martes, 26 de febrero de 2013

HITORIAS DE LUCHAS, TRAICIONES, AGACHADAS Y OTRAS YERBAS (2ª Parte)


En el año 2007, y cansados de esperar por ese proyecto de ley  que terminara de una vez por todas con la ley de impunidad, que no terminaba de concretarse a dos años del primer gobierno de izquierda y con las mayorías necesarias para aprobarlo, las organizaciones sociales lanzan la campaña de recolección de firmas para llamar a plebiscito y anularla por esa vía.

El colectivo que promovía la iniciativa estaba integrado por diversos agrupaciones sociales y políticas, entre quienes se destacaban PIT-CNT, FUCVAM, Crysol, FEUU, Amnistía Internacional, Serpaj, entre otros, y sectores políticos como, el Partido Comunista, el PVP, el Fidel, el Nuevo Espacio, los Claveles Rojos y el Partido por la Seguridad Social.
Y hay que decir también que la campaña no fue apoyada  por el Frente Amplio, más que en el último tramo, cuando ya se preveía que las firmas se conseguían, y que nunca fue apoyada por otros sectores de la izquierda no frenteamplista. La organización de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos no participó en la organización ni adhirió al lanzamiento de la campaña, aunque María Esther Gatti de Islas, se encontraba en la mesa que presidió el acto de lanzamiento, al igual que el ex diputado nacionalista Oscar López Balestra.
El gobierno de Tabaré Vázquez estaba claramente en contra de la recolección de firmas, y además de manifestar su posición en contra de la campaña, algunas autoridades del gobierno dieron órdenes expresas destinadas a impedir que miembros de la administración participaran en actos o movilizaciones en favor del plebiscito.
En diciembre de 2007, cuando ya la campaña estaba en marcha, se desarrolló el Congreso Líber Seregni, y del documento final, la única mención que hay a la recolección de firmas contra la impunidad es la siguiente: “En la actualidad la campaña de recolección de firmas convocada por un conjunto de organismos sociales para habilitar una reforma constitucional que anule la Ley de Caducidad significa una vez más, convocar a la  población para resolver un problema de gran magnitud para la democracia”. Esto es, un párrafo inútil, que no dice nada y que cada cual lo interpretó a su manera, como suele suceder con muchas resoluciones del FA que pretenden conciliar posiciones inconciliables.
Mientras las organizaciones mencionadas luchaban duramente por recoger las firmas necesarias, en 2008 se preparaba el Congreso Zelmar Michelini, y La Diaria del 23 de setiembre informaba: “la Comisión de Programa del Frente Amplio no incluirá la anulación de la Ley de Caducidad en el documento programático que enviará a los comités de base y que luego será debatido en el Congreso”. Y así ocurrió.
Y en el mismo periódico, tres días después, hay una entrevista e Fernández Huidobro, en la que afirma que: “Si me dicen que estoy obligado a firmar y luego a votar, renuncio a todo. No voy a ser candidato a nada. No soy de los que discrepan por cuestiones de principios y después se hacen los ranas. Quedo en minoría en muchos temas, pero esto es otra cosa. En temas trascendentes como este, cuando te obligan violentando tu conciencia no te queda más remedio que irte y no prestar tu cuerpo”.
Por esos día también, Mujica opinaba que "No es posible para muchos ni olvido ni perdón, pero menos cabe cultivar la imagen de verdugos sobre quienes nos 'verduguearon' hace más de 30 años", y por ello proponía que, a quienes "asuman las responsabilidades jurídicas y morales que les correspondan, sus eventuales penalidades carcelarias les deberían ser conmutadas".
En el Congreso, finalmente, ganó la postura de acompañar la anulación de la ley (ya se estaba en el tramo final de la campaña), y se obtuvo una resolución que decía: “La cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperada la democracia deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos para los cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar “la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad.”
Y José Bayardi, por ese entonces ministro de Defensa, reconocía que “La fuerza política del Frente Amplio ha definido una posición en su plenario nacional” pero agregaba que “como miembro del Poder Ejecutivo- voy a seguir defendiendo los criterios que el Poder Ejecutivo ha mantenido que es el de mantener la Ley de Caducidad durante este período de gobierno”. Extraña posición (inaugurada en su momento por Tabaré Vázquez), por la cual se pertenece al FA hasta llegar a un cargo de gobierno, y a partir de allí se responde a otra cosa.
