PROPIEDAD INTELECTUAL - El corazón de los TLC
Hemos dicho que el tema del TIFA (y consecuentemente del TLC) no está terminado, y que la lucha será larga. Y los últimos acontecimientos nos han dado la razón. Dijimos el año pasado, cuando el compañero Tabaré anunció que se descartaba el TLC y que se pasaba a un TIFA, que este instrumento, junto al Tratado de Protección de Inversiones, era el preámbulo para un TLC. Y dijimos también que por lo visto eso era lo que pensaba el ministro Astori, quien manifestó que pretendía (ya en ese momento) poner sobre la mesa todos los temas, en previsión de que a Bush se le extienda el plazo para un fast track, y pasar rápidamente del TIFA al TLC (ver nuestro artículo: “Un reclamo impostergable”, del 6/10/06). Hoy tenemos TBI, tenemos TIFA, y ya ha trascendido que el Congreso norteamericano estaría dispuesto a ampliar el plazo de vencimiento del fast track (vía rápida). Las luces rojas se han encendido por todos lados. Cuando nuestro Partido insiste en la necesidad de que los temas de un posible tratado comercial con los Estados Unidos (que nuestro Presidente garantiza que nunca llegará a TLC) sean discutidos en la Mesa Política, y que participe la CIACEX (Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior) en las negociaciones, no lo hace por capricho, sino porque es consciente de la importancia cardinal de los temas. En particular, hemos insistido en dos que para nosotros son clave: el de la propiedad intelectual, y el de las compras gubernamentales. Hoy centraremos el análisis en el primero, aunque por su complejidad no lleguemos siquiera a esbozar superficialmente la importancia del mismo.
Apropiarse de lo fundamental
Es algo que hoy pocos discuten, que el conocimiento y los avances tecnológicos son los propulsores del crecimiento de las economías en este mundo globalizado. Quien tenga acceso a ese conocimiento, o quien lo posea, es el que tiene la capacidad de crecer y por supuesto de hacerse más rico. E inversamente, aquellos a los que se les limite el acceso o se les haga imposible el mismo, por razones económicas, seguirán marginados y agobiados por los problemas sociales, por la pobreza y el estancamiento. El mundo se mueve en la "economía del conocimiento" lo que implica que el acceso a la tecnología y su distribución es más importante que el control sobre los recursos. El tema no es sencillo y va mucho más allá de lo que públicamente se debate, acerca de fármacos y genéricos. Por supuesto que la salud pública hay que defenderla con todo y el acceso a medicamentos baratos es parte importantísima de esa lucha. Sin embargo el farmacéutico es apenas un punto de la agenda sobre la propiedad intelectual en los TLC. Esta tiene que ver con patentes, con marcas, con los derechos de autor, con la piratería, con la apropiación de seres vivos como las plantas y animales, con la cooperación técnica y la transferencia de tecnología, con Internet y hasta con el derecho penal, pues se busca castigar con penas más severas a quienes infrinjan las normas que protegen el conocimiento y la tecnología. Y los Estados Unidos utilizan su gran poder político en las negociaciones para presionar en estos temas por una razón muy sencilla: detrás de ese gran poder político hay un gran poder económico, representado en las multinacionales propietarias de las tecnologías y del dinero para hacer investigación y desarrollo. Por eso es muy difícil que acepten lo que interesa a los países en desarrollo y otorgan concesiones comerciales para que éstos le giren cheques en el campo de la propiedad intelectual.
