sábado, 21 de junio de 2008

PASADO PRESENTE Y FUTURO - Derechos humanos e impunidad


Desde la asunción del gobierno frenteamplista, el 1º de marzo de 2005, muchos cambios se han producido en nuestro país, la mayoría de ellos de enorme profundidad y trascendencia. Como para confirmar en los hechos lo que el compañero presidente dijera aquel día histórico: “Este gobierno será un gobierno de cambios, cambios necesarios, porque aquí hubo un proyecto de país que se derrumbó sobre los más débiles, y un estilo de gobierno al cual también la historia le pasó por arriba”. Pero los que tal vez tengan una mayor relevancia en cuanto a sus implicancias hacia el pasado, el presente y el futuro, son los cambios que se han venido procesando en materia de derechos humanos. Se entró a los cuarteles a excavar en busca de los desaparecidos, y se encontraron los restos de Chávez Sosa y de Miranda, demostrando que se podía. Se marcó la cancha indicando los casos que quedaban fuera de la ley de impunidad. La Justicia actuó y procesó, enviando a donde tenían que estar (tras las rejas) a los más connotados violadores, secuestradores de niños, torturadores y asesinos. Y más recientemente, enviando a la cárcel a lo más representativo de la parte civil de la dictadura cívico-militar (Bordaberry y Blanco). Todo esto tiene que ver con un pasado que algunos querían simplemente ignorar, dando vuelta la página para evitar que el pueblo la leyera. Un pasado que, desde que la izquierda llegó al gobierno, se va revelando paso a paso, para que las nuevas generaciones, y aún las generaciones que lo vivieron ignorándolo conozcan lo sucedido y se separe la paja del trigo. Por ejemplo, combatiendo la teoría de los dos demonios, dos por tres reflotada por el más connotado defensor de la impunidad, el Dr. Julio María Sanguinetti, y en cierta medida acompañada por algunos que desde la izquierda también reducen el problema a una confrontación entre militares y guerrilla, mientras que hubo otros que fueron presos por tirar volantes. Pero todo esto tiene también que ver con el presente, porque en tanto no se puedan investigar todos los casos de violación de los derechos humanos, por la existencia de la ley de impunidad, no habrá una verdadera justicia. Y también tiene que ver con el futuro, porque sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento de nuestra historia y sin que se castigue a todos los criminales y a los cómplices de los crímenes de la dictadura, crímenes aberrantes, no hay posibilidades de asegurar un futuro democrático en el país.
Es en este marco de avances, que se da el lanzamiento de la campaña por la anulación de la ley de impunidad, que impulsara el PIT-CNT y que culminara en la conformación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, integrada por organizaciones sociales, familiares de detenidos desaparecidos y asesinados políticos, el grupo de abogados que patrocinan causas vinculadas a la violación de los derechos humanos, representantes sindicales, algunos legisladores del Frente Amplio, personalidades académicas y artísticas. El planteo es simple: la le de impunidad está viciada de nulidad, por haber surgido bajo presión y amenazas, por ser inconstitucional y por ser contraria al derecho internacional, y además, porque incluso ya habría cumplido con lo que supuestamente era el objetivo de quienes la votaron: concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional.
Elementos políticos
Hay quienes plantean que, de todas maneras, existiendo la ley de impunidad, desde que asumió el gobierno progresista se han logrado avances sustanciales como los que señalábamos al principio. Y es cierto, se han logrado avances, pero no todos los que serían posibles sin la ley de impunidad. Por otra parte, mientras exista esta ley, el hecho de que haya o no justicia, de que se sepa o no toda la verdad, dependerá de la existencia de un gobierno dispuesto a ello, y eso es lo que no puede pasar. Recordemos que durante 20 años de vigencia, esa ley nacida bajo presión militar contó con gobiernos cómplices que fueron fieles custodios de la impunidad y aplicaron la ley de forma tal que nada fuera sabido y nada fuera juzgado. Si ir más lejos, digamos que el art.3º de la ley dice que: “el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el art.1º de la presente ley”. Es decir, que para que el Poder Ejecutivo se expidiera sobre los casos, el Juez debería enviarle “el hecho investigado”. Y esto nunca funcionó así, sino que los jueces enviaban las simples denuncias, y los gobiernos incluían absolutamente todo dentro de la ley. Lo que habla además de una responsabilidad también del Poder Judicial con la impunidad.
Hay quienes dicen que nuestra fuerza política se comprometió a no anular la ley de impunidad, y que por lo tanto plantearlo ahora sería una traición a los votantes. Además de ser uno de los argumentos más jodidos que he escuchado (al parecer quienes impulsamos la anulación seríamos traidores), es falso. Porque nunca nos comprometimos a no anular la ley de impunidad. Lo que decimos en nuestro programa, es que “Comprometido con la verdad y la justicia –principios por los que nuestro pueblo ha bregado incansablemente- en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura, hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr el cumplimiento de dichos principios, en cumplimiento de la Constitución y la Ley”. Y también decimos que, a diferencia de gobiernos anteriores, “el gobierno progresista deberá agotar los medios para el pleno cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de la Ley de Impunidad, que expresamente obliga al esclarecimiento de las desapariciones”. Es decir, cumplir con lo que dice la Ley. Lo cual no significa que la misma no pueda ser anulada o modificada o lo que sea. De hecho, nuestro gobierno cumple con la Constitución, como es natural, y eso no significa que no pueda plantear una reforma de la misma si lo cree necesario.
Hay quienes dicen –a veces como argumento político y otras veces como jurídico- que como la ley fue sometida a referéndum no podemos ahora anularla. Desde el punto de vista político, el argumento no es válido, porque ni los pueblos ni sus opiniones permanecen inmutables a lo largo de la historia. Si así fuera, aún seguiríamos rigiéndonos por la primera Constitución que fue sometida a plebiscito. Por otra parte, nadie puede desconocer que muchísima gente votó en ese referéndum bajo la presión de las amenazas de un nuevo golpe.
Elementos jurídicos
Los argumentos jurídicos, básicamente se refieren a lo que acabamos de señalar. No habría forma de anular la ley porque fue confirmada por un referéndum. Como dijimos, el hecho de que la ley sea aprobada por la soberanía popular no la transforma en una súper ley inmutable por los siglos de los siglos. Y el ejemplo de la Constitución es absolutamente claro. Por otra parte, si la ley es nula por las razones que dimos al principio, el hecho de su aprobación por referéndum no le quita ese carácter. Por lo tanto, creemos que el Parlamento perfectamente puede declarar nula la ley de impunidad si así lo decidiera. Y si así no lo hiciere, siempre queda –claro está- la posibilidad de someter al veredicto popular una nueva ley que declare la nulidad, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución (que aún no está reglamentado).
Elementos éticos
Por último, pero no por ello menos importante, sino al revés, por ser lo más importante, están los argumentos éticos. Para decirlo más claramente. Pongamos por caso que, a pesar de la vigencia de la ley de impunidad, se lograra enviar a la cárcel a todos los responsables de la violación de los derechos humanos durante la dictadura (cosa que no es posible). Y pensemos en la posibilidad de que, aplicando el artículo 4º de la misma, se aclararan todos los casos de detenidos desaparecidos y que por fin el pueblo uruguayo sepa toda la verdad y tenga toda la justicia. Aún en esa hipótesis falsa y descabellada, le ley de impunidad debería ser anulada. Porque desde el punto de vista ético y moral, la ley de impunidad constituye una verdadera obscenidad jurídica, una bofetada que diariamente se le da a la conciencia moral de los uruguayos. Y esta para mi es la razón principal, la que está por encima de todas las demás. Por eso es absolutamente necesario anular la ley de impunidad. Porque la sanción de dicha ley fue una solución equivocada en lo jurídico y en lo político pero fundamentalmente en lo ético. Y la consolidación definitiva del Estado de Derecho pasa porque la sociedad en su conjunto asuma que la Justicia es un elemento inherente a la Democracia y por tanto innegociable.


Jueves, 30 de Noviembre de 2006

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