LA COMPRENSIBLE INDIGNACIÓN
En muy pocos días, diversos hechos que tienen que ver con los derechos humanos, han desatado la indignación de muchos frenteamplistas, los que se sienten además desconcertados y atónitos. Y no es para menos. Los comprendemos, porque también nosotros nos hemos sentido indignados. En primer lugar -y el hecho más notorio- el proceso que culminó en el naufragio del proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad. No vamos a entrar en detalles que todos ya conocemos sobre ese proceso. Pero sí vamos a señalar que de ninguna manera podemos compartir que se acuse a la estructura orgánica del FA, y menos que menos a los Comités de Base, de tamaño desaguisado.
QUE CULPA TIENE EL TOMATE
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros. No puede entenderse de ninguna manera, que se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que en esta lucha contra la ley de impunidad, no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos; fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote. Pero resulta que parece que el problema es “el poder que tienen las bases”, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder. Una conclusión, además de injusta, disparatada.
EL ATAQUE A LA JUEZA MORA
Según el diario El Observador, luego que el semanario Búsqueda informara que la jueza Mariana Mota estuvo en la Marcha del Silencio, organizada por familiares de desaparecidos el 20 de mayo, la Suprema Corte le pidió a la jueza que en 48 horas informe si estaba en el lugar y en ese caso qué hacía allí. Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”.
Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia.
Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces se abstendrán:
1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.
Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.
Mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. Una condecoración más para mostrar en la ONU cuando asumamos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo.
DELITOS COMUNES
Para completar este panorama, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. Si, claro, eso es lo que dice la Corte. Que secuestrar a una persona en otro país con personal pago por el Estado, para luego traerla a nuestro país y someter a esa persona a las más terribles torturas en dependencias del Estado y por funcionarios del Estado, para luego asesinarla (puede ser por ejemplo castrándola y dejando que se desangre), y finalmente hacer desaparecer el cadáver, que un delito como ese, no tiene nada de diferente al robo de una gallina o a una rapiña. La única diferencia es que el ladrón de gallina y el rapiñero van a una cárcel común, a donde van todos los delincuentes, mientras que el secuestrador, torturador y asesino múltiple va a un lugar con todas las comodidades, especialmente acondicionado para él.
Es comprensible entonces la indignación, porque estas cosas que describimos no suceden –como algún distraído podría llegar a pensar- en Honduras, por ejemplo, que hoy día vive bajo una dictadura, o en algún país gobernado por la derecha más reaccionaria. No, estas cosas están pasando en un país considerado ejemplo de democracia en muchas partes del mundo. La confirmación de la impunidad y su profundización en tres actos, sucede en este querido Uruguay, en este país que pagó tan alto precio por la recuperación democrática, en este país que tuvo en su momento el record mundial de presos políticos en proporción a su población. Y bajo un gobierno de "izquierda". Es acá donde suceden estas cosas, en el país que ha sido elegido para presidir el máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Si. Por eso la gente se indigna.
QUE CULPA TIENE EL TOMATE
El proyecto interpretativo que anulaba los efectos de la ley de impunidad naufragó en la madrugada del viernes 20 de mayo, día de la marcha del silencio, y el sábado 21 algunos compañeros ya habían empezado la autocrítica, esa rara autocrítica que consiste en criticar a los demás, en encontrar las razones de los fracasos siempre en otros. No puede entenderse de ninguna manera, que se concluya en que “existe una contradicción entre la estructura del FA y la voluntad frentista”. Y menos aún, puede entenderse la afirmación de que la estructura en el FA ya "no representa al pueblo frenteamplista, ni los valores de las organizaciones sociales". Porque está claro que en esta lucha contra la ley de impunidad, no ha habido mayor coincidencia que entre las resoluciones de la estructura del FA y los valores de las organizaciones sociales, que no han hecho otra cosa que luchar contra la impunidad desde que la misma se instaló en este país.
Al parecer –de acuerdo al menos a lo que informa una nota de El País- se trata de “una movida para quitarle poder a las bases”. En caso de que fracase la negociación –dice la referida nota-, Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori, convocará a un "plebiscito interno" para que los frenteamplistas decidan qué hacer con las bases. Si eso es todo, si algunos sectores del FA entienden que los problemas del FA se deben al poder de las bases, y si creen que los problemas del FA se solucionan quitándoles poder a estas, entonces estamos en graves problemas, porque estaría demostrando una pobreza ideológica de magnitudes gigantescas, y una ceguera imperdonable.
