LA FUGA DEL CORONEL - Una política militar dudosa

La fuga del coronel (r) Gilberto Vázquez, pone sobre el tapete varios temas; entre ellos, dos temas principales: la política de derechos humanos del gobierno, y la política militar. Ya hemos destacado en otras oportunidades nuestro apoyo a la política que viene llevando adelante el gobierno en torno a los derechos humanos. Los avances que se han logrado en esta primera etapa de gobierno progresista, no tienen punto de comparación con lo realizado por los gobiernos anteriores. En este corto período de año y medio se ha entrado a los cuarteles, se ha removido tierra y se han encontrado los primeros restos de desaparecidos. Esto, podrá ser considerado poco por algunos (me incluyo), y sin embargo, era algo absolutamente impensable hace dos años atrás. Se ha definido una política concreta en cuanto a la aplicación real y en todos sus términos del artículo 4º de la Ley de Impunidad, lo que ha llevado a que varios casos de violaciones a los derechos humanos se hayan declarado fuera de la nefasta ley y la Justicia pueda actuar. Se han tramitado las extradiciones de los militares implicados en el caso Berríos, y se encuentran detenidos los principales represores solicitados por la Justicia argentina, implicados en el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Quiere decir entonces que, cuando se fuga Gilberto Vázquez, y el Partido Nacional, fundamentalmente a través del diputado Javier García, pone el grito en el cielo y pide la renuncia de la Ministra de Defensa y hace toda una parafernalia mediática en torno al tema, no se puede hablar de otra cosa que de oportunismo. Justamente ellos, que fueron los creadores de la ley de impunidad, quienes jamás hicieron nada para hacer un mínimo de justicia en el tema de violación de los derechos humanos, son los que pretenden ahora aparecer como los paladines de la justicia, y los más preocupados por la fuga. Como bien dijo alguien por ahí: "a ellos nunca se les fugó nadie porque nunca pusieron a nadie preso". Eso está absolutamente claro. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: si esto hubiera pasado con otro gobierno, ¿qué hubiera hecho el Frente Amplio? ¿no estaría también reclamando responsabilidades políticas? Como te digo una cosa te digo la otra Seguramente que sí, que las estaría reclamando. Y tendría razón. Y la única diferencia sería que no podrían ser tildados de oportunistas, porque algo se ha hecho (no mucho) por la justicia y los derechos humanos. Pero acá indudablemente hay, tiene que haber, responsables. Sin duda es responsable el Comandante del Ejército, Carlos Díaz, quien fue el que sugirió que los detenidos fueran alojados en una unidad militar y se constituyó en garante ante la justicia. Tal vez el más directo responsable sea el Gral. Manuel Saavedra, de la División I del Ejército, que era quien estaba a cargo de la custodia de los detenidos. Y habría que ver que grado de responsabilidad tiene el jefe de Sanidad Militar, el Gral. Dalmao, a quien entre otras cosas se lo acusa de estar implicado en la muerte de Nibia Sabalzagaray. Pero hablemos claro. La principal responsabilidad es del gobierno. La ministra de defensa se asombró ante la prensa de que se le hubiera dado tanta trascendencia al tema. Y yo debo decir que a mi me asombra que a la ministra le asombre. ¿Qué esperaba? ¿Qué la fuga de un delincuente requerido por Argentina, nada menos que por el caso del secuestro y asesinato de una ciudadana de ese país para robarle el bebé, pasara desapercibido? ¿Qué no tuviera repercusiones? En primer lugar, nunca se debió permitir que estos delincuentes fueran alojados en una unidad militar. Si en lugar de un militar, hubiera sido un asesino y secuestrador civil, ¿se le hubiera permitido esperar el trámite de extradición en un hotel?. La política seguida hasta ahora, según la cual ciertos personajes pueden decir los que le venga en gana, siempre y cuando sean militares, y nos hacemos los distraídos. O que ciertos personajes puedan mentir descaradamente a las comisiones de derechos humanos y no pasa nada, siempre que sean militares. Ese tipo de política condescendiente, ha quedado demostrada que no sólo es éticamente reprobable, sino que además no conduce a los resultados esperados. Recientemente, y con motivo de la extradición a Chile de Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli, los tres militares imputados de asociación ilícita y secuestro por el caso Berríos, viajaron militares de alto rango a ese país, para inspeccionar los lugares en donde serían alojados los detenidos, y a interesarse por los aspectos de la defensa, etc… Todo ello, por supuesto, pagado por el Estado uruguayo; por Pedro, por María, por Juan y José. Y yo me pregunto. Si el delito hubiera sido cometido por un civil; si a Berríos lo hubiera secuestrado y matado un funcionario público de UTE, o de la ANCAP, ¿hubieran viajado a Chile los gerentes de esas empresas del Estado, con nuestro dinero, a interesarse por la suerte de los detenidos?. ¿Alguien piensa que esta condescendencia con los militares violadores de los derechos humanos nos puede conducir a algo? Es hora de que estas cuestiones estén sobre la mesa de discusión. Tal vez la fuga de Vázquez sirva para eso.

Miércoles, 05 de Julio de 2006