viernes, 20 de junio de 2008

POR UN MERCOSUR DE LA GENTE

En notas anteriores, nos hemos referido al posible Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y hemos dado las razones que nos llevan a rechazar la posibilidad de dicho acuerdo. Hoy queremos referirnos a la opción que apoyamos, y que no es otra que el MERCOSUR. Creemos que es más que importante comenzar a hacer algo en torno al tema de la integración regional, máxime en momentos en que todos parecen coincidir en el diagnóstico en cuanto a que el MERCOSUR no está caminando como debiera, pero mientras unos pensamos que lo que hay que hacer es profundizarlo y mejorarlo, otros desearían que empeorara para así tener las puertas abiertas para correr a abrasarse con el imperialismo.
Claro que no es este el MERCOSUR que queremos, pero como decíamos en el Congreso Héctor Rodríguez, ‘…nuestra atención a los fenómenos presentes –a escala mundial y regional- adopta una relevancia trascendental; no para someternos a ellos, sino para definir nuestros objetivos y trazar las políticas necesarias para construir nuestro lugar como país en la región y en el mundo.’ Es decir, que si este no es el MERCOSUR que queremos, entonces debemos trabajar para mejorarlo; esa debe ser la función de nuestra fuerza política, de nuestro gobierno. Y es también el planteo del Programa del Frente Amplio: “El EP – FA entiende que la profundización y el fortalecimiento del MERCOSUR representa la estrategia más idónea para desarrollar una inserción internacional que contribuya a potenciar el desarrollo económico y las mejoras en el bienestar de la población”. Lo que muy bien planteaba el camarada Lorier con la figura del Caballo de Tiro.
Marco Aurelio García, asesor en relaciones internacionales del presidente Lula y que visitara por estos días nuestro país, ha dicho acertadamente que las crisis económicas que se produjeron en los países que integran el MERCOSUR han creado las condiciones objetivas para el relanzamiento del mismo, mientras que el cambio de los gobiernos estaban creando las condiciones subjetivas para llevarlo a cabo. Pero veamos lo que tenemos.
LO QUE TENEMOS
Nunca antes en la historia se habían dado en nuestra América Latina las condiciones políticas, económicas y sociales que hoy se presentan para la integración. Existe la evidente necesidad de la integración, determinada por el tipo de globalización que nos quieren imponer los países desarrollados, a saber: una desenfrenada lucha por mercados y enclaves de producción desregulados que les permita optimizar sus márgenes de ganancia y hacer más competitivos sus productos. En segundo lugar, hay una reacción política global generada por los perjuicios económicos y sociales que ocasionó el neoliberalismo. Los ejemplos abundan: Seattle, Praga y Génova, Foro Social Mundial en Porto Alegre, Caracas, Bamako, Mali, etc… Reacción política que en nuestra América Latina se manifiesta en términos de acceso al gobierno de partidos o frentes políticos con un claro mandato anti-neoliberal (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia) , a los que posiblemente podrían sumarse otros como Perú, Nicaragua, e incluso México.
En tercer lugar, tenemos las bases económicas. Nuestra región lo tiene todo, y llegado el caso, no necesita de nadie: territorio, población, recursos naturales, autosuficiencia alimentaria y energética, conocimiento, desarrollo industrial, científico y tecnológico, capitales, mercados potenciales, unidad lingüística y cultural….
Ahora bien, entre la evidente necesidad de la integración, las condiciones políticas favorables, las bases económicas, y la materialización real de una integración de gran envergadura, hay un largo y dificultoso camino por transitar, mas allá de lo que se ha hecho hasta el momento.