La dimensión política y ética
El acceso de toda la población a los llamados bienes públicos globales, como medicamentos, alimentos, seguridad, entre muchos más, se reconoce como el gran reto para lograr un mundo más justo; y la posibilidad de ofrecerlos de manera óptima, depende cada vez más de la tecnología y del conocimiento. Es decir, la propiedad intelectual es piedra central del progreso, como señalábamos al principio. Pero la propiedad intelectual es una privatización del conocimiento durante un tiempo equis con el propósito de estimular su generación. Porque la teoría económica de la propiedad intelectual difiere del caso general, en donde el precio de mercado equilibra oferta y demanda sin necesidad de rentas. En el “mercado del conocimiento”, las rentas se justifican como incentivo necesario para la investigación e invención. El precio de mercado sería de por sí insuficiente para tal fin. Con base en este principio, surgen los derechos de propiedad intelectual que al vincularlos con el comercio internacional a partir de la Ronda de Uruguay se convierten en el acuerdo sobre los ADPIC (acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio). Sin embargo, su objetivo último debe ser responder a los intereses de la sociedad y es allí donde surge la pregunta clave: ¿Cómo pueden las reglas de la propiedad intelectual, que son derechos privados, compaginarse con el desarrollo del bienestar social o sea, responder por los derechos de las personas garantizando el acceso a los bienes públicos globales? Esta pregunta es la que ha convertido los derechos de propiedad intelectual en un tema político y ético, dimensiones que no se visualizan fácilmente. Político, porque los beneficios y costos de la generación de tecnología se distribuyen de manera desigual entre los países industrializados, que proveen gran parte de ella, y aquellos en desarrollo que fundamentalmente la demandan (aunque muchas veces aportamos los cerebros que la generan). Y a pesar de que se insiste en que la propiedad intelectual es conveniente para el desarrollo, lo cierto es que para los países pobres estos beneficios son poco claros. Ético, porque en este debate entran bienes globales que tienen que ser garantizados a toda la humanidad independientemente de su nivel de ingresos. La salud humana y la seguridad alimentaria son los temas neurálgicos y las víctimas son los países del Tercer Mundo azotados por el VIH/Sida, tuberculosis y malaria al no acceder a los medicamentos patentados por las multinacionales, y los pequeños productores agropecuarios, cuyos insumos están en manos de las industrias del mundo desarrollado.
No hemos inventado nada
América Latina ha entrado a la segunda fase de la globalización centrada en el comercio internacional. Cuando J.Stiglitz visitó Colombia, dijo que el TLC que se estaba negociando con EEUU podía tener menos elementos relacionados con el simple comercio, pero mucha presión para proteger los derechos de propiedad intelectual de sus grandes empresas. Y no se equivocaba, porque Estados Unidos (y otros países industrializados) están presionando cambios en los patrones de comercio, especialmente en derechos de propiedad intelectual, aún más favorables de los acordados por ellos en la OMC, no sólo en el TLC con Colombia, sino en todos los que ha venido negociando hasta el momento. Por lo tanto, que el capítulo de propiedad intelectual aparezca en el anexo de nuestro TIFA no debe sorprender a nadie. No se puede cometer el error de subestimar la importancia de este tema e ignorar que las potencias mundiales, sus transnacionales y las instituciones internacionales insisten en forzar mecanismos coercitivos para que los países acaten los derechos de propiedad intelectual, patentes para las invenciones, derechos de autor para obras literarias y artísticas y las marcas registradas.
Apropiarse de lo fundamental
Es algo que hoy pocos discuten, que el conocimiento y los avances tecnológicos son los propulsores del crecimiento de las economías en este mundo globalizado. Quien tenga acceso a ese conocimiento, o quien lo posea, es el que tiene la capacidad de crecer y por supuesto de hacerse más rico. E inversamente, aquellos a los que se les limite el acceso o se les haga imposible el mismo, por razones económicas, seguirán marginados y agobiados por los problemas sociales, por la pobreza y el estancamiento. El mundo se mueve en la "economía del conocimiento" lo que implica que el acceso a la tecnología y su distribución es más importante que el control sobre los recursos. El tema no es sencillo y va mucho más allá de lo que públicamente se debate, acerca de fármacos y genéricos. Por supuesto que la salud pública hay que defenderla con todo y el acceso a medicamentos baratos es parte importantísima de esa lucha. Sin embargo el farmacéutico es apenas un punto de la agenda sobre la propiedad intelectual en los TLC. Esta tiene que ver con patentes, con marcas, con los derechos de autor, con la piratería, con la apropiación de seres vivos como las plantas y animales, con la cooperación técnica y la transferencia de tecnología, con Internet y hasta con el derecho penal, pues se busca castigar con penas más severas a quienes infrinjan las normas que protegen el conocimiento y la tecnología. Y los Estados Unidos utilizan su gran poder político en las negociaciones para presionar en estos temas por una razón muy sencilla: detrás de ese gran poder político hay un gran poder económico, representado en las multinacionales propietarias de las tecnologías y del dinero para hacer investigación y desarrollo. Por eso es muy difícil que acepten lo que interesa a los países en desarrollo y otorgan concesiones comerciales para que éstos le giren cheques en el campo de la propiedad intelectual.
