sábado, 24 de julio de 2010

NO REPETIR LOS ERRORES


La Mesa Política del FA propone basarse –para el análisis autocrítico de los resultados electorales- en el documento surgido del Congreso “Héctor Rodríguez”: “Fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales”, y nos parece acertado, ya que de ese documento hay muchas puntas de donde ir extrayendo conclusiones sobre lo que nos pasó.

EL RELACIONAMIENTO

El documento establece que las reglas de relacionamiento entre el gobierno y la fuerza política “…deben estar dirigidas a dotar de racionalidad y eficiencia a la relación entre ambos ámbitos, que, obviamente, comparten los mismos objetivos estratégicos”.

Lo que está claro, es que lo de compartir los mismos objetivos estratégicos no siempre fue tan obvio. En más de un tema (uno se cansa de reiterarlo, pero digamos: Tratado de Protección de Inversiones, TLC, envío de tropas a Haití, maniobras Unitas, etc.) parecía que los objetivos de nuestro gobierno y los de la fuerza política eran absolutamente diferentes (hablando en términos de lo establecido en el Programa). Parecería claro para todo frenteamplista -los de la primera hora y los más nuevos- que uno de los objetivos estratégicos del Frente Amplio es romper la dependencia con el imperialismo, en alianza con los hermanos de Latinoamérica. Sin duda que son muchas las referencias que avalan esta afirmación; en los documentos fundacionales ni que decirlo, pero –para aquellos que sostienen reiteradamente que la realidad cambia- también son abundantes las citas que remiten a este carácter antiimperialista y de unidad latinoamericana en el propio Programa con que el FA obtuvo el apoyo ciudadano en 2004. En ese Programa emanado del Congreso “Héctor Rodríguez”, señalamos por ejemplo que “…nos sumamos a la lucha por un nuevo orden internacional más justo y solidario, reafirmando nuestra clara postura antiimperialista”. También decimos En los comienzos del siglo XXI, dentro del bloque imperialista, Estados Unidos ejerce un poder político militar unipolar que le permite un creciente intervencionismo en diversas partes del mundo, desnudando sus intenciones de dominación y hegemonía a escala mundial”. Y allí señalamos muy claramente que “Deberemos enfrentar este mundo de bloques con un relacionamiento basado en la cooperación y en la unidad de América Latina, que permita un relacionamiento de nuevo tipo con los organismos financieros internacionales como el FMI, las transnacionales y con la potencia hegemónica”. Y por cierto que era bien claro respecto de los acuerdos con los EEUU: “…rechazamos el actual proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos concebidos en este marco, en tanto no resultan favorables a nuestros objetivos de consolidación de país productivo”. Y sin embargo -como ya hemos señalado en artículos anteriores- la primera medida importante de nuestro gobierno (año 2005) fue protegerle las inversiones al imperialismo (Tratado de Protección de Inversiones con los EEUU), e inmediatamente se puso a trabajar en procura de un TLC, lo que hubiera aumentado aún más nuestra dependencia y nos hubiera dejado fuera del MERCOSUR, exactamente al revés de lo que decíamos en el Programa.

Esto es, las reglas de relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno, que supuestamente estaban dirigidas a dotar de racionalidad la relación al compartir idénticos objetivos estratégicos, estaban siendo violadas flagrantemente por nuestro gobierno al cambiar esos objetivos contrariando el Programa. Es verdad que el documento señala que “…en el Programa hay cosas centrales, otras no tanto y otras menores, secundarias…” pero las cosas de las que hablamos son justamente de las centrales.

LA FUERZA POLÍTICA ESTÁ OBLIGADA A CONTROLAR

Muchas veces hemos sentido, cuando marcamos errores y desvíos de nuestro gobierno, que se nos señala como que estamos poniendo palos en la rueda o que no hacemos otra cosa que criticar. Y esto por cierto que no es así. Siempre hemos señalado los aciertos de nuestro gobierno, y somos de los que constantemente hemos reclamado y promovido la movilización en apoyo a las medidas que consideramos justas y a favor de las grandes mayorías. Pero entendemos que el buen relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno se debe basar también en un adecuado control del rumbo, porque todos somos responsables de la marcha de nuestro gobierno. Y no somos nosotros los que lo afirmamos. El propio documento que estamos analizando es bien claro al respecto. Porque allí se señala muy claramente que una responsabilidad central de la fuerza política, en relación con el gobierno, es la definición del Programa y el Plan de Gobierno, y dice: “Esto implica que la orientación programática, el contenido de la propuesta de gobierno a realizar son fundamentales para entender las políticas de relacionamiento…”…”Compete además a la fuerza política…la instrumentación de mecanismos orgánicos de contralor de la aplicación del programa, seguimiento permanente y respaldo al gobierno”. Y por si esto no fuera lo suficientemente claro, más adelante dice: “…la fuerza política es la responsable de su propuesta, su programa, sus candidatos, su equipo y su gestión. Ella es la que, a través de sus organismos, establece y fija las líneas generales de su Programa Nacional y Plan de Gobierno y dentro de ellas el gobierno de la fuerza política se tiene que manejar”.

Y el control de lo que hace el gobierno en función de los compromisos programáticos, está allí establecido como un “deber” de la fuerza política. Dice textualmente: “La fuerza política deberá evaluar, permanentemente, lo que realiza el gobierno en función de lo definido en las instancias orgánicas, y su compromiso con la ciudadanía”.

NO REPETIR LOS MISMOS ERRORES

Hemos dicho muchas veces que los desvíos que señalamos más arriba son en buena medida responsables del estado de desmovilización de los frenteamplistas y de los sucesivos retrocesos electorales. A nadie puede llamar la atención que los militantes de izquierda, que se comprometen con un Programa y que dan la batalla para conseguir que la ciudadanía lo apoye, se sientan luego defraudados cuando su propio gobierno toma un rumbo diferente.

Y lo que permite el ejercicio autocrítico de cualquier fuerza política es -al analizar los errores cometidos y sus consecuencias- evitar la repetición de los errores. Es por eso que no dejamos de advertir cuando vemos que nos estamos apartando del Programa o que lo estamos soslayando como si fuera algo secundario. Es justamente por eso que nuestro Partido promovió recientemente una discusión en lo que tiene que ver con cuestiones de economía política y con la inclusión de cuestiones programáticas en el próximo Presupuesto Nacional.

Porque como bien dice el documento que la Mesa Política Nacional propone analizar, “Nuestro compromiso con la ciudadanía toda es el de gobernar para todos los uruguayos, en base a las definiciones y prioridades de nuestro programa…”, y también “El principal compromiso contraído por un gobierno del Frente Amplio es de hacer un buen gobierno y, de acuerdo a su programa, hacerlo en beneficio de los más postergados y las grandes mayorías”.

Nadie debería sentirse molesto cuando señalamos cuestiones que se apartan de lo que entre todos hemos definido. En nuestro Programa actual, elaborado en el Congreso “Zelmar Michelini”, decimos que “En esta etapa, la profundización de las reformas estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno”. Cuando entrevistan al presidente del FA y le preguntan acerca de la Constituyente, y éste dice que no es una prioridad, y que la idea es en los próximos años discutir con los partidos de la oposición que reformas se le pueden hacer a la Constitución, uno tiene todo el derecho de preocuparse y la obligación de señalarlo.

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