viernes, 20 de junio de 2008

Y LA CONFUSION SIGUE

Cuando discutimos los grandes lineamientos programáticos 2005-2009, resolvimos el tema del relacionamiento fuerza política-gobierno, y ya decíamos en ese entonces que “si no está claro esto –y lo que es aún más importante- no se respetan las reglas de juego acordadas oportunamente, se verá dificultada la posibilidad de establecer un diálogo que permita cumplir los objetivos antedichos”. Recientemente, y a raíz de los problemas surgidos con temas como el envío de tropas a Haití, el Tratado de Protección de Inversiones con EEUU, o las maniobras UNITAS, el reracionamiento fuerza política-gobierno fue discutido nuevamente, y se tratará en el próximo Plenario Nacional.
De acuerdo a lo sucedido en la reunión del compañero Tabaré Vázquez con todos los ministros el día martes, y a lo expresado por Nin Novoa al término de la misma, es obvio que la confusión en torno a este tema sigue planteada. Entre otras cosas, el compañero Nin Novoa anuncia a la prensa, a la salida de dicha reunión, que: “esta fuerza política no promoverá la anulación de la ley de caducidad”. ¡Error!. Nin Novoa salía de una reunión del Presidente con todos los ministros, y por lo tanto, lo que allí se hubiera resuelto, no puede ser planteado a la prensa como resuelto por la fuerza política, sino por el Poder Ejecutivo. En aquellos grandes lineamientos programáticos, decíamos que “Lo primero que hay que tener presente es que se trata de ámbitos distintos, tanto por su composición, por sus reglas de toma de decisiones, por sus tiempos y por sus responsabilidades ante la sociedad. A pesar de esto, es posible y necesario encontrar caminos de ida y vuelta que permitan los mejores resultados”. Esto de la separación entre lo que es la fuerza política y lo que constituye el gobierno, fue a nuestro entender un gran acierto, ya que tenemos suficientes experiencias históricas a nivel internacional para evaluar y comprender lo que suele suceder cuando gobierno y fuerza política se confunden. Por otra parte, el tema en cuestión –la anulación o no de la ley de impunidad- es un típico asunto que corresponde ser tratado en la fuerza política y no en el gobierno, ya que la anulación o no de una ley no es potestad del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, o en todo caso del pueblo por medio de una iniciativa en tal sentido. Quiere decir entonces que el tema de la anulación de la ley de impunidad sigue estando en debate. Ya se han pronunciado en ese sentido diferentes fuerzas sociales, el PIT-CNT, y la Coordinadora Costa 1 del FA de Canelones, en donde se discutió largamente en los respectivos Comités y se convoca para el 24 de junio próximo a una Asamblea de Adherentes para seguir la discusión.
Por último, sentimos la necesidad de salirle al cruce a las opiniones de compañeros que plantean que sería una traición a la gente el anular la ley de impunidad, cuando supuestamente en la campaña prometimos lo contrario. En primer lugar, digamos que esos mismos compañeros no han tenido ningún problema en ir en contra de posiciones históricas de nuestra fuerza política en otros temas trascendentes, pero pretenden aparecer como los abanderados de la coherencia en este tema. Pero por otra parte, ni siquiera es cierto que nuestra fuerza política hubiera planteado que no anularía la ley de impunidad. Si alguien recorrió el país diciendo eso, entonces se apartó del programa, porque el programa nada dice al respecto. En el programa decimos cosas como “la impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática para poder superar traumas de un pasado reciente….. Resulta fundamental establecer la verdad y hacer actuar a la justicia. Verdad y justicia no son valores intercambiables, no es posible renunciar a la justicia bajo ofrecimiento de algo de verdad”. Es verdad que allí decimos también que “el gobierno progresista agotará todas las instancias para el pleno cumplimiento de lo establecido en el artículo 4º de la Ley de la pretensión punitiva del Estado”. Pero eso para nada significa no anular la Ley. El art.4º refiere a la necesaria investigación del destino de los desaparecidos, y anular la ley no va en sentido contrario, sino que facilita las posibilidades de saber toda la verdad. Por otra parte, anular la Ley no es otra cosa que avanzar aun mas allá de lo que prometimos. Si hubiéramos prometido crear 50.000 nuevos puestos de trabajo, y ahora tuviéramos la posibilidad de crear 100.000, ¿estos compañeros se negarían porque iríamos en contra de lo prometido? ¡Por favor!
Jueves, 01 de Junio de 2006

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