Finalmente, en abril de 2009, tras un esfuerzo militante enorme, de grandes sacrificios y de lucha contra la adversidad, el ninguneo de la gran prensa y las vacilaciones, remilgos y zancadillas (que de todo hubo en las filas del FA) en las filas de la “izquierda” se logró la hazaña que muchos creían que no se lograría: juntar las firmas necesarias para anular la ley de impunidad, con un plus de decenas de miles.
FRACASO PLEBISCITARIO Y DESPUÉS
La papeleta rosada no obtuvo los votos necesarios (aunque casi lo logra), y una nueva frustración recorrió las filas de los luchadores por los derechos humanos y contra la impunidad. Y en esa derrota muchas causas se han señalado. Entre otras, la falta de compromiso de la fórmula presidencial del FA, que prácticamente nunca mencionaron el tema en los discursos de campaña, como si el plebiscito no existiera. También se ha mencionado que algunos sectores no ensobraban la papeleta rosada con las listas. Lo cierto, es que no hubo un compromiso del conjunto del FA por la anulación de la ley de impunidad en esa instancia, y que solo existieron esfuerzos individuales y de algunos sectores.
Ante el fracaso del plebiscito, una Comisión integrada por todos los espacios de la fuerza política y también por delegados de las bases, trabajó en la elaboración de un único proyecto, sobre la base de distintos proyectos (de López Goldaracena, Felipe Michelini y otros) que se habían venido trabajando desde el 2005, incluido uno del propio Poder Ejecutivo, presentado por el canciller Luis Almagro. Fue el comienzo de lo que sería el peor papelón cometido por un gobierno del Frente Amplio, signado por marchas, contramarchas, deserciones y traiciones de todo tipo.
El 24 de setiembre de 2010, el diario La República anunciaba que la Mesa Política del Frente Amplio aprobó un texto interpretativo para que lo impulsen sus legisladores. “La iniciativa resuelve –decía el artículo- la dificultad de anular los efectos de la Ley de Caducidad mediante tres artículos que "interpretan" obligatoriamente que los artículos 1, 3 y 4 de esa norma son "inaplicables" y que los juicios cerrados por su aplicación pueden ser reabiertos”. Astori señaló que "en esa propuesta hay participación de muchos compañeros y compañeras, incluso miembros del gobierno también, que han dado su opinión”.
El 20 de octubre de 2010, La República mostraba las opiniones dentro de la izquierda sobre el proyecto interpretativo que se iba a aprobar, y decía: “El vicepresidente argumentó que la Ley de Caducidad no debería estar en el ordenamiento jurídico del país porque es inconstitucional. Agregó que el texto propuesto no violenta las dos consultas realizadas a la ciudadanía. "Es un texto que la deja sin efecto y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscrito el país", comentó. Agregó que "en el primer referéndum se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la referida Ley y la ciudadanía contestó que no; en el segundo caso se le preguntó si se deseaba anular la Ley y la ciudadanía contestó que no". "Este texto no es ni una cosa ni la otra, es un texto que deja sin efecto la Ley y la declara inaplicable en orden a dos tipos de argumentos: la Constitución de la República y los tratados internacionales que ha suscripto el país", añadió Astori. Por consiguiente, indicó que votará favorablemente el mencionado proyecto de ley”.
El 12 de abril, y en consonancia con lo anterior, Danilo Astori levantó su mano en el Senado para aprobar el proyecto. Pero curiosamente, pocos días después, en una entrevista en el diario El País, salió a decir: “Pensaba y pienso que lo mejor para dejar sin efecto la impunidad de crímenes cometidos en el pasado es la derogación de la ley de Caducidad. Estamos viendo, en el trámite del proyecto interpretativo, las consecuencias negativas que puede tener desde el punto de vista político y jurídico el camino que hoy se está siguiendo y por eso este compás de espera que tenemos ahora". Que no era lo que pensaba, se desprende del párrafo anterior, salvo que no dijera lo que pensaba sino otra cosa.
Esto sucedía, entiéndase bien, luego de que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, y luego de que –con modificaciones- había sido votado en la Cámara de Senadores. Pocos días después, el mismo Danilo Astori que había votado el proyecto en la Cámara, concurre al Parlamento, junto al presidente Mujica, a pedirle a los parlamentarios del FA que no voten el proyecto. El proyecto naufragó el 19 de mayo de 2011, y al otro día se registró la mayor Marcha del Silencio por verdad y justicia desde que la misma se realiza, con más de 100 mil participantes.
(continuará)

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