Hacia el Congreso “Compañero Gral. Líber Seregni” (5ª Parte)
Lo que nunca pasó
Para la Comisión que trabajó en el documento de balance de gobierno, hay cosas que nunca existieron. O de lo contrario son de tan poca trascendencia que no merecieron ni siquiera una mención. A vía de ejemplo digamos: Hay un capítulo destinado al Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que consta de 7 párrafos, y otro específico sobre el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que consta de 4 párrafos; en ninguno de ellos se menciona ni siquiera al pasar el problema de Botnia y de la industria celulósica. El tema apenas es rozado en un subtítulo llamado “Política de Fronteras”, en un solo renglón, y que podemos transcribir en forma textual: “Las relaciones con la República Argentina dificultaron la definición y la instrumentación de acciones en ese campo”. Al parecer eso es todo lo que nuestra fuerza política tiene para decir acerca de un tema como el de la industria de la celulosa como tal y el problema agregado que nos ha traído como es el conflicto con la hermana República Argentina. El documento Anexo Uruguay Integrado, que consta de 115 párrafos sobre el tema de la integración, le dedica al tema de Botnia y el conflicto con Argentina el mismo renglón que transcribimos más arriba.
Con todo, el tema de Botnia, aunque no se lo mencione expresamente, alguien podría decir que está presente en el renglón antedicho. Pero un tema que tiene sin lugar a dudas una importancia cardinal en lo que tiene que ver con el comercio exterior y las inversiones extranjeras, así como con las relaciones con el país más poderoso de la tierra, ni siquiera es mencionado al pasar. Para los compañeros que elaboraron el documento, nuestro gobierno nunca firmó un Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos. Aquello que según el propio ministro de economía significaba el 80% de un Tratado de Libre Comercio, y que había que completar luego con un acuerdo sobre propiedad intelectual, comercio de servicios, compras gubernamentales, etc, no mereció por parte de los compañeros que elaboraron el documento ni siquiera una mención. Tal vez porque sea algo para el olvido. Como las maniobras UNITAS, que ya fueron olvidadas y por eso no figuran tampoco en el documento en ninguno de los capítulos.
La cuestión comercial
El capítulo referido a la cuestión comercial, es ampliamente compartible, ya que en lo sustancial se refiere a cuestiones que ya han sido definidas en el Congreso anterior y que por lo tanto forman parte de nuestro programa. Allí se establece por ejemplo que los acuerdos comerciales bilaterales deberán ser compatibles con la profundización del MERCOSUR y con el proyecto del Uruguay Productivo. Se señala acertadamente que en temas tales como la propiedad intelectual, compras gubernamentales y servicios es preciso bregar para que no se vea afectado el interés nacional, y se es muy preciso en señalar que “Un TLC con el prototipo de los que ha firmado EE.UU con países del área, no es compatible con los puntos anteriores”. Por otra parte, el documento advierte sobre algo en lo que hemos venido insistiendo desde hace tiempo: “Existe escasa información sobre el desarrollo de las conversaciones en curso…” (se refiere al TIFA), y es sumamente claro al respecto: “Dicho acuerdo constituye una decisión estratégica en la medida que su desarrollo podría afectar nuestros objetivos de consolidación de país productivo. Por lo tanto requiere un proceso transparente en relación al FA, a las organizaciones populares y a la ciudadanía en general”. A su vez, señala que cuando llegamos al gobierno propusimos la creación de un ámbito interinstitucional sobre temas de comercio exterior: la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX), y que en ese marco se analizan las diferentes alternativas de negociación externa del país, a excepción del TIFA con los EE.UU que se encuentra en el ámbito de la Presidencia de la República. Sin embargo, no se señala que esto último es claramente incompatible con lo expresado más arriba en cuanto a la transparencia en relación al FA, a las organizaciones populares y a la ciudadanía en general. Falta de transparencia que se hace opacidad
En este marco en el que compartimos en muy buena medida lo que este capítulo expresa, no entendemos la frase con la que se inicia el mismo, y que va a contrapelo de todo lo demás. La misma dice textualmente: “Los acuerdos comerciales bilaterales que impliquen el incremento de la colocación de nuestros productos en cualquier mercado son convenientes”. Frase que parece ir en el camino de dejar conforme a tirios y troyanos, y después se presta a que todo el mundo pueda hacer una interpretación propia. Nos quedaríamos más tranquilos si la misma se uniera en forma más estrecha con las dos que le siguen y quedara redactada de la siguiente manera: “Los acuerdos comerciales bilaterales que impliquen el incremento de la colocación de nuestros productos en cualquier mercado son convenientes, siempre y cuando los mismos sean compatibles con la profundización del MERCOSUR y con el Proyecto de Uruguay Productivo”.
No podemos dejar de señalar que tampoco en este caso el documento se da por enterado de que nuestro gobierno estuvo durante meses tratando por todos los medios de llegar a un TLC con los EE.UU, cuando el programa de nuestra fuerza política establece en forma expresa que lo rechazamos, y que el mismo no se concretó gracias a la movilización popular.
