MACROECONOMIA Y DEMOCRACIA - Introducción a la Reforma del Banco Central (1ª parte)
Las decisiones económicas que toman los gobiernos son de muy variada naturaleza y no siempre, además, las medidas se adoptan desde los mismos niveles de gobierno. Algunas veces se adoptan medidas sobre pequeños sectores de la actividad económica, pero que tienen una gran trascendencia; otras afectan a un gran número de personas, lo que dificulta su instrumentación.
Es preciso entonces que las decisiones que en conjunto conforman lo que conocemos como “política económica” respondan a un diseño previo y homogéneo, en donde esté bien delimitado cuál es el alcance que se pretende dar a cada una de ellas, los objetivos que persiguen, la naturaleza de los medios más adecuados para alcanzarlos, etc.
En definitiva, e incluso en la sociedad más liberal, es siempre necesaria una cierta regulación macroeconómica, es decir una intervención sistemática sobre todas las circunstancias que globalmente influyen sobre los principales problemas económicos que se desea resolver.
También hay que decir que las decisiones de política económica no pueden ser el resultado de un designio caprichoso, ya que determinadas medidas llevan consigo determinado tipo de efectos; medidas de una determinada naturaleza originan cambios en uno u otro sentido. Por lo tanto, no sólo es necesario tener un diseño previo, sino que éste debe ser, a su vez, viable, realizable. La escasez de recursos, o los límites energéticos, o el entorno internacional (hoy en día decisivo) por ejemplo, no siempre permiten que cualquier medida, formulada de cualquier modo, sea viable.
Sabemos además que la actividad económica está sujeta a algunas leyes, aunque no siempre podamos tener perfecta constancia de cuáles son, y con qué expresión vamos a encontrarlas en un determinado momento histórico.
Conocemos, igualmente, que de los distintos instrumentos de intervención que pueden utilizarse para hacer efectivas las diversas decisiones de política económica se derivan efectos muy distintos. Pero quizá no tengamos plena seguridad sobre cuál va a ser su diferente magnitud. Es decir, que será necesario evaluar previamente cada uno de ellos y optar de manera discrecional, en virtud de los objetivos que deseamos alcanzar.
En definitiva, entonces, cuando se plantea un diseño determinado de la política económica es preciso disponer de un análisis previo lo más riguroso posible sobre el "marco global" en el que se insertan las decisiones. La improvisación o la falta de fundamento serán siempre errores que terminarán pagándose caros por la sociedad.
La toma de decisiones
Como ya quedó dicho, las decisiones de política económica que se adopten deben ser consecuentes con los objetivos formulados y, además, viables y adecuadas. Ahora bien: ¿cómo se definen los objetivos que va a perseguir la política económica? Aunque generalmente no se dice, la definición de los objetivos no puede ser más que el resultado de una elección o una preferencia social.
En los manuales convencionales se definen siempre los objetivos que persigue la política macroeconómica, y se suele coincidir en que éstos son: producción (elevado nivel, rápida tasa de crecimiento), empleo (lograr elevar el nivel de empleo o bajar el nivel de desempleo involuntario), estabilidad del nivel de precios con libertad de mercados, equilibrio exterior (equilibrio entre las exportaciones y las importaciones) y estabilidad del tipo de cambio.
Ahora bien, ¿por qué estos y no otros? ¿Cuál es la institución que debe o puede dar respuesta a esta pregunta?
Cualquiera que hojee un libro de macroeconomía convencional, o simplemente una introducción ortodoxa a la economía, podrá comprobar que los objetivos descritos de tal forma se consideran como algo intrínseco a la propia macroeconomía y, en consecuencia, indiscutibles. Se presentan como algo tan elemental y lógico que no parece que tengan que ser puestos en cuestión (pensamiento único).
El asunto sin embargo, tiene bastante trascendencia. Porque los objetivos de la política económica nunca son el resultado de una decisión neutral, sino el resultado de una determinada preferencia. Por ejemplo: ¿por qué la equidad, la justicia en la distribución de la renta, no se considera un objetivo esencial de la macroeconomía?
No puede argumentarse la dificultad para conseguir dichos objetivos por los medios que están a nuestro alcance, puesto que la realidad muestra, precisamente que la pauta distributiva se está modificando permanentemente, en un sentido u otro, como consecuencia del funcionamiento de los mercados o de la intervención de los gobiernos. Sabemos, por ejemplo, que determinada estructura impositiva es más igualitaria que otras, o que todo lo que afecte, en un sentido o en otro, a los salarios influye también de una manera u otra en la distribución de los ingresos.
Tampoco hay razones rigurosamente fundadas para sostener que avanzar hacia soluciones más equitativas implique mayor dificultad para lograr la consecución de los demás objetivos que se fijan convencionalmente, salvo que lo que se desee efectivamente sea distribuir asimétricamente a favor del capital.
