LAS METAS INFLACIONARIAS (3ª parte)


Los partidarios de los regímenes de Metas Inflacionarias dan por sentado que cualquier tasa de inflación tiene costos significativos para el desempeño general de la economía. Y en contrapartida, una autoridad monetaria creíble que trabaje para su disminución, no acarrea ningún perjuicio desde el punto de vista del empleo y el nivel de actividad. Por eso, para los partidarios de dichos regímenes (que recordemos está en la carta de intención firmada por nuestro gobierno con el FMI como uno de los objetivos) una tasa de inflación baja (y estable) es el objetivo primordial de la política macroeconómica.
Sin embargo, no resulta tan evidente que una tasa de inflación moderada sea necesariamente nociva desde una perspectiva macroeconómica. Y en cambio sí es posible afirmar que la implementación de políticas monetarias contractivas tendientes a desacelerar el ritmo de incremento de los precios tiende a ocasionar perturbaciones significativas y duraderas en los niveles de empleo e inversión (1). Si bien una tasa de inflación elevada puede resultar nociva, la evidencia empírica indica que tasas de inflación moderadas (inferiores al 20% anual) no necesariamente ejercen una influencia negativa sobre la economía real, no se relacionan con menores tasas de crecimiento, ni con menores tasas de inversión, ni con falta de inversión extranjera directa, entre otras variables. Por otra parte, el impacto de la inflación en la competitividad de las exportaciones depende de la naturaleza del régimen cambiario. Si este es lo suficientemente flexible desde una perspectiva de largo plazo, con alta inflación las exportaciones pueden crecer rápidamente sin problemas.
LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES
Y en lo que tiene que ver con los ingresos de los sectores de menores recursos, el problema no debe plantearse en una esfera relativamente coyuntural, sino en una perspectiva más amplia. Obviamente, un aumento del nivel general de precios al consumidor deteriorará el poder de compra de los trabajadores. Pero la discusión debería girar no solamente sobre los efectos de la inflación sobre los sectores más desprotegidos, sino que debería involucrar además los efectos que, sobre esos mismos sectores, tiene una política monetaria diseñada exclusivamente para combatir la inflación. Porque es posible otra política monetaria que se plantee (sin descuidar el frente inflacionario) otros objetivos de política, asociados al estímulo de la generación de empleo, el mejoramiento de la distribución del ingreso, etc. como plantea el programa del FA. Esto nos lleva de la mano a los enfoques alternativos.
EL ENFOQUE DE “METAS DE EMPLEO”
Hay quienes proponen como alternativa, la adopción de un régimen de “metas de empleo” (sujeto a una tasa máxima de inflación), en el marco del cual la autoridad monetaria se compromete a cumplir con una determinada meta en materia de generación de empleo. En este enfoque, la autoridad monetaria no debería rendir cuentas frente a la sociedad por un eventual desvío de la inflación, sino que tendría que hacerlo en función de una meta asociada a la generación de puestos de trabajo. Ello implica que la autoridad monetaria desarrolle, proponga e implemente las políticas que considere necesarias para alcanzar dicha meta, teniendo en cuenta además una restricción inflacionaria máxima. Gerald Epstein –que estudiara este tema para el caso de Sudáfrica- señala que, al comprometerse con una meta de empleos, las autoridades monetarias se verán en la obligación a destinar recursos a la investigación sobre la forma más adecuada para alcanzar dicha meta, generando resultados en lo que tiene que ver con el ejercicio de la política monetaria pero también con la asignación del crédito, y los criterios relacionados con la política industrial, de coordinación con la política fiscal, etc. Por otra parte, más de un objetivo de política monetaria (por ejemplo, una determinada tasa mínima de crecimiento y una máxima de inflación) significa también más de un instrumento de política. Ello es bien diferente a los regímenes de MI, que en la práctica recurren a uno o dos instrumentos (tasa de interés, masa monetaria), considerados apropiados para cualquier escenario posible. Este enfoque sostiene además que el Banco Central y el gobierno deben reforzar los controles del capital financiero, con el objetivo de disminuir las tasas reales de interés y canalizar el crédito interno a usos productivos y no especulativos.