Derechos Humanos
Compartimos en general el capítulo titulado “Verdad y Justicia” que presenta la Comisión, aunque debemos decir que debió ser más contundente en cuanto a la necesidad de anular la ley de impunidad, cuestión que está subyacente en todo el planteo pero que no se expresa en forma directa. Por ejemplo, destaca que el gobierno frenteamplista permitió la actuación independiente de la justicia excluyendo de la ley de caducidad un número importante de casos, y señala que “muchos otros casos, como el de María Claudia García de Gelman no han podido avanzar ante la justicia a partir de la ley de caducidad” (de donde se desprende que la ley es un obstáculo para la verdad y la justicia plenas, por lo que habría que anularla). Destaca también el documento los avances en la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, pero señala que “Más allá de estos avances nuestro país ha recibido la observación de Naciones Unidas por la vigencia que aún subsiste de la ley Nº 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. Nosotros agregamos que no sólo hemos recibido observaciones de las Naciones Unidas. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente (el 9/9/07) advirtió al Estado uruguayo que continúa incumpliendo la Resolución 29/92 y las recomendaciones que hace 15 años se le hicieran ante la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con los convenios internacionales firmados por el país. Por lo tanto, creemos que el documento debería haber expresado claramente (esperamos que así lo entienda el Congreso) que no hay otra forma de levantar las observaciones de los organismos internacionales respecto al tema de los derechos humanos que anular la ley de impunidad. Esa sería también la única forma de dar cumplimiento a lo que el propio programa del FA mandata en varias citas que sobre el tema contiene: “El gobierno del EP-FA deberá adoptar una posición clara de que las normas de un tratado sobre derechos humanos tienen igual valor que la ley nacional”; “El derecho internacional de los derechos humanos viene a completar el andamiaje de protección a los derechos humanos que cada Estado ha construido en su derecho interno. Derecho internacional e interno no se deben contraponer, sino complementar”; etc.
El capítulo finaliza con una frase que compartimos plenamente, y que interpretamos como una suerte de llamamiento a la responsabilidad de todos (gobierno incluido) a la solución definitiva del problema: “Hacia delante, al gobierno frenteamplista y a nuestra fuerza política, junto con todas las fuerzas sociales, les cabe la responsabilidad de profundizar los caminos para alcanzar la verdad y la justicia sin restricciones”.
Para la Comisión que trabajó en el documento de balance de gobierno, hay cosas que nunca existieron. O de lo contrario son de tan poca trascendencia que no merecieron ni siquiera una mención. A vía de ejemplo digamos: Hay un capítulo destinado al Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que consta de 7 párrafos, y otro específico sobre el Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que consta de 4 párrafos; en ninguno de ellos se menciona ni siquiera al pasar el problema de Botnia y de la industria celulósica. El tema apenas es rozado en un subtítulo llamado “Política de Fronteras”, en un solo renglón, y que podemos transcribir en forma textual: “Las relaciones con la República Argentina dificultaron la definición y la instrumentación de acciones en ese campo”. Al parecer eso es todo lo que nuestra fuerza política tiene para decir acerca de un tema como el de la industria de la celulosa como tal y el problema agregado que nos ha traído como es el conflicto con la hermana República Argentina. El documento Anexo Uruguay Integrado, que consta de 115 párrafos sobre el tema de la integración, le dedica al tema de Botnia y el conflicto con Argentina el mismo renglón que transcribimos más arriba.
Con todo, el tema de Botnia, aunque no se lo mencione expresamente, alguien podría decir que está presente en el renglón antedicho. Pero un tema que tiene sin lugar a dudas una importancia cardinal en lo que tiene que ver con el comercio exterior y las inversiones extranjeras, así como con las relaciones con el país más poderoso de la tierra, ni siquiera es mencionado al pasar. Para los compañeros que elaboraron el documento, nuestro gobierno nunca firmó un Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos. Aquello que según el propio ministro de economía significaba el 80% de un Tratado de Libre Comercio, y que había que completar luego con un acuerdo sobre propiedad intelectual, comercio de servicios, compras gubernamentales, etc, no mereció por parte de los compañeros que elaboraron el documento ni siquiera una mención. Tal vez porque sea algo para el olvido. Como las maniobras UNITAS, que ya fueron olvidadas y por eso no figuran tampoco en el documento en ninguno de los capítulos.
