sábado, 21 de junio de 2008

DISCUTAMOS EL ANEXO


En el acta de la Mesa Política Nacional del 5 de febrero pasado, se da cuenta, entre otras cosas, de las palabras del compañero Presidente del FA referidas a “la necesidad de que la fuerza política siga analizando el tema de la inserción internacional del país y en especial lo que tiene que ver con la posición de Uruguay dentro del Mercosur. A su vez, recuerda que el Presidente de la República, cro. Tabaré Vázquez, hizo especial destaque de la importancia de que el Frente Amplio se posicione frente a los tres temas que figuraban en el Anexo del TIFA recientemente firmado: Compras del Estado, Propiedad Intelectual y Comercio de Servicios”. Creemos que es importantísimo recoger el guante que arrojan tanto el Presidente de nuestra fuerza política como el Presidente de la República. Nos hemos pasado pidiendo que estos temas se discutan en el ámbito que hay que discutirlo, la Mesa Política, y ahora hay luz verde para ello, así que no podemos dejar pasar la oportunidad. Respecto del tema “Propiedad Intelectual” ya hemos hecho algunos comentarios en artículos anteriores, por lo cual aquí abordaremos aunque sea en forma sumaria el de “Compras Gubernamentales”, y en próximas entregas el de “Comercio de Servicios”.
Compras gubernamentales
Es un hecho que miles de trabajadores pierden sus trabajos a consecuencia del tan promocionado “libre comercio” (que en los TLC tienen muy poco de comercio y menos de libre). Y tan cierto es esto, que el propio Congreso de los Estados Unidos en ocasión de la aprobación del NAFTA dictó una Ley por la cual se creaba un programa de beneficios para aquellos trabajadores que perdieran su lugar de trabajo como consecuencia del Tratado. Y los hechos le dieron la razón al Congreso: a julio del 2002, ya eran 413.123 los norteamericanos desocupados que se habían acogido a ese beneficio. Este es un tema nada menor. ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar en nuestro caso, para proteger a aquellos trabajadores que quedarían sin trabajo al cerrar las empresas que hoy en buena medida subsisten porque le venden al Estado y que tendrían que competir en absoluta desigualdad de condiciones con las empresas yanquis? Porque los TLC que impulsa EEUU, promueven la aplicación del principio de Trato Nacional, que se refiere a que los proveedores nacionales y extranjeros reciban un trato equivalente. Sólo podrá reservarse el Trato Preferente en aquellos casos que haya listado por anticipado (listas negativas) como excepciones, también llamadas "medidas disconformes". Sin embargo, en aquellos rubros que no estén incluidos como medidas disconformes, el Estado debería abstenerse en adelante de aplicar este trato preferente. Con ello, estaríamos perdiendo la posibilidad de aplicar un útil instrumento de políticas públicas que hace del gasto público un eficiente impulsor a los productores nacionales favoreciendo a miles de trabajadores uruguayos. De perder este mecanismo nuestras PYMES tendrían que competir con las empresas de los EEUU. las cuales cuentan, no sólo con mejores créditos, sino que reciben además importantes subsidios programas de apoyo a la compra de sus productos nacionales y de sus PYMES (que son empresas de 500 trabajadores, lo que en nuestro país son grandes empresas). Nuestro gobierno, entonces, debe garantizar en la negociación que se resguarde la capacidad del Estado de promover a los productores nacionales incentivando su participación en las licitaciones Estatales de manera que la enorme masa de dinero que el Estado uruguayo invierte anualmente en compras, beneficien a los uruguayos y fortalezcan el desarrollo de las PYMES en el Uruguay.
Otro tema no menor a tener en cuenta, para evitar encandilamientos, es que cada día un creciente número de estados retiran la autorización de negociar al gobierno federal en servicios y las compras del estado. Cuando los partidarios de un TLC dicen que también las empresas uruguayas podrían competir con las norteamericanas vendiéndole al Estado yanqui (cosa por demás dudosa), se cuidan generalmente de ocultar que se habla de las compras federales y no de las de todos los Estados de la Unión. En el caso del TLC de EEUU con Colombia, uno de los temas de mayor interés para los negociadores colombianos era lograr el acceso a las compras públicas de Estados Unidos de bienes agrícolas y alimentos (el mismo interés que tendríamos nosotros), las cuales ascienden por año a la nada despreciable suma de 23.000 millones de dólares y sobre lo cual Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a otorgar acceso a cualquier proveedor externo, haciendo de este tema la primera excepción en los acuerdos comerciales que suscribe. Es claro entonces que si nuestro Gobierno está verdaderamente comprometido a hacer del sector agropecuario un ganador neto en las negociaciones, deberá garantizar el acceso del sector a las compras estatales de Estados Unidos o, como mínimo atendiendo a criterios de equidad y asimetría justos y necesarios, deberá negar a Estados Unidos los beneficios que ellos nos niegan. Máxime teniendo en cuenta que el sector agropecuario es el más sensible a la acción predatoria de los subsidios otorgados a los productores de ese país.
