MIRANDO MÁS ALLÁ DEL DOMINGO (4ª PARTE)
El nuevo
gobierno del Frente Amplio sin duda tuvo el cambio más sustancial en lo que
tiene que ver con las relaciones internacionales, y ya no se vio el
acercamiento a los Estados Unidos y la constante rispidez con los vecinos que
había caracterizado al primer gobierno. Sin duda esa fue una gran señal. Sin
embargo, al igual que el primero, tiene aspectos en lo económico, y sobre todo
en lo político, que han continuado el distanciamiento con las organizaciones
sociales y con los militantes más consustanciados con las concepciones
históricas de la izquierda y del propio Frente Amplio.
SEÑALES POLITICAS RARAS
El nuevo
gobierno del FA asumió el 1º de marzo de 2010. Ocho días después, El Observador
entrevistaba al novel ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y le
preguntaba que opinaba acerca de un TLC con los Estados Unidos, a lo que éste
respondía que “no tiene un preconcepto
con los Tratados de Libre Comercio” y que no se puede oponer a una
negociación que puede ser una “tabla de
salvataje de sectores estratégicos”.
Algo
verdaderamente insólito, puesto que aquel problema que había tenido en vilo a
la fuerza política y al gobierno en el primer período, que había provocado
tantos y tantos dolores de cabeza, y que había sido, no solo zanjado en los
hechos por el propio gobierno, sino que había sido reiterada su oposición en el
Congreso del Frente Amplio del 2008 en un texto claro e inequívoco, era absolutamente
ignorado por el flamante ministro y se mostraba abierto a estudiar el tema.
En el Frente
Amplio había trabajado una Comisión integrada por representantes de los
sectores políticos y de las bases durante meses elaborando un documento
programático que sirviera de esquema para discutir a lo largo de toda la
estructura de la fuerza política. El documento bajó a los Comités de Base y fue
analizado y enriquecido con la participación de al menos 20 mil compañeros.
Luego, esos compañeros eligieron más de 2 mil delegados que participaron en el
Congreso “Zelmar Michelini” y discutieron nuevamente hasta aprobar el programa
definitivo con el cual la el Frente Amplio se presentó a las elecciones y
resultó elegido para gobernar por otros cinco años. Ese Programa consta de
varios capítulos que abordan diferentes temas, uno de los cuales se titula:
URUGUAY INTEGRADO, en cuyo numeral tercero se tratan los ASPECTOS POLÍTICOS
COMERCIALES. El punto 48 de ese numeral dice textualmente: “Un tratado
de libre comercio en los términos y con las condiciones de los que EEUU ha
firmado con Perú o ha propuesto a Colombia es incompatible con las necesidades
y los objetivos del desarrollo nacional. Tales términos y condiciones,
referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad
intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son
aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares.”
Esos son los
conceptos previos (preconceptos) que Almagro debía manejar en el tema en
cuestión. Por otra parte, estas definiciones programáticas en este tema
específico no eran nuevas, sino que ya figuraban en el Programa emanado del
Congreso “Héctor Rodríguez” del año 2003. Y decir que no se tienen preconceptos
sobre los TLC, equivale a decir –una semana después de ser nombrado como
ministro de un gobierno del Frente Amplio- que no tiene ningún problema en
hacer exactamente lo contrario de lo que dice el Programa de la fuerza política
que lo llevó a ese cargo. Entre otras cosas, sus declaraciones lograron el
beneplácito de la secretaria de la Unión de Exportadores, Teresita Aishemberg (“Es
positivo. Él está recibiendo el sentir de los exportadores…”, dijo
Aishemberg), el rechazo del PIT-CNT (La central obrera “no dudará” al momento
de movilizarse “por la unidad de América Latina” ya que para el PIT-CNT el
rechazo al TLC con Estados Unidos es una “cuestión de principios”, dijo Marcelo
Abdala), y un malestar generalizado en la fuerza política (“Hoy no
están planteadas las condiciones para que el Frente modifique su posición
respecto del TLC con Estados Unidos. No hay ninguna revisión posible”, dijo
por ejemplo Mónica Xavier).Así arrancaba el nuevo gobierno.
Y no era solo
desde el gobierno que se emitían señales de este tenor. Porque el programa del
FA dice claramente que “En esta etapa, la profundización de las reformas
estructurales hacen necesario habilitar los marcos normativos adecuados para
procesarlas. Para ello, entre otras medidas, será necesario incluso convocar
una Convención Nacional Constituyente dentro del primer año de gobierno”.
Y sin embargo apenas un mes
después de instalado el gobierno, un medio de prensa entrevistaba nada menos
que al presidente del FA, a Jorge Brovetto, y le preguntaba sobre este tema, y
el presidente aclaró que “una Asamblea Constituyente no está en los planes
inmediatos del FA”. “Yo personalmente creo que hay que plantearlo”,
opinó Brovetto, aunque admitió que “no es prioridad del año 2010”. Esto
es, la Constituyente había sido una prioridad para el Congreso, tanto que lo
ubicaba en el primer año de gobierno. Pero una vez instalado, ni el gobierno ni
el presidente de la fuerza política lo consideraban una prioridad.
Reiteramos lo dicho anteriormente; estas cosas quizá no afecten la
visión que doña María o don José tienen del gobierno y o de la fuerza política
en el gobierno, pero afectan profundamente a la militancia más comprometida, a
la que dedica horas, días, meses y años de su vida en la militancia para ver
que después un dirigente ignora por completo todo su esfuerzo. Y además ponen
en evidencia el problema central: la relación fuerza política-gobierno.
DERECHOS HUMANOS
A mediados del primer año de gobierno, comenzó la discusión pública del
proyecto interpretativo de la ley de impunidad, y fue el comienzo de lo que
sería el peor papelón cometido por un gobierno del Frente Amplio.
Recordemos que
la anulación de la ley de impunidad formaba parte también de los mandatos del
Congreso. En función de ello, y del fracaso del plebiscito en 2009, una
Comisión integrada por todos los espacios de la fuerza política y también por
delegados de las bases, trabajó en la elaboración de un proyecto, sobre la base
de distintos proyectos que había en carpeta, incluido uno del propio Poder
Ejecutivo, presentado por el canciller Luis Almagro.
El 24 de
setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del
Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus
legisladores. “La iniciativa resuelve
–decía el artículo- la dificultad de
anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que
"interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa
norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación
pueden ser reabiertos”. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y
compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión.
Recuerden también que esto viene vinculado con una demanda que ha sufrido, o ha
recibido mejor dicho, el Estado uruguayo en cuanto a acciones referidas al campo
de Derechos Humanos".
El 20 de octubre
de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el
proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar
en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el
texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía.
"Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a
dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados
internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el
primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la
referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó
si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este
texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la
declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la
República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió
Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado
proyecto de ley”.
Argumentación
clara y contundente del vicepresidente Danilo Astori, que compartíamos de
principio a fin.
El 12 de abril,
y en consonancia con lo anterior, Danilo Astori levantó su mano en el Senado
para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una
entrevista en el diario El País, salió a decir: “Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de
crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad.
Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias
negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino
que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos
ahora".
Esto sucedía,
entiéndase bien, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de
Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara
de Senadores. Y pocos días después concurre al Parlamento, junto al presidente
Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto. El
proyecto naufragó en el Parlamento el 19 de mayo de 2011, y al otro día se
registró la mayor marcha por verdad y justicia desde que la misma se realiza,
con más de 100 mil participantes. Si alguien creía que no iba a pagar costos
políticos por esas bestialidades políticas, se equivocó de medio a medio.
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