La cuestión comercial
El capítulo referido a la cuestión comercial, es ampliamente compartible, ya que en lo sustancial se refiere a cuestiones que ya han sido definidas en el Congreso anterior y que por lo tanto forman parte de nuestro programa. Allí se establece por ejemplo que los acuerdos comerciales bilaterales deberán ser compatibles con la profundización del MERCOSUR y con el proyecto del Uruguay Productivo. Se señala acertadamente que en temas tales como la propiedad intelectual, compras gubernamentales y servicios es preciso bregar para que no se vea afectado el interés nacional, y se es muy preciso en señalar que “Un TLC con el prototipo de los que ha firmado EE.UU con países del área, no es compatible con los puntos anteriores”. Por otra parte, el documento advierte sobre algo en lo que hemos venido insistiendo desde hace tiempo: “Existe escasa información sobre el desarrollo de las conversaciones en curso…” (se refiere al TIFA), y es sumamente claro al respecto: “Dicho acuerdo constituye una decisión estratégica en la medida que su desarrollo podría afectar nuestros objetivos de consolidación de país productivo. Por lo tanto requiere un proceso transparente en relación al FA, a las organizaciones populares y a la ciudadanía en general”. A su vez, señala que cuando llegamos al gobierno propusimos la creación de un ámbito interinstitucional sobre temas de comercio exterior: la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX), y que en ese marco se analizan las diferentes alternativas de negociación externa del país, a excepción del TIFA con los EE.UU que se encuentra en el ámbito de la Presidencia de la República. Sin embargo, no se señala que esto último es claramente incompatible con lo expresado más arriba en cuanto a la transparencia en relación al FA, a las organizaciones populares y a la ciudadanía en general. Falta de transparencia que se hace opacidad
En este marco en el que compartimos en muy buena medida lo que este capítulo expresa, no entendemos la frase con la que se inicia el mismo, y que va a contrapelo de todo lo demás. La misma dice textualmente: “Los acuerdos comerciales bilaterales que impliquen el incremento de la colocación de nuestros productos en cualquier mercado son convenientes”. Frase que parece ir en el camino de dejar conforme a tirios y troyanos, y después se presta a que todo el mundo pueda hacer una interpretación propia. Nos quedaríamos más tranquilos si la misma se uniera en forma más estrecha con las dos que le siguen y quedara redactada de la siguiente manera: “Los acuerdos comerciales bilaterales que impliquen el incremento de la colocación de nuestros productos en cualquier mercado son convenientes, siempre y cuando los mismos sean compatibles con la profundización del MERCOSUR y con el Proyecto de Uruguay Productivo”.
No podemos dejar de señalar que tampoco en este caso el documento se da por enterado de que nuestro gobierno estuvo durante meses tratando por todos los medios de llegar a un TLC con los EE.UU, cuando el programa de nuestra fuerza política establece en forma expresa que lo rechazamos, y que el mismo no se concretó gracias a la movilización popular.
Derechos Humanos
Compartimos en general el capítulo titulado “Verdad y Justicia” que presenta la Comisión, aunque debemos decir que debió ser más contundente en cuanto a la necesidad de anular la ley de impunidad, cuestión que está subyacente en todo el planteo pero que no se expresa en forma directa. Por ejemplo, destaca que el gobierno frenteamplista permitió la actuación independiente de la justicia excluyendo de la ley de caducidad un número importante de casos, y señala que “muchos otros casos, como el de María Claudia García de Gelman no han podido avanzar ante la justicia a partir de la ley de caducidad” (de donde se desprende que la ley es un obstáculo para la verdad y la justicia plenas, por lo que habría que anularla). Destaca también el documento los avances en la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, pero señala que “Más allá de estos avances nuestro país ha recibido la observación de Naciones Unidas por la vigencia que aún subsiste de la ley Nº 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”. Nosotros agregamos que no sólo hemos recibido observaciones de las Naciones Unidas. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente (el 9/9/07) advirtió al Estado uruguayo que continúa incumpliendo la Resolución 29/92 y las recomendaciones que hace 15 años se le hicieran ante la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con los convenios internacionales firmados por el país. Por lo tanto, creemos que el documento debería haber expresado claramente (esperamos que así lo entienda el Congreso) que no hay otra forma de levantar las observaciones de los organismos internacionales respecto al tema de los derechos humanos que anular la ley de impunidad. Esa sería también la única forma de dar cumplimiento a lo que el propio programa del FA mandata en varias citas que sobre el tema contiene: “El gobierno del EP-FA deberá adoptar una posición clara de que las normas de un tratado sobre derechos humanos tienen igual valor que la ley nacional”; “El derecho internacional de los derechos humanos viene a completar el andamiaje de protección a los derechos humanos que cada Estado ha construido en su derecho interno. Derecho internacional e interno no se deben contraponer, sino complementar”; etc.
El capítulo finaliza con una frase que compartimos plenamente, y que interpretamos como una suerte de llamamiento a la responsabilidad de todos (gobierno incluido) a la solución definitiva del problema: “Hacia delante, al gobierno frenteamplista y a nuestra fuerza política, junto con todas las fuerzas sociales, les cabe la responsabilidad de profundizar los caminos para alcanzar la verdad y la justicia sin restricciones”.
04 de Diciembre de 2007
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