EL ENFOQUE DE TIPO DE CAMBIO COMPETITIVO Y ESTABLE
Otros autores señalan la necesidad de contar con instrumentos múltiples que permitan alcanzar objetivos variados, en contraposición al régimen de MI, que persigue un objetivo único y virtualmente reduce la política económica exclusivamente a la política monetaria. Para esta visión, la política macroeconómica orientada exclusivamente a contener la inflación, en combinación con un cambio flotante y libertad para el capital financiero, puede redundar en una tendencia a la apreciación cambiaria, con efectos negativos sobre el empleo (que para los regímenes de MI son efectos secundarios). Este enfoque recomienda entonces un régimen de tipo de cambio real competitivo que propicie la generación de empleo y el crecimiento económico. La política cambiaria debería ser considerada, especialmente en los países en desarrollo, como un instrumento más dentro del conjunto disponible para el diseño de las políticas macroeconómicas, en pie de igualdad con las políticas monetaria y fiscal. Bajo este régimen propuesto, la política monetaria debe tener objetivos múltiples, para lo que se requiere un Banco Central flexible, que revise con frecuencia la evolución macroeconómica y actúe discrecionalmente a través de todos sus instrumentos, en coordinación con el resto de las políticas macroeconómicas. Respecto de la política fiscal, este enfoque sostiene que el incremento del gasto público no financiero podría contribuir a acelerar el crecimiento de la producción y el empleo.
CONCLUSIONES
Algunas conclusiones pueden sacarse respecto de los regímenes de Metas Inflacionarias. Lo primero es que su desempeño ha resultado satisfactorio (en los países en que se ha venido aplicando) desde el punto de vista del control de la inflación, aunque hay que señalar que un número importante de países que no implementa estos regímenes también han logrado mantener baja la inflación. A su vez –y en contrapartida- el costo económico de su instrumentación, en términos de empleo y desaceleración de la actividad económica, fue significativo. En este punto, cabe señalar lo que escribiera el propio Keynes en 1923: “La inflación es injusta y la deflación es inconveniente. De las dos, tal vez la deflación es la peor, si excluimos inflaciones exageradas como la de Alemania; porque es peor en un mundo empobrecido, provocar desempleo que decepcionar al rentista”.
Como hemos mostrado, un régimen de MI plantea, entre otros, los siguientes prerrequisitos: Independencia del banco central; desregulación financiera; subordinación de la política fiscal a la monetaria; flexibilización del mercado laboral; liberalización del flujo internacional de capitales; libre flotación cambiaria. Este conjunto de prerrequisitos puede restringir severamente la capacidad para diseñar autónoma y democráticamente la política económica del país. Para que la política monetaria resulte efectiva, la autoridad monetaria debe ser independiente del gobierno de turno. A su vez, para que esta independencia sea creíble deben eliminarse los riesgos de “dominancia fiscal”, “dominancia externa” y “dominancia financiera”. Con esto, no sólo la política monetaria tiende a quedar a resguardo de la voluntad del electorado, sino también (aunque indirectamente) los restantes resortes de la política macroeconómica, como pueden ser la política fiscal, el control de cambios, las políticas de ingresos, la regulación del flujo internacional de capitales, etc. De más está decir que si el tipo de cambio se determina libremente en el mercado, y el capital financiero local y extranjero goza de plena movilidad internacional, los llamados “mercados” son quienes en definitiva determinan la política económica del gobierno.
Cabe agregar que, en este marco, la cuestión distributiva no representa un aspecto accesorio del funcionamiento de un régimen de MI como el que comprometió nuestro gobierno con el FMI. Un esquema que, como el de MI, tienda a la apreciación cambiara, requerirá de cierta limitación salarial, y por consiguiente de una distribución del ingreso regresiva, para compensar los problemas de competitividad generados por la propia política monetaria.



(1) Carl Walsh (Monetary Theory and Policy . 1998) sostiene que en EEUU un incremento de la inflación del 3% al 10% implicaría un costo de aproximadamente 1,3% del PBI, mientras que la pérdida asociada a una reducción de la inflación del 10% a un 3% rondaría el 16% del PBI.


23 de Septiembre de 2007

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