Entre otras cosas, porque el proyecto interpretativo que terminaba con la impunidad, no fue elaborado por las bases, sino por los sectores políticos; fue aprobado en la Mesa Política Nacional (integrada por los mismos sectores que están en el Parlamento) y enviado a la Cámara de Diputados donde fue votado por los 50 diputados (ninguno de ellos de las bases, obviamente), se le hicieron modificaciones por parte de los sectores políticos en el Parlamento para que pudiera ser aprobado en el Senado, y allí fue votado por todos los senadores (ninguno es de las bases), con el único voto contrario de Saravia; las bases tienen en el Plenario Nacional apenas el 50% de los votos, y las resoluciones sobre la ley interpretativa siempre fueron tomadas por UNANIMIDAD, es decir, por las bases sí, pero también por todos los sectores; y finalmente, quienes echan a perder todo el proceso son el presidente y el vicepresidente, quienes van al Parlamento a pedir que no se vote. Pero resulta que parece que el problema es “el poder que tienen las bases”, y todo se soluciona quitándoles parte de ese poder. Una conclusión, además de injusta, disparatada.
EL ATAQUE A LA JUEZA MORA
Según el diario El Observador, luego que el semanario Búsqueda informara que la jueza Mariana Mota estuvo en la Marcha del Silencio, organizada por familiares de desaparecidos el 20 de mayo, la Suprema Corte le pidió a la jueza que en 48 horas informe si estaba en el lugar y en ese caso qué hacía allí. Hasta donde sabemos, nuestra Constitución de la República en su artículo 77, numeral 4º establece: “Los magistrados judiciales… deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privada de carácter político, salvo el voto”.
Es evidente que cualquier juez que concurra a una Marcha en defensa de los derechos humanos no está formando parte necesariamente de ninguna comisión o club político, ni está suscribiendo ningún manifiesto (de hecho la marcha del silencio ni siquiera cuenta con una parte oratoria, y menos un manifiesto, y menos aún partidario), ni está ejecutando ningún acto público de carácter político. Un juez que concurra a una marcha en defensa de los derechos humanos universales, está manifestando su adhesión a esos principios universales, que deben estar por encima (y lo están) de cualquier bandería política. Lo que debería suceder, y lo que enorgullecería a la gran mayoría de los uruguayos, y lo que incluso les llevaría tranquilidad y confianza en la Justicia, sería que todos los jueces de nuestro país participaran de una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia.
Además del precepto constitucional, está también la Ley Nº Ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), la que establece en su Artículo 94 que los Jueces se abstendrán:
1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.
Y en este caso, menos se puede aún decir que el participar en una marcha en defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, sea expresar su juicio respecto de los asuntos en los que el juez o la jueza están llamados a fallar. Porque en el juicio, el juez se manifestará en cuanto a la culpabilidad o no del acusado, pero es de suponer que no se manifestará en cuanto a la pertinencia o no de los derechos humanos universales protegidos, y que todos los jueces tendrán en cuenta esto último.
Mientras en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que un juez está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” durante la última dictadura militar, en nuestro país queremos inhabilitar a una jueza por su compromiso con los derechos humanos. Una condecoración más para mostrar en la ONU cuando asumamos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo.
DELITOS COMUNES
Para completar este panorama, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. Si, claro, eso es lo que dice la Corte. Que secuestrar a una persona en otro país con personal pago por el Estado, para luego traerla a nuestro país y someter a esa persona a las más terribles torturas en dependencias del Estado y por funcionarios del Estado, para luego asesinarla (puede ser por ejemplo castrándola y dejando que se desangre), y finalmente hacer desaparecer el cadáver, que un delito como ese, no tiene nada de diferente al robo de una gallina o a una rapiña. La única diferencia es que el ladrón de gallina y el rapiñero van a una cárcel común, a donde van todos los delincuentes, mientras que el secuestrador, torturador y asesino múltiple va a un lugar con todas las comodidades, especialmente acondicionado para él.
Es comprensible entonces la indignación, porque estas cosas que describimos no suceden –como algún distraído podría llegar a pensar- en Honduras, por ejemplo, que hoy día vive bajo una dictadura, o en algún país gobernado por la derecha más reaccionaria. No, estas cosas están pasando en un país considerado ejemplo de democracia en muchas partes del mundo. La confirmación de la impunidad y su profundización en tres actos, sucede en este querido Uruguay, en este país que pagó tan alto precio por la recuperación democrática, en este país que tuvo en su momento el record mundial de presos políticos en proporción a su población. Y bajo un gobierno de "izquierda". Es acá donde suceden estas cosas, en el país que ha sido elegido para presidir el máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Si. Por eso la gente se indigna.
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