En ese sentido, creemos que hay que valorar un reciente informe del PUR (Proyecto Uruguay Rural) un convenio entre el Estado uruguayo y el FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario) que tiene como objetivo principal la eliminación de la pobreza rural. Allí se dice que: “Dentro de las políticas de gasto público que se ejecutan en Uruguay, se están estudiando las compras gubernamentales que realizan las diferentes dependencias estatales. Es objetivo que las compras estatales sean demandantes de producción nacional, generadoras de puestos de trabajo y de ingresos más estables para nuestros productores. Teniendo en cuenta los productos, volúmenes, sistema, gasto global, precios, canales de distribución, etc., se pretende poseer la información completa sobre las compras gubernamentales que realizan las diferentes dependencias del Estado con el fin de articular la producción y comercialización de la agricultura familiar llevada adelante por los pequeños productores que apoya el PUR-MGAP. Nuestro objetivo es llegar a tener información del lado de la demanda y de la oferta para elaborar una política diferencial hacia los pequeños productores de manera que mejoren sus niveles de ingreso y por ende superen la pobreza. Se trata de impulsar el concepto de que las compras gubernamentales se realicen con criterio social”.
Lo que hay que saber
Pero debemos saber además que cada vez que EEUU da un paso adelante, ya no retrocede. Antes del acuerdo con Perú, EEUU admitía (así lo hizo con Costa Rica) que la contraparte tuviera una ley que protegiera a las pequeñas y medianas empresas en las compras gubernamentales. Pero desde el acuerdo con Perú, esto ya no es así. La cláusula que se incluye en ese acuerdo dice textualmente: “Una entidad contratante se abstendrá de buscar, tomar en cuenta, solicitar o imponer condiciones compensatorias especiales en la calificación o selección de proveedores, bienes o servicios en la evaluación de los licitantes o en la adjudicación de los contratos, etcétera”. Lo que significa lisa y llanamente que si nuestro país quiere llevar a cabo una política de fomento de proveedores del Estado, como se hace en todas partes del mundo (incluido EEUU), lo tendría prohibido, abandonando una de las herramientas básicas de la política económica del país. No sabemos si el proyecto presentado en el Parlamento por el compañero Enrique Rubio, o el que estaba elaborando la COMISEC, destinados a proteger a las pequeñas empresas en las compras del Estado han sido aprobados o no. Pero lo que si estamos seguros es que en una negociación sobre compras gubernamentales con los EEUU no van a ser admitidos.
Lo otro que hay que saber, es que no tenemos una buena experiencia en cuanto a la importancia que a este tema (el de las compras gubernamentales) le dan los negociadores de nuestro país. En diciembre de 2004 los negociadores uruguayos aprobaron el Protocolo de Compras Públicas del Mercosur según el cual brasileños y argentinos comprometen las compras federales (no las estaduales o provinciales) a cambio del total de las compras públicas del gobierno uruguayo. Hay que decir además que Paraguay lo consideró inaceptable mientras Argentina y Brasil no comprometieran las compras de provincias o estados vecinos, a cuyas licitaciones quizá pudieran acceder.
Por último, es necesario que en todo este proceso tengan también intervención compañeros entendidos en derecho constitucional, ya que se me ocurre que no serían pocos los artículos que se verían comprometidos o al menos tocados por este tipo de tratados. A vía de ejemplo, se me ocurre que el art.50 puede ser uno de ellos. El mismo establece que: “El estado orientará el comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación”. De manera que cualquier productor, por ejemplo de arroz, que se viera perjudicado por el tratado, podría reclamar por la inconstitucionalidad del mismo.


Martes, 20 de Febrero de 2007

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