LO QUE NOS FALTA
Frases como "déficit democrático", "acuerdo de (y para) elites" o "integración para unos pocos" podrían ser aplicadas al MERCOSUR tal como fue planteado hasta la actualidad. Los continuos reclamos de la sociedad por una mayor participación en la toma de decisiones, tanto a nivel interno como sobre la política exterior, pueden ser observados a lo largo de todo Latinoamérica. Argentina en el 2001, más recientemente Bolivia, y en ciertos aspectos el problema uruguayo-argentino por las plantas de celulosa, son pruebas extremas de una sociedad que se siente alejada de las decisiones que la afectan pasando a la movilización directa al no encontrar lugares (institucionales) desde los cuales defenderse. De manera que ese es uno de los grandes (si no el principal) déficit: la necesidad de la incorporación institucional de la sociedad civil en el proceso de integración del MERCOSUR.
Este problema ya lo veíamos en el Congreso, y se estableció en el Programa de la siguiente manera: “La estrategia de construcción del MERCOSUR no puede acotarse al ámbito de la economía, debe abarcar el desarrollo de otros tales como el ámbito social, cultural, tecnológico, etc. La opción que asigno a la integración regional el papel exclusivo de establecer un espacio comercial común entre los socios del bloque demostró ser una opción equivocada y debe ser revisada lo mas rápidamente posible”.El intercambio comercial ha sido el eje sobre el cual se ha desarrollado el proceso de integración. Se privilegió el crecimiento del flujo comercial antes que la planificación estratégica de un programa político y un diseño institucional. Reafirmando lo anterior podemos decir que el crecimiento comercial no fue acompañado por una voluntad política fuerte orientada a fortalecer la integración. De esta manera, el MERCOSUR pasó a ser un ámbito para el intercambio de bienes y la extracción de excedentes más que una integración propiamente dicha, en la cual se deberían haber incluido las múltiples dimensiones que constituyen a los países.
Es indudable que los sectores de la sociedad civil que se encuentran representados en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES, único órgano del MERCOSUR que representa a la sociedad civil) son, en general, aquellos que promueven los intereses de los grupos económicos de mayor poder en los diferentes países miembros (cámaras comerciales, industriales, asociaciones rurales, etc). Por lo tanto, se debe fomentar la participación de actores que representen al resto de la población, es decir, a los sectores sociales que históricamente han sido sub-representados (no sólo en el proceso de integración, sino también en la vida política interna de los países) Ejemplo de esto son las organizaciones que nuclean a las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las organizaciones rurales y campesinas que no se benefician con la tenencia latifundista de la tierra, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones (sindicales o no) que representan a los desocupados de la región, universidades, etc.Porque proceso de integración es un proceso político y el rumbo que tome dependerá en gran medida de los grupos (con sus propuestas e intereses) que participen en él. Este rumbo podrá tener una mayor o menor aceptación en la comunidad, podrá generar una mayor o menor indiferencia y podrá ser más o menos beneficioso para todos, pero tal como ha sido hasta ahora, la participación de la sociedad civil en el proceso es insuficiente para promover la aceptación, disminuir la indiferencia y generar beneficios para la comunidad ampliada del MERCOSUR. Los decisores políticos y los grupos e intereses involucrados hasta ahora en el proceso han dejado relegados varios temas y sectores en beneficio de otros. Creemos que es tiempo de que estos temas y sectores tengan su lugar en el proceso de integración. Esa mayor representación de la sociedad civil en el FCES, evitaría además que las negociaciones en el proceso de integración no sean actividades de cúpulas y entidades de representación corporativa. Esta participación de grupos sociales ajenos a los sectores económicos o políticos permitiría revertir el déficit democrático que señalábamos mas arriba, al interior del FCES y al proceso de integración en general.Y algo que no es menor, la participación social y el consiguiente compromiso de los pueblos con el proceso de integración, evitaría las idas y venidas, los avances y retrocesos que hasta ahora han sido más producto de los humores de los presidentes de turno que de las situaciones económicas y sociales concretas.

MIRAR TAMBIEN AL ALBA
Porque aún en lo comercial, la integración mercosuriana está lejos de ser una integración como la que queremos. La integración que soñamos está más cerca de lo que es por ejemplo la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), ese proyecto de alianza estratégica que llevan adelante los pueblos hermanos de Cuba y Venezuela. El ALBA como proyecto de integración promueve mecanismos destinados a crear “ventajas cooperativas”, en lugar de las viejas cantinelas neoliberales de las pretendidas “ventajas comparativas”. Las ventajas cooperativas pretenden reducir las asimetrías existentes entre los países del hemisferio, basándose en mecanismos de compensación que tienden a corregir las diferencias de nivel de desarrollo entre unos y otros. Como contrapunto exacto del ALCA, trata de comprometer a todos los actores económicos y sociales –cooperativas, firmas nacionales, pequeñas, medianas y grandes empresas privadas- y de darle prioridad a la resolución de los problemas esenciales de la población: alimentación, vivienda, creación de industrias, preservación del medioambiente. En el ALBA no hay subsidios, sino créditos, equipamientos y tecnologías para las empresas abandonadas por sus propietarios y retomadas por sus trabajadores, para las cooperativas y las comunidades de pequeños productores, ya sea en la industria, el comercio o los servicios, y para las empresas públicas. Hace tan sólo un año atrás, Caracas y La Habana firmaron una serie de acuerdos basados en un plan estratégico dirigido a garantizar la más ventajosa complementariedad productiva en términos de racionalización, de utilización de las ventajas existentes de uno y otro lado, de una gestión económica de los recursos, de la expansión del empleo útil, del acceso a los mercados o de cualquier otra consideración basada en una verdadera solidaridad que optimice las fuerzas de cada uno de los dos países. En Venezuela se decidió crear 600 centros de diagnóstico integral de salud, 600 dispensarios y 35 centros de alta tecnología para garantizar al conjunto de la población venezolana el acceso gratuito a la medicina y a los cuidados médicos. A su vez se decidió la formación en Cuba de 40.000 médicos y 5.000 especialistas latinoamericanos en tecnologías de la salud, así como de 10.000 médicos y enfermeras venezolanos. Asimismo, la “Operación Milagro” (que nosotros conocemos a través del Plan de Emergencia) sigue adelante, y ya permitió a miles de venezolanos recuperar plenamente la vista luego de una intervención sencilla (la operación de cataratas) realizada en Cuba, y que se pretende que alcance a 100.000 venezolanos. Venezuela, por su parte, decidió abrir en La Habana una agencia de PDVSA, así como una sucursal del Banco Industrial de Venezuela. Y ambos gobiernos han acordado tarifas preferenciales recíprocas para su intercambio comercial. Cuba decidió adquirir productos venezolanos por un monto de 412 millones de dólares, lo que generará la creación de decenas de miles de empleos en su asociado, al mismo tiempo que le ofrece un soplo de oxígeno a su endeble economía. Estos intercambios constituyen buenos ejemplos de comercio “justo” o equitativo: cada país entrega aquello para lo cual tiene las mejores condiciones de producción y recibe como devolución aquello que necesita, independientemente de los precios del mercado mundial. Claro que no es ni de cerca un proyecto acabado, pero los primeros pasos indican que se va por el rumbo correcto.
Jueves, 06 de Abril de 2006

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