haití, de ninguna forma una Mesa Política (organismo inferior) pueda mandatar a los legisladores a votar en contra del Congreso.
O tal vez esté cuestionando su propia elección como presidenta. Porque el art.73 habla de la elección del Presidente y Vice del FA: “El presidente y el vice presidente del FA serán designados por el Congreso. En caso de vacante definitiva de cualquiera de los dos, se nombrará un nuevo titular en la próxima sesión del Congreso, aunque sea especial o extraordinaria. Mientras que no se reúna el Congreso, el Plenario Nacional podrá proveer el cargo por 4/5 de votos de integrantes del mismo”. 

NI MITO NI LEYENDA (publicado esta semana en VOCES, en el 50 aniversario del asesinato del Che)

Si un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que ti...