La dimensión política y ética
El acceso de toda la población a los llamados bienes públicos globales, como medicamentos, alimentos, seguridad, entre muchos más, se reconoce como el gran reto para lograr un mundo más justo; y la posibilidad de ofrecerlos de manera óptima, depende cada vez más de la tecnología y del conocimiento. Es decir, la propiedad intelectual es piedra central del progreso, como señalábamos al principio. Pero la propiedad intelectual es una privatización del conocimiento durante un tiempo equis con el propósito de estimular su generación. Porque la teoría económica de la propiedad intelectual difiere del caso general, en donde el precio de mercado equilibra oferta y demanda sin necesidad de rentas. En el “mercado del conocimiento”, las rentas se justifican como incentivo necesario para la investigación e invención. El precio de mercado sería de por sí insuficiente para tal fin. Con base en este principio, surgen los derechos de propiedad intelectual que al vincularlos con el comercio internacional a partir de la Ronda de Uruguay se convierten en el acuerdo sobre los ADPIC (acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio). Sin embargo, su objetivo último debe ser responder a los intereses de la sociedad y es allí donde surge la pregunta clave: ¿Cómo pueden las reglas de la propiedad intelectual, que son derechos privados, compaginarse con el desarrollo del bienestar social o sea, responder por los derechos de las personas garantizando el acceso a los bienes públicos globales? Esta pregunta es la que ha convertido los derechos de propiedad intelectual en un tema político y ético, dimensiones que no se visualizan fácilmente. Político, porque los beneficios y costos de la generación de tecnología se distribuyen de manera desigual entre los países industrializados, que proveen gran parte de ella, y aquellos en desarrollo que fundamentalmente la demandan (aunque muchas veces aportamos los cerebros que la generan). Y a pesar de que se insiste en que la propiedad intelectual es conveniente para el desarrollo, lo cierto es que para los países pobres estos beneficios son poco claros. Ético, porque en este debate entran bienes globales que tienen que ser garantizados a toda la humanidad independientemente de su nivel de ingresos. La salud humana y la seguridad alimentaria son los temas neurálgicos y las víctimas son los países del Tercer Mundo azotados por el VIH/Sida, tuberculosis y malaria al no acceder a los medicamentos patentados por las multinacionales, y los pequeños productores agropecuarios, cuyos insumos están en manos de las industrias del mundo desarrollado.
No hemos inventado nada
América Latina ha entrado a la segunda fase de la globalización centrada en el comercio internacional. Cuando J.Stiglitz visitó Colombia, dijo que el TLC que se estaba negociando con EEUU podía tener menos elementos relacionados con el simple comercio, pero mucha presión para proteger los derechos de propiedad intelectual de sus grandes empresas. Y no se equivocaba, porque Estados Unidos (y otros países industrializados) están presionando cambios en los patrones de comercio, especialmente en derechos de propiedad intelectual, aún más favorables de los acordados por ellos en la OMC, no sólo en el TLC con Colombia, sino en todos los que ha venido negociando hasta el momento. Por lo tanto, que el capítulo de propiedad intelectual aparezca en el anexo de nuestro TIFA no debe sorprender a nadie. No se puede cometer el error de subestimar la importancia de este tema e ignorar que las potencias mundiales, sus transnacionales y las instituciones internacionales insisten en forzar mecanismos coercitivos para que los países acaten los derechos de propiedad intelectual, patentes para las invenciones, derechos de autor para obras literarias y artísticas y las marcas registradas.
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