La respuesta entonces a esas preguntas no puede ser otra que considerar que la exclusión de la equidad como objetivo de la macroeconomía es el resultado de una determinada opción. Y que ha sido adoptada sólo en virtud de que quienes la sustentan han estado en condiciones de imponer su modo de ver las cosas, su interés, pero haciéndolo aparecer como si fuera una preferencia "general".
La actividad económica no es más que una lucha permanente por el reparto, y no cabe pensar que alguien sea indiferente a cuál sea el resultado del reparto. En sentido riguroso, como decían ya los primeros economistas clásicos, ese es el asunto esencial de la economía. Y también de eso se trata cuando hablamos de un gobierno en disputa.
Democracia y economía
Es cierto que a los economistas no les interesa -en el sentido de que no es el objeto de su estudio- cómo puede un determinado grupo social conseguir que su preferencia aparezca como mayoritaria para imponerla a los demás. Pero eso no quiere decir, sin embargo, que la economía, y especialmente la política económica, sean independientes de ello. Esto quiere decir que a la política económica los objetivos le vienen dados por las preferencias sociales, no son definidos con independencia de ellas.
Por consiguiente, si el diseño de toda política económica nace de la definición de unos objetivos que responden a unas determinadas preferencias, es justo que la sociedad resuelva previamente la forma en que esos objetivos deben definirse de manera que sean un fiel reflejo de los deseos de la mayoría.
Pero estamos ante una especie de paradoja universal. Todo el mundo parece reconocer que la democracia es la única mecánica que permite salvaguardar la libertad de los individuos, pero deja de utilizarse cuando se trata de abordar el problema fundamental de los seres humanos: la satisfacción incluso más elemental de sus necesidades materiales.
La principal conclusión es, entonces, que no puede haber una política económica orientada al bienestar general si sus definiciones más esenciales no respetan el deseo mayoritario de los ciudadanos. No puede haber política económica que satisfaga preferentemente las necesidades de la mayoría de la población si no hay una auténtica democracia.
Sin embargo, el ascenso de las políticas neoliberales ha ido acompañado de un debilitamiento de la democracia. No necesariamente en lo que tiene que ver con la mecánica para la representación social (que puede haberse extendido), sino como procedimiento para el planteamiento de los problemas sociales y para la resolución de los conflictos que naturalmente conlleva. Así, se ha multiplicado la influencia de los organismos o fuentes de decisión que se sitúan fuera o más allá de los institutos sometidos habitualmente al control democrático (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, bancos centrales autónomos...), en donde la decisión no está sujeta a procedimientos institucionales democráticamente preestablecidos.
En próximas entregas, entraremos en el análisis de la reforma del BCU que está planteada por el equipo económico de gobierno (y que no figura en el Programa de nuestra fuerza política) en el marco de lo que acabamos de exponer.
Es preciso entonces que las decisiones que en conjunto conforman lo que conocemos como “política económica” respondan a un diseño previo y homogéneo, en donde esté bien delimitado cuál es el alcance que se pretende dar a cada una de ellas, los objetivos que persiguen, la naturaleza de los medios más adecuados para alcanzarlos, etc.
En definitiva, e incluso en la sociedad más liberal, es siempre necesaria una cierta regulación macroeconómica, es decir una intervención sistemática sobre todas las circunstancias que globalmente influyen sobre los principales problemas económicos que se desea resolver.
También hay que decir que las decisiones de política económica no pueden ser el resultado de un designio caprichoso, ya que determinadas medidas llevan consigo determinado tipo de efectos; medidas de una determinada naturaleza originan cambios en uno u otro sentido. Por lo tanto, no sólo es necesario tener un diseño previo, sino que éste debe ser, a su vez, viable, realizable. La escasez de recursos, o los límites energéticos, o el entorno internacional (hoy en día decisivo) por ejemplo, no siempre permiten que cualquier medida, formulada de cualquier modo, sea viable.
Sabemos además que la actividad económica está sujeta a algunas leyes, aunque no siempre podamos tener perfecta constancia de cuáles son, y con qué expresión vamos a encontrarlas en un determinado momento histórico.
Conocemos, igualmente, que de los distintos instrumentos de intervención que pueden utilizarse para hacer efectivas las diversas decisiones de política económica se derivan efectos muy distintos. Pero quizá no tengamos plena seguridad sobre cuál va a ser su diferente magnitud. Es decir, que será necesario evaluar previamente cada uno de ellos y optar de manera discrecional, en virtud de los objetivos que deseamos alcanzar.
En definitiva, entonces, cuando se plantea un diseño determinado de la política económica es preciso disponer de un análisis previo lo más riguroso posible sobre el "marco global" en el que se insertan las decisiones. La improvisación o la falta de fundamento serán siempre errores que terminarán pagándose caros por la sociedad.
La toma de decisiones
Como ya quedó dicho, las decisiones de política económica que se adopten deben ser consecuentes con los objetivos formulados y, además, viables y adecuadas. Ahora bien: ¿cómo se definen los objetivos que va a perseguir la política económica? Aunque generalmente no se dice, la definición de los objetivos no puede ser más que el resultado de una elección o una preferencia social.
En los manuales convencionales se definen siempre los objetivos que persigue la política macroeconómica, y se suele coincidir en que éstos son: producción (elevado nivel, rápida tasa de crecimiento), empleo (lograr elevar el nivel de empleo o bajar el nivel de desempleo involuntario), estabilidad del nivel de precios con libertad de mercados, equilibrio exterior (equilibrio entre las exportaciones y las importaciones) y estabilidad del tipo de cambio.
Ahora bien, ¿por qué estos y no otros? ¿Cuál es la institución que debe o puede dar respuesta a esta pregunta?
Cualquiera que hojee un libro de macroeconomía convencional, o simplemente una introducción ortodoxa a la economía, podrá comprobar que los objetivos descritos de tal forma se consideran como algo intrínseco a la propia macroeconomía y, en consecuencia, indiscutibles. Se presentan como algo tan elemental y lógico que no parece que tengan que ser puestos en cuestión (pensamiento único).
El asunto sin embargo, tiene bastante trascendencia. Porque los objetivos de la política económica nunca son el resultado de una decisión neutral, sino el resultado de una determinada preferencia. Por ejemplo: ¿por qué la equidad, la justicia en la distribución de la renta, no se considera un objetivo esencial de la macroeconomía?
No puede argumentarse la dificultad para conseguir dichos objetivos por los medios que están a nuestro alcance, puesto que la realidad muestra, precisamente que la pauta distributiva se está modificando permanentemente, en un sentido u otro, como consecuencia del funcionamiento de los mercados o de la intervención de los gobiernos. Sabemos, por ejemplo, que determinada estructura impositiva es más igualitaria que otras, o que todo lo que afecte, en un sentido o en otro, a los salarios influye también de una manera u otra en la distribución de los ingresos.
Tampoco hay razones rigurosamente fundadas para sostener que avanzar hacia soluciones más equitativas implique mayor dificultad para lograr la consecución de los demás objetivos que se fijan convencionalmente, salvo que lo que se desee efectivamente sea distribuir asimétricamente a favor del capital.
La respuesta entonces a esas preguntas no puede ser otra que considerar que la exclusión de la equidad como objetivo de la macroeconomía es el resultado de una determinada opción. Y que ha sido adoptada sólo en virtud de que quienes la sustentan han estado en condiciones de imponer su modo de ver las cosas, su interés, pero haciéndolo aparecer como si fuera una preferencia "general".
La actividad económica no es más que una lucha permanente por el reparto, y no cabe pensar que alguien sea indiferente a cuál sea el resultado del reparto. En sentido riguroso, como decían ya los primeros economistas clásicos, ese es el asunto esencial de la economía. Y también de eso se trata cuando hablamos de un gobierno en disputa.
Democracia y economía
Es cierto que a los economistas no les interesa -en el sentido de que no es el objeto de su estudio- cómo puede un determinado grupo social conseguir que su preferencia aparezca como mayoritaria para imponerla a los demás. Pero eso no quiere decir, sin embargo, que la economía, y especialmente la política económica, sean independientes de ello. Esto quiere decir que a la política económica los objetivos le vienen dados por las preferencias sociales, no son definidos con independencia de ellas.
Por consiguiente, si el diseño de toda política económica nace de la definición de unos objetivos que responden a unas determinadas preferencias, es justo que la sociedad resuelva previamente la forma en que esos objetivos deben definirse de manera que sean un fiel reflejo de los deseos de la mayoría.
Pero estamos ante una especie de paradoja universal. Todo el mundo parece reconocer que la democracia es la única mecánica que permite salvaguardar la libertad de los individuos, pero deja de utilizarse cuando se trata de abordar el problema fundamental de los seres humanos: la satisfacción incluso más elemental de sus necesidades materiales.
La principal conclusión es, entonces, que no puede haber una política económica orientada al bienestar general si sus definiciones más esenciales no respetan el deseo mayoritario de los ciudadanos. No puede haber política económica que satisfaga preferentemente las necesidades de la mayoría de la población si no hay una auténtica democracia.
Sin embargo, el ascenso de las políticas neoliberales ha ido acompañado de un debilitamiento de la democracia. No necesariamente en lo que tiene que ver con la mecánica para la representación social (que puede haberse extendido), sino como procedimiento para el planteamiento de los problemas sociales y para la resolución de los conflictos que naturalmente conlleva. Así, se ha multiplicado la influencia de los organismos o fuentes de decisión que se sitúan fuera o más allá de los institutos sometidos habitualmente al control democrático (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, bancos centrales autónomos...), en donde la decisión no está sujeta a procedimientos institucionales democráticamente preestablecidos.
En próximas entregas, entraremos en el análisis de la reforma del BCU que está planteada por el equipo económico de gobierno (y que no figura en el Programa de nuestra fuerza política) en el marco de lo que acabamos de exponer.
Martes, 06 de Marzo de 2007
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