domingo, 22 de junio de 2008

PARTICIPACION DEMOCRATICA BOLIVARIANA


La semana pasada dábamos un rápido vistazo a la participación ciudadana en Cuba. Hoy haremos lo mismo –y también brevemente- sobre Venezuela, en donde todavía se buscan los caminos en ese sentido. Si tuviéramos que definir en pocas palabras el proyecto bolivariano, diríamos que esencialmente se trata de una recuperación del papel estratégico del Estado en la economía (re-nacionalización de empresas consideradas de carácter estratégico como el petróleo, electricidad y telecomunicaciones), con elementos desarrollistas y defensa de la soberanía, y la especial atención a los excluidos mediante la transferencia de poder. La revolución bolivariana significa para sus partidarios y también para la oposición, el pueblo gobernando. Y es en eso justamente en lo que se basa el importante apoyo de la mayoría social, política y cultural de los sectores tradicionalmente olvidados de la sociedad venezolana, al gobierno de Chávez. Es que el recambio de las elites políticas y administrativas del país generó una promoción de “la democracia más allá de la representativa y liberal, concibiéndola no sólo como un marco político institucional de ordenamiento de la representación mediante elecciones libres y competitivas y división de poderes, sino como un modelo de promoción de la igualdad social, mediante la democracia participativa” (1).
Las grandes líneas transformadoras del Proyecto se basan en lo que Chávez denomina los “cinco motores”: el primero es la Ley Habilitante; el segundo la Reforma Constitucional; el tercero es Moral y Luces (que tiene que ver con la educación en valores); el cuarto es una Nueva Geometría del Poder; y el quinto es el que nos ocupa hoy: la explosión revolucionaria del Poder Comunal. Este motor es (según el gobierno bolivariano) el que tiene mayor fuerza, pero depende para su desarrollo y éxito de los otros cuatro motores.
LOS CONSEJOS COMUNALES
Los Consejos Comunales -en el marco de la democracia participativa y protagónica-, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad con equidad y justicia social. El número actual de Consejos Comunales supera los 18.000, y se estima que para fines de este año habrá unos 30.000. Se aspira a llegar en el 2008 a 50.000 Consejos Comunales. (2)
La organización, la acción, y el funcionamiento de los Consejos están basados en algunos principios claves –imposible de desarrollar en este espacio reducido- como: el trabajo en equipo, la iniciativa, la responsabilidad, corresponsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, igualdad social y de género, contraloría social, autogestión económica, democracia participativa, igualdad, legalidad, y solidaridad. Los objetivos de los Consejos Comunales son: 1- Articular con las organizaciones de base presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas organizaciones donde sea necesario.
2- Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la comunidad pueda resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados. Así mismo debe analizar los recursos tanto materiales como humanos con los que cuenta la comunidad. 3-Debe además promover la elaboración de proyectos en relación con los principales problemas que por sus altos montos o complejidad la comunidad no esté en capacidad de resolver. 4-Promover el control social en todas las actividades que se desarrollen en la comunidad, sean éstas de orden regional, municipal y parroquial (sociales, productivos y/o de infraestructura).
El poder de la comunidad reside en el Órgano Decidor del Consejo Comunal y ese es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
COMO SE CONFORMAN
Los Consejos se conforman por un número de Comités de Trabajo, que pueden ser variables, y cada uno con sus respectivos voceros y voceras. Es el Órgano Ejecutivo. El vocero, es la persona electa en asamblea de ciudadanos para cada Comité de Trabajo. Puede ser vocero cualquier persona relacionada con la comunidad y con su quehacer, interesado y preocupado por sus problemas, que participa animando, impulsando y dinamizando procesos de cambio. Los únicos requisitos son la solvencia moral, trabajo comunitario, capacidad de trabajo colectivo, espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad, a fin de coordinar todo lo relacionado con el funcionamiento del Consejo Comunal, la instrumentación de sus decisiones y la comunicación de las mismas ante las instancias correspondientes. A su vez, está el Órgano Económico Financiero, llamado Unidad de Gestión Financiera (Banco Comunal), y el Órgano de Control, llamado Unidad de Contraloría Social. El Órgano Ejecutivo es el encargado de promover y articular la participación organizada de las y los integrantes de la comunidad, los grupos sociales y organizaciones comunitarias en los diferentes comités de trabajo; se reúne para planificar la ejecución de las decisiones de la asamblea de ciudadanos, así como para conocer las actividades de cada uno de los comités y de las áreas de trabajo. La asamblea de ciudadanos y ciudadanas determina y elige el número de voceros y voceras de acuerdo a la cantidad de comités de trabajos que se conformen en la comunidad. El Órgano Económico Financiero está integrado por cinco habitantes de la comunidad elegidos en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y tiene como funciones administrar los recursos asignados, generados o captados, tanto financieros como no financieros; promover la constitución de cooperativas para la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno, sustentable y sostenible; impulsar el diagnóstico y el presupuesto participativo, jerarquizando las necesidades de la comunidad; promover formas alternativas de intercambio, que permitan fortalecer las economías locales; promover el desarrollo local y cualquier otra iniciativa que promueva la economía popular y solidaria; articularse con el resto de las organizaciones que conforman el sistema micro financiero de la economía popular, y rendir cuentas públicamente ante los ciudadanos y ante el Fondo Nacional de los Consejos Comunales. El Órgano de Control se conforma con cinco habitantes de la comunidad electos por la asamblea de ciudadanos, y realizan la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el Consejo Comunal, así como los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal. También rinde cuentas públicas de manera periódica, según lo disponga el Reglamento de la Ley de Consejos Comunales.
DIAGNOSTICAR PARA TRANSFORMAR
Para poder transformar una realidad social hay que conocerla y, conocer no sólo sus características físicas: estado de la infraestructura, número de escuelas, puestos de salud, la economía, entre otras, sino también, conocer a las organizaciones y personas que habitan en dicha comunidad, especialmente aquellas que juegan un papel muy activo en ellas, lo que llamamos comúnmente las fuerzas vivas de la comunidad. La propuesta bolivariana es que este diagnóstico previo a la conformación del Consejo Comunal sea participativo. El diagnóstico participativo es una opción para promover alternativas y solución a los problemas de una comunidad. Porque, mientras la comunidad analiza y produce el diagnóstico va comprendiendo mejor su situación, identificando los problemas y obstáculos que impiden su desarrollo y le proporciona los elementos para establecer las prioridades. El diagnóstico sirve además, como base para que los miembros de la comunidad planifiquen colectivamente actividades que les permitan mejorar su situación actual. Existe una marcada diferencia entre un diagnóstico hecho por agentes externos a una localidad y aquel hecho por los propios vecinos; de hecho, los planes de acción y las soluciones suelen ser más apropiados y eficaces cuando se basan en el análisis de los problemas realizados por las personas afectadas.




(1) Ana María Sanjuán (directora del Centro para la Paz de la Universidad de Venezuela – Le Monde Diplomatique/agosto 2007)
(2)Revista de la Embajada de Venezuela en Uruguay